viernes, 26 de septiembre de 2003

Búsqueda universitaria, III

La Universidad de Guanajuato, la casa de estudios superiores más importante de la entidad, estrenará Rector el día de mañana. Todos sabemos ya que se trata del doctor Arturo Lara López, quien resultó designado por el Colegio Directivo de la institución el lunes pasado. Su nombramiento tiene algunos significados que trataré de interpretar aquí. En primer lugar, se trata de un miembro destacado de la comunidad científica de la entidad y del país; es un ingeniero mecánico con doctorado en el Universidad de California en Davis, que viene de dirigir (y de fundar) el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (el Concyteg) desde donde coordinó (y también fundó) la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, AC (la Rednacecyt). Además, sus diseños de maquinaria agrícola y accesorios, algunos de los cuales están patentados (como fue el caso de un motocultor prototipo), lo han caracterizado como un científico aplicado que ha contribuido a la tecnificación de varios procesos agrícolas como son la siembra, el riego y la cosecha de granos básicos, así como de la tuna. También ha desarrollado diseños para la industria eléctrica, la del vidrio y otras. En fin, se trata de un especialista en tecnología mecánica con un fuerte acento en el desarrollo de diseños aplicados.
Por otra parte, es un hombre ya maduro, de 57 años, relativamente mayor a la edad en que tomaron el puesto algunos de sus antecesores: Sebastián Sanzberro (44 años), Cuauhtémoc Ojeda (44), Silvia Alvarez (58) y Juan Carlos Romero Hicks (¡36!). Sus orígenes sociales también son diferentes: es originario de la comunidad de Cerano, del municipio de Yuriria, en el medio rural. En contraste, sus antecesores nacieron todos en entornos urbanos (Irapuato, Mexicali, Guanajuato…).
Algunos de estos datos pueden parecer intrascendentes, pero ayudan a entender que el estilo de administración que puede esperarse del nuevo Rector será diferente al de sus predecesores, en el sentido de que habrá una mayor preocupación por la vinculación de la universidad con los sectores productivos, particularmente con el campo y la industria de la transformación; una mayor academización de áreas de la universidad que hasta ahora han mantenido una autonomía relativa (como los son las áreas de extensión y la misma administración institucional); un impulso más claro hacia la formación o incorporación de profesores con perfil doctoral; un interés en la apertura de nuevas opciones educativas en áreas aplicadas o de alta especialización; un fortalecimiento de las áreas científico tecnológicas, y un incremento de las capacidades institucionales de innovación y generación de conocimiento aplicado.
En alguna medida, el perfil científico técnico del nuevo Rector puede inquietar a quienes cultivamos otras áreas del conocimiento, ante el riesgo de incrementar el sesgo que hoy padece la institución hacia las ingenierías y las ciencias duras. Históricamente las artes, las humanidades y las ciencias sociales han sido poco atendidas en la Universidad de Guanajuato, a pesar de su prestigio como casa de estudios humanista. Todavía hoy está muy arraigado el prejuicio social de que esas disciplinas no tienen una utilidad práctica, de que son “nidos de grillos”, y de que sus egresados tienen como destino privilegiado el desempleo. Es claro que este convencionalismo se basa en el desconocimiento obtuso de las potencialidades que representan las humanidades para el desarrollo armónico de cualquier sociedad moderna.
Afortunadamente, el doctor Lara ha manifestado en varios foros su compromiso formal y concreto hacia las ciencias sociales y las humanidades. Ha insistido en que su proyecto dará un fuerte impulso a esta área, de tal forma que se supere el rezago acumulado y que la universidad contribuya con su entorno no sólo mediante la formación de recursos humanos y la aportación de elementos tecnológicos para cumplir los requerimientos concretos de los sectores productivos, sino también mediante la construcción de una conciencia crítica en nuestra comunidad, basada en el conocimiento de la realidad social, cultural, política y económica que caracteriza a las colectividades guanajuatenses. Este compromiso acaba de reiterarlo en las entrevistas concedidas luego de su nombramiento, y con ello alimenta nuestra esperanza en que la Universidad de Guanajuato recupere la vocación humanista que la caracterizó en sus orígenes, pero que fue perdiendo en las últimas tres o cuatro décadas. Esto confirmará su aspiración a la universalidad, que su propio nombre establece, y permitirá que los guanajuatenses sintamos a esta casa de estudios realmente más cercana a nuestros valores y a nuestras realidades cotidianas.

viernes, 19 de septiembre de 2003

Búsqueda universitaria, II

La Universidad de Guanajuato vuelve a ser el foco de los debates que se ventilan en estos días en los medios estatales, particularmente en el Correo. Estoy convencido de que persiste una gran incomprensión sobre el proceso de selección del Rector que tomará posesión a partir del 26 de septiembre próximo. Se señala que el procedimiento es oscuro, cerrado y temeroso del debate, además de plagado de vacíos normativos que inducen a la confusión. ¡Qué contraste con los agarrones a los que nos han acostumbrado nuestros rudos políticos en campaña! Ahí sí encontramos competencias acaloradas donde con frecuencia la sangre de veras llega al río. Por eso, los medios quisieran encontrar en la contienda universitaria mucho más intensidad y exaltación que les permita encontrar la nota amarillista con su garantía de ventas y audiencia.
Pero no sucede así en el entorno universitario. La ley orgánica que nos rige desde 1994, cuando se logró la autonomía para la institución, define un proceso de selección cerrado, donde los principales actores colectivos son el Consejo Universitario y el Colegio Directivo; éste último equivalente a la Junta de Gobierno que existe en la UNAM. La comunidad universitaria, así como la sociedad en general, pueden participar dando a conocer opiniones y sugerencias a estos dos órganos de gobierno. Pero hasta ahí. No se trata de un proceso democrático, en el sentido electoral del término. No se decide por votación abierta, ni hay voto universal, ni campañas proselitistas, ni partidos. Sobre esto último, podrá haber facciones internas, que de hecho existen en la universidad, pero su acción se ve restringida por el hecho de que la decisión final está en manos de siete profesores, y de nadie más.
Puede sonar bastante extraño lo que voy a decir a continuación, pero creo que mi posición puede ser defendida: considero que la educación superior no puede regirse por criterios democrático electorales o de participación amplia. Por su misma naturaleza la educación y la investigación superior son elitistas, en el sentido de que en este ámbito priva otra noción de competencia, diferente a la electoral. Más bien es la competencia relacionada con la búsqueda de la verdad científica y la necesaria excelencia que acompaña el proceso. Los dotes intelectuales no se generan por consenso, sino por el esfuerzo sistemático de unos pocos individuos que decidieron especializarse en esferas de alta erudición o de calificación excepcional. Los fines de la educación superior exigen un trato diferente, que poco tiene que ver con las legitimidades que proporciona la democracia política. Más bien encontraríamos coincidencias con las aspiraciones de la equidad social, junto con la garantía de que los únicos factores diferenciadores de los individuos al interior de una institución de educación pública como la nuestra son la voluntad de superación y la curiosidad intelectual, pero no el nivel de ingreso o el estrato socioeconómico. Es ahí donde nuestra institución debe ser democrática.
Ahora bien, hay que reconocer que el futuro de la universidad no confrontará un momento de quiebre o un parte aguas cuando se defina al nuevo Rector. Los proyectos defendidos por ambos candidatos no son muy diferentes uno del otro. Y no podía ser de otra manera, pues ambos deben respetar la planeación que se definió hace dos años, cuando la comunidad universitaria explicitó su visión al año 2010 mediante el llamado Plan de Desarrollo Institucional (PLADI). Ese ejercicio fue democrático, hasta el extremo de que muchos llegamos a criticar el mecanismo, por lo calmoso y agotador que resultó al tener que integrar cientos de puntos de vista de la comunidad universitaria, que tampoco se distingue por su sentido realista o por la homogeneidad de sus opiniones.
La selección del Rector de la Universidad de Guanajuato puede resultar aburrida o enigmática para los legos, ante la aparente falta de debates, pero créanme que el evento ha despertado viejas y nuevas ideas que se vinculan con la necesidad de construir una universidad más moderna y ágil, menos provinciana y obtusa, más vinculada con su entorno social y económico, menos encerrada en sí misma. Todavía hay problemas añejos que son ignorados o aceptados con apatía o resignación. Esta molicie, herencia de tiempos burocráticos pretéritos, se debe extirpar lo más pronto posible.

viernes, 12 de septiembre de 2003

El IFE y sus debates, II

Regresando a la reflexión sobre el momento actual del Instituto Federal Electoral, hay un tema que pronto ocupará los titulares de la prensa nacional: se trata de la elección de sus nuevos consejeros generales, que deberán asumir su encargo a partir del 1 de noviembre próximo, para permanecer en el mismo por siete años. Los actuales miembros del consejo fueron designados conforme a lo señalado en el artículo 74 del Cofipe; esto es, por parte de la Cámara de Diputados federal. Esto ocurrió en octubre de 1996, cuando, gracias a la última reforma electoral que hemos visto en este país en el ámbito federal, se ciudadanizó plenamente el máximo órgano electoral. Uno de los consejeros que habían participado en la camada consejeril anterior, José Woldenberg Karakovsky, fue designado por la misma cámara como presidente del mencionado consejo general. Llegó acompañado de otros ocho colegas, ciudadanos de prestigio reconocido que asumieron el compromiso de culminar, por fin, el largo proceso de transición hacia procedimientos electorales confiables, transparentes y equitativos, una asignatura largamente pendiente dentro de la imperfecta democracia mexicana.
A partir de entonces se desarrollaron tres procesos electorales federales en 1997, 2000 y 2003, donde se pudo apreciar cómo evolucionaron los procedimientos hacia una situación de confiabilidad nunca antes vista en nuestra historia política nacional. Una evidencia de esta situación han sido los números decrecientes de observadores electorales registrados en los distintos procesos comiciales desde la creación de esta figura, en 1994, hasta la elección más reciente. Los debates político-electorales han emigrado desde el control de los procedimientos para la emisión, recepción y contabilización del voto, que siempre fueron objeto de suspicacias, hacia la discusión de temas de mayor trascendencia y sofisticación, como lo es la equidad en la competencia, el acceso a medios de comunicación, el financiamiento de los partidos, las capacidades fiscalizadoras del IFE, la honestidad en el uso de las prerrogativas partidistas, etcétera. El foco de la atención se ha desviado entonces hacia asuntos que el propio Woldenberg calificó como de “segunda generación”.
Durante estos siete años pudimos observar una evolución sostenida hacia nuevas formas de ejercer la política. Tal vez el momento cumbre de esta nueva época electoral inaugurada por los consejeros del IFE fue cuando en julio del 2000 se emitió y se respetó escrupulosamente el voto opositor y se concretó la primera alternancia, en más de setenta años, en el ejecutivo federal. Hay que señalar que, a pesar de las amenazas que se cernían sobre la institución electoral en el caso de una derrota del partido hasta entonces hegemónico, los conductores del proceso pudieron sacar delante de forma claramente honesta y valiente la defensa de un resultado que significaba un momento de quiebre profundo en los anales políticos nacionales. Aunque en su momento hayamos criticado las formas como se implementó la exposición y la defensa de esos resultados (recordemos la polémica encuesta de salida que sirvió de base para que el presidente del IFE y el presidente de la República dieran a conocer a la opinión pública las tendencias definitivas en los resultados), y también que el anuncio fuera considerado por muchos como prematuro a la vista de la ausencia de resultados preliminares, al final todos (o bueno, la mayoría) de los mexicanos reconocimos la validez del proceso y sus consecuencias.
Es también cierto que el accionar de este consejo general saliente no se dio sin cuestionamientos o debates sobre su desempeño. Tal vez los principales giraron alrededor del protagonismo de algunos de ellos, así como sobre la vinculación inmediata de exconsejeros en posiciones partidistas o en candidaturas políticas. La ausencia de normatividad sobre este punto permitió que de esta forma se transparentaran las preferencias políticas (inevitables por demás) de los exconsejeros, y esto contribuyó en alguna medida a socavar el prestigio de la institución.
Pero en términos generales el balance es bueno. Nada más hay que recordar la actitud digna mostrada por el instituto en diferentes ocasiones ante el gobierno federal y sus instancias, como sucedió con la secretaría de Hacienda (y el convenenciero “secreto bancario”), con la de Gobernación e incluso con la presidencia de la República (recuérdese la necedad de las autoridades de incidir en el proceso publicitando obra y “promoviendo” la participación electoral). La conclusión: urge ampliar las facultades del IFE.
Ojalá que en esta ocasión los señores diputados consideren la posibilidad de que algunos de estos consejeros salientes repitan en sus posiciones, luego de una evaluación objetiva de su desempeño; esto para evitar que se pierda la experiencia acumulada en siete años. Hay que revisar el procedimiento de renovación de los consejeros, para evitar el riesgo de que, de golpe y porrazo, se renovado el consejo general en su conjunto. Valdría la pena reformar esta situación y que se alternen los nombramientos de nuevos consejeros, digamos, a uno o dos por año. Mucho se ganaría sin duda.

viernes, 5 de septiembre de 2003

El IFE y sus debates, I

El sábado y domingo pasados se realizó en la ciudad de México el Encuentro Nacional de Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral, con el objeto de analizar con detenimiento, objetividad y honestidad el desarrollo general del proceso electoral federal del 6 de julio. Asistimos la mayoría de los 192 consejeros locales (seis por entidad federada) y los nueve consejeros generales del IFE, y entre todos se pudo arribar a conclusiones muy relevantes sobre el momento actual de la operatividad electoral, la participación ciudadana, el papel del IFE ante los actores de la política y en general sobre el momento que atraviesa la democracia mexicana.
Me gustaría destacar aquí algunas de las ideas que se ventilaron y consensuaron. En primer lugar, considero que hay un acuerdo fundamental en torno a la confirmada confiabilidad generalizada de los procedimientos electorales (con excepciones motivadas por conflictividades locales, como en Chiapas), lo que permite comenzar a debatir las problemáticas “de segunda generación”, como es la necesidad de regulación de las precampañas, el elevado costo del mantenimiento de partidos y la operatividad electoral, la urgencia de ampliar las facultades fiscalizadoras del IFE, la reforma del Estado y de sus componentes sujetos a elección popular, el empoderamiento ciudadano, la rendición de cuentas y la “responsibidad” (neologismo que es lo más parecido al concepto inglés accountability) de parte de los detentadores del poder. Son todas cuestiones muy novedosas para un entorno político que más bien se caracterizó hasta hace poco por la ausencia de competencia, de debates, de participación y de posibilidades reales del ciudadano común de incidir en las decisiones públicas que le afectaban.
Destacó la preocupación por los ataques y las conflictividades en que se ha visto envuelto el IFE desde hace al menos dos años. Es compartida la sensación de que esta institución ha debido remar a contracorriente para poder imponer la legalidad en asuntos como el del Pemexgate y los Amigos de Fox, cuando diferentes instancias estatales, sindicales y partidistas negaron o resistieron el acceso a la información necesaria para ventilar estos asuntos. Todo ello padeciendo el torpedeo de los medios de comunicación y de muchos actores políticos demasiado comprometidos con sus intereses particulares.
De los problemas detectados en el desarrollo de la última elección destacan los relacionados con la baja capacitación de los funcionarios de casilla. Este es un problema que rebasa totalmente al IFE, que no es responsable del bajo nivel educativo real de los ciudadanos (“no somos la secretaría de educación”, dijo algún funcionario del instituto). El actual procedimiento de selección con base en una insaculación doble (por letra del apellido y mes de nacimiento), que respondió a un momento político de clara desconfianza hacia los operadores electorales, hoy estrecha en extremo las opciones para seleccionar a ciudadanos capaces que puedan afrontar con éxito el complicado procedimiento de recepción y contabilización del voto. Tan sólo el llenado de actas es un reto que con seguridad no afrontaríamos exitosamente muchos profesionistas. Hay que evolucionar hacia un esquema más abierto, donde la selección se haga con base en criterios de competencia y capacidad. En los Estados Unidos, por ejemplo, los funcionarios de casilla pueden ser los mismos durante varios procesos electorales, e incluso pueden reconocerse públicamente como simpatizantes de un partido, pero su sentido de responsabilidad y ética personal los hace confiables en el momento de desempeñarse como responsables de casilla. Hay que aprender a confiar en nosotros mismos, y comenzar a deshacer candados en torno al procedimiento electoral.
También se discutió ampliamente sobre la posibilidad de evolucionar hacia el voto electrónico, el voto por correo o por internet, el ampliar el periodo de recepción de votos a varios días o una semana, el voto desde el extranjero, los centros de votación, etcétera. La tecnología puede abrirnos posibilidades muy amplias, y con el tiempo puede ser más económica que el proceso tradicional. Por ejemplo, la actual boleta electoral, con 20 elementos de seguridad, tiene un costo aproximado de 4 pesos cada una, y si recordamos que se imprimieron más de 67 millones de boletas, más lo que costaron las urnas transparentes, las mamparas y demás recursos y materiales, podemos estar de acuerdo en que este procedimiento es muy caro. Mucho mejor sería acudir a un centro de votación (no a una casilla), ser conducido ante una pantalla electrónica, activarla mediante el pase de la cinta magnética de la credencial de elector, pulsar las opciones políticas de nuestra preferencia y retirarnos sin necesidad de que nos manchen el pulgar o que agujeren nuestra credencial. Los resultados podrían conocerse en tiempo real, pero por la obligada discreción que debe guardarse hasta las 20:00 horas, el IFE podría dar a conocer a esa hora los resultados definitivos de los centros de votación urbanos (ya que en las áreas rurales todavía deberá acudirse al procedimiento tradicional).
En fin, los planteamientos fueron múltiples, pero quedó en el ambiente la preocupación por el futuro del instituto, que enfrentará en octubre la renovación abrupta de su consejo general, un consejo al que por cierto todos felicitamos. Pero seguiré analizando este tema en una próxima colaboración.