viernes, 26 de diciembre de 2003

Saldos políticos del 2003

Al acercarse el final del año 2003 podemos concluir, en un intento de balance político, que en este año nuestro país se vio estancado como en pocas ocasiones anteriores. El único evento político que merece ser destacado en este malogrado “año de nones, año de dones”, fue la elección legislativa que se vivió el 6 de julio pasado, donde observamos la confirmación de la estabilización democrática en nuestro país. Sin embargo ese mismo evento fue empañado por la baja participación registrada; es decir que no hubo manera de convencer a los electores de acudir a votar. Luego, para colmo de males, el IFE se vio feamente manoseado por parte de las fracciones parlamentarias recién llegadas, que le impusieron un nuevo Consejo General sin haber sabido construir los consensos necesarios que consolidaran el creciente prestigio institucional de ese organismo, que tanto trabajo nos ha costado construir a los mexicanos.
Por el lado de las elecciones locales, vimos asomarse la sombra de las viejas mañas en Colima y en Ciudad Valles. Y no debemos ignorar los distritos federales que fueron anulados en Zamora y en Torreón. Es decir, que a pesar de la nueva profesión de fe democrática que hoy asumimos los mexicanos, todavía algunas de nuestras autoridades, o bien los dirigentes partidistas, se siguen dando el lujo de violentar las reglas e imponer reveses a nuestra buena fe. Nunca como ahora se ha confirmado el enorme valor que tienen los tribunales electorales independientes, que se han dado a la tarea de limpiar los eventuales cochineros en que partidos y gobiernos llegan a convertir las elecciones.
En este intento de balance también puedo aventurar que lo peor del año por terminar fueron los tortuosos affaires de los Amigos de Fox y el Pemexgate. En el transcurso de las averiguaciones que pudo impulsar trabajosamente el IFE se evidenciaron las complicidades institucionales y personales entre los personajes señalados con el dedo (Korrodi, Robinson, Romero Deschamps, Aldana, Eduardo Fernández) y los actores que se mantuvieron protegidos por las sombras (Fox y Labastida, principalmente). Las presiones, las negativas de información, los intentos de negociación subrepticia, las mentiras y las verdades a medias dejaron en claro solamente una cosa: que en México todavía confundimos la gimnasia con la magnesia, y que la política real se sigue conduciendo de manera deshonesta por parte de líderes que en el fondo nos siguen considerando a los ciudadanos como menores de edad, si no es que incluso como tarados. Pero de este nuevo mugrero se puede rescatar un elemento positivo: el que la autoridad electoral federal se haya fajado los pantalones y haya escarbado hasta donde los actores del poder se lo permitieron. El castigo a los partidos protagonistas fue proporcional a la ofensa y justo en términos políticos. Pero desgraciadamente no se avanzó hacia el castigo a los personajes concretos que ejecutaron estas maldades, y vemos ahora que los platos rotos los va a pagar la militancia partidaria, más que los dirigentes veniales.
A nivel estatal, las notas políticas principales giraron alrededor del desempeño del gobernador universitario y sus eventuales destellos de buen oficio, como sucedió en el caso del despido de su secretario de Gobierno o con los operativos de apoyo a los damnificados de las inusuales lluvias de este año. En general el Estado sigue bien administrado y sin mayores contratiempos a su seguridad y su tranquilidad social. Pero en la contraparte se pudieron apreciar resbalones y traspiés que no fueron pocos y sí algunos muy difíciles de explicar, como fue la aparente insensibilidad ante las tragedias de los paisanos en su andanza “cultural”, y más recientemente la torpeza con la que se promovió el replaqueo, que al final nadie atinó a justificar. Los cambios gubernamentales tampoco parecieron rebosar de racionalidad administrativa, y sí dieron la apariencia de constituir pagos de facturas partidistas. Nuevamente, como en tiempos del viejo priísmo, vemos al gobierno estatal y a muchos de los muncipales (de todos los partidos) convertidos en agencias de empleo para correligionarios, amigos y parientes, muchos de los cuales se han visto convertidos en “todólogos” que lo mismo sirven en una posición que en otra. La planeación no se evidencia cuando el gobierno parece responder a coyunturas, negociaciones personales y ocurrencias. En ese sentido, seguimos dando tumbos en materia política y nos mantenemos en un estadio de subdesarrollo que hace tiempo deberíamos haber superado, si así lo quisiéramos realmente.

viernes, 19 de diciembre de 2003

Presupuestos sin fin

Desde que se inauguró el pluralismo político en nuestro país, mediante los llamados “gobiernos divididos”, que consisten en un poder ejecutivo que debe convivir y negociar con un parlamento al que no controla una mayoría de su partido, se ha implantado el mal hábito de negociar los presupuestos anuales y las cargas impositivas siempre a las carreras y al cuarto para las doce. A nivel federal, desde que en 1997 el ejecutivo en turno perdió el control de la mayoría de los diputados se percibe este fenómeno pernicioso. Las diferentes bancadas intentan imponer sus criterios políticos, manejándose conforme a sus expectativas electorales más inmediatas, y han encontrado como una vía clara de chantaje y de proyección propagandística el boicotear iniciativas fiscales y presupuestarias, a las que se critica sin más base que la de sus estrechos populismos. A nivel estatal sucede algo similar, aunque en Guanajuato han desaparecido los gobiernos divididos desde el mismo año en que se inauguraron a nivel federal. Aquí se ha establecido desde 1997 un sólido dominio panista en la cámara local, y eso ha ayudado a que los ejecutivos, también albiazules, puedan sacar adelante sus iniciativas sin una oposición que no pueda ser superada finalmente por el mayoriteo.
Es cierto que muchas de las iniciativas presupuestales y fiscales de los ejecutivos son criticables y poco sustentadas en una lógica político-administrativa más amplia. Con frecuencia los ejecutivos imponen un programa de gasto o de recaudación que responde a intereses de minorías, o bien son consecuencia de compromisos “discretos” (por no decir oscuros) con agencias financieras internacionales, con otros gobiernos o bien con sectores de la élite económica nacional que pasan facturas por apoyos concretos. No se puede ser ingenuo y pensar que los gobernantes trabajan por el “bien común” platónico, pues ellos más bien procuran por el pragmatismo maquiavélico que los induce a buscar la preservación del poder, antes que comprometerse con las mayorías nacionales, todavía desprovistas de bienes y de esperanzas, angustiadas como están con la cotidiana lucha por la supervivencia.
Tenemos hoy a nuestros políticos ubicados en dos extremos: los neoliberales (siempre vergonzantes de su neoliberalismo) que se disfrazan de solidaristas y humanistas (v. gr. el nuevo Fox, la Gordillo, Molinar, y a nivel local Romero Hicks y Aguilar y Maya), y los neopopulistas (el viejo Fox, López Obrador, Madrazo, Fito Montes), ambos conjuntos disputándose la paternidad de la acción política responsable pero también la devoción por el prójimo y el compromiso social. Los dos grupos, los neoliberales y los neopopulistas, se distribuyen indiferentemente en los partidos políticos nacionales y están haciendo estragos con la viabilidad política y económica de la nación. La política electorera, que debería superarse inmediatamente después de la culminación de las elecciones, obnubila a nuestros líderes, que no han atinado a hilar fino con sus adversarios y construir el nuevo proyecto de nación sobre la base de las coincidencias (que no son pocas) más que sobre las diferencias (que sólo aparentan ser muchas).
Además de las profesiones de fe liberal o populista, la política mexicana está rindiendo un enorme tributo a los divisionismos personalistas y a los caudillismos de todos colores. El conflicto Madrazo-Gordillo era inevitable y terminó por desatarse en el peor de los momentos, exhibiendo los trapos sucios de la política camarillista al viejo estilo corporativo que creíamos ya superado. Véase si no, la actitud del SNTE y la FSTE ante el conflicto.
Pero el problema más grave reside en los tiempos atropellados que siempre terminan imponiéndose sobre los actores de la política, por culpa de estos ajustes de cuentas y las inefables reivindicaciones populistas. De nuevo se legislará y se armará el presupuesto sobre las rodillas. Adiós a la reforma hacendaria y a los cambios responsables que tanto urgen al país. Con seguridad nos van a encajar impuestos jorobados y pletóricos de retruécanos que calmarán los afanes de los populistas así como la sed de recursos para gastos prolijos de los liberales solidaristas. Ojalá algún día aprendiéramos a planear nuestras finanzas públicas con meses o años de anticipación, como sucede en los países civilizados. Así, ahora deberíamos estar discutiendo los ingresos y egresos de la siguiente década. Pero en fin, no nos agüitemos: ¡Feliz Navidad!

viernes, 5 de diciembre de 2003

Esquizofrenia priísta

El Partido Revolucionario Institucional está exhibiendo públicamente la profundidad de sus divisiones internas a un nivel que nunca antes le habíamos conocido. Los mexicanos sabemos que el PRI, más que un partido político, ha sido desde su origen una conjunción artificiosa de grupos de interés y de conjuntos sociales muy heterogéneos. Ese perfil le permitió durante décadas asumirse como el representante más incluyente de la sociedad mexicana, pero a partir de los años ochenta esa representatividad se fracturó, hasta un grado tal que hoy en día pone en riesgo la viabilidad inmediata de ese instituto. El espectáculo lamentable que ha brindado la profesora Elba Esther Gordillo, aferrándose a un liderazgo que dilapidó en sus afanes de quedar bien con el ejecutivo federal, da muestra de los rezagos democráticos que perviven en ese partido. El PRI se lo arrebatan hoy dos fuerzas internas que no pueden presumir de vocación democrática, pero que se asumen como los baluartes de la honestidad y el compromiso con el país y con un proyecto político “responsable”. Mientras tanto nadie cede un ápice, y ese divisionismo se ha traducido en un estancamiento imprudente de las negociaciones en la Cámara de Diputados.
Los dos grupos se señalan y se lanzan acusaciones recíprocas. Todos dicen buscar el bien de la Nación, pero al mismo tiempo se cobran facturas personales que tienen que ver más con las frustraciones individuales (por no haber conseguido presidir una comisión legislativa, por ejemplo) y con ambiciones de poder muy concretas pero inconfesables. El bien del país es materia de oratoria, pero no de acciones efectivas. La necesarísima reforma hacendaria apunta al fracaso, o bien a la generación de un nuevo bodrio fiscal lleno de parches y reiteradamente inequitativo. Los causantes cautivos seguiremos siendo rehenes de las ocurrencias partidistas, y la evasión seguirá tan campante.
El PRI deberá revisar sus compromisos políticos en función de los intereses reales de sus representados. Decir que no por sistema, incluso en un tema delicado como el IVA a alimentos y a medicinas, no siempre produce regalías electorales y sí en cambio puede perjudicar la viabilidad de este país. Nunca un impuesto será popular, pero siempre puede ser necesario cuando hay proyectos de desarrollo que catapulten la economía y el progreso armonioso de la sociedad. Con esto no estoy asumiendo la bandera en que se ha envuelto la profesora Gordillo, quien convenientemente se ha enfundado en el manto de la responsabilidad ante la Nación. Defiendo más bien la necesidad de recurrir al diálogo permanente entre los adversarios políticos, anteponiendo intereses comunes a la inmediatez de la politiquería electorera. Si para esa construcción de acuerdos hay que deshacerse de liderazgos ensoberbecidos e interesados, entonces hay que hacerlo, para que de inmediato se establezcan las líneas de comunicación con el resto de las fuerzas políticas, y así que el país realmente disfrute de los frutos de la nueva democracia que hemos sabido construir en estos años.
A nadie conviene un PRI dividido, ni siquiera a sus adversarios. Ese es un partido que sigue recibiendo las confianzas de un porcentaje muy alto de la ciudadanía, incluso mayoritario en muchos estados y regiones. El PRI debe trabajar más fuertemente en la construcción de una auténtica institucionalidad partidaria, y dejar atrás los compromisos con facciones, pandillas o caudillismos internos. Claro que no será nada fácil para un partido que nació marcado por el autoritarismo y la preeminencia de los liderazgos por sobre la militancia, pero no es algo imposible. El ejercicio reiterado y comprometido de la democracia interna es una de las vías más sensatas para lograrlo, por lo que me atrevo a recomendarla. Y ese camino dificultoso sólo lo pueden ensayar los priístas que realmente estén comprometidos con el país, más que con sus liderazgos.

viernes, 28 de noviembre de 2003

Gobierno encogido

Los evidentes problemas presupuestales que enfrentarán el año próximo tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y municipales, se están traduciendo desde ya en una serie de recortes en áreas que son consideradas prescindibles. La administración federal, sumergida en la histeria de recortar gasto ante la imposibilidad de empujar la reforma tributaria, presentó hace poco una lista de instituciones que son factibles de ser liquidadas, privatizadas o desaparecidas del mapa, entre las que se cuentan algunas que han cumplido a plenitud con los objetivos para los que fueron creadas, como es el caso del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) o el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP). Puedo testimoniar que el IMTA es la única institución que hoy en día realiza investigación seria en campos tan vitales como la cultura del agua, la participación social en el uso y aprovechamiento del recurso, sus imbricaciones políticas y económicas, etcétera. Y solamente me refiero al campo del conocimiento de lo social, sin meterme a la generación de tecnología del agua, campo en el que también se destaca el IMTA. Recientemente el Centro de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato (CICSUG) publicó el número 12 de su revista Regiones en convenio con el IMTA, dedicándolo al tema “Gestión participativa en torno a los recursos naturales: el agua”. Su siguiente número, también en coedición con el IMTA, abordará el tema “El campo mexicano frete a la globalización y la apertura económica”. También puedo señalar que al menos tres proyectos de investigación que hoy evalúa el CONCYTEG proceden de ese instituto, que hoy en día es el único que realiza investigación social y tecnológica sobre el tema del agua en el estado de Guanajuato.
Contagiado de este afán de “reingeniería administrativa”, el gobierno estatal de Guanajuato ha determinado desaparecer instancias oficiales, y nuevamente encontramos algunas que despiertan sorpresa y confusión, como fue el caso de los beneméritos Talleres Gráficos del Estado. Ahora le toca al Consejo Estatal de Población (CESPO) y a otras tres instancias, que hasta hace poco parecían representar una parte estratégica del accionar gubernamental.
Llama la atención que estos ajustes se den a conocer de forma abrupta y sin haber sometido a las instancias afectadas a una evaluación objetiva de su desempeño. Pero al parecer no hubo ninguna evaluación, sino que la decisión respondió más a negociaciones internas dentro del equipo de trabajo gubernamental, buscando ganar espacios para algunos de sus miembros reubicados, así como hacerse de los sustanciosos recursos presupuestales que se ejercían en las oficinas a liquidar.
En el caso del COESPO me inquieta particularmente por sus posibles implicaciones. Primero, porque parece reflejar un desinterés por mantener una política poblacional, migratoria y reproductiva que responda a la intensa dinámica que experimenta el estado de Guanajuato en esos ámbitos. Tenemos tanta población como muchos países del mundo; nuestra migración interna y externa es de las más dinámicas del país; nuestro sistema de ciudades medias es muy interesante y contrasta con el de otras regiones de México, y nuestra población todavía se multiplica de forma acelerada porque carece todavía de una cultura poblacional y reproductiva que abone la calidad de vida de los guanajuatenses. Segundo, porque esta desaparición podría interpretarse también como un avance adicional de los sectores más conservadores del partido en el poder, con lo que se abandona en los hechos la potestad estatal en la materia demográfica y se deja en manos de la “libertad” de conciencia individual (léase Provida).
Desde su nacimiento en 1987, el COESPO tuvo como directores a José María Sepúlveda, Francisco Arroyo, Guadalupe García Chávez, Francisco Lomelí, Margarita Ortega y Luis Fernando Macías. El único que tuvo el perfil profesional adecuado y la experiencia para el puesto fue éste último. En sus tres años de desempeño se generaron bases de datos de gran importancia cuyo destino será pronto un misterio. Podemos mencionar tan sólo el adendo que el COESPO sumó a la encuesta que el Colegio de la Frontera Norte aplica entre los migrantes que regresan de los EU, lo que permitiría conocer con más precisión el perfil de nuestros paisanos que se van al norte. ¿Qué va a pasar con esa información? ¿Qué sucederá con el programa editorial y de investigación que impulsaba? ¿Qué pasará con sus 50 trabajadores, algunos de ellos muy calificados? Y ya entrados en calor, ¿por qué no se pensó mejor en desaparecer otras instancias, como el superfluo Instituto de Ecología, que no ha podido rendir cuentas derechas? En fin, al parecer la transparencia en las decisiones de gobierno todavía es materia lejana.

viernes, 21 de noviembre de 2003

La reforma vacía

Los actuales debates que se desarrollan en el Congreso de la Unión en torno a las urgentes reformas en las materias hacendaria y eléctrica parecen apuntalar la convicción de que los mexicanos nacemos con una inexplicable incapacidad para entendernos los unos con los otros. A pesar de las promesas que hace pocas semanas expresaron los líderes de las fracciones parlamentarias de esta nueva LIX legislatura, los acuerdos no parecen estarse construyendo y más bien lo que hemos visto es una danza de negociaciones mezquinas plagadas de intereses facciosos y parciales. La prueba más evidente fue el triste proceso de selección del nuevo Consejo General del IFE, donde se aplicó una lamentable política de reparto de cuotas entre los dos liderazgos partidistas mayoritarios, que dejó al grueso de los diputados fuera de toda posibilidad de debatir seriamente sobre perfiles y capacidades personales de los eventuales consejeros. De esta forma, la sombra de la sospecha marcó innecesariamente tanto a la institución electoral como a los propios consejeros entrantes.
Vemos ahora cómo en el asunto de la reforma hacendaria los grupos parlamentarios se debaten en pugnas de política camarillesca, que están contaminando una materia que debería ser eminentemente técnica. Alguien podría debatirme, con razón, que los asuntos fiscales también son políticos, pero yo argumentaría que precisamente lo que está faltando es la Política (con mayúscula) de altos estándares y miras de largo plazo. Los señores diputados nos están dando una lección de cómo se puede frustrar un proyecto nacional (del signo que sea) cuando lo que priva es el inmediatismo electorero y partidista, sazonado de populismo oportunista.
Para construir un marco de negociación de largo aliento, yo propondría que se parta de unas cuantas premisas o axiomas que fuesen incuestionables por parte de los partidos. Yo imaginaría estos: 1) es urgente ampliar los recursos fiscales del estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, 2) es urgente ampliar la base de contribuyentes y combatir la informalidad, 3) es urgente simplificar el esquema recaudatorio, 4) es urgente concretar el federalismo hacendario e involucrar a estados y municipios en la ingrata labor de recolectar impuestos, y 5) es urgente transparentar el uso y destino de los recursos públicos, para incrementar la confianza ciudadana hacia el gobierno. Habría otros ejes que podría proponer, pero que ya no serían de aceptación general por su contenido político e ideológico, como los siguientes: 6) es necesario que la política fiscal deje de ser un instrumento privilegiado de fomento económico, sobre todo a través de exenciones y tratos especiales a industrias y giros específicos, ya que la claridad y la eficacia recaudatorias serán por sí mismas los nuevos instrumentos de fomento; 7) el necesario revisar a fondo la efectividad real de la política redistributiva federal que hoy subsidia a ciertas entidades y perjudica a otras, con un indeseable efecto de desaliento; 8) hay que darle autonomía y viabilidad financiera a PEMEX y a la CFE, sin que ello represente su privatización o su constricción; 9) el IVA generalizado (pero en menor monto al actual) es conveniente, siempre que vaya acompañado de estrategias paralelas de apoyo directo a las clases populares (subsidios directos mediante programas sociales, seguro médico popular, restricción a la vigencia de las patentes médicas, etcétera); y 10) facilitar la recuperación del IVA a contribuyentes cumplidos mediante deductibilidades bien definidas.
Si la negociación parte de la definición de los axiomas compartidos por todos los partidos, el trabajo se enfocaría sobre los temas escabrosos, pero partiendo de que las soluciones a encontrar sean las más sencillas y que pudieran mantenerse durante más largo plazo. Es necesario que superemos el primitivismo político de negociar todo con la presión de los tiempos encima. Si los asuntos de fondo no pueden salir en estas pocas semanas que le restan al año, es mejor dejar las cosas como están y continuar con los debates con la calma y la responsabilidad necesarias que garanticen una reforma hacendaria de largo aliento. Recordemos la triste experiencia de la “reforma” del 2000, cuando los diputados se inventaron sobre las rodillas una serie de impuestos absurdos que no resistieron el paso del tiempo.
Desgraciadamente me confieso pesimista sobre el tema de la reforma hacendaria. Creo que vamos a presenciar un parto de los montes que responderá más a las perspectivas electoreras del 2006 que a una auténtica labor de congresistas con vocación de estadistas. En fin, esto es una prueba más de que nuestra transición política no ha terminado aún.

La reforma vacía

Los actuales debates que se desarrollan en el Congreso de la Unión en torno a las urgentes reformas en las materias hacendaria y eléctrica parecen apuntalar la convicción de que los mexicanos nacemos con una inexplicable incapacidad para entendernos los unos con los otros. A pesar de las promesas que hace pocas semanas expresaron los líderes de las fracciones parlamentarias de esta nueva LIX legislatura, los acuerdos no parecen estarse construyendo y más bien lo que hemos visto es una danza de negociaciones mezquinas plagadas de intereses facciosos y parciales. La prueba más evidente fue el triste proceso de selección del nuevo Consejo General del IFE, donde se aplicó una lamentable política de reparto de cuotas entre los dos liderazgos partidistas mayoritarios, que dejó al grueso de los diputados fuera de toda posibilidad de debatir seriamente sobre perfiles y capacidades personales de los eventuales consejeros. De esta forma, la sombra de la sospecha marcó innecesariamente tanto a la institución electoral como a los propios consejeros entrantes.
Vemos ahora cómo en el asunto de la reforma hacendaria los grupos parlamentarios se debaten en pugnas de política camarillesca, que están contaminando una materia que debería ser eminentemente técnica. Alguien podría debatirme, con razón, que los asuntos fiscales también son políticos, pero yo argumentaría que precisamente lo que está faltando es la Política (con mayúscula) de altos estándares y miras de largo plazo. Los señores diputados nos están dando una lección de cómo se puede frustrar un proyecto nacional (del signo que sea) cuando lo que priva es el inmediatismo electorero y partidista, sazonado de populismo oportunista.
Para construir un marco de negociación de largo aliento, yo propondría que se parta de unas cuantas premisas o axiomas que fuesen incuestionables por parte de los partidos. Yo imaginaría estos: 1) es urgente ampliar los recursos fiscales del estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, 2) es urgente ampliar la base de contribuyentes y combatir la informalidad, 3) es urgente simplificar el esquema recaudatorio, 4) es urgente concretar el federalismo hacendario e involucrar a estados y municipios en la ingrata labor de recolectar impuestos, y 5) es urgente transparentar el uso y destino de los recursos públicos, para incrementar la confianza ciudadana hacia el gobierno. Habría otros ejes que podría proponer, pero que ya no serían de aceptación general por su contenido político e ideológico, como los siguientes: 6) es necesario que la política fiscal deje de ser un instrumento privilegiado de fomento económico, sobre todo a través de exenciones y tratos especiales a industrias y giros específicos, ya que la claridad y la eficacia recaudatorias serán por sí mismas los nuevos instrumentos de fomento; 7) el necesario revisar a fondo la efectividad real de la política redistributiva federal que hoy subsidia a ciertas entidades y perjudica a otras, con un indeseable efecto de desaliento; 8) hay que darle autonomía y viabilidad financiera a PEMEX y a la CFE, sin que ello represente su privatización o su constricción; 9) el IVA generalizado (pero en menor monto al actual) es conveniente, siempre que vaya acompañado de estrategias paralelas de apoyo directo a las clases populares (subsidios directos mediante programas sociales, seguro médico popular, restricción a la vigencia de las patentes médicas, etcétera); y 10) facilitar la recuperación del IVA a contribuyentes cumplidos mediante deductibilidades bien definidas.
Si la negociación parte de la definición de los axiomas compartidos por todos los partidos, el trabajo se enfocaría sobre los temas escabrosos, pero partiendo de que las soluciones a encontrar sean las más sencillas y que pudieran mantenerse durante más largo plazo. Es necesario que superemos el primitivismo político de negociar todo con la presión de los tiempos encima. Si los asuntos de fondo no pueden salir en estas pocas semanas que le restan al año, es mejor dejar las cosas como están y continuar con los debates con la calma y la responsabilidad necesarias que garanticen una reforma hacendaria de largo aliento. Recordemos la triste experiencia de la “reforma” del 2000, cuando los diputados se inventaron sobre las rodillas una serie de impuestos absurdos que no resistieron el paso del tiempo.
Desgraciadamente me confieso pesimista sobre el tema de la reforma hacendaria. Creo que vamos a presenciar un parto de los montes que responderá más a las perspectivas electoreras del 2006 que a una auténtica labor de congresistas con vocación de estadistas. En fin, esto es una prueba más de que nuestra transición política no ha terminado aún.

viernes, 7 de noviembre de 2003

El IFE y su encrucijada

La renovación del Consejo General del IFE no pudo escapar de la polémica, y la verdad, no podía ser de otra forma. La Cámara de Diputados no atendió con oportunidad suficiente este asunto, que fue dejado entre las cuestiones “poco urgentes” dentro de la agenda del primer periodo de sesiones. Desde el inicio existía la posibilidad de que esta decisión se fuese ventilando con calma y con talento, tejiendo fino entre los grupos parlamentarios, y evitar las prisas y aceleres que tanto daño hacen a la factura de la política nacional. Se designó de forma temprana a una comisión que avanzaría en el tema, que conformaron Emilio Chauyffet (PRI), Juan Molinar (PAN), Emilio Zebadúa (PRD) y dos diputados más del PVEM y el PT, pero poco se hizo realmente durante las seis primeras semanas de esta legislatura. Por lo menos poco se vio desde nuestra platea ciudadana.
Al acercarse los últimos días de octubre, se retomó finalmente el asunto de la designación de los nueve consejeros electorales (ojo: ya no son “consejeros ciudadanos”, como erróneamente se asume por ahí), y queriéndolo o no, este punto se vinculó con el resto de las graves cuestiones que hoy se debaten en el espacio legislativo, como son la reforma energética y la reforma hacendaria. Este vínculo perjudicó enormemente el proceso de selección al contaminarse con temas que despiertan radicalismos y confrontaciones. Lo que Woldenberg sugirió fue desoído, y ninguno de los integrantes del consejo anterior repitió en el cargo. En consecuencia mucha experiencia se pierde e indirectamente se descalifica a los consejeros salientes, algunos de los cuales hicieron un papel extraordinario. Yo esperaba que repitieran algunos de ellos, como Peschard, Lujambio, Merino o Luken. Otros resultaron demasiado polémicos, como Cárdenas y Cantú, pero representaban ya un activo muy importante para el instituto.
Finalmente se regresó al sistema de cuotas partidistas, con su inevitable carga política para los nuevos consejeros. No se consideraron alternativas provenientes de la sociedad civil ni se estudiaron a fondo los currículos de los cerca de 200 candidatos que se barajaron. Yo no me explico cómo no se ponderaron los méritos personales de gentes tan destacadas en el campo electoral como Leonardo Valdés, José Antonio Crespo, Jorge Alonso y otros. Tuvieron la “mala suerte” de ser parte de la propuesta del PRD-PT, que hizo mal en aferrarse en exigir a Cantú en la presidencia. Precisamente este fue el problema: que se siguieron manejando las candidaturas en planillas partidistas, y no se debatieron perfiles y méritos personales, con un procedimiento más objetivo, y no el de la negociación en cuotas. Ojalá que en la próxima reforma política se cambie este método, y se piense más bien en un concurso abierto, y por qué no, a la manera del Servicio Profesional Electoral.
Sin embargo el procedimiento actual, con todo y sus problemas, generó un excelente consejo saliente, y ahora aparentemente parió un solvente consejo entrante. Los nuevos consejeros no tienen la culpa de los relajos que armaron sus designantes, y tienen razón al pedir un voto de confianza a la sociedad, para demostrar en los hechos su independencia de juicio. Yo he defendido antes (como consejero local que fui en las dos elecciones anteriores, y como exparticipante en la política partidaria) la libertad de ideología personal de la que deben gozar los consejeros. Esa ideología y sus consecuentes simpatías partidistas son materia privada, y los consejeros no deberán traducirlo en un desempeño interesado al momento de tomar decisiones que tienen un carácter eminentemente público. Esos servidores públicos deben ser profesionales, honestos y responsables de sus actos, pero no se les puede pedir virginidad política. Las personas que podrían reunir un perfil políticamente neutro son también, necesariamente, las que no participan ni se interesan en los asuntos públicos, y por lo mismo serían las menos calificadas para cumplir con esta importante labor. Los consejeros tienen derecho a poseer un pasado partidista (y también un futuro similar), pero en el periodo de su encargo deben garantizar solvencia moral, compromiso con la democracia y capacidad para sobreponerse a los intereses particulares y/o partidistas.
Yo saludo con entusiasmo la designación de Luis Carlos Ugalde como consejero presidente del IFE. Y lo hago porque he tratado a Luis Carlos en su calidad de académico, y me consta el gran profesionalismo y el rigor analítico con el que aborda la materia político electoral. Él participó hace año y medio en una sesión del seminario sobre procesos electorales que coordino para el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, y luego pude comentar un libro suyo en la Universidad Lasallista en Salamanca. Su gran calidad humana salta a la vista. No tengo duda de que hará un excelente papel, y que no comprometerá el buen nombre que se ha forjado el IFE desde 1996. Por eso, ¡bienvenido y mucha suerte!

viernes, 17 de octubre de 2003

Reajustes de medio camino

Para mi padre, Isauro: que te recobres pronto

Las remociones, nombramientos y reacomodos en el gabinete estatal que dio a conocer el gobernador el martes pasado confirman las suposiciones que hemos aventurado algunos analistas en los medios, en el sentido de que el titular del ejecutivo está decidido a imprimirle a la segunda parte de su periodo un sello más personal, con menos vínculos aparentes con el proyecto de la élite partidaria que le facilitó el acceso al poder. Es cierto que no se presentó el reforzamiento (que algunos presumimos) del “grupo universidad”; incluso se evidencia que algunos de sus miembros perdieron espacios o descendieron en el escalafón formal (o incluso fueron despedidos). Pero sí parece claro que el gobernador ha negociado con su partido desde una posición más ventajosa, disponiendo posiciones para miembros destacados del mismo, como los exalcaldes de Irapuato y Salamanca, pero ubicándolos en esferas más bien técnicas que políticas.
Juan Carlos Romero no parece dispuesto a dejarse regatear nuevamente sus capacidades de negociación política y de ejercicio efectivo del poder. Sus nuevos colaboradores, así como los reciclados, no parecen manejar una agenda política personal clara, y esto puede beneficiar la conducción decidida de un proyecto específico que le de identidad a esta administración. En buena medida esta había sido una de las carencias que se señalaron con insistencia en los tres años anteriores, en los que percibimos cierta esquizofrenia (personalidad escindida) en la conducción de los asuntos estatales. Muchos nos preguntábamos, desconcertados: ¿cuáles son los rasgos políticos distintivos del romerismo, que lo identifiquen frente al foxismo y el medinismo? Creo yo que no hubo una respuesta clara hasta que se desataron estos movimientos recientes.
Los ajustes en el gabinete no son una cosa menor. Hablan de la apuesta que correrá durante los siguientes tres años. Estos arreglos seguramente responden a una percepción personal del gobernador sobre desempeños personales, la recomposición de grupos de trabajo, las inevitables concesiones partidistas y otras necesidades de observancia política. Todavía me asombro al recordar el hecho de que el gobernador Fox no hubiera hecho ajustes en su “gabinetazo” durante los cuatro años de su gestión (cinco, si recordamos que su sucesor Ramón Martín tampoco hizo ajustes mayores). Y en buena medida el hoy presidente Fox parecía repetir su resistencia a los cambios, hasta recientemente. Ese aferramiento a las cuadrillas originales parece más una necedad que una sabia disposición a la evaluación permanente del desempeño y efectividad de los acólitos.
Algunos de los nombramientos estatales parecen acertados y prometedores, pero otros son discutibles y hasta desconcertantes. Como al resto de sus colegas, habrá que concederles a todos el beneficio de la duda. En no más de seis meses sabremos si el gobernador cuenta con un equipo no sólo renovado, sino eficaz y trascendente.
Otros cambios esperados (y que yo pensaría muy necesarios) en áreas como la educativa y de gobierno esperarán mejores momentos, si es que se dan. No creo que el gobernador considere cerrado el proceso de reajustes, que necesariamente debe mantenerse como una más de las herramientas de gobierno. Dijo él a los periodistas que se dijeron sorprendidos por la cantidad de movimientos que esa sorpresa se debía a que “no lo conocen”. Sin duda tiene razón: no lo conocían porque en los siete años de su rectorado tampoco hubo muchos cambios en el nivel ejecutivo, pero ahora sí que lo van conociendo. Ojalá que sus renovados bríos conduzcan a buenos resultados. Nos conviene.
Termino con una variación de tema: el Festival Cervantino ha venido ¡y nadie sabe cómo ha sido! Bienvenida la fiesta del espíritu, pero no de los espíritus etílicos.

viernes, 10 de octubre de 2003

Municipios en cambio

A partir del primer minuto del viernes próximo y a lo largo de todo ese día, los guanajuatenses observaremos los cambios de estafeta en nuestros gobiernos municipales. Sin embargo yo recuerdo que en mis tiempos de niñez y juventud esos tránsitos se realizaban en la medianoche del último día del año en que correspondía renovar los ayuntamientos. Entonces flotaba cierto espíritu mágico de renovación y esperanza, pues la ocasión se mezclaba con los festejos propios del año nuevo y por lo mismo el ambiente era popular y festivo. Pero a partir de 1997 la fecha se corrió hacia el 10 de octubre, y en alguna medida se perdió ese ambiente bullicioso, propio de fiesta de pueblo, para transformarse en un evento excesivamente formal y limitado a los integrantes de las élites políticas locales. La gente del común se ha quedado fuera de esta celebración, pues se percibe como un evento ajeno a su entorno habitual. Algo se perdió con ese cambio, pero ni modo, así lo marca la ley. Ojalá un día aprendamos que las elecciones, las tomas de posesión, los informes y otras actividades oficiales deberían alinearse con los ritmos de la cotidianidad que impone el calendario natural, y no al revés. Por ejemplo, las elecciones deberían realizarse a fines de año, cuando mucha gente ha retornado a sus lugares de origen, y no en julio, en plena época de cosechas, inicio de lluvias y cercanía de las vacaciones de mediados de año, cuando todo el mundo está movilizado; también deberíamos buscar que las administraciones comenzaran con el año natural, así como la emisión de sus informes, y no un trimestre antes. Qué manía tenemos de llevarle la contra a la tradición y a la naturaleza.
46 administraciones municipales se inauguran. Y llama la atención el colorido de sus orígenes partidistas. 24 municipios los gobernará el PAN, 14 el PRI, tres el PRD, dos el PVEM, dos Convergencia y otro el PT. Seis partidos (todos los que conservaron el registro) son gobierno en nuestro estado, que sigue evidenciando una clara vocación por la alternancia pluripartidista que se traduce en un mosaico político variado y cambiante. Hay municipios, como el de San José Iturbide, que han transitado por una gama de partidos en el gobierno (¡cinco en total!) que confirman que en ese y en otros espacios municipales lo que importa ahora no es el partido, sino los candidatos.
El esforzado gobernador Romero Hicks se ha trazado la meta de asistir a once de las ceremonias de toma de protesta. Si calculamos una hora de duración promedio en cada acto (que puede ser de más en casos como León), y le sumamos el tiempo de traslado de un municipio a otro (aunque se use helicóptero), llegaremos a la conclusión de que ese día Juan Carlos no va a dormir, o bien que al final de la jornada ya no podrá entender nada de lo que se diga por el cansancio. Pero en fin, se echó encima ese compromiso infame y ya veremos cómo le hace. Por lo visto, a sus secretarios de gobierno les va a dejar solamente la morralla municipal. Nueva confirmación de que a partir de haberse zafado de su incómodo segundo de a bordo, no va a dejar mucho espacio político para los que quieran competirle desde dentro.
Las nuevas administraciones llegaron al poder municipal en medio de situaciones electorales muy diferenciadas y particulares. Observamos situaciones que van desde los apretados triunfos panistas en Acámbaro, Allende, Apaseo el Alto, Yuriria y por supuesto León (que se corresponden con las cada vez más escasas victorias cómodas de ese partido como la de Salamanca); pasando por el derrumbe perredista en el municipio capital y su dolorosa derrota en Acámbaro (pero compensada con el retorno de los brujos en Valle de Santiago), hasta el desplazamiento del PRI a la tercera posición en algunos de los municipios que antes eran sus plazas fuertes, como Allende, Apaseo el Grande, Tierra Blanca, Coroneo y Acámbaro. Luego Convergencia dio la sorpresa y se apropió (apretadamente) de Apaseo el Grande y San José Iturbide. ¿Y qué decir de la Santa Cruz reiteradamente gasquista? Hubo de todo, como en botica.
Es de esperarse que este mosaico municipal tan variado e intenso ayude a consolidar la nueva cultura democrática que se ha venido gestando desde hace más de una docena de años en nuestra entidad. Pero debemos hacer votos porque esta pluralidad no se traduzca en la temible ingobernabilidad municipal, pues por desgracia hemos visto demasiados casos en que los partidos, cuando llegan al poder, adoptan las mismas o peores mañas que sus predecesores, o bien que cuando son oposición se dedican a torpedear iniciativas sin más ánimo que el de vender caro su amor. Y francamente ya no se vale. Por eso hay que convocar a los señores regidores, síndicos y presidentes municipales entrantes a que aprendan a anteponer las urgencias de sus gobernados por sobre las mezquindades de sus compromisos partidistas o personales. Sí se puede… sí se puede.

viernes, 3 de octubre de 2003

Víctimas del delito: ¿inocentes o culpables?

Tuve la fortuna de intervenir en los trabajos del Congreso “La víctima del delito, del olvido histórico al reconocimiento de la víctima”, que organizó hace pocos días la Procuraduría General de Justicia del Estado. Esta institución tuvo a bien invitarme a coordinar la mesa “Perfil de la Víctima Ideal (Guía práctica para convertirse en víctima del delito)”, en la que también participé con una exposición que pretendió iniciar el tema y provocar la discusión. Debo confesar que cuando supe el motivo de la mesa, que era el definir si existe un perfil de la víctima del delito, así como ensayar una guía práctica para convertirse en dicho sujeto, me sobresaltó una duda: ¿es realmente posible trazar ese perfil? ¿No estaríamos cayendo en la tentación de simplificar la problemática de la delincuencia al tratar de definir perfiles de víctimas “ideales”? ¿No implicaría esto adjudicarle a la víctima parte de la responsabilidad del delito que padeció a manos de otro? En fin, que estas inquietudes me motivaron a investigar el tema de la victimología (al cual confieso que soy ajeno) y tratar así de responder a estas preguntas con un poco de conocimiento sobre los debates que se han tejido alrededor de esta cuestión.
Sabemos que la noción de “delito” cambia según los tiempos y las sociedades. Lo que ayer se consideraba un ilícito tal vez hoy ya no sea tal. Por ejemplo hace tan sólo quince o veinte años la violencia intrafamiliar era tolerada o ignorada por parte del sistema judicial y de la propia sociedad en México. En cambio, hoy en día existe no solamente un sistema de normas que condenan estas conductas, sino que también se ha incrementado la cultura de la denuncia y el castigo efectivo a los perpetradores de este tipo de incivilidades. Entonces, al cambiar históricamente la noción de “delito”, también cambió la concepción de “víctima” y de “victimario”, cayendo en estas definiciones individuos que antes tal vez sólo evidenciaban conductas inmersas en la tradición o la inercia social.
Pronto, la ciencia penal descubrió que para comprender el fenómeno de la delincuencia había necesidad de también enfocarse en la situación de la víctima, y no sólo en la del victimario. El aparato legal provee una amplia gama de previsiones con relación a los delincuentes (sistema punitivo, defensa de sus derechos, control y seguimiento preventivo, etcétera), pero contempla muy pocas medidas de atención a la víctima y a su circunstancia alterada. Esta inequidad ha provocado el nacimiento de una nueva disciplina: la victimología, que fue fundada en los años cuarenta por teóricos europeos como Von Hentig, F. Wertham, B. Mendelson y Gulotta. Este último define a la victimología como “la disciplina que tiene por objeto el estudio de la víctima de un delito, de su personalidad, de sus características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, de sus relaciones con el delincuente y del papel que ha desempeñado en la génesis del delito”. Sin embargo este enfoque parece defender la idea de que existe cierta “simbiosis” entre la víctima y el victimario, es decir que la víctima en buena medida comparte la responsabilidad del delito del que fue objeto. Visto de esta manera, sería correcto hablar de la existencia de un perfil de la “víctima ideal”, que correspondería a individuos que comparten un entorno social común, características físicas comunes, una educación similar, una ocupación parecida, en fin, una serie de características que en conjunto los convierte en blancos potenciales de la agresión delincuencial. Podríamos llegar a conclusiones como la de que si eres mujer, joven, trabajadora asalariada, de familia pobre, incluso madre soltera, y vives en ciudad Juárez, mejor cuídate porque eres candidata a ser violada y masacrada por impunes desconocidos.
En lo personal, y expresando un punto de vista como antropólogo social (que me hace reacio a todos los intentos de emitir generalizaciones simplificadoras), percibo en este enfoque una visión mecanicista y potencialmente discriminadora. Hay que hacer mención de de una tipificación propuesta por victimólogos menos obtusos como la abogada Paz de la Cuesta, quien distingue entre tres tipos de víctimización: la primaria, que es consecuencia directa de haber padecido un delito; la secundaria, que se deriva de las relaciones de la víctima con el sistema jurídico penal, y la victimización terciaria, que consiste en la discriminación, el escarnio social, la difamación y las consecuencias morales de haber padecido el delito y haber tenido que transitar por la tortura de las instancias judiciales.
Considero que es poco sustentable pretender que la definición de perfiles ideales (tal vez a la manera de los “tipos ideales” de Max Weber) de las víctimas del delito ayudará a prevenir, resolver o paliar las desgracias que padecen esas víctimas. Pero en cambio sí se pueden transformar en esquemas de discriminación y de construcción de estereotipos que pueden convertir en víctimas de tercer tipo a personas que, sin haber sido objeto de delito, caen en la clasificación simplista de víctimas potenciales. Y cuidado, porque los mexicanos somos muy buenos para discriminarnos los unos a los otros.

Cambio de gobierno

La remoción del secretario de gobierno ha sido, sin duda, el acto político de mayor trascendencia en los tres años de la administración estatal de Juan Carlos Romero Hicks. El gobernador se desembarazó así de un pesado lastre que venía arrastrando, producto de un pago de factura que debió cubrir para corresponder al operador político que facilitó su candidatura y su arribo exitoso a las esferas del poder estatal. En el arranque, ese nombramiento fue interpretado, más que como un gesto de reciprocidad con el partido político que le abrió sus puertas, como una posición cedida a uno de los sectores más beligerantes dentro de ese instituto político, y con ello se aceptaba implícitamente que el tejido político quedaría en manos de ese grupo, y no del gobernador y de su equipo universitario. El propio regente estatal dio a conocer, cuando comunicó la remoción, que existía el acuerdo (entre caballeros) de que el senador con licencia le acompañaría en la primera mitad de su sexenio, pero que en la segunda se abriría una nueva etapa de gestión política. Interpreto entonces que la factura ya se pagó, y el titular del ejecutivo da un golpe de mano para dejar en claro que a partir de ahora él es el único responsable de la conducción política de su administración.
El nombramiento de un ingeniero químico sin mayor prosapia o experiencia política al frente de la secretaría vacante complementa el mensaje: el gobernador es ahora quien manejará los hilos más delicados de la urdimbre política. Al nuevo secretario, en todo caso, le tocará hacerse cargo de las pocas funciones de apoyo y gestión que le restan a la secretaría de Gobierno, a la que sistemáticamente se le han venido restando áreas y funciones desde los años ochenta, pasando por la reciente creación de la secretaría de Seguridad Pública, hasta quedarse únicamente con las responsabilidades de asesoría jurídica y política (ahora veremos qué tanto) al titular del ejecutivo.
Ya son varios los casos en que los gobernadores de nuestro estado han tenido que convivir con secretarios de Gobierno impuestos que les restringen en la práctica sus facultades de acción política. Así fue con don Agustín Téllez Cruces y con Carlos Medina Plascencia. Este último debió acudir a las más altas esferas para deshacerse de su acompañante incómodo. Y es fuerte la tentación de pensar que en el caso actual también hubo consultas de alto nivel para poder solicitar esta renuncia, sin desatar reacciones en el partido en el gobierno.
Si este cambio se concatena con otros, como el que se anuncia en los corrillos políticos con relación a la secretaría de Educación (otra área enajenada a la voluntad del gobernante estatal), estaríamos presenciando un profundo golpe de timón que anunciaría el inicio de una etapa totalmente novedosa, que se significaría por la aplicación sin restricciones del proyecto romerista, que (ahora sí) definiría con claridad su apuesta por el futuro del estado, sin mayores compromisos con personajes e incluso con una mayor independencia con relación a los sectores duros de su partido.
También es de esperarse que el llamado “grupo universidad” refuerce su presencia en las esferas estatales, y esto llama la atención, porque iría a contracorriente de la nueva tendencia declarada en el ámbito federal, donde el gobierno foxista ha abierto más espacios para políticos profesionales panistas y ha restringido la participación empresarial y de ciudadanos sin partido. Sin embargo yo considero que en Guanajuato hay condiciones diferentes, y que el gobernador cuenta con capitales humanos que no ha podido aprovechar debido a los pruritos partidistas y los compromisos con ciertos patricios. Si los cambios en el gobierno tienen como finalidad reforzar las capacidades de acción política y negociación con las fuerzas de oposición (que ya estaban cerradas a interactuar con el exsecretario), no pueden ser mas que bienvenidas. La operatividad gubernamental depende esencialmente de esas capacidades, y renunciar por más tiempo a ellas condenaría a la gestión romerista a la intrascendencia y al enajenamiento. Pro ello, creo sinceramente que se anuncian mejores tiempos.

viernes, 26 de septiembre de 2003

Búsqueda universitaria, III

La Universidad de Guanajuato, la casa de estudios superiores más importante de la entidad, estrenará Rector el día de mañana. Todos sabemos ya que se trata del doctor Arturo Lara López, quien resultó designado por el Colegio Directivo de la institución el lunes pasado. Su nombramiento tiene algunos significados que trataré de interpretar aquí. En primer lugar, se trata de un miembro destacado de la comunidad científica de la entidad y del país; es un ingeniero mecánico con doctorado en el Universidad de California en Davis, que viene de dirigir (y de fundar) el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (el Concyteg) desde donde coordinó (y también fundó) la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, AC (la Rednacecyt). Además, sus diseños de maquinaria agrícola y accesorios, algunos de los cuales están patentados (como fue el caso de un motocultor prototipo), lo han caracterizado como un científico aplicado que ha contribuido a la tecnificación de varios procesos agrícolas como son la siembra, el riego y la cosecha de granos básicos, así como de la tuna. También ha desarrollado diseños para la industria eléctrica, la del vidrio y otras. En fin, se trata de un especialista en tecnología mecánica con un fuerte acento en el desarrollo de diseños aplicados.
Por otra parte, es un hombre ya maduro, de 57 años, relativamente mayor a la edad en que tomaron el puesto algunos de sus antecesores: Sebastián Sanzberro (44 años), Cuauhtémoc Ojeda (44), Silvia Alvarez (58) y Juan Carlos Romero Hicks (¡36!). Sus orígenes sociales también son diferentes: es originario de la comunidad de Cerano, del municipio de Yuriria, en el medio rural. En contraste, sus antecesores nacieron todos en entornos urbanos (Irapuato, Mexicali, Guanajuato…).
Algunos de estos datos pueden parecer intrascendentes, pero ayudan a entender que el estilo de administración que puede esperarse del nuevo Rector será diferente al de sus predecesores, en el sentido de que habrá una mayor preocupación por la vinculación de la universidad con los sectores productivos, particularmente con el campo y la industria de la transformación; una mayor academización de áreas de la universidad que hasta ahora han mantenido una autonomía relativa (como los son las áreas de extensión y la misma administración institucional); un impulso más claro hacia la formación o incorporación de profesores con perfil doctoral; un interés en la apertura de nuevas opciones educativas en áreas aplicadas o de alta especialización; un fortalecimiento de las áreas científico tecnológicas, y un incremento de las capacidades institucionales de innovación y generación de conocimiento aplicado.
En alguna medida, el perfil científico técnico del nuevo Rector puede inquietar a quienes cultivamos otras áreas del conocimiento, ante el riesgo de incrementar el sesgo que hoy padece la institución hacia las ingenierías y las ciencias duras. Históricamente las artes, las humanidades y las ciencias sociales han sido poco atendidas en la Universidad de Guanajuato, a pesar de su prestigio como casa de estudios humanista. Todavía hoy está muy arraigado el prejuicio social de que esas disciplinas no tienen una utilidad práctica, de que son “nidos de grillos”, y de que sus egresados tienen como destino privilegiado el desempleo. Es claro que este convencionalismo se basa en el desconocimiento obtuso de las potencialidades que representan las humanidades para el desarrollo armónico de cualquier sociedad moderna.
Afortunadamente, el doctor Lara ha manifestado en varios foros su compromiso formal y concreto hacia las ciencias sociales y las humanidades. Ha insistido en que su proyecto dará un fuerte impulso a esta área, de tal forma que se supere el rezago acumulado y que la universidad contribuya con su entorno no sólo mediante la formación de recursos humanos y la aportación de elementos tecnológicos para cumplir los requerimientos concretos de los sectores productivos, sino también mediante la construcción de una conciencia crítica en nuestra comunidad, basada en el conocimiento de la realidad social, cultural, política y económica que caracteriza a las colectividades guanajuatenses. Este compromiso acaba de reiterarlo en las entrevistas concedidas luego de su nombramiento, y con ello alimenta nuestra esperanza en que la Universidad de Guanajuato recupere la vocación humanista que la caracterizó en sus orígenes, pero que fue perdiendo en las últimas tres o cuatro décadas. Esto confirmará su aspiración a la universalidad, que su propio nombre establece, y permitirá que los guanajuatenses sintamos a esta casa de estudios realmente más cercana a nuestros valores y a nuestras realidades cotidianas.

viernes, 19 de septiembre de 2003

Búsqueda universitaria, II

La Universidad de Guanajuato vuelve a ser el foco de los debates que se ventilan en estos días en los medios estatales, particularmente en el Correo. Estoy convencido de que persiste una gran incomprensión sobre el proceso de selección del Rector que tomará posesión a partir del 26 de septiembre próximo. Se señala que el procedimiento es oscuro, cerrado y temeroso del debate, además de plagado de vacíos normativos que inducen a la confusión. ¡Qué contraste con los agarrones a los que nos han acostumbrado nuestros rudos políticos en campaña! Ahí sí encontramos competencias acaloradas donde con frecuencia la sangre de veras llega al río. Por eso, los medios quisieran encontrar en la contienda universitaria mucho más intensidad y exaltación que les permita encontrar la nota amarillista con su garantía de ventas y audiencia.
Pero no sucede así en el entorno universitario. La ley orgánica que nos rige desde 1994, cuando se logró la autonomía para la institución, define un proceso de selección cerrado, donde los principales actores colectivos son el Consejo Universitario y el Colegio Directivo; éste último equivalente a la Junta de Gobierno que existe en la UNAM. La comunidad universitaria, así como la sociedad en general, pueden participar dando a conocer opiniones y sugerencias a estos dos órganos de gobierno. Pero hasta ahí. No se trata de un proceso democrático, en el sentido electoral del término. No se decide por votación abierta, ni hay voto universal, ni campañas proselitistas, ni partidos. Sobre esto último, podrá haber facciones internas, que de hecho existen en la universidad, pero su acción se ve restringida por el hecho de que la decisión final está en manos de siete profesores, y de nadie más.
Puede sonar bastante extraño lo que voy a decir a continuación, pero creo que mi posición puede ser defendida: considero que la educación superior no puede regirse por criterios democrático electorales o de participación amplia. Por su misma naturaleza la educación y la investigación superior son elitistas, en el sentido de que en este ámbito priva otra noción de competencia, diferente a la electoral. Más bien es la competencia relacionada con la búsqueda de la verdad científica y la necesaria excelencia que acompaña el proceso. Los dotes intelectuales no se generan por consenso, sino por el esfuerzo sistemático de unos pocos individuos que decidieron especializarse en esferas de alta erudición o de calificación excepcional. Los fines de la educación superior exigen un trato diferente, que poco tiene que ver con las legitimidades que proporciona la democracia política. Más bien encontraríamos coincidencias con las aspiraciones de la equidad social, junto con la garantía de que los únicos factores diferenciadores de los individuos al interior de una institución de educación pública como la nuestra son la voluntad de superación y la curiosidad intelectual, pero no el nivel de ingreso o el estrato socioeconómico. Es ahí donde nuestra institución debe ser democrática.
Ahora bien, hay que reconocer que el futuro de la universidad no confrontará un momento de quiebre o un parte aguas cuando se defina al nuevo Rector. Los proyectos defendidos por ambos candidatos no son muy diferentes uno del otro. Y no podía ser de otra manera, pues ambos deben respetar la planeación que se definió hace dos años, cuando la comunidad universitaria explicitó su visión al año 2010 mediante el llamado Plan de Desarrollo Institucional (PLADI). Ese ejercicio fue democrático, hasta el extremo de que muchos llegamos a criticar el mecanismo, por lo calmoso y agotador que resultó al tener que integrar cientos de puntos de vista de la comunidad universitaria, que tampoco se distingue por su sentido realista o por la homogeneidad de sus opiniones.
La selección del Rector de la Universidad de Guanajuato puede resultar aburrida o enigmática para los legos, ante la aparente falta de debates, pero créanme que el evento ha despertado viejas y nuevas ideas que se vinculan con la necesidad de construir una universidad más moderna y ágil, menos provinciana y obtusa, más vinculada con su entorno social y económico, menos encerrada en sí misma. Todavía hay problemas añejos que son ignorados o aceptados con apatía o resignación. Esta molicie, herencia de tiempos burocráticos pretéritos, se debe extirpar lo más pronto posible.

viernes, 12 de septiembre de 2003

El IFE y sus debates, II

Regresando a la reflexión sobre el momento actual del Instituto Federal Electoral, hay un tema que pronto ocupará los titulares de la prensa nacional: se trata de la elección de sus nuevos consejeros generales, que deberán asumir su encargo a partir del 1 de noviembre próximo, para permanecer en el mismo por siete años. Los actuales miembros del consejo fueron designados conforme a lo señalado en el artículo 74 del Cofipe; esto es, por parte de la Cámara de Diputados federal. Esto ocurrió en octubre de 1996, cuando, gracias a la última reforma electoral que hemos visto en este país en el ámbito federal, se ciudadanizó plenamente el máximo órgano electoral. Uno de los consejeros que habían participado en la camada consejeril anterior, José Woldenberg Karakovsky, fue designado por la misma cámara como presidente del mencionado consejo general. Llegó acompañado de otros ocho colegas, ciudadanos de prestigio reconocido que asumieron el compromiso de culminar, por fin, el largo proceso de transición hacia procedimientos electorales confiables, transparentes y equitativos, una asignatura largamente pendiente dentro de la imperfecta democracia mexicana.
A partir de entonces se desarrollaron tres procesos electorales federales en 1997, 2000 y 2003, donde se pudo apreciar cómo evolucionaron los procedimientos hacia una situación de confiabilidad nunca antes vista en nuestra historia política nacional. Una evidencia de esta situación han sido los números decrecientes de observadores electorales registrados en los distintos procesos comiciales desde la creación de esta figura, en 1994, hasta la elección más reciente. Los debates político-electorales han emigrado desde el control de los procedimientos para la emisión, recepción y contabilización del voto, que siempre fueron objeto de suspicacias, hacia la discusión de temas de mayor trascendencia y sofisticación, como lo es la equidad en la competencia, el acceso a medios de comunicación, el financiamiento de los partidos, las capacidades fiscalizadoras del IFE, la honestidad en el uso de las prerrogativas partidistas, etcétera. El foco de la atención se ha desviado entonces hacia asuntos que el propio Woldenberg calificó como de “segunda generación”.
Durante estos siete años pudimos observar una evolución sostenida hacia nuevas formas de ejercer la política. Tal vez el momento cumbre de esta nueva época electoral inaugurada por los consejeros del IFE fue cuando en julio del 2000 se emitió y se respetó escrupulosamente el voto opositor y se concretó la primera alternancia, en más de setenta años, en el ejecutivo federal. Hay que señalar que, a pesar de las amenazas que se cernían sobre la institución electoral en el caso de una derrota del partido hasta entonces hegemónico, los conductores del proceso pudieron sacar delante de forma claramente honesta y valiente la defensa de un resultado que significaba un momento de quiebre profundo en los anales políticos nacionales. Aunque en su momento hayamos criticado las formas como se implementó la exposición y la defensa de esos resultados (recordemos la polémica encuesta de salida que sirvió de base para que el presidente del IFE y el presidente de la República dieran a conocer a la opinión pública las tendencias definitivas en los resultados), y también que el anuncio fuera considerado por muchos como prematuro a la vista de la ausencia de resultados preliminares, al final todos (o bueno, la mayoría) de los mexicanos reconocimos la validez del proceso y sus consecuencias.
Es también cierto que el accionar de este consejo general saliente no se dio sin cuestionamientos o debates sobre su desempeño. Tal vez los principales giraron alrededor del protagonismo de algunos de ellos, así como sobre la vinculación inmediata de exconsejeros en posiciones partidistas o en candidaturas políticas. La ausencia de normatividad sobre este punto permitió que de esta forma se transparentaran las preferencias políticas (inevitables por demás) de los exconsejeros, y esto contribuyó en alguna medida a socavar el prestigio de la institución.
Pero en términos generales el balance es bueno. Nada más hay que recordar la actitud digna mostrada por el instituto en diferentes ocasiones ante el gobierno federal y sus instancias, como sucedió con la secretaría de Hacienda (y el convenenciero “secreto bancario”), con la de Gobernación e incluso con la presidencia de la República (recuérdese la necedad de las autoridades de incidir en el proceso publicitando obra y “promoviendo” la participación electoral). La conclusión: urge ampliar las facultades del IFE.
Ojalá que en esta ocasión los señores diputados consideren la posibilidad de que algunos de estos consejeros salientes repitan en sus posiciones, luego de una evaluación objetiva de su desempeño; esto para evitar que se pierda la experiencia acumulada en siete años. Hay que revisar el procedimiento de renovación de los consejeros, para evitar el riesgo de que, de golpe y porrazo, se renovado el consejo general en su conjunto. Valdría la pena reformar esta situación y que se alternen los nombramientos de nuevos consejeros, digamos, a uno o dos por año. Mucho se ganaría sin duda.

viernes, 5 de septiembre de 2003

El IFE y sus debates, I

El sábado y domingo pasados se realizó en la ciudad de México el Encuentro Nacional de Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral, con el objeto de analizar con detenimiento, objetividad y honestidad el desarrollo general del proceso electoral federal del 6 de julio. Asistimos la mayoría de los 192 consejeros locales (seis por entidad federada) y los nueve consejeros generales del IFE, y entre todos se pudo arribar a conclusiones muy relevantes sobre el momento actual de la operatividad electoral, la participación ciudadana, el papel del IFE ante los actores de la política y en general sobre el momento que atraviesa la democracia mexicana.
Me gustaría destacar aquí algunas de las ideas que se ventilaron y consensuaron. En primer lugar, considero que hay un acuerdo fundamental en torno a la confirmada confiabilidad generalizada de los procedimientos electorales (con excepciones motivadas por conflictividades locales, como en Chiapas), lo que permite comenzar a debatir las problemáticas “de segunda generación”, como es la necesidad de regulación de las precampañas, el elevado costo del mantenimiento de partidos y la operatividad electoral, la urgencia de ampliar las facultades fiscalizadoras del IFE, la reforma del Estado y de sus componentes sujetos a elección popular, el empoderamiento ciudadano, la rendición de cuentas y la “responsibidad” (neologismo que es lo más parecido al concepto inglés accountability) de parte de los detentadores del poder. Son todas cuestiones muy novedosas para un entorno político que más bien se caracterizó hasta hace poco por la ausencia de competencia, de debates, de participación y de posibilidades reales del ciudadano común de incidir en las decisiones públicas que le afectaban.
Destacó la preocupación por los ataques y las conflictividades en que se ha visto envuelto el IFE desde hace al menos dos años. Es compartida la sensación de que esta institución ha debido remar a contracorriente para poder imponer la legalidad en asuntos como el del Pemexgate y los Amigos de Fox, cuando diferentes instancias estatales, sindicales y partidistas negaron o resistieron el acceso a la información necesaria para ventilar estos asuntos. Todo ello padeciendo el torpedeo de los medios de comunicación y de muchos actores políticos demasiado comprometidos con sus intereses particulares.
De los problemas detectados en el desarrollo de la última elección destacan los relacionados con la baja capacitación de los funcionarios de casilla. Este es un problema que rebasa totalmente al IFE, que no es responsable del bajo nivel educativo real de los ciudadanos (“no somos la secretaría de educación”, dijo algún funcionario del instituto). El actual procedimiento de selección con base en una insaculación doble (por letra del apellido y mes de nacimiento), que respondió a un momento político de clara desconfianza hacia los operadores electorales, hoy estrecha en extremo las opciones para seleccionar a ciudadanos capaces que puedan afrontar con éxito el complicado procedimiento de recepción y contabilización del voto. Tan sólo el llenado de actas es un reto que con seguridad no afrontaríamos exitosamente muchos profesionistas. Hay que evolucionar hacia un esquema más abierto, donde la selección se haga con base en criterios de competencia y capacidad. En los Estados Unidos, por ejemplo, los funcionarios de casilla pueden ser los mismos durante varios procesos electorales, e incluso pueden reconocerse públicamente como simpatizantes de un partido, pero su sentido de responsabilidad y ética personal los hace confiables en el momento de desempeñarse como responsables de casilla. Hay que aprender a confiar en nosotros mismos, y comenzar a deshacer candados en torno al procedimiento electoral.
También se discutió ampliamente sobre la posibilidad de evolucionar hacia el voto electrónico, el voto por correo o por internet, el ampliar el periodo de recepción de votos a varios días o una semana, el voto desde el extranjero, los centros de votación, etcétera. La tecnología puede abrirnos posibilidades muy amplias, y con el tiempo puede ser más económica que el proceso tradicional. Por ejemplo, la actual boleta electoral, con 20 elementos de seguridad, tiene un costo aproximado de 4 pesos cada una, y si recordamos que se imprimieron más de 67 millones de boletas, más lo que costaron las urnas transparentes, las mamparas y demás recursos y materiales, podemos estar de acuerdo en que este procedimiento es muy caro. Mucho mejor sería acudir a un centro de votación (no a una casilla), ser conducido ante una pantalla electrónica, activarla mediante el pase de la cinta magnética de la credencial de elector, pulsar las opciones políticas de nuestra preferencia y retirarnos sin necesidad de que nos manchen el pulgar o que agujeren nuestra credencial. Los resultados podrían conocerse en tiempo real, pero por la obligada discreción que debe guardarse hasta las 20:00 horas, el IFE podría dar a conocer a esa hora los resultados definitivos de los centros de votación urbanos (ya que en las áreas rurales todavía deberá acudirse al procedimiento tradicional).
En fin, los planteamientos fueron múltiples, pero quedó en el ambiente la preocupación por el futuro del instituto, que enfrentará en octubre la renovación abrupta de su consejo general, un consejo al que por cierto todos felicitamos. Pero seguiré analizando este tema en una próxima colaboración.

viernes, 29 de agosto de 2003

Búsqueda universitaria, I

La coyuntura obliga a seguir analizando el proceso de renovación de la dirigencia al interior de la casa de estudios más importante de nuestro estado, la Universidad de Guanajuato. Los dos candidatos a rector continúan sosteniendo encuentros con diferentes porciones de la comunidad universitaria. Estas actividades han llamado la atención de los medios, que han manifestado extrañeza ante la aparente calma y cordialidad con que se han desarrollado estos eventos, y más aún por la ausencia de descalificativos o críticas mutuas entre los candidatos. Los periodistas y los analistas se han habituado a la rudeza y la incivilidad de las competencias político-electorales, donde las estrategias más favorecidas son el descontón, la diatriba e incluso la calumnia. Además es bien sabido que, en los tiempos actuales, a los sufridos electores ya no se les plantean ideas o proyectos, sino que la propaganda les enjareta imágenes superfluas, figurines carismáticos y fantasías insustanciales. La política electoral es hoy el reino de la apariencia y el artificio, pues ha renunciado en buena medida al debate informado, a la crítica fundamentada y a la honestidad en sus ofertas.
En el ámbito universitario tenemos una situación diferente, que con frecuencia es ignorada u olvidada por los medios. La Universidad de Guanajuato es una institución que es o se pretende autónoma no se me alebresten: esto lo podemos discutir después y sus procesos internos para la renovación de su máxima autoridad unipersonal son cerrados, no abiertos como en una competencia electoral. El órgano facultado para elegir al nuevo Rector es el Colegio Directivo los famosos “siete magníficos” y nadie más, ni siquiera el Consejo Universitario. Este último, que es el máximo órgano colegiado de la institución y que está conformado por poco más de 120 personas, únicamente puede registrar candidaturas y calificar la elegibilidad de los aspirantes con base en la norma, pero no puede pronunciarse a favor de ninguno de ellos. El resto de la comunidad puede participar emitiendo opiniones personales y grupales para ser dirigidas al Colegio Directivo, quien ponderará los sentires de esa colectividad y los tomará en cuenta o no, si así lo decide al momento de tomar su decisión y elegir al nuevo Rector.
En síntesis, en esta universidad no hay elecciones ni competencia abierta. A quien deben convencer los candidatos es a los miembros del Colegio Directivo, y esto no lo pueden hacer mediante las técnicas usuales de los certámenes comiciales, sino por medio de las sutilezas de la argumentación, la proposición programática y la claridad de metas. Pero habrá el escéptico que me cuestione: ¿será realidad tanta belleza? Y yo respondo: los universitarios no somos ingenuos, sabemos que el proceso interno se mueve dentro de un contexto más amplio, dentro del cual la universidad sólo cumple un papel adjunto, muy importante mas no central. Es claro que puede haber influencias provenientes de dicho entorno, y hasta podría afirmar que esas presencias son con frecuencia necesarias y deseables. Lo que se debe cuidar es que en las decisiones internas prive un juicio ecuánime sobre el peso que deben recibir las consideraciones domésticas sobre las exógenas.
Mucho se ha hablado sobre el ascendiente que pretendidamente ejerce el actual gobernador, un universitario de convicción, sobre la vida interna de su Alma Mater. Esta influencia es innegable, ya que Juan Carlos dejó una legión de amigos y colegas en la institución. Sus opiniones seguramente son escuchadas con singular atención, y no me sorprendería saber que, como muchos otros universitarios lo haremos, pronto comunique sus sentires a los miembros del Colegio Directivo. ¿Sería esto “línea”? Bueno, lo sería solamente si estos colegas hicieran de lado el resto de las consideraciones que reciban de la comunidad para atender acríticamente las sugerencias del destacado universitario. Esto, sinceramente, me parece muy improbable, pues conozco bien a la mayoría de los profesores que integran ese órgano colegiado y puedo apostar a que no arriesgarían su prestigio personal, que es casi el único capital con el que contamos los universitarios, en aras de “quedar bien” con el poder en turno.
Por último yo comentaría que, afortunadamente, los candidatos que se presentaron en esta ocasión son ambos una garantía de buen manejo futuro de la institución. En este sentido, la decisión del Colegio Directivo no tendrá que vincularse a proyectos divorciados o encontrados acerca del camino que debe tomar la principal universidad pública de nuestro estado, sino más bien a los estilos personales de dos académicos con orígenes, perfil, edad y formación diferentes, pero ambos compartiendo el mismo amor a la noble casa.

viernes, 22 de agosto de 2003

Aguas de la discordia

Es bien sabido que la problemática del agua en el estado de Guanajuato es sumamente compleja. La ubicación de nuestro territorio, que gustamos de calificar como estratégica y muy adecuada por su cercanía con los principales centros urbanos del país, es en cambio muy desventajosa desde el punto de vista de acceso a recursos naturales tan importantes como el agua. En general, nuestro país padece una muy lamentable distribución demográfica en función de este recurso. Los expertos señalan que en México el 80% de la población se ha asentado en territorios donde se cuenta con apenas el 20% de los recursos hidráulicos del país. Nuestra historia nacional, desde tiempos prehispánicos, determinó que los principales asientos poblacionales se ubicaran en las crestas y llanos del altiplano, lejos de los cuerpos de agua extensos y los pocos grandes ríos, que tampoco han sido aprovechados como vías de comunicación.
Guanajuato está cercado por las grandes cadenas montañosas que bordean el territorio nacional, por lo que su régimen de lluvias es por consecuencia escaso y sus corrientes superficiales irregulares y magras. Gran parte de la entidad pertenece a la región hidrológica que la Comisión Nacional del Agua denomina como “Medio Lerma”, que registra precipitaciones anuales de 628 milímetros cúbicos promedio; esto la coloca entre las zonas del semidesierto, con un 95% del territorio con algún nivel de erosión. En términos globales, esa subcuenca padece déficits muy importantes en cuando a disponibilidad del líquido, tanto en aguas superficiales como en las subterráneas. Por ejemplo, refiriéndonos a las primeras, la zona registra escurrimientos de 2,083 millones de metros cúbicos, pero hay salidas de 2,137 millones, lo que significa un déficit del 2.4%. En cuanto a aguas subterráneas, la recarga es de 2,306 millones de metros cúbicos, pero la extracción es de 3,027 millones, que se traduce en un déficit del 31.2%, una cifra enorme que explica por qué cada año los niveles friáticos en el Bajío descienden 3 ó 4 metros, hasta alcanzar profundidades de 250, 300 y 400 metros. Hoy día estamos extrayendo “aguas fósiles” que contienen compuestos minerales que pueden ser muy dañinos para el suelo agrícola y evidentemente para el consumo humano.
Es alarmante enterarse que 19 de los 27 acuíferos de esta subregión se encuentran sobreexplotados, con riesgos crecientes de colapsar. Para colmo, el 78% del líquido extraído se dedica al riego agrícola, y sólo el 22% para uso urbano e industrial. En el sector agrícola la situación es grave: como el 74% de los canales se encuentran sin revestir, el desperdicio en el traslado es enorme: arriba del 40%. Si a esto agregamos que todavía mucho del riego es por anegación (¡un método prehistórico!), podríamos concluir que las pérdidas se ubican arriba del 80% del líquido involucrado. La irracionalidad campante.
Si estas enormes mermas se redujeran sustancialmente no habría necesidad de sobreexplotar los acuíferos y los almacenamientos de agua podrían atender otras necesidades, entre ellas las de uso urbano, e incluso, ¿por qué no?, los aportes comprometidos con Chapala.
Además, el agua de uso urbano también se derrocha irracionalmente. En León un 48% del agua conducida para este uso se pierde en el trayecto a los medidores domésticos. Parece que las personas estamos afanadas por despilfarrar los recursos de la madre naturaleza, y provocar nuestra propia hecatombe.
Todos los datos anteriores proceden del “Libro del Agua” para la región Lerma, de la Comisión Nacional del Agua, versión 2001. No son invento mío.
En fin, que el panorama es claramente angustiante. No reconocerlo así es al menos ingenuo, si no cínico. Por ello, es urgente que nuestro gobierno estatal tenga éxito en buscar el replanteamiento de los acuerdos que se firmaron en 1991 con el gobierno federal y las entidades de la cuenca Lerma-Chapala, pero no tanto para negarle a Jalisco los aportes que requiere para evitar el colapso de Chapala, sino más bien para idear una nueva estrategia conjunta que permita economizar sustancialmente en los diferentes usos del agua. Es cierto que hay que garantizarles a los agricultores guanajuatenses el riego de los ciclos agrícolas inmediatos, pero también se debe procurar acelerar la tecnificación del riego en toda la cuenca, así como la racionalización de los usos urbano-industriales. Ya no se le puede extraerle más a la naturaleza: la realidad es que ésta ya dio de sí. Ahora nos toca a las personas administrar con sabiduría los pocos recursos de la macrorregión, y hay que hacerlo en armonía con los vecinos. Jalisco debe hacer su parte en este asunto, también buscando recursos para economizar en los diversos usos del agua para bajar sus requerimientos. Guanajuato por su parte no debe perder la visión del conjunto, recordando que sus requerimientos de riego deben ubicarse en el contexto de las necesidades globales.

viernes, 15 de agosto de 2003

Sociedades secretas y esoterismos políticos

Es de llamar la atención el cúmulo de reacciones que ha suscitado el libro del periodista Alvaro Delgado denominado El Yunque, la Ultraderecha en el poder, tanto dentro como fuera del Partido Acción Nacional. Algunos de sus militantes más destacados, como Juan Miguel Alcántara, Javier Corral, Alberto Cifuentes y otros, integrantes del llamado tronco democrático, han demandado que se haga una investigación profunda sobre el grado de infiltración que dicha organización enigmática ha logrado consolidar al interior del partido albiazul y sus gobiernos. Otras tendencias, sin embargo, han negado la veracidad de buena parte de la información contenida en el libro, o incluso han cuestionado la existencia misma de esa sociedad secreta, como lo expresó recientemente el gobernador Romero Hicks, quien la equiparó con otras asociaciones “leyenda”, como los masones y los rosacruces. Por su parte el diputado Ling Altamirano expresó que no le molestaba que lo vincularan con esa agrupación, que finalmente no es ilegal; sí le molestaría en cambio que alguien lo acusara de haber violado la ley.
Me llamó la atención que nuestro gobernador califique a movimientos como el de los masones y los rosacruces como “sociedades secretas leyenda”, porque, por lo menos en el primero, es clarísimo que no es el caso. Los masones han tenido una existencia histórica ampliamente documentada y de gran trascendencia en nuestro país; su existencia nunca ha sido negada por sus integrantes, y hoy en día tienen presencia constatable, locales físicos donde se reúnen, jerarquías y autoridades conocidas. Por su parte, los rosacruces continúan reclutando seguidores de su ideología iluminada, se anuncian abiertamente en la prensa y circula material impreso con su sello de autoría. Sinceramente me cuesta trabajo concebirlos como una leyenda.
En fin, considero que no se puede negar que ese texto de Alvaro Delgado, con todas las limitaciones que le podamos encontrar, vino a levantar ámpula en las conciencias e identidades de los militantes y simpatizantes de un partido que puede presumir uno de los currículos más democráticos de nuestro país, ya que esta vinculación resulta incómoda al tratarse de una agrupación de carácter hermético y con ideología conservadora fundamentalista. Ya Granados Chapa ha señalado algunos de los problemas que son evidentes en el libro, relacionados sobre todo con el hecho de que la investigación que realizó el periodista se basó en los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad, cuyas fichas frecuentemente se basaron en dichos de terceros, chismes y calumnias, producto casi siempre de pesquisas sumamente defectuosas que realizaban agentes poco capacitados. Podemos suponer que algunos de los nombres y pseudónimos relacionados en el libro son meras especulaciones policíacas, por lo que los prestigios de las personas aludidas sufren un daño que puede ser irreparable. Pero tampoco podemos caer en la ingenuidad de creer que toda esta organización es producto puro de la imaginación. Yo creo que El Yunque no es una leyenda urbana: es una organización que pertenece a la misma tradición que la Base, la Legión, la ACJM, el Sinarquismo, el MURO y otras agrupaciones que se comprometieron a defender valores conservadores y sectarios, muchas veces amparados en la secrecía y el misterio.
Mi conclusión personal es que, respetando siempre las dignidades y prestigios de los personajes señalados en el libro como presuntos miembros del Yunque, el Partido Acción Nacional, así como toda organización social o política de carácter legítimo y abierto, debe mantenerse ajena a la intervención de cualquier agrupación arcana o misteriosa, no importando el carácter que tenga o la ideología que defienda, ya sea de derecha, de izquierda, esotérica, religiosa, iluminada o mesiánica. La política debe ser una actividad abierta y disponible sólo para las agrupaciones que se atrevan a dar la cara y arriesgar su nombre y su prestigio. Los movimientos oscuros, ya sean fraternidades, grupos de iniciación, cuerpos solidarios o conjuntos de complicidad o confabulación deben quedar fuera de las posibilidades de alianza o asociación con los partidos políticos legales. De no hacerlo así, se estaría poniendo en riesgo la viabilidad y la congruencia del esquema de convivencia democrática que estamos tratando de tejer en nuestro país.

viernes, 8 de agosto de 2003

Tiempo de la Universidad

Sin duda es trascendente el momento por el que atraviesa hoy nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Guanajuato, que deberá renovar su rectoría el próximo 26 de septiembre. El 26 de junio se emitió la convocatoria que dio pie al proceso formal de selección del nuevo líder universitario, y desde entonces las tradicionalmente tranquilas aguas de la academia se han agitado con los debates y especulaciones sobre el futuro de la institución, que en buena medida está amarrado al perfil y propuestas del nuevo regente.
Estoy convencido de que a partir de la inesperada y polémica renuncia del rector Cuauhtémoc Ojeda Rodríguez, hace dos meses y medio, se adelantó en alguna medida el proceso sucesorio. La relación de posibles candidatos cambió, y hay que recordar que esta lista ya había experimentado una mudanza previa cuando el doctor José Angel Córdova Villalobos, uno de los más fuertes aspirantes, aceptó una candidatura plurinominal para diputado federal, lo que lo eliminaba de la contienda universitaria. Quiere decir que dos de los aspirantes más recios salieron de la lista antes de que el proceso arrancara. Otros ya estaban descartados de antemano, como el doctor Octavio Obregón, quien había aceptado formar parte del Colegio Directivo, órgano encargado de elegir al Rector, y esto lo imposibilitó para participar como aspirante.
A pesar de los rumores sobre otros personajes que podrían haber buscado el registro como candidatos, como fue el caso del Procurador de los Derechos Humanos, Manuel Vidaurri; el director de Investigación y Posgrado de la universidad, Pedro Luis López de Alba, o el director del Centro de Investigaciones Humanísticas, Armando Sandoval, finalmente fueron solamente dos los profesores que buscaron dicho registro. Se trató del doctor Arturo Lara, hoy director del Concyteg, y el Rector interino, el maestro Sebastián Sanzberro. La brevedad en el número de aspirantes puede ser indicativa de que muchos universitarios que también cubren los requerimientos para buscar este importante puesto, reconocen en los dos pretendientes actuales a personas con las prendas necesarias para hacer un buen papel al frente de la institución. Hay que recordar que la normatividad universitaria únicamente demanda para obtener el registro como candidato el ser mayor de 30 años, contar con grado universitario superior, tener cinco años de antigüedad, haberse distinguido en su actividad académica, gozar de reputación como persona honorable, no desempeñar funciones de dirección partidista o ministerio de culto, no ser candidato a un puesto de elección popular y tener conocimiento de la realidad universitaria. Estoy seguro de que estas condiciones las cumplen la mayoría de los casi 2,500 profesores de la institución, lo que quiere decir que los miembros de la comunidad universitaria cuando se abre la convocatoria ejercitan cierta reflexión que les conduce al autodescarte. Esto habla muy bien del sentido de responsabilidad y comprensión de la dimensión de la tarea rectoral.
Los aspirantes recibirán eventualmente su reconocimiento como candidatos oficiales luego de que el Consejo Universitario les reconozca su condición de tales; de ahí transitarán a las manos del Colegio Directivo, integrado por siete profesores ajenos a las labores de dirección universitaria. Esos siete personajes tendrán la pesada responsabilidad de evaluar los proyectos, las trayectorias y las propuestas de los candidatos, así como los sentires de la comunidad universitaria. Pero no podemos dejar de reconocer que su determinación se tomará también con base en las propias experiencias y expectativas de los miembros de ese Colegio, que desgraciadamente sigue siendo muy doméstico. Muchos pesamos que ese órgano debería enriquecerse con la participación de miembros externos, profesores destacados de otras universidades del país, que aportaran una visión ajena –y por lo mismo más crítica al análisis de los proyectos presentados por los aspirantes.
Por otro lado, la Universidad de Guanajuato no somete la elección de su rectorado a la voluntad amplia y directa de la comunidad universitaria, y creo que esto es afortunado; es decir que la designación no se somete a elecciones abiertas, como sí sucede en universidades como la de Querétaro, Zacatecas o Sinaloa. Estos procesos competitivos pervierten el espíritu de excelencia que debe privar en la educación superior, y transforman los procesos de selección de Rector en contiendas populistas que con facilidad son campo de acción para los partidos políticos e incluso para grupos de poder económico. La democracia electoral no debe aplicarse en muchos campos, entre ellos el de la educación superior. Deben ensayarse más bien las estrategias de la democracia participativa, que provocan en los miembros de la comunidad el sentido de responsabilidad que otorga el emitir opiniones sistemáticas, conducidas mediante canales que garanticen su recepción y atención por parte de la autoridad, pero no mediante la simplicidad del voto.
En fin, bienvenida la contienda universitaria, pero siempre en el campo de las ideas y las propuestas.

martes, 5 de agosto de 2003

Municipios en conflicto

Tomo el título de esta contribución del libro que coordinó y publicó Carlos Martínez Assad en 1985, cuando la insurgencia electoral municipal estaba en su apogeo en nuestro país. Hoy, que recién ha culminado la contienda electoral que redibujó la geografía política de nuestra entidad, debemos más bien hacer referencia a conflictos de otro orden, el de los territorios en debate que han calentado los ánimos en “los Balcanes de Guanajuato” (L. F. Macías dixit).
El detonante fue el reciente –y ya vetado decreto del Congreso local que dictaminó los límites entre los municipios de Uriangato y Moroleón, así como los de Purísima y San Francisco del Rincón. Debemos partir de que cualquier decisión sobre un asunto tan peliagudo, que acumuló décadas de acalorados debates y disputas entre autoridades y ciudadanos de esos municipios, no podía satisfacer a todos los involucrados. Una de las partes debía salir aparentemente más perjudicada que la otra; todo negociador sabe que es imposible conceder sin ceder.
Hay que reconocerle a esta legislatura saliente el haber tenido el valor de emitir un fallo, en el sentido que fuese, sin haber acudido al recurso fácil de dejarle la papa caliente a la siguiente asamblea. Podemos estar o no de acuerdo con el sentido del veredicto, pero al menos se ha destrabado un viejo problema que aparentaba ser irresoluble. Los que se sintieron afectados con el decreto lo atacaron mediante las vías pertinentes, y han logrado convencer al ejecutivo de la necesidad de vetarlo. Sin embargo, es de esperar que más temprano que tarde se generen negociaciones que permitan quitarle emotividad al asunto y más bien buscarle vías de solución. Queda claro que no puede mantenerse la indefinición, pues eso perjudica a las administraciones municipales y a los propios ciudadanos, porque la tierra de nadie siempre provoca malentendidos y desentendidos.
Con afán de contribuir en alguna medida al logro de un buen entendimiento entre las partes, yo propondría que además de considerar los factores históricos, demográficos y administrativos de asunto, que al parecer sí fueron tomados en cuenta por el estudio que el Congreso encargó a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (documento que yo solicitaría que fuese puesto en la página electrónica del Congreso, para que los ciudadanos lo conozcamos), también se tengan en mente las exigencias que dicta la realidad económica y la dinámica social que se ha impuesto entre esos municipios en las últimas décadas. Creo que los argumentos históricos son válidos, pero no deben pesar más que las circunstancias concretas demandadas por la cotidianidad, así como las redes sociales y económicas que sostienen la convivencia entre grupos e individuos. Para detectar esta realidad y la percepción del ciudadano común acerca de su entorno, yo propondría que se levantara una encuesta profesional, e incluso que se ejercitara eventualmente un referéndum que sostuviera la decisión futura que emita la nueva autoridad legislativa. No sería demasiado complicado elaborar un estudio socio-político que rescatase el sentir de los habitantes de cada municipio.
Tengo la impresión de que en la decisión del Congreso pesaron más los argumentos de orden histórico y tradicional, que los razonamientos con más base en la situación concreta en la que se gestan los vínculos entre estos municipios. Hay que ayudar a superar las rivalidades y los rencores históricos, promoviendo una actitud de colaboración e interdependencia. No podemos ignorar que se trata de dos pares de municipalidades que han establecido relaciones aparentes de subordinación entre el municipio “rico” y el municipio “pobre”, pero resulta que los primeros, los “ricos”, tienen un historial relativamente más reciente y con menores glorias legendarias que los segundos, los “pobres”, que presumen de méritos pasados que sustentan un orgullo regional bien definido, pero que hoy se ve lastimado cuando la nueva realidad impone la subordinación económica ante sus envidiados vecinos.
En alguna medida me recuerda a la relación histórica que ha tenido nuestro país con los Estados Unidos. Para nosotros, ellos son los vecinos advenedizos que se robaron la mitad de nuestro territorio y que lo convirtieron en un vergel al que emigran cientos de miles de nuestros paisanos en busca de empleo . Es evidente que envidiamos su progreso material y que nos refugiamos en las glorias de nuestro pasado, cuando ellos eran un puñado de peregrinos muertos de hambre mientras que los mexicanos habitábamos en los cómodos palacios de nuestras grandes ciudades. Pero reconozcamos que esta envidia es improductiva, y que afortunadamente en los últimos años hemos cambiado nuestra actitud hasta dejar de ser vecinos rencorosos para convertirnos en socios, lo que eventualmente nos permitirá compartir algo de su progreso material.
Esta última debería ser la actitud que domine las negociaciones entre los municipios en conflicto. Deben asumirse en su vecindad irremediable, pero que plantea oportunidades de colaboración. San Pancho y Moroleón son dos focos muy dinámicos de la economía guanajuatense; Purísima y Uriangato son dos fuentes de orgullo histórico y cultural, que podrían involucrarse en un proceso de desarrollo regional más amplio, que con el tiempo podría traducirse en oportunidades compartidas, y no excluyentes o subordinadas como sucede hoy.

miércoles, 23 de julio de 2003

El agua va

Apenas cumplimos un mes desde el arribo de las primeras lluvias al territorio guanajuatense, y ya padecimos los avatares y desastres que acompañan a este tipo de fenómenos cuando no existe una cultura de la previsión ante los riesgos meteorológicos. Es impresionante cómo los años pasan y la experiencia no parece acumularse entre nosotros. Con gran facilidad las autoridades de todos los niveles se ven rebasadas y ponen en evidencia su pasmo ante la fuerza de la naturaleza; dejan pasar las horas y los días iniciales sin atinar en el despliegue de maniobras pertinentes que ayuden a paliar el dolor y la desesperación de miles de guanajuatenses, que vieron cómo el patrimonio acumulado en una vida de trabajo desaparece o se daña irremediablemente como consecuencia de las inundaciones y sus posteriores anegamientos.
Me resulta difícil aceptar que este tipo de desastres no pueda ser previsto. Es claro que desde hace muchos años existe la tecnología para evaluar riesgos, particularmente los relacionados con las avenidas del agua. Nuestros así llamados ríos son más bien lechos secos o encharcados la mayor parte del año, y carecen con frecuencia de contenedores naturales o artificiales de sus cauces. La planicie abajeña complica aún más las cosas, pues facilita que las avenidas acuáticas, cuando se dan, no respeten esas vías fluviales que en buena parte son insinuaciones o remedos de cauces, ya que en muchos tramos su trayectoria no se delimita con claridad, y más bien serpentea entre campos de cultivo que tienen poca o nula altura con relación al lecho por donde debe circular el agua, cuando la hay. Y todo esto se complica cuando la gente toma la decisión imprudente de asentarse o colocar instalaciones en las inmediaciones o de plano en los lechos de los ríos y arroyos, poniéndose voluntariamente en situación de riesgo. Recordemos la famosa Ley de Murphy: “lo que puede pasar, pasará”.
El colmo de la imprevisión se evidenció cuando se dio inicio al trasvase de la Presa Solís, pues era claro que dicho proceso coincidiría con la temporada de lluvias, que este año se vio precedida de una oleada de calor que rompió récords regionales y nacionales. Sospecho que alguna autoridad relacionada con el agua supuso que esto anunciaba un año de sequía, y que por ello el trasvase no implicaba ningún riesgo. Pero no fue así. Por lógica, el trasvase debió haberse dado en temporada de invierno, para evitar cualquier riesgo y además minimizar las pérdidas por evaporación. Pero al parecer los debates políticos y las negociaciones con la federación y el estado de Jalisco retrasaron esta decisión, que debió tomarse con base en criterios técnicos y no políticos.
Aunque no soy un experto en la materia, sí creo tener alguna calificación para opinar ya que he participado en algunos trabajos como consultor de la Comisión Nacional del Agua en el ámbito social. Por esto me atrevo a sugerir a las autoridades que se tomen algunas medidas, y me permito enunciarlas: 1) que impulsen un estudio a profundidad sobre el historial y consecuencias de las precipitaciones en nuestro estado; 2) que evalúen la situación real de los cauces con su ponderación topográfica y geológica; 3) que refuercen las acciones de reordenamiento territorial para movilizar a las poblaciones asentadas sobre los lechos o en zonas de riesgo; 4) que se evalúe la situación real de presas, bordos y retenes para tomar medidas de prevención; 5) que se tracen y precisen los cauces naturales de ríos y arroyos, redefiniéndolos si es necesario y reforzando sus márgenes con base en las máximas avenidas históricas; 6) que se reorganice el sistema estatal y municipal de protección civil, que evidenció sus limitaciones y su escasa capacidad de reacción ante los siniestros; 7) que se refuerce el fondo estatal para desastres, que se instituyan los municipales y que se acuerde con las autoridades federales mecanismos más ágiles para la disposición de los recursos del Fonden; 8) impulsar y apoyar la cultura del aseguramiento; 9) actualizar y divulgar el Atlas Estatal de Riesgos desglosado por municipio, y 10) que se vigorice la educación para la prevención en los niveles básico y medio del sistema educativo estatal.
Es claro que ninguna medida de prevención aislada tendrá la capacidad de evitar o paliar nuevas calamidades, pero en cambio todo un sistema de prevención que disponga de recursos suficientes y a tiempo, apoyado en una cultura ciudadana formada en la prevención, y con una capacidad probada de respuesta, sí puede amortiguar e incluso evitar las consecuencias de los imponderables naturales. Ya es urgente que acumulemos experiencia y cambiemos nuestra actitud desde la acción hacia la proacción. Recordemos que todos podemos ser víctimas eventuales de las calamidades, y debemos prepararnos en consecuencia.