viernes, 29 de agosto de 2003

Búsqueda universitaria, I

La coyuntura obliga a seguir analizando el proceso de renovación de la dirigencia al interior de la casa de estudios más importante de nuestro estado, la Universidad de Guanajuato. Los dos candidatos a rector continúan sosteniendo encuentros con diferentes porciones de la comunidad universitaria. Estas actividades han llamado la atención de los medios, que han manifestado extrañeza ante la aparente calma y cordialidad con que se han desarrollado estos eventos, y más aún por la ausencia de descalificativos o críticas mutuas entre los candidatos. Los periodistas y los analistas se han habituado a la rudeza y la incivilidad de las competencias político-electorales, donde las estrategias más favorecidas son el descontón, la diatriba e incluso la calumnia. Además es bien sabido que, en los tiempos actuales, a los sufridos electores ya no se les plantean ideas o proyectos, sino que la propaganda les enjareta imágenes superfluas, figurines carismáticos y fantasías insustanciales. La política electoral es hoy el reino de la apariencia y el artificio, pues ha renunciado en buena medida al debate informado, a la crítica fundamentada y a la honestidad en sus ofertas.
En el ámbito universitario tenemos una situación diferente, que con frecuencia es ignorada u olvidada por los medios. La Universidad de Guanajuato es una institución que es o se pretende autónoma no se me alebresten: esto lo podemos discutir después y sus procesos internos para la renovación de su máxima autoridad unipersonal son cerrados, no abiertos como en una competencia electoral. El órgano facultado para elegir al nuevo Rector es el Colegio Directivo los famosos “siete magníficos” y nadie más, ni siquiera el Consejo Universitario. Este último, que es el máximo órgano colegiado de la institución y que está conformado por poco más de 120 personas, únicamente puede registrar candidaturas y calificar la elegibilidad de los aspirantes con base en la norma, pero no puede pronunciarse a favor de ninguno de ellos. El resto de la comunidad puede participar emitiendo opiniones personales y grupales para ser dirigidas al Colegio Directivo, quien ponderará los sentires de esa colectividad y los tomará en cuenta o no, si así lo decide al momento de tomar su decisión y elegir al nuevo Rector.
En síntesis, en esta universidad no hay elecciones ni competencia abierta. A quien deben convencer los candidatos es a los miembros del Colegio Directivo, y esto no lo pueden hacer mediante las técnicas usuales de los certámenes comiciales, sino por medio de las sutilezas de la argumentación, la proposición programática y la claridad de metas. Pero habrá el escéptico que me cuestione: ¿será realidad tanta belleza? Y yo respondo: los universitarios no somos ingenuos, sabemos que el proceso interno se mueve dentro de un contexto más amplio, dentro del cual la universidad sólo cumple un papel adjunto, muy importante mas no central. Es claro que puede haber influencias provenientes de dicho entorno, y hasta podría afirmar que esas presencias son con frecuencia necesarias y deseables. Lo que se debe cuidar es que en las decisiones internas prive un juicio ecuánime sobre el peso que deben recibir las consideraciones domésticas sobre las exógenas.
Mucho se ha hablado sobre el ascendiente que pretendidamente ejerce el actual gobernador, un universitario de convicción, sobre la vida interna de su Alma Mater. Esta influencia es innegable, ya que Juan Carlos dejó una legión de amigos y colegas en la institución. Sus opiniones seguramente son escuchadas con singular atención, y no me sorprendería saber que, como muchos otros universitarios lo haremos, pronto comunique sus sentires a los miembros del Colegio Directivo. ¿Sería esto “línea”? Bueno, lo sería solamente si estos colegas hicieran de lado el resto de las consideraciones que reciban de la comunidad para atender acríticamente las sugerencias del destacado universitario. Esto, sinceramente, me parece muy improbable, pues conozco bien a la mayoría de los profesores que integran ese órgano colegiado y puedo apostar a que no arriesgarían su prestigio personal, que es casi el único capital con el que contamos los universitarios, en aras de “quedar bien” con el poder en turno.
Por último yo comentaría que, afortunadamente, los candidatos que se presentaron en esta ocasión son ambos una garantía de buen manejo futuro de la institución. En este sentido, la decisión del Colegio Directivo no tendrá que vincularse a proyectos divorciados o encontrados acerca del camino que debe tomar la principal universidad pública de nuestro estado, sino más bien a los estilos personales de dos académicos con orígenes, perfil, edad y formación diferentes, pero ambos compartiendo el mismo amor a la noble casa.

viernes, 22 de agosto de 2003

Aguas de la discordia

Es bien sabido que la problemática del agua en el estado de Guanajuato es sumamente compleja. La ubicación de nuestro territorio, que gustamos de calificar como estratégica y muy adecuada por su cercanía con los principales centros urbanos del país, es en cambio muy desventajosa desde el punto de vista de acceso a recursos naturales tan importantes como el agua. En general, nuestro país padece una muy lamentable distribución demográfica en función de este recurso. Los expertos señalan que en México el 80% de la población se ha asentado en territorios donde se cuenta con apenas el 20% de los recursos hidráulicos del país. Nuestra historia nacional, desde tiempos prehispánicos, determinó que los principales asientos poblacionales se ubicaran en las crestas y llanos del altiplano, lejos de los cuerpos de agua extensos y los pocos grandes ríos, que tampoco han sido aprovechados como vías de comunicación.
Guanajuato está cercado por las grandes cadenas montañosas que bordean el territorio nacional, por lo que su régimen de lluvias es por consecuencia escaso y sus corrientes superficiales irregulares y magras. Gran parte de la entidad pertenece a la región hidrológica que la Comisión Nacional del Agua denomina como “Medio Lerma”, que registra precipitaciones anuales de 628 milímetros cúbicos promedio; esto la coloca entre las zonas del semidesierto, con un 95% del territorio con algún nivel de erosión. En términos globales, esa subcuenca padece déficits muy importantes en cuando a disponibilidad del líquido, tanto en aguas superficiales como en las subterráneas. Por ejemplo, refiriéndonos a las primeras, la zona registra escurrimientos de 2,083 millones de metros cúbicos, pero hay salidas de 2,137 millones, lo que significa un déficit del 2.4%. En cuanto a aguas subterráneas, la recarga es de 2,306 millones de metros cúbicos, pero la extracción es de 3,027 millones, que se traduce en un déficit del 31.2%, una cifra enorme que explica por qué cada año los niveles friáticos en el Bajío descienden 3 ó 4 metros, hasta alcanzar profundidades de 250, 300 y 400 metros. Hoy día estamos extrayendo “aguas fósiles” que contienen compuestos minerales que pueden ser muy dañinos para el suelo agrícola y evidentemente para el consumo humano.
Es alarmante enterarse que 19 de los 27 acuíferos de esta subregión se encuentran sobreexplotados, con riesgos crecientes de colapsar. Para colmo, el 78% del líquido extraído se dedica al riego agrícola, y sólo el 22% para uso urbano e industrial. En el sector agrícola la situación es grave: como el 74% de los canales se encuentran sin revestir, el desperdicio en el traslado es enorme: arriba del 40%. Si a esto agregamos que todavía mucho del riego es por anegación (¡un método prehistórico!), podríamos concluir que las pérdidas se ubican arriba del 80% del líquido involucrado. La irracionalidad campante.
Si estas enormes mermas se redujeran sustancialmente no habría necesidad de sobreexplotar los acuíferos y los almacenamientos de agua podrían atender otras necesidades, entre ellas las de uso urbano, e incluso, ¿por qué no?, los aportes comprometidos con Chapala.
Además, el agua de uso urbano también se derrocha irracionalmente. En León un 48% del agua conducida para este uso se pierde en el trayecto a los medidores domésticos. Parece que las personas estamos afanadas por despilfarrar los recursos de la madre naturaleza, y provocar nuestra propia hecatombe.
Todos los datos anteriores proceden del “Libro del Agua” para la región Lerma, de la Comisión Nacional del Agua, versión 2001. No son invento mío.
En fin, que el panorama es claramente angustiante. No reconocerlo así es al menos ingenuo, si no cínico. Por ello, es urgente que nuestro gobierno estatal tenga éxito en buscar el replanteamiento de los acuerdos que se firmaron en 1991 con el gobierno federal y las entidades de la cuenca Lerma-Chapala, pero no tanto para negarle a Jalisco los aportes que requiere para evitar el colapso de Chapala, sino más bien para idear una nueva estrategia conjunta que permita economizar sustancialmente en los diferentes usos del agua. Es cierto que hay que garantizarles a los agricultores guanajuatenses el riego de los ciclos agrícolas inmediatos, pero también se debe procurar acelerar la tecnificación del riego en toda la cuenca, así como la racionalización de los usos urbano-industriales. Ya no se le puede extraerle más a la naturaleza: la realidad es que ésta ya dio de sí. Ahora nos toca a las personas administrar con sabiduría los pocos recursos de la macrorregión, y hay que hacerlo en armonía con los vecinos. Jalisco debe hacer su parte en este asunto, también buscando recursos para economizar en los diversos usos del agua para bajar sus requerimientos. Guanajuato por su parte no debe perder la visión del conjunto, recordando que sus requerimientos de riego deben ubicarse en el contexto de las necesidades globales.

viernes, 15 de agosto de 2003

Sociedades secretas y esoterismos políticos

Es de llamar la atención el cúmulo de reacciones que ha suscitado el libro del periodista Alvaro Delgado denominado El Yunque, la Ultraderecha en el poder, tanto dentro como fuera del Partido Acción Nacional. Algunos de sus militantes más destacados, como Juan Miguel Alcántara, Javier Corral, Alberto Cifuentes y otros, integrantes del llamado tronco democrático, han demandado que se haga una investigación profunda sobre el grado de infiltración que dicha organización enigmática ha logrado consolidar al interior del partido albiazul y sus gobiernos. Otras tendencias, sin embargo, han negado la veracidad de buena parte de la información contenida en el libro, o incluso han cuestionado la existencia misma de esa sociedad secreta, como lo expresó recientemente el gobernador Romero Hicks, quien la equiparó con otras asociaciones “leyenda”, como los masones y los rosacruces. Por su parte el diputado Ling Altamirano expresó que no le molestaba que lo vincularan con esa agrupación, que finalmente no es ilegal; sí le molestaría en cambio que alguien lo acusara de haber violado la ley.
Me llamó la atención que nuestro gobernador califique a movimientos como el de los masones y los rosacruces como “sociedades secretas leyenda”, porque, por lo menos en el primero, es clarísimo que no es el caso. Los masones han tenido una existencia histórica ampliamente documentada y de gran trascendencia en nuestro país; su existencia nunca ha sido negada por sus integrantes, y hoy en día tienen presencia constatable, locales físicos donde se reúnen, jerarquías y autoridades conocidas. Por su parte, los rosacruces continúan reclutando seguidores de su ideología iluminada, se anuncian abiertamente en la prensa y circula material impreso con su sello de autoría. Sinceramente me cuesta trabajo concebirlos como una leyenda.
En fin, considero que no se puede negar que ese texto de Alvaro Delgado, con todas las limitaciones que le podamos encontrar, vino a levantar ámpula en las conciencias e identidades de los militantes y simpatizantes de un partido que puede presumir uno de los currículos más democráticos de nuestro país, ya que esta vinculación resulta incómoda al tratarse de una agrupación de carácter hermético y con ideología conservadora fundamentalista. Ya Granados Chapa ha señalado algunos de los problemas que son evidentes en el libro, relacionados sobre todo con el hecho de que la investigación que realizó el periodista se basó en los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad, cuyas fichas frecuentemente se basaron en dichos de terceros, chismes y calumnias, producto casi siempre de pesquisas sumamente defectuosas que realizaban agentes poco capacitados. Podemos suponer que algunos de los nombres y pseudónimos relacionados en el libro son meras especulaciones policíacas, por lo que los prestigios de las personas aludidas sufren un daño que puede ser irreparable. Pero tampoco podemos caer en la ingenuidad de creer que toda esta organización es producto puro de la imaginación. Yo creo que El Yunque no es una leyenda urbana: es una organización que pertenece a la misma tradición que la Base, la Legión, la ACJM, el Sinarquismo, el MURO y otras agrupaciones que se comprometieron a defender valores conservadores y sectarios, muchas veces amparados en la secrecía y el misterio.
Mi conclusión personal es que, respetando siempre las dignidades y prestigios de los personajes señalados en el libro como presuntos miembros del Yunque, el Partido Acción Nacional, así como toda organización social o política de carácter legítimo y abierto, debe mantenerse ajena a la intervención de cualquier agrupación arcana o misteriosa, no importando el carácter que tenga o la ideología que defienda, ya sea de derecha, de izquierda, esotérica, religiosa, iluminada o mesiánica. La política debe ser una actividad abierta y disponible sólo para las agrupaciones que se atrevan a dar la cara y arriesgar su nombre y su prestigio. Los movimientos oscuros, ya sean fraternidades, grupos de iniciación, cuerpos solidarios o conjuntos de complicidad o confabulación deben quedar fuera de las posibilidades de alianza o asociación con los partidos políticos legales. De no hacerlo así, se estaría poniendo en riesgo la viabilidad y la congruencia del esquema de convivencia democrática que estamos tratando de tejer en nuestro país.

viernes, 8 de agosto de 2003

Tiempo de la Universidad

Sin duda es trascendente el momento por el que atraviesa hoy nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Guanajuato, que deberá renovar su rectoría el próximo 26 de septiembre. El 26 de junio se emitió la convocatoria que dio pie al proceso formal de selección del nuevo líder universitario, y desde entonces las tradicionalmente tranquilas aguas de la academia se han agitado con los debates y especulaciones sobre el futuro de la institución, que en buena medida está amarrado al perfil y propuestas del nuevo regente.
Estoy convencido de que a partir de la inesperada y polémica renuncia del rector Cuauhtémoc Ojeda Rodríguez, hace dos meses y medio, se adelantó en alguna medida el proceso sucesorio. La relación de posibles candidatos cambió, y hay que recordar que esta lista ya había experimentado una mudanza previa cuando el doctor José Angel Córdova Villalobos, uno de los más fuertes aspirantes, aceptó una candidatura plurinominal para diputado federal, lo que lo eliminaba de la contienda universitaria. Quiere decir que dos de los aspirantes más recios salieron de la lista antes de que el proceso arrancara. Otros ya estaban descartados de antemano, como el doctor Octavio Obregón, quien había aceptado formar parte del Colegio Directivo, órgano encargado de elegir al Rector, y esto lo imposibilitó para participar como aspirante.
A pesar de los rumores sobre otros personajes que podrían haber buscado el registro como candidatos, como fue el caso del Procurador de los Derechos Humanos, Manuel Vidaurri; el director de Investigación y Posgrado de la universidad, Pedro Luis López de Alba, o el director del Centro de Investigaciones Humanísticas, Armando Sandoval, finalmente fueron solamente dos los profesores que buscaron dicho registro. Se trató del doctor Arturo Lara, hoy director del Concyteg, y el Rector interino, el maestro Sebastián Sanzberro. La brevedad en el número de aspirantes puede ser indicativa de que muchos universitarios que también cubren los requerimientos para buscar este importante puesto, reconocen en los dos pretendientes actuales a personas con las prendas necesarias para hacer un buen papel al frente de la institución. Hay que recordar que la normatividad universitaria únicamente demanda para obtener el registro como candidato el ser mayor de 30 años, contar con grado universitario superior, tener cinco años de antigüedad, haberse distinguido en su actividad académica, gozar de reputación como persona honorable, no desempeñar funciones de dirección partidista o ministerio de culto, no ser candidato a un puesto de elección popular y tener conocimiento de la realidad universitaria. Estoy seguro de que estas condiciones las cumplen la mayoría de los casi 2,500 profesores de la institución, lo que quiere decir que los miembros de la comunidad universitaria cuando se abre la convocatoria ejercitan cierta reflexión que les conduce al autodescarte. Esto habla muy bien del sentido de responsabilidad y comprensión de la dimensión de la tarea rectoral.
Los aspirantes recibirán eventualmente su reconocimiento como candidatos oficiales luego de que el Consejo Universitario les reconozca su condición de tales; de ahí transitarán a las manos del Colegio Directivo, integrado por siete profesores ajenos a las labores de dirección universitaria. Esos siete personajes tendrán la pesada responsabilidad de evaluar los proyectos, las trayectorias y las propuestas de los candidatos, así como los sentires de la comunidad universitaria. Pero no podemos dejar de reconocer que su determinación se tomará también con base en las propias experiencias y expectativas de los miembros de ese Colegio, que desgraciadamente sigue siendo muy doméstico. Muchos pesamos que ese órgano debería enriquecerse con la participación de miembros externos, profesores destacados de otras universidades del país, que aportaran una visión ajena –y por lo mismo más crítica al análisis de los proyectos presentados por los aspirantes.
Por otro lado, la Universidad de Guanajuato no somete la elección de su rectorado a la voluntad amplia y directa de la comunidad universitaria, y creo que esto es afortunado; es decir que la designación no se somete a elecciones abiertas, como sí sucede en universidades como la de Querétaro, Zacatecas o Sinaloa. Estos procesos competitivos pervierten el espíritu de excelencia que debe privar en la educación superior, y transforman los procesos de selección de Rector en contiendas populistas que con facilidad son campo de acción para los partidos políticos e incluso para grupos de poder económico. La democracia electoral no debe aplicarse en muchos campos, entre ellos el de la educación superior. Deben ensayarse más bien las estrategias de la democracia participativa, que provocan en los miembros de la comunidad el sentido de responsabilidad que otorga el emitir opiniones sistemáticas, conducidas mediante canales que garanticen su recepción y atención por parte de la autoridad, pero no mediante la simplicidad del voto.
En fin, bienvenida la contienda universitaria, pero siempre en el campo de las ideas y las propuestas.

martes, 5 de agosto de 2003

Municipios en conflicto

Tomo el título de esta contribución del libro que coordinó y publicó Carlos Martínez Assad en 1985, cuando la insurgencia electoral municipal estaba en su apogeo en nuestro país. Hoy, que recién ha culminado la contienda electoral que redibujó la geografía política de nuestra entidad, debemos más bien hacer referencia a conflictos de otro orden, el de los territorios en debate que han calentado los ánimos en “los Balcanes de Guanajuato” (L. F. Macías dixit).
El detonante fue el reciente –y ya vetado decreto del Congreso local que dictaminó los límites entre los municipios de Uriangato y Moroleón, así como los de Purísima y San Francisco del Rincón. Debemos partir de que cualquier decisión sobre un asunto tan peliagudo, que acumuló décadas de acalorados debates y disputas entre autoridades y ciudadanos de esos municipios, no podía satisfacer a todos los involucrados. Una de las partes debía salir aparentemente más perjudicada que la otra; todo negociador sabe que es imposible conceder sin ceder.
Hay que reconocerle a esta legislatura saliente el haber tenido el valor de emitir un fallo, en el sentido que fuese, sin haber acudido al recurso fácil de dejarle la papa caliente a la siguiente asamblea. Podemos estar o no de acuerdo con el sentido del veredicto, pero al menos se ha destrabado un viejo problema que aparentaba ser irresoluble. Los que se sintieron afectados con el decreto lo atacaron mediante las vías pertinentes, y han logrado convencer al ejecutivo de la necesidad de vetarlo. Sin embargo, es de esperar que más temprano que tarde se generen negociaciones que permitan quitarle emotividad al asunto y más bien buscarle vías de solución. Queda claro que no puede mantenerse la indefinición, pues eso perjudica a las administraciones municipales y a los propios ciudadanos, porque la tierra de nadie siempre provoca malentendidos y desentendidos.
Con afán de contribuir en alguna medida al logro de un buen entendimiento entre las partes, yo propondría que además de considerar los factores históricos, demográficos y administrativos de asunto, que al parecer sí fueron tomados en cuenta por el estudio que el Congreso encargó a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (documento que yo solicitaría que fuese puesto en la página electrónica del Congreso, para que los ciudadanos lo conozcamos), también se tengan en mente las exigencias que dicta la realidad económica y la dinámica social que se ha impuesto entre esos municipios en las últimas décadas. Creo que los argumentos históricos son válidos, pero no deben pesar más que las circunstancias concretas demandadas por la cotidianidad, así como las redes sociales y económicas que sostienen la convivencia entre grupos e individuos. Para detectar esta realidad y la percepción del ciudadano común acerca de su entorno, yo propondría que se levantara una encuesta profesional, e incluso que se ejercitara eventualmente un referéndum que sostuviera la decisión futura que emita la nueva autoridad legislativa. No sería demasiado complicado elaborar un estudio socio-político que rescatase el sentir de los habitantes de cada municipio.
Tengo la impresión de que en la decisión del Congreso pesaron más los argumentos de orden histórico y tradicional, que los razonamientos con más base en la situación concreta en la que se gestan los vínculos entre estos municipios. Hay que ayudar a superar las rivalidades y los rencores históricos, promoviendo una actitud de colaboración e interdependencia. No podemos ignorar que se trata de dos pares de municipalidades que han establecido relaciones aparentes de subordinación entre el municipio “rico” y el municipio “pobre”, pero resulta que los primeros, los “ricos”, tienen un historial relativamente más reciente y con menores glorias legendarias que los segundos, los “pobres”, que presumen de méritos pasados que sustentan un orgullo regional bien definido, pero que hoy se ve lastimado cuando la nueva realidad impone la subordinación económica ante sus envidiados vecinos.
En alguna medida me recuerda a la relación histórica que ha tenido nuestro país con los Estados Unidos. Para nosotros, ellos son los vecinos advenedizos que se robaron la mitad de nuestro territorio y que lo convirtieron en un vergel al que emigran cientos de miles de nuestros paisanos en busca de empleo . Es evidente que envidiamos su progreso material y que nos refugiamos en las glorias de nuestro pasado, cuando ellos eran un puñado de peregrinos muertos de hambre mientras que los mexicanos habitábamos en los cómodos palacios de nuestras grandes ciudades. Pero reconozcamos que esta envidia es improductiva, y que afortunadamente en los últimos años hemos cambiado nuestra actitud hasta dejar de ser vecinos rencorosos para convertirnos en socios, lo que eventualmente nos permitirá compartir algo de su progreso material.
Esta última debería ser la actitud que domine las negociaciones entre los municipios en conflicto. Deben asumirse en su vecindad irremediable, pero que plantea oportunidades de colaboración. San Pancho y Moroleón son dos focos muy dinámicos de la economía guanajuatense; Purísima y Uriangato son dos fuentes de orgullo histórico y cultural, que podrían involucrarse en un proceso de desarrollo regional más amplio, que con el tiempo podría traducirse en oportunidades compartidas, y no excluyentes o subordinadas como sucede hoy.