martes, 14 de diciembre de 2004

Frontera de guerra

¿Exagero con el título que le he dado a este texto? No lo creo. La frontera de México con los Estados Unidos se ha convertido en una auténtica zona de guerra desde que comenzó la aplicación de la nefasta “Operación Guardián” (Gatekeeper) el primero de octubre de 1994, seguida por sus emuladoras, las operaciones “Interferencia” y “Salvaguarda” en Arizona, y “Río Grande”, en Texas. En esos diez años se han acumulado tres mil decesos de trabajadores mexicanos y centroamericanos que han dejado la vida en su intento vano de alcanzar el espejismo del “sueño americano”. Docenas de organizaciones civiles de ambos países han denunciado sistemáticamente los abusos, las vejaciones y la violencia que se ejercen contra los trabajadores migratorios que intentan atravesar la frontera, ahora reforzada y más inhumana que nunca. Se trata de una guerra soterrada, silenciada, negada, pero evidente cuando hablamos de bajas humanas, victimizadas por una política agresiva de “control de la frontera” que inició el gobierno de Clinton y que continúa con fe el de Bush el pequeño. ¿El enemigo? Los migrantes que “violan la soberanía de los Estados Unidos” al desconocer la existencia de fronteras artificiales entre los pueblos.
A partir de 1994 la frontera se reforzó mediante el despliegue masivo de agentes, la iluminación intensa y extensa de la frontera, la instalación de sensores ópticos y de movimiento, la construcción de nuevos y modernos cercados –reusando materiales de la primera guerra del golfo pérsico—, la intensificación del patrullaje apoyado en jeeps, motocicletas y helicópteros, y el uso de telescopios con visión nocturna. También mediante la contratación de miles de agentes adicionales, que han convertido a la Border Patrol en la policía federal más numerosa de ese país. En consecuencia, el paso de indocumentados se vio forzado a moverse en dirección al este, hacia los grandes desiertos y montañas de California y Arizona. Con el tiempo, este movimiento hacia el este comenzó a cobrar cada vez más vidas de inocentes que desconocen los rigores extremos del clima de la frontera. Por ejemplo, en enero de 1997 sucumbieron 16 personas cerca de Tecate, en una inhóspita región donde las temperaturas llegan a caer violentamente por debajo del punto de congelación. Luego, en el verano del año siguiente 39 migrantes murieron insolados. Y docenas de otros han muerto ahogados en los canales de riego del valle imperial o en el río Colorado. En Arizona y Texas la situación pronto alcanzó la gravedad de lo que se veía en California, y pronto se unieron a la estadística macabra de insolados, deshidratados, ahogados, asfixiados, atropellados y asesinados. Y lo más triste es que en las cifras mortales hay que incluir a una fuerte proporción –alrededor de un 15%— de mujeres y niños.
El sistema económico norteamericano ha basado su expansión en la mano de obra barata –y en apariencia inagotable— que le facilita la inmigración, particularmente la ilegal. Si los salarios se mantienen deprimidos en la base, también lo harán en los niveles superiores, ya que permiten mantener controlada la inflación y con ello las presiones salariales de los trabajadores de cuello azul y blanco. Todo el esquema de producción y circulación se beneficia fuertemente por este traslado de valor –utilizando los términos marxistas— desde la base de la pirámide laboral hacia sus estratos superiores. Parafraseando a Heberto Castillo, quien afirmaba que el petróleo sólo produce riqueza donde se quema o transforma, el trabajo humano sólo produce riqueza en donde se le aprovecha plenamente. Es decir que nuestro país realiza una enorme transferencia neta de riqueza al país del norte al desaprovechar el potencial de su gente; los 17 mil millones de dólares anuales en remesas significan solamente una pequeña porción del valor que generan los brazos de los 10 millones de mexicanos que hoy laboran al otro lado de la frontera.
Quiero decir que este recurso, la mano de obra inmigrante, es vital para mantener los altos estándares de vida que acostumbran los norteamericanos. Esto fue bien ilustrado por el ingenioso filme de Sergio Arau, Un día sin mexicanos, que se estrenó el 14 de mayo de este año. En la trama 14 millones de hispanos desaparecen de California, la tercera parte de la población de ese estado. Millones de tareas cotidianas, sobre todo las más elementales, dejan de ser atendidas, y la economía y la sociedad colapsan. No es exageración, es una realidad que fue reconocida hasta por Alan Greenspan, el gurú de la reserva federal gringa.
Pero a pesar de la importancia que tienen los migrantes hispanos y mexicanos en la economía de los Estados Unidos, han florecido en ese país movimientos conservadores –o incluso liberales— que denuncian la pérdida de los valores de la sociedad WASP –White, Anglo Saxon & Protestant— que caracterizaron a esa sociedad desde el arribo del May Flower a la roca Plymouth. Un santón de la ciencia política, Samuel Huntington, dio este año el campanazo de alarma a los auténticos coletos de por allá, se pregunta alarmado ¿quiénes somos? Y se responde: “El flujo persistente de inmigrantes hispanos amenaza con dividir a los Estados Unidos en dos pueblos, dos culturas y dos lenguajes. A diferencia de los grupos inmigrantes del pasado, los mexicanos y otros latinos no se han asimilado a la corriente principal de la cultura americana, y han formado más bien sus propios enclaves políticos y lingüísticos –desde Los Angeles hasta Miami— y rechazan los valores Anglo-protestantes que construyeron el sueño americano. Los Estados Unidos ignora este desafío y su peligro” (traducción mía). Los puristas han alzado la voz, y con ellos se ha levantado una turba de rancheros y red necks que han convertido a la cacería de indocumentados en el nuevo deporte nacional.
En un sitio de internet que mantiene la California Rural Legal Assistence Foundation (http://www.stopgatekeeper.org/Espanol/index.html) se puede encontrar el listado casi completo de dos mil de las víctimas mortales de esta década macabra de la operación Guardián. De mil más se desconoce su identidad, pues sus cuerpos fueron encontrados sin papeles o en un estado de degradación que imposibilitó su filiación. Las tragedias humanas que hay detrás de cada uno de esos muertos son estremecedoras. Por ello afirmo que se trata de una auténtica frontera de guerra, donde los aspirantes al sueño americano ponen sus vidas en la orilla de un precipicio letal. Terrible precio para quienes honestamente sólo buscan mejorar sus vidas y ofrecer su esfuerzo para la construcción de una mejor sociedad en los Estados Unidos.
Tan sólo el año pasado sumaron 390 los muertos entre los migrantes, lo que equivale a más de uno al día. De ese número los guanajuatenses llegaron a significar alrededor de 70. Se calcula que el flojo anual de trabajadores sin papeles es de 300 mil. Diríamos entonces que uno o dos de cada mil migrantes que se atreven a transitar la frontera ilegalmente, pierden la vida.
El incendio en Columbus Ohio del 12 de septiembre pasado, aparentemente provocado por alguna organización criminal xenofóbica, o bien el apedreo en octubre de las mujeres migrantes de Cortazar, a quienes la patrulla fronteriza impidió cruzar el río bravo y por ello perecieron ahogadas, refleja los extremos a los que se ha llevado esta situación. Es realmente preocupante que dos países no puedan ponerse de acuerdo para salvar centenares de vidas de seres humanos honestos e inocentes, y que en cambio se incremente la xenofobia, el racismo y la discriminación, cuando en realidad ellos no pueden vivir sin nosotros y nosotros aunque no nos guste admitirlo— no podemos vivir si ellos. Los nacionalismos trasnochados y los radicalismos sólo empeoran una situación que ha llegado a extremos dramáticos.
El gobierno mexicano hace menos que lo que debería hacer en estos casos. Los 43 consulados mexicanos en los EU padecen de una escasez endémica de recursos, y para defender los derechos de los connacionales, o bien impulsar la investigación de los casos de agresiones o violación a sus derechos, deben con frecuencia hacer uso de voluntarios o bien de asociaciones civiles que tampoco abundan en recursos. Nuestro gobierno federal debería invertir cantidades sustanciales en la contratación de bufetes de abogados, de investigadores privados, y apoyar a los activistas en pro de derechos humanos para consolidar un frente de defensa que sea sólido y agresivo. Trescientas vidas al año bien lo valen.
Hoy día se debate en el Congreso de los Estados Unidos una nueva iniciativa antiinmigrante, la HR-10, que invalidaría a las matrículas consulares de los países extranjeros como documentos de identificación. Además esa ley facilitaría la expulsión de extranjeros sin revisión administrativa o judicial, limitaría el derecho de asilo, y le daría mayores poderes a las autoridades federales para ignorar los derechos humanos de migrantes ilegales en ese país. Esto vendría a empeorar el clima de persecución policíaca que impera a lo largo de la frontera, y tendría consecuencias muy graves para los paisanos sin papeles, que suman casi cuatro millones en prácticamente todos los estados de la unión americana.
La frontera México-Estados Unidos es un espacio de muerte, y la tendencia es a que empeore la situación. La actual administración federal de los EU está más dispuesta a congraciarse con los grupos racistas de extrema derecha, muchos de ellos que se dedican a la persecución de greasers que se atreven a cruzar por sus ranchos, que a reconocer la naturaleza interdependiente de nuestras dos naciones. No es con la persecución policíaca, ni orillando a los aspirantes al sueño americano a arriesgar sus vidas, como construiremos una relación mejor en el futuro. Sólo lo será reconociendo nuestras realidades y unificando criterios que normalicen la migración, de tal forma que se convierta para los trabajadores mexicanos en una alternativa segura –entre muchas— para hacerse de un mejor futuro. Y más vale que nuestro país retome, de una vez por todas, el perdido camino del desarrollo, pues esa será la única solución de carácter definitivo que detenga la sangría humana que padece nuestra nación.

viernes, 10 de diciembre de 2004

Tres pistas

Cargada de sucesos políticos, la semana que termina. El caso Ixtayopan sigue poniendo en evidencia las incapacidades en cascada que impiden al Estado mexicano no solamente garantizar la seguridad de los ciudadanos, sino incluso la de sus elementos policíacos. La violenta remoción del titular de seguridad pública del DF, Marcelo Ebrard, me resulta incomprensible ante la evidente corresponsabilidad en la que incurrieron los más altos mandos de la seguridad pública federal. A ambos se les debió aplicar las mismas medidas administrativas, pero permitiéndoles siquiera el derecho a audiencia. El presidente Fox fue fulminante, pero no se mostró equilibrado en este caso. Por su parte, el jefe de gobierno recibe un nuevo agujero en la barcaza de su precandidatura negada, y de nuevo se sube al ring de los complots en su contra. Nadie hace política; todos se embarran mutuamente y al ciudadano común sólo le resta resignarse a contemplar atónito el circo de tres pistas –presupuesto, linchamientos, precandidaturas— con que nos entretienen nuestros políticos, tan aficionados a la farándula.
Sobre la primera pista, la del presupuesto federal, nos brinca la sorpresa de que Pemex decide unilateralmente hacer nuevos descuentos de venta de garaje al crudo mexicano, para hacerlo bajar artificialmente por debajo de la línea que estableció la Cámara de Diputados para hacer sus balances. No hay que ser demasiado malicioso para sospechar un movimiento interesado por parte de la paraestatal y del propio gobierno federal para poner en evidencia a los diputados como irresponsables e ignorantes. Lo grave de este asunto es que se está malbaratando la riqueza nacional con tal de cumplir un objetivo político. Hoy día el crudo mexicano es uno de los más baratos del mundo, y el 90% se va a fortalecer la economía norteamericana y sus reservas estratégicas, que le permiten a los Estados Unidos incidir en los precios y perjudicar a economías petrolizadas como la nuestra. En este ámbito, México sigue siendo el esquirol perfecto que se adelanta con sus descuentos navideños para “amarrar mercados” y escupir al cielo. Y luego vemos al director general de Pemex quejándose amargamente de la quiebra técnica en la que ya merito entrará la paraestatal. Así no se puede, en serio.
La segunda pista de la semana nos muestra que el México bárbaro está más que vigente; los intentos de linchamiento no paran en nuestros pueblos y barrios, ya sea en contra de presuntos delincuentes o de policías (40 al año, Correo dixit). La ausencia de ley y de instrumentos para aplicarla fomenta las venganzas, la justicia por propia mano y la impunidad. Para nuestra desgracia, este es un problema estructural, que no será resuelto mediante la represión ciega que está aplicando la PGR, que está haciendo pagar a justos junto a pecadores. La ley no se aplica violándola. Los cateos y las detenciones arbitrarias están nuevamente exhibiendo nuestro barbarismo. No salimos de una cuando caemos en otra. (Por cierto, cuando el presidente Fox dio a conocer el despido de Ebrard y el del comisionado de la PFP, ¿por qué al primero le dio trato de “señor licenciado” y luego al segundo ni siquiera le respetó el grado de almirante?)
Mientras tanto Creel, López Obrador, Madrazo y el resto de la chiquillada de precandidatos se surten descontones mutuos y no pierden oportunidad de atraer las candilejas. Faltan 17 meses para las elecciones federales y la ola de adelantados es imparable: Medina, Calderón, Romero Hicks, Ramírez y Ramírez, Alemán, Montiel, Jackson, Cárdenas… bueno, ¡ya hasta Labastida!
Y para enredar aún más la madeja política de la semana, el lunes se descubrió el cuerpo sin vida de Enrique, el hermano menor del expresidente Salinas. Nuevas nubes negras sobre las testas desnudas de los hermanos incómodos. Para pronto el presidente Fox declara que no hay móvil político detrás, y con ello evidencia tener más información que los agentes del ministerio público que apenas han comenzado a investigar el caso. ¿Por qué descartar a priori una hipótesis que pudiera tener algún sustento? Y es que nadie quiere recordar el 94 y su cohorte de violencia y asesinatos políticos, que finalmente condujeron a la inestabilidad y la crisis del 95. El que con atole se quema, hasta al jocoque le sopla.

viernes, 3 de diciembre de 2004

De dineros y a dónde se van

Resulta ya un fastidio que año con año, por estas fechas, nuevamente sean los presupuestos del gobierno motivo de riñas y confrontaciones. Al principio del sexenio lo fueron tan sólo entre las fracciones parlamentarias, y usualmente el ejecutivo no se metía demasiado. Pero ahora vemos en el ring al presidente, al congreso y pronto a la corte suprema.
Ya se ha dicho mucho en pro y en contra de las modificaciones que realizaron los diputados, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Particularmente me han parecido correctas las permutas. Es espléndido que se hayan casi duplicado los recursos para las carreteras del país, que están en un estado deplorable. Igual me gustó que se le inyecten recursos necesarísimos a la educación superior y la investigación científica, que esta administración ha abandonado por completo. El ejecutivo, por su parte, ha acusado al legislativo de haber convertido al presupuesto en un pastel que se repartió según los intereses particulares de los diputados. Pero eso a mí no me parece tan malo: un representante popular debe preocuparse por beneficiar a sus electores, incluso mediante artificios como el de morderle recursos a actividades superfluas del ejecutivo (el vestuario de la pareja presidencial por ejemplo). Si un diputado logró acarrear agua a su molino, lo hizo porque logró convencer a sus compañeros y justificó ante ellos ese destino.
Ya se ha evidenciado que la secretaría de Hacienda basó su propuesta original en un escenario sumamente pesimista en cuanto a los precios del petróleo (¡23 dólares el barril!) y la evolución de los ingresos públicos. En un entorno mundial de guerra y de expansión económica, es poco probable que los precios del crudo caigan drásticamente. Cuesta trabajo creer que esta subvaloración sea accidental, sino más bien movida por el interés de que buena parte de los excedentes puedan ser asignados de manera discrecional por el ejecutivo, sin necesidad de someterlos a la consideración del legislativo.
Guanajuato salió beneficiado por el nuevo reparto. El gobernador Romero así lo reconoció y agradeció a los diputados federales de la entidad, sin distingo de partidos, por haber sabido aglutinarse en una causa común y superior a los intereses particulares de sus bancadas. Por fin habrá obra pública de largo aliento, como la necesarísima ampliación de la carretera panamericana, que hoy es un monumento a nuestro atraso en comunicaciones. Y no hay que olvidar las obras hidráulicas, como la presa de Río Verde, y ojalá se hayan apartado recursos para la solución de largo plazo a la escasez de agua en la entidad: el sistema hidráulico en el río Santa María para traernos agua de la cuenca del Pánuco.
Sobre la seguridad pública, el enfoque de los diputados me pareció más correcto que el del ejecutivo: no es invirtiendo en más armas, en más elementos para las corporaciones, ni en más equipo costoso como se puede enfrentar con efectividad el problema de la inseguridad y la transgresión de la ley, sino con obras de infraestructura productiva y educativa que faciliten la apertura de más empleos, con la capacitación para aspirar a mejores salarios. La criminalidad va de la mano con la pobreza. No es con mayores elementos represivos como se arrancarán las raíces del problema, pues así sólo se podarán sus follajes. Ya se vio en San Juan Ixtayopan: las corporaciones evidenciaron su ineficacia, y luego han cebado su impotencia contra la población, aplicando detenciones arbitrarias sin ton ni son. Al final quedará claro que castigar a dos docenas de responsables no reparará el mal de fondo: la desconfianza ante la autoridad y la pertinaz pobreza, que obliga a buscar la sobrevivencia con los medios que sea, incluso el narco o el crimen.
En cambio al Poder Judicial se le asignaron recursos adicionales para facilitar la administración de justicia expedita.
Me parece afortunado que hoy día la división de poderes sea tan real, que ya enfada al ejecutivo. Todos deberemos aprender a vivir en estas nuevas realidades, aceptando los ámbitos de competencia de los actores públicos. El ejecutivo deberá a aprender a negociar con mucha antelación los proyectos que juzgue estratégicos, para que no sufran menoscabo. Eso fue lo que sucedió con la megabiblioteca José Vasconcelos (esfuerzo superfluo en un país donde las bibliotecas existentes están vacías de usuarios) y la carísima enciclomedia (que tampoco se justifica en un entorno donde las escuelas llegan a carecer hasta de lo más elemental). En fin, que al final nadie quedará contento, pero al menos tenemos motivos de conversación para el fin de año.

viernes, 26 de noviembre de 2004

México bárbaro

Los dramáticos sucesos de San Juan Ixtayopan, en Tláhuac –prácticamente en la ciudad de México vuelven a poner en el banquillo a las autoridades responsables de preservar nuestra seguridad pública, que nuevamente exhiben su improvisación y su ineptitud. En México, a partir del derrumbe del Estado autoritario en los años ochenta y noventa, el viejo Leviatán no fue sustituido por un Estado democrático con nuevos y efectivos métodos de aplicación de la ley. Desgraciadamente, hoy día tenemos democracia pero no tenemos estado de derecho. El ciudadano común continúa moviéndose en su cotidianidad dentro de un esquema de convivencia social premoderno y carente de garantías. La delincuencia y la violencia social son nota de todos los días, y afecta a los tejidos más íntimos del entramado comunitario.
Hay libertades en abundancia en este México del siglo XXI, pero no así civilidad y respeto por los derechos de los demás. El Estado, como garante de la vida social en armonía, está hoy ausente de la realidad concreta del habitante común. Nadie está libre de ser víctima de la violencia, ni siquiera los mismos policías en cumplimiento de su deber, como se evidenció este miércoles. A los desventurados agentes de la PFP nadie les creyó que realmente estaban cumpliendo una misión oficial. Y es que la mímesis entre las policías y los grupos delincuenciales es ya proverbial en México: nadie sabe donde terminan las unas y comienzan los otros.
Los ixtayopinos reaccionaron con una violencia extrema ante la posibilidad de lidiar a plena luz del día con un trío de potenciales secuestradores, que sospechosamente tomaban película a las afueras de una escuela. Reaccionaron como cualquier padre que se enfrenta a individuos que espían a sus hijos. Las explicaciones de los agentes seguramente fueron tardías, e incluso tiendo a pensar que lo hicieron de forma altanera y prepotente, como acostumbran nuestros ñoños policías cuando tratan con un ciudadano común, más cuando es un campesino o un colono empobrecido. La masacre y el baño de sangre no son justificables de ninguna manera, pero sí son explicables en un contexto tan degradado como el que existe hoy en las relaciones de la ciudadanía con sus autoridades. Ser policía en México significa poseer patente de corzo para cometer ilícitos, abusar de su autoridad o humillar al semejante. Por supuesto que estoy generalizando y con ello cometiendo una crasa injusticia contra las corporaciones o elementos que han superado ya muchos de los lastres de esta subcultura autoritaria, pero este paradigma de la desconfianza continúa vigente para el grueso de los ciudadanos, como se pone en evidencia en las ya numerosas encuestas sobre cultura política en nuestro país. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas que levantó la secretaría de Gobernación el año pasado evidenció el terrible desgaste que tiene la imagen de la policía en nuestra comunidad: un 53% de los encuestados respondió que no le tiene nada o casi nada de confianza a la policía, un 24% le tiene poca confianza, un 15% le tiene algo y solamente un 7% le tenía mucha confianza. Esto la colocó en el sótano de las instituciones públicas mexicanas en cuanto a confianza ciudadana.
La justicia en propia mano es una evidencia de nuestro primitivismo como sociedad. La turba suplanta a los jueces, y con ello se comenten drásticas injusticias como la que se perpetró con esos pobres policías. Fueron víctimas de la incapacidad del Estado mexicano para imponer el fuero de la ley en la vida cotidiana de sus gobernados. Cayeron en cumplimiento del deber, pero sacrificados sin sentido y sin provecho. Fueron masacrados por la ignorancia, por la rabia que da la impotencia del ciudadano ante la autoridad arbitraria. Ese fuenteovejuna monstruoso parece volverse norma en un país donde no existe ley que se respete, ni siquiera por parte del propio gobierno.
Por supuesto, las autoridades de todos los niveles ya balbucean justificativos, inventan razones, cantinflean pretextos y se embarran mutuamente las culpas. Nadie podrá explicar que ninguna corporación haya podido presentarse en cinco horas de agresión y linchamiento. ¿Cómo pudieron llegar mucho antes los periodistas que cualquier otro elemento del orden? Gracias a los comunicadores se cuenta con documentación abundante de los hechos, pero es poco consuelo para las tres familias de las víctimas. La justicia se apersona tarde y mal, y seguro que ahora cebará su furia contra más inocentes, revueltos entre los culpables, del sanguinario San Juan Ixtayopan.

viernes, 19 de noviembre de 2004

Telón electoral

Escribo estas líneas desde Torreón Coah., donde se desarrollan las actividades del XVI Congreso Nacional de Estudios Electorales, evento al que acudo fielmente desde hace diez años. Algunos lectores recordarán que el anterior congreso se celebró en San Miguel Allende el año pasado, y que me tocó coordinarlo. Ahora desde la infantería de los ponentes, me he dado el tiempo de acudir con cuidado a cuanta mesa me ha sido posible, además de que ya participé sometiendo un texto en el taller “La cultura política de los mexicoamericanos”.
El telón electoral de este año ha caído con la realización de los últimos comicios locales de Sinaloa, Tlaxcala, Puebla y Tamaulipas. Con ello el común de los ciudadanos nos esperanzamos en tener un fin de año más o menos tranquilo en la arena política, y así prepararnos para los 14 procesos que se nos anuncian para el 2005. Los dos primeros casos mencionados mostraron resultados tan apretados que mantuvieron la atención nacional sobre su desarrollo, salpicado de avatares que ya creíamos superados como los que sucedieron en Tlaxcala, que incluyó la quema de actas de escrutinio.
Además se suma la resolución tan esperada del tribunal electoral federal (el TEPJF) sobre los peleados casos de Oaxaca, Tijuana y Veracruz, sin que se haya cambiado el sentido original de los resultados originales. Esto nos permite respirar, pero vuelve a plantear el creciente problema de la judiciarización de la política, que amenaza con convertirse en el paso obligado de todos los comicios con resultados apretados. Así se pone en evidencia de nuevo que a los partidos lo que menos les preocupa es el respeto a los votos (pocos o muchos) depositados en urnas y sí más la conquista o preservación de sus espacios de poder político, aún a costa del sentido original de la democracia.
En el congreso que les menciono se ha debatido mucho sobre estos y otros casos, incluyendo el de las elecciones norteamericanas. La cosecha electoral del 2004 fue abundante en sucesos accidentados y novedades que sorprenden a los desconcertados politólogos, que sufren al ensayar explicaciones plausibles ante la terca incertidumbre de la realidad social. Llama la atención que los temas a debate ya son los de “segundo piso” dentro de la práctica de la democracia: participación electoral, cultura política, financiamiento, medios de comunicación, mercadotecnia, ética política, globalización, crisis de los partidos y descrédito de la política. Muy atrás quedaron los temas de primer piso, al menos en la generalidad de los estados: respeto al voto, equidad en la competencia, procesos electorales confiables, acceso a medios, partido de estado y autoritarismo, han dejado de ser materia de estudio y debate, para nuestra fortuna. Ojalá no avancemos demasiado pronto hacia los temas de “tercer piso”, como los que ya ocupan al primer mundo: desánimo ciudadano, cinismo político, crisis de los valores solidarios, terrorismo, mesianismo político (el New Age en la política, a la manera de Bush), la trivialización de lo público, la molicie posmoderna, etcétera.
En fin, que el año electoral deja saldos positivos y algunos negativos. De estos últimos yo destacaría los siguientes: El aparente regreso de los dinosaurios a los primeros planos de la política; veo con preocupación cómo el PRI avanza electoralmente, pero no evoluciona en su discurso y su oferta, que lo siguen ubicando como un partido del siglo pasado. Por su parte el PAN, que sí se ha modernizado, sigue sufriendo las consecuencias de administraciones variopintas (incluyendo la federal) y liderazgos desbocados (Marthita p. ej.) que quiebran su cohesión interna y lo han debilitado ante el electorado. El PRD perdió Tlaxcala, pero también perdió su dignidad al verse obligado a apoyar a la candidata consorte. En fin, muchas y variadas notas electorales adornaron los diarios del país, y nos entretuvieron (ya sea divertidos o angustiados) a la manera como antes sólo lo lograba la tele con sus melodramotes de la tarde. Pero podemos respirar, ya se acabó por este año.

viernes, 12 de noviembre de 2004

Los EU y su encrucijada III

Continúo con la relación de mis impresiones sobre las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, donde acudí como observador informal, y debo señalar que sus procedimientos operativos siguieron pareciéndome misteriosos y poco transparentes. Es casi imposible observar el desarrollo completo de una jornada electoral, porque incluso en las casillas se impide la presencia de personas extrañas en las cercanías, como fue mi caso. En la legislación norteamericana no existe todavía la figura del observador electoral, y ni siquiera los propios ciudadanos de ese país pueden testimoniar los procedimientos. Existe una convicción compartida de que nadie hace trampa porque no es necesario hacerlo, y eso es sorprendente en un país con tan amplia tradición en fraudes electorales como los que se acostumbraban en los centros de poder demócrata en Chicago y en los estados del sur en las primeras décadas del siglo pasado. Una democracia que no puede ser observada desde adentro, desde las tripas mismas de su esquema de renovación de representantes, no puede asumirse como plena y moderna.
El pasado día 6 tuve la oportunidad de presenciar, gracias a la excelente cadena televisiva SPAN, la conferencia de prensa que dio en Washington la parlamentaria suiza Barbara Haering, quien coordinó al equipo de 90 observadores que envió la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), organismo que al parecer fue el único autorizado por el gobierno norteamericano para observar el proceso. En su informe preliminar me sorprendió hasta qué punto yo coincidía con sus conclusiones. Vale la pena destacar algunas de las que tomé nota. Primero, las elecciones norteamericanas son difíciles de observar para propios y extraños, ante la ausencia de legislación que lo permita. Segundo, fue difícil dar seguimiento a todas las fases del proceso, sobre todo al procedimiento de contabilización, debido a los diferentes sistemas de captura y procesamiento de resultados. Tercero, son necesarias reformas legales que pongan al día a los procedimientos electorales de ese país, y que adopte estándares internacionales. Cuarto, la carencia en muchos casos de un soporte en papel del sentido original de los votos impide reconstruir el proceso, en caso de darse fallas en los sistemas electrónicos –que sí las hubo. Quinto, hay cerrazón e incluso rechazo por parte de algunas autoridades locales; en algunos lugares se impidió a los observadores desarrollar su actividad, como fue en los casos de Carolina del Norte y en Orlando Florida. Sexto, en muchos centros de votación se formaron colas enormes debido a lo complejo del proceso de emitir el voto, lo que molestó a muchos ciudadanos. Séptimo, es poco adecuado que las elecciones se realicen en un día laborable, porque muchos patrones no conceden permisos; en otros países se prefiere el domingo. Todo esto confirmó mi impresión original de que en lo que se refiere a transparencia y verificabilidad de los procedimientos, la democracia norteamericana todavía tiene serias deficiencias que la ubican en un estadio premoderno dentro del entorno internacional.
Ahora, una reflexión sobre el nuevo sentido que cobró el voto hispánico. Como nunca antes, el presidente Bush debe su reelección al giro que tomó ese voto étnico. Un sorprendente 44% de hispanos votó por él, lo que representa un récord, pues cuatro años antes había logrado 10 puntos menos. Kerry no supo llegar al corazón de esos votantes, que registran la tasa de crecimiento más alta de ese país. Por otra parte es evidente que los republicanos ganaron en los estados más rurales, y no pudieron hacer mella a los demócratas en los entornos urbanos. En la práctica se trata de dos países: uno poblado por conservadores, rednecks y bluecollars, y otro más refinado, pleno de liberales, whitecollars, empleados, intelectuales y artistas. Uno optó por los “valores familiares” –lo que sea que quiera decir eso y otro por el welfare state, la protección al ambiente y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Unos apoyan la “guerra preventiva” y el papel de los EU como policía mundial, y otros la solidaridad internacional y la negociación antes que la fuerza.
No puedo negar que esta victoria tan amplia de Bush me sorprendió fuertemente. Pensé que la generosidad del pueblo norteamericano se evidenciaría con un espaldarazo claro a la moderación de Kerry. Pero sucedió lo contrario: nuevamente los Estados Unidos se encierra en sí mismo y manda al resto del mundo a volar. Pero como dice Michael Moore: es un buen consuelo saber que dentro de cuatro años ya no se podrá postular Bush el pequeño, y si alguien insiste en cambiar la ley para permitirle un tercer término siempre habrá un Clinton –Hillary o incluso Bill para detenerlo.

viernes, 5 de noviembre de 2004

Los EU y su encrucijada II

No cabe duda que observar las elecciones norteamericanas directamente en suelo de ese país deja una perspectiva diferente a la que uno puede construirse desde el exterior. Me trasladé con mi familia a casa de mis suegros, en Stockton California, en el valle de San Joaquín, y desde ahí pude movilizarme a la capital del estado, Sacramento, que se encuentra a tan sólo 45 minutos. Prácticamente toda la familia de mi esposa vive en este país desde hace casi 20 años; muchos de mis parientes políticos son ya ciudadanos americanos por naturalización o por nacimiento, lo que me brinda la oportunidad de percibir desde dentro las reacciones de la comunidad mexico-americana ante un proceso político que sin duda afectará sus intereses de conjunto.
Hay que señalar que el ambiente político que se percibe en lugares públicos contrasta fuertemente con lo que un mexicano puede esperar de un momento de tanta significación como es la renovación de una presidencia controvertida. Los debates se limitan a los diálogos grupales, pero no se trasladan a los espacios públicos ni al paisaje urbano. Por ejemplo, la propaganda abierta es apenas perceptible, limitándose a discretos rótulos que los vecinos colocan en los jardines frente a sus casas, apoyando al candidato o a las iniciativas de su preferencia. Fuera de eso, las calles se encuentran libres de publicidad política tanto visual como auditiva. La competencia propagandística se realiza en los medios de comunicación, que sí se inundan de mensajes a favor o en contra de candidatos o propuestas. También llama la atención la casi nula referencia al partido al que pertenece cada aspirante. Cuesta trabajo averiguar si tal o cual candidato es demócrata, republicano o independiente. La iconografía partidaria casi no existe: el asno demócrata o el elefante republicano no son elementos frecuentes en los mensajes, sino más bien son identidades manejadas por los medios. En este sentido las campañas electorales pueden ser calificadas de relativamente tranquilas, civilizadas y poco agresivas con el entorno. Esto es algo digno de imitarse, particularmente por parte de un país como México, donde las competencias comiciales se convierten en ferias escandalosas, invasivas, pendencieras y derrochadoras de recursos públicos. Tan sólo hay que recordar el basurero en el que transformamos nuestras calles y espacios públicos con propaganda de pésima calidad, contaminante y horrible.
La jornada electoral se desarrolló de forma tan tranquila que a mi, observador tropical, me pareció hasta aburrida. En este país es difícil localizar los centros de votación, que apenas están señalizados. En México estamos acostumbrados a que las casillas nos las coloquen a la vuelta de la esquina, y que casi nos lleven de la mano a votar. En EU cada votante debe enterarse con sus medios de a dónde debe presentarse a votar, además de que la ubicación de las casillas casi nunca cambia, como tampoco los funcionarios electorales. Se las ubica sobre todo en edificios públicos, como la estación de bomberos donde votó Bush. Yo observé en dos casillas ubicadas en el edificio administrativo del condado de Sacramento. Me llamó la atención el grado de tecnologización del proceso, algo sin duda necesario en un país donde no solamente se vota por candidatos sino también por decenas de propuestas administrativas. Cada votante se llevaba al menos 15 minutos en el proceso de emisión de sus opiniones, en papeletas diseñadas para el lector óptico que existe en cada casilla. El equipamiento –urnas, mamparas y demás es duradero para uso continuo, en contraste con la parafernalia de las casillas mexicanas, que se desecha en cada elección. La profesionalización de los funcionarios de casilla es evidente, lo que permite un tránsito fluido de electores. Otra ventaja es la posibilidad de emitir el voto por adelantado y por medios diversos, como el correo o el voto electrónico. El Internet todavía no se aprovecha por los bien conocidos agujeros en su seguridad.
La comunidad hispana californiana me pareció muy comprometida con el apoyo al candidato John Ferry. California le dio sus 55 votos en el colegio electoral, de un total de 270 que requería para ganar –y que finalmente no logró. Al menos en este estado las minorías y los sectores progresistas se volcaron en una clara mayoría en favor del demócrata, lo que ayudó a crear la ilusión de una victoria inminente, que luego se ha transformado en una decepción generalizada. El mismo día de la elección pude observar cómo grupos de estudiantes de la universidad estatal de California en Sacramento promovían a los candidatos demócratas sin contraparte republicana. El ambiente era de una victoria anunciada. Esto hizo doblemente dolorosa la derrota en el estado dorado. Una encuesta Gallup al día siguiente de la elección mostró que un 23% de los americanos se muestra entusiasta por la victoria de Bush, un 33% son optimistas, pero un 18% se manifestaron pesimistas y un 24% se dijeron temerosos (“afraid”) ante el futuro. Esto evidencia la profundidad de la división en que cayó este país en un momento que requiere de decisiones ante un mundo crecientemente inseguro y ambiguo.

viernes, 29 de octubre de 2004

Los EU y su encrucijada I

El martes próximo la mayoría de los electores norteamericanos habrán marcado el rumbo que seguirá su país –y en buena medida el mundo- por los próximos cuatro años. Ya ha sido advertido por Carlos Fuentes: de esta elección dependerá en buena medida el sentido que la humanidad le dé al naciente siglo XXI, al optar ya sea por un modelo unifocal donde una potencia lo decide prácticamente todo, o bien otro más plural con un sentido internacionalista y heterogéneo. Es decir que escogerán entre el aislacionismo de Bush, pleno de un sentido iluminado de salvamento moral, abogado de una seguridad nacional basada en el “ataque preventivo”; o bien la interacción con el mundo, la seguridad compartida y el poder ejercido con ética social, como propone Kerry.
Dos modelos de país que afectan al resto del mundo, en un entorno donde la globalización no sólo impone patrones de consumo globales, sino también modelos de pensamiento cada vez más encontrados. El “choque de civilizaciones” anunciado por el segregacionista Huntington parece manifestarse con mayor fuerza, y Bush propone llevarlo al extremo de la intolerancia belicosa, enfrentado con un Kerry que todavía cree en la fuerza de la palabra y la buena fe intrínseca en los hombres.
La trascendencia de la opción que tomará el pueblo norteamericano contrasta con la fragilidad y la dispersión administrativa del aparato electoral de ese país. Con una legislación anticuada, apenas retocada en el 2002 mediante la tímida medida de la ley Helping America Vote Act (HAVA), ese enorme país y sus centenares de condados se darán a la tarea de contar con más cuidado un número de votos que siempre carece de una precisión mínima y de controles que garanticen que en efecto todos sean contados. Es un sistema pulverizado, donde cada municipalidad define los métodos de emisión y conteo de los sufragios, responsable también del registro y seguimiento de los votantes pues no existe algo equivalente a un padrón electoral nacional-, que ha podido sobrevivir más de 200 años gracias a que usualmente los resultados, sobre todo de las elecciones presidenciales, no han sido demasiado cerrados. Por ejemplo, en muchos estados el voto por correo sólo se cuenta si los saldos de la votación son demasiado cercanos entre sí. Si la diferencia es amplia, sencillamente no se cuentan esos votos, que van a dar al basurero.
El registro de los electores es demasiado laxo, desde el punto de vista de democracias que acentúan más el aspecto procedimental del proceso, como es el caso del sistema mexicano o del francés. En los EU fácilmente se puede obtener el registro en más de un condado, presentando apenas alguna identificación. En muchos estados el registro electoral va de la mano del padrón de licencias de conducir –el “votante motorizado”-. Tampoco existe un sistema de verificación posterior de los votos, que permitiera realizar una disección del proceso, como sí es posible de hacer en México. En fin, que si un día nuestros hoy desempleados “mapaches” electorales quisieran exportar sus experticias, en los Estados Unidos podrían encontrar un campo virgen para aplicar sus nada sofisticados métodos para cambiar el sentido de una elección.
Los demócratas han emprendido una campaña que promueve el voto anticipado y que los electores potenciales se registren y en efecto acudan a votar. Los hispanos entre ellos. Los republicanos se concentran más en promover el voto del miedo, ante el terrorismo. En este panorama el voto de los méxico-americanos cobra hoy una importancia inédita, que le permite a esta comunidad colocarse como un mercado sumamente interesante para los aspirantes de todos los partidos -¿sabían que existen más de cien partidos con registro en los EU?-, y con ello su capacidad para negociar políticas públicas que beneficien a esa colectividad.
El clima preelectoral norteamericano no había estado tan caldeado desde hacía mucho tiempo. Tal vez desde la elección de Kennedy en 1959, cuando le ganó por un pelito al taimado Nixon. Y no es raro al analizar los antecedentes turbios de la elección presidencial del 2000, que fue resuelta no mediante el conteo escrupuloso de los votos sino mediante una resolución judicial que apoyaron cinco de los nueve jueces de la suprema corte. Esta en juego el futuro inmediato de la democracia americana, pero también el rumbo que tome nuestro planeta en los albores del nuevo milenio.
Es por esto que me decidí a ejercitar nuevamente la observación electoral, pero ahora desde la cuna de la democracia moderna. Me voy por una semana a Sacramento, para observar las tripas del proceso desde la capital californiana. En mi próxima colaboración les cuento lo que observé.

viernes, 22 de octubre de 2004

FIC: política y cultura

El Festival Internacional Cervantino, visto desde la distancia a que me obliga mi actual estadía en Tijuana, destaca como evento cumbre de la difusión cultural de altos vuelos en nuestro país. Como sucedió hace unos 20 años, el ejemplo del cervantino nuevamente cunde entre las entidades del país, y vemos cómo surgen nuevos festivales que, hasta donde pueden, emulan el modelo guanajuatense y procuran catapultar a sus regiones como espacios propicios para la recreación cultural. Por ejemplo, desde hace algunos días he visto en la tele un promocional del gobierno de Tamaulipas, donde Tomás Yarrington en persona anuncia la celebración del VI Festival Internacional Tamaulipas 2004, que inició el 14 pasado, y que evidentemente intenta proyectar la imagen del gobernante tamaulipeco como un adalid de la cultura en la frontera mexicana. El mensaje refleja cierto infantilismo y oportunismo de parte de ese personaje. Intenté imaginarme a Juan Carlos Romero haciendo el mismo anuncio promocionando al cervantino, y la verdad no lo logré. Era demasiado rústica la imagen como para que en ella encajase nuestro refinado gobernante guanajuatense.
En fin, que la promoción de la cultura puede ser una buena bandera política, que en manos de líderes sagaces –sin importar su rusticidad puede ser un buen activo ante los ojos de votantes potenciales. Algo muy parecido vemos en el Estado de México con el locuaz Montiel, en Oaxaca con el primitivo Murat y en varias otras entidades, que recientemente han armado sendos festivales artísticos y literarios que ojalá logren sobrevivir a los inminentes cambios de gobierno.
En este sentido, lo más positivo del Festival Cervantino guanajuatense ha sido su prevalencia, su misma sobrevivencia a lo largo de 32 años, a pesar de los muchos ventarrones políticos. Sobrevivió a la salida de los gobernantes que lo gestaron: Manuel M. Moreno, Luis H. Ducoing y Luis Echeverría; sobrevivió la vorágine de la señora Carmen Romano; sobrevivió a su temporal cancelación en 1985 y a los recortes de Miguel de la Madrid; sobrevivió la alternancia política de 1991 y a los berrinches de doña Mercedes Iturbe, y ahora ha sobrevivido a la sucesión de cuatro administraciones panistas y a la alternancia en el gobierno federal, lo que no es poco mérito. En síntesis, es un festival que ha logrado su institucionalización y su permanencia como valuarte de los méritos de la acción cultural desde los espacios de la provincia mexicana.
Hoy día, si algún gobernante local o federal decidiese que el gasto que representa el FIC ¿cuatro, cinco millones de dólares? es excesivo, y por ello se le antojase aplicar la “racionalización” del gasto, se las vería en extremo difíciles para poder cancelar un evento tan fortalecido. El FIC es ya parte del entramado institucional de este país, que tanto ha padecido por carencia de institucionalidad y exceso de personalismos, particularmente en la política local.
Las administraciones y los actores políticos locales siempre han tenido mucho qué decir acerca de la operatividad del FIC. Sin duda que les asiste razón, y que mucho se ha logrado en avanzar en la “guanajuatización” –en el buen sentido del festival. Las autoridades federales y los dos últimos directores generales han hecho mucho por acercarse a la sensibilidad local, y se han dado pasos sustantivos en la aproximación del evento con su sede, lo que también habla de una clara tendencia a la institucionalización. Un ejemplo fue la constitución del consejo artístico consultivo del FIC, donde por primera vez participan intelectuales y artistas locales.
Pero falta todavía darle formalidad normativa a esta nueva institucionalidad. Los decretos en que se sustenta el FIC siguen incólumes y no se ha avanzado en la reglamentación de los procesos de vinculación interinstitucional, la jerarquización en la toma de decisiones, la definición de la organización interna y muchos otros procesos que hoy día se practican por costumbre, más que por definición normativa.
El FIC es parte de la política cultural del Estado mexicano, y no es una parte menor. Podemos hoy celebrar su independencia de las ordenanzas de la política-política, o del ejercicio mezquino del poder. Esa es su principal fortaleza, y sin duda que nos obliga a defenderla y preservarla en el futuro.

miércoles, 20 de octubre de 2004

Una educación sin rumbo

El regreso a clases generalizado nos obliga a plantear las preguntas de siempre en torno a la calidad y pertinencia de nuestro sistema educativo nacional, particularmente el correspondiente a los niveles básico y medio. Mantenemos, tercamente, un esquema mediatizado por el desprecio por la autoformación, el privilegio a la calificación mecanicista de los pretendidos saberes básicos, la anulación de la independencia y la iniciativa de los educandos, la pretensión enciclopédica y el conductismo sistemático y anulador de la creatividad. Cada año, muchos padres de familia nos volvemos a cuestionar sobre la calidad de la educación que reciben nuestros hijos, ya sea pública o privada. Por ejemplo en mi caso, que he tenido la fortuna de participar en numerosas iniciativas y comités de impulso a la innovación educativa, me provoca angustia testimoniar que, sin importar iniciativas o buenas intenciones para impulsar nuevos modelos educativos, éstos se confrontan con la inercia de un sistema esclerotizado por intereses de grupo particularmente los intereses sindicales del magisterio, de las elites gubernamentales o bien de los dueños de los planteles educativos privados , que impiden que se asuma una actitud más moderna y reconocedora de los potenciales de la apuesta por nuestros hijos.
Aun en escuelas privadas, como las que asisten mis hijos, ser repiten los esquemas nulificadores de la inventiva y la creatividad. La educación personalizada y promotora de las capacidades de autogestión y responsabilidad en el aprendizaje no dirigido, sino inducido o favorecido por los estímulos positivos del ambiente, continúa siendo una mera declaración de buenas intenciones, pero carente de veracidad o de traducción en los quehaceres concretos de las escuelas. Por ejemplo, una sinrazón inexplicable en el nivel primaria es el afán de medir el aprendizaje, y traducirlo a escalas numéricas de asombrosa precisión. Nunca he entendido cómo le hace los profesores de primaria para asignarle a un pobre niño de siete u ocho años una cifra calificatoria con una precisión de décimas de punto. Así me enteré que mi hijita Yuriria, de siete años, aprobó el segundo año de primaria mediante la asignación escrupulosa de una calificación milimétrica: siete puntos con seis décimas, ni una micra más o menos. La puntual cifra es producto del promedio aritmético de todas sus calificaciones acumuladas en el año escolar. No hay lugar para ponderar el progreso anual o la rectificación de errores iniciales: se promedia con frialdad teutónica tanto las calificaciones finales como las iniciales. Si el pequeño comenzó flojo y terminó esforzado no se valora su cambio de actitud y su evolución superadora: se le califica como una entidad que no cambia ni madura, sino que se le asume como personalidad con pleno desarrollo y responsabilidad íntegra.
Esto es un absurdo que no ha sido reconocido ni corregido por nuestras autoridades educativas. Es una evidencia más de que nuestro sistema privilegia la calificación cuantitativista por sobre el crecimiento cualitativo e intelectual de los pequeños. Nuestro esquema es formalista hasta el absurdo, y premia al memorioso y al machetero por sobre el creativo y el inteligente. Es por eso que los hijos de nuestros migrantes, al ser cambiados de escuela e ingresar a las instituciones de los Estados Unidos, con frecuencia sufren una descompensación y una crisis al involucrarse con un sistema menos formalista y más constructivista. Muchos paisanos que viven en el país norteño tienen la falsa impresión de que la educación es “mejor “ en México, ya que ellos mismos se educaron en un modelo conductista, punitivo y nulificador de la iniciativa personal. Muchos chicos padecen de inadaptación al nuevo sistema cualitativista, pero otros se incorporan sin problemas y desarrollan sus capacidades poco conocidas y más creativas.
Y esto viene a cuento porque mis propios hijos se acaban de matricular en escuelas públicas de California, y es claro que ellos mismos padecerán esta no tan pequeña crisis de adaptación a un modelo más abierto y reconociente. Por lo pronto, les dejo estas inquietudes y con ellas mi solicitud para que el gobierno estatal, pletórico de universitarios que se cobijan bajo la conveniente bandera de un gobierno que se pretende “humanista”, actúen al fin a favor de la modernización de nuestros esquemas pedagógicos y que finalmente alcancemos el ideal de lograr una “educación para todos” sin traicionar nuestra esencia y nuestra personalidad.
Les mando un abrazo desde la templada Tijuana que me alberga desde la semana pasada.

viernes, 15 de octubre de 2004

Frontera de tragedia

El pasado 2 de octubre se conmemoraron los primeros 10 años de haberse iniciado la fatídica operación “Guardián” (Gatekeeper) en la frontera de México y los Estados Unidos. Esta operación ha significado la restricción radical de los flujos de trabajadores indocumentados que circulaban a través de espacios geográficos tradicionales, como el área de Tijuana-San Ysidro, que debido a su grado de urbanización y acceso a comunicaciones no significaban mayores riesgos a la integridad física de aquellos que se aventurasen sin papeles en el vecino país norteño. Esos flujos humanos no se han detenido nunca, pero ahora se han redireccionado hacia áreas y regiones sumamente hostiles para ser transitadas por personas que no cuenten con la experiencia y las protecciones mínimas que demanda un desierto en extremo seco y caluroso. Además, esos grupos de emigrantes se deben enfrentar ahora a grupos de vigilantes e incluso milicianos que se han dado a la tarea de dar caza a seres humanos bajo el pretexto de proteger sus ranchos o bien “ayudar” al gobierno federal de aquel país a mantener sus fronteras “seguras” y bajo control.
Si antes los lugares de paso de los aspirantes a conquistar el sueño americano eran los estados de California y Texas, hoy en día es la frontera con Arizona, en medio de su terrible desierto, la que acumula la mayor cantidad de cruces de indocumentados, y por lo mismo donde se acumula la mayor cantidad de decesos, accidentales o no, de trabajadores honestos que su único pecado fue haberse atrevido a ignorar la línea imaginaria de una frontera que no existe más que en la perversidad de la política internacional.
En esos diez años se han acumulado más de tres mil personas muertas, la gran mayoría de ellas mexicanas, que han sucumbido al calor, al agotamiento o bien han sido víctimas de accidentes, de vigilantes o de la propia patrulla fronteriza, la funesta border patrol, que ha visto incrementar sus recursos y su personal de forma espectacular en esta década. Hoy en día es una de las policías federales más numerosas y pudientes de aquel país, reflejo del aislacionismo norteamericano y de una creciente xenofobia, que es incomprensible para un país que nació precisamente de la inmigración.
La frontera es, en la práctica, una zona de guerra. Tan sólo el año pasado fueron 390 los muertos entre los migrantes, lo que equivale a más de uno al día. De ese número los guanajuatenses llegaron a significar, según recuerdo, alrededor de 70.
El incendio en Columbus Ohio del 12 de septiembre pasado, aparentemente provocado por alguna organización criminal xenofóbica, o bien el apedreo reciente de las mujeres migrantes de Cortazar, a quienes la patrulla fronteriza impidió cruzar el río bravo y por ello perecieron ahogadas, refleja los extremos a los que se ha llevado esta situación. Es realmente preocupante que dos países no puedan ponerse de acuerdo para salvar centenares de vidas de seres humanos honestos e inocentes, y que en cambio se incremente la xenofobia, el racismo y la discriminación, cuando en realidad ellos no pueden vivir sin nosotros y nosotros (aunque no nos guste admitirlo) no podemos vivir si ellos. Los nacionalismos trasnochados y los radicalismos sólo empeoran una situación que ha llegado a extremos dramáticos.
Considero que el gobierno mexicano hace menos que lo que debería hacer en estos casos. Los 43 consulados mexicanos en los EU padecen de una escasez endémica de recursos, y para defender los derechos de los connacionales, o bien impulsar la investigación de los casos de agresiones o violación a sus derechos, deben con frecuencia hacer uso de voluntarios o bien de asociaciones civiles que tampoco abundan en recursos. Nuestro gobierno federal debería invertir cantidades sustanciales en la contratación de bufetes de abogados, de investigadores privados, y apoyar a los activistas en pro de derechos humanos para consolidar un frente de defensa que sea sólido y agresivo. Trescientas vidas al año bien lo valen.

viernes, 24 de septiembre de 2004

México por carretera

Acabo de realizar un intrépido periplo por 2,600 kilómetros de las carreteras de México. Se me ocurrió la no muy brillante idea de que, viviendo como estoy ahora en la ciudad de Tijuana, me era más económico traerme mi automóvil personal –mejor dicho el de mi esposa—, seminuevo, antes que comprar alguna carcacha de mil dólares que me podría dejar tirado en las autopistas del norte de California, donde ahora viven mis hijos y mi señora, todos de sabático junto con el papá.
Aunque me lo advirtieron, nunca quise creer en las historias macabras de un viaje agotador por carreteras carísimas y en pésimo estado. Ingenuo, me dejé llevar por la buena impresión que me han dejado las freeways de los Estados Unidos, donde he podido manejar largas distancias sin mayor desgaste o angustia, siempre descansando en las Rest Areas que están limpias, bien acondicionadas y bien vigiladas. Por eso no me contuve en emprender un viaje de tres días –había que hacer escalas pues viajé solo— que de un tirón habría significado 32 horas de camino. Alguna vez transité por esos caminos en un cómodo camión Tres Estrellas que sin broncas lo traslada a uno de Guanajuato a Tijuana en 50 horas. Lo único de lo que había que preocuparse es por matar el aburrimiento y dormir sin que se le tuerza el pescuezo a uno.
Nuestro país, en siete décadas de desarrollo carretero, no ha sido capaz de hacerse de un sistema de autopistas que facilite el tránsito de bienes y personas entre los extremos de nuestro enorme territorio nacional. El ferrocarril fue miserablemente abandonado desde los años setenta, y todo ese flujo de carga se volcó hacia las insuficientes y defectuosas carreteras nacionales, saturándolas y deteriorándolas. Hoy día no se puede entender que entre Guadalajara, Tepic y Mazatlán, por ejemplo, que son polos de desarrollo regional de gran importancia, no exista más que trozos descompuestos de carretera de doble carril. Gran parte de esa vía sigue integrada por una ruta endeble de dos sentidos, donde los numerosos camiones de carga imponen su pesado y lento ritmo a toda la circulación. Miles de tráileres y vehículos de carga de todo tipo congestionan las vías que comunican el centro, el occidente y el norte del país, las regiones de mayor desarrollo relativo. No es difícil entender por qué no podemos lograr índices de crecimiento económico como los de China, que mueve su carga por medio de una inmensa y poderosa red de canales que desde hace miles de años permite una circulación fluida entre sus regiones. Ellos ni siquiera requieren de carreteras. Europa, Japón y los Estados Unidos mueven la mayor parte de su carga por medio del ferrocarril, que compite sin problemas con las carreteras, también congestionadas, pero allá lo son por vehículos de uso personal y familiar.
Me dio mucha tristeza constatar en el terreno que no existe ninguna política integral de expansión y mantenimiento de nuestra red carretera. Si existiera, se podría constatar cierta uniformidad al menos en las vías federales, que hoy día carecen incluso de asignación de número secuencial que las identifique. Cada tramo es diferente al anterior. A veces se transita por una buena y cómoda autopista, y al poco rato se transforma en un camino apenas asfaltado, lleno de baches y charcos, sin ningún tipo de peralte o acondicionamiento. Varias “autopistas de cuota” apenas merecen el primer apelativo: llenas de peatones, camiones suburbanos, cruce de animales, obras de reparación que aparentan estar abandonadas, etcétera. Pro eso sí, con una buena caseta de cobro…
Y ni qué decir del costo que debemos cubrir los que nos atrevemos a circular por las carreteras de México. De Guanajuato a Tijuana pagué 1,395 pesos en 26 casetas (!) La gasolina apenas me representó un poquito más de esa cantidad. De veras no puede ser. En nuestro país no existe la libertad de circulación en los hechos. Ya me imagino si me hubiera atrevido a transitar por las carreteras “libres”, que deben ser auténticas brechas para burreros.
Y hay que mencionar la quincena de puestos militares donde debe uno detenerse a explicarle a un sardo lo mismo que al del puesto anterior: “no soy traficante de drogas o de armas, lo juro, pero ándele: revise otra vez mis maletas y vehículo”. ¿Y si se me ocurre hacer valer mis derechos constitucionales y negarme a la inspección? ¡Huy! Mejor ni pensarlo. Pero también existen la media docena de puestos de control fitosanitario, donde hay que dejar que manoseen de nuevo nuestras maletas, pero ahora en busca de frutas o animales. Y lo que me da más coraje es que todos esos operativos no están pensados para proteger a nuestro país del azote de la droga o las epizootias, sino para darle gusto a los vecinos del norte, que obligan a nuestro gobierno a agredir a sus ciudadanos sometiéndolos a estas inspecciones humillantes.
En fin, que la experiencia dio para mucho, pero concluyo que nada mejor para tomarle el pulso a un país subdesarrollado como el nuestro que viajar por tierra y testimoniar nuestras enormes carencias. ¿Cuándo tendremos las vías y los recursos que nos permitan despegar? Habrá que preguntárselo al sofisticado arquitecto Cerisola y Weber… o bien a su sucesor.

viernes, 17 de septiembre de 2004

Himno y símbolo

Los símbolos, cualquiera que sea su naturaleza, siempre hacen referencia a situaciones ideales, que raramente coinciden con los objetos o circunstancias concretas que pretendidamente representan. Los seres humanos somos propensos a idealizar simbólicamente nuestro entorno, y a través de los símbolos nos damos referentes y puntos de apoyo que nos proporcionan seguridad mediante la sensación de que controlamos nuestra coyuntura. Así funcionan las ideologías, los nacionalismos y las religiones: como sistemas de referencia simbólicos que nos dan certidumbre y sensación de control, aunque en gran medida ilusorios.
El nacionalismo se basa en un sistema de símbolos que permiten a una comunidad compartir valores reales o ficticios. Por ejemplo, nuestra mexicanidad se recrea en símbolos como el de la lengua, la música, el vestido y las tradiciones populares, que son referentes reales que en efecto comparte una comunidad concreta unida por una cultura y una historia comunes. Esos son los elementos reales de la nacionalidad; no son nociones imaginarias, sino manifestaciones concretas de un conglomerado efectivo y actuante, que ha sabido construir un proyecto compartido de lo que en ciencia política denominaríamos Estado, el producto político-organizacional de los nacionalismos.
Hay otros elementos de las nacionalidades, que son más abstractos y artificiales. Muchos de ellos han sido recreados –o inventados—desde el Estado para justificar o sustentar su existencia. Tal es el caso de la bandera y el himno nacionales, que siempre son decididos y establecidos desde la cúpula estatal e impuestos a la población como “los símbolos” de la Nación. Por ejemplo, nuestro himno es producto de una convocatoria, de un concurso, y una posterior imposición desde el poder. No hay raíces populares en su manufactura, como sí ocurrió con los casos paradigmáticos de La Marsellesa de la Francia revolucionaria –de autor anónimo--, o el poema patriotero de Francis Scott Key, “La bandera de las estrellas centelleantes”, que acompañó con una vieja canción inglesa de taberna para luego convertirse, por el uso, en el himno norteamericano. Estos dos últimos casos fueron menos artificiales que el mexicano, pero también ilustran cómo el Estado recrea a la Nación, la redefine y en buena medida la inventa.
Nuestro himno nacional tiene fecha de cumpleaños muy precisa, gracias a las circunstancias de su nacimiento. Son ya 150 años de historia formal, pero de historia real como símbolo nacional apenas podría contar con 60 años, si nos remitimos al decreto de Manuel Avila Camacho que lo formalizó como tal. No fue un cántico popular, mucho menos para los liberales, que siempre lo relacionaron con la megalomanía de Santa Ana. Muchas otras melodías, mexicanísimas en su origen y en su naturaleza, podrían haber sido consideradas como potenciales himnos, que reflejasen con más atingencia los matices del alma mexicana. Sin embargo el Estado mexicano posrevolucionario optó por este cántico belicoso, anacrónico y prácticamente desconocido para el común de la gente. Si hoy en día los mexicanos conocemos la letra y la música –y las conocemos por demás muy mal— es porque se nos impuso desde la escuela y por ello repetimos las estrofas sin tener idea de lo que dicen. No por nada es tan popular ese extraño enemigo de los mexicanos: ese masiosare de antología que deben combatir los soldados que dios le dio a la piensa opatria querida.
El secretario de Gobernación convocó el pasado día 15 a un homenaje nacional a ese símbolo patrio. Estoy seguro de que el 98% de los mexicanos no atendieron al llamado de interpretarlo al medio día, ya que nadie en su sano juicio desea hacer el ridículo poniéndose a cantar como perturbado en medio de la calle, en el mercado o en el trabajo. Me pareció francamente lamentable que se recurra a este tipo de recursos tan poco imaginativos para fomentar el nacionalismo. El cantar el himno en hora y en lugar poco apropiados no incrementa nuestro amor a la patria; lo único que produce es incomodidad y malestar al saberse manipulados por las ocurrencias de algún burócrata que así justificó su sueldo ante sus jefes en Gobernación.
El himno nacional debe limitarse a las circunstancias que justifiquen su interpretación: en ceremonias formales, con la parafernalia adecuada que realmente ayude a reforzar su papel de símbolo y referente de una Nación. Me parece absurdo imponer a la población acciones patrioteras que sólo nos faltan al respeto como ciudadanos y abaratan los mismos símbolos nacionales a los que se pretende homenajear. Por favor, no lo vuelvan a hacer.

viernes, 10 de septiembre de 2004

Rumbo a noviembre

Casi sin pretenderlo, pude dar seguimiento televisivo a las convenciones nacionales de los partidos Demócrata y Republicano de los Estados Unidos, que se celebraron en Boston a principios de agosto, y en Nueva York a principios de septiembre. Me soplé buena parte de las transmisiones en vivo, con montones de entrevistas y muchos encendidos discursos de los partidarios de los candidatos respectivos, John F. Kerry y George W. Bush.
Muchas cosas me llamaron la atención acerca de lo diferente que se practica la política de altos vuelos en ese país y en el nuestro. Sus alocuciones son tan vacías de contenido y tan simplificadoras de la realidad como las que nos dedican nuestros líderes mexicas, pero al mismo tiempo me parece que la visión de la cosa pública entre los dirigentes gringos tiende más a la esperanza y al optimismo. Por supuesto, tanto demócratas como republicanos conciben a su patria como la detentadora de los mejores valores, la mejor forma de vida y la dueña única de la verdad sobre el mundo todo. Hay mucho de obnubilación hacia sí mismos y no logran superar su provincianismo aislacionista, que los lleva a concebir a la política exterior como una extensión inevitable y de menor importancia con relación a la política interior.
En el caso de los demócratas, debo reconocer que entre ellos fue evidente un mayor compromiso hacia los asuntos de orden global, macro ecológicos y de solidaridad con el resto de los pueblos del mundo. No dejan de ser parroquiales, pero al menos voltean a su derredor y se dan cuenta de que su país, con todo y ser la única mega potencia sobreviviente de la barbaridad de la guerra fría, se encuentra en íntima relación con el resto del mundo, y que depende en buena medida de una creciente capacidad para establecer metas comunes de orden global: un compromiso integral de la humanidad con su propio futuro y el de su espacio vital.
Los republicanos se regodean en su fanatismo catastrofista. El terrorismo internacional, que ellos alimentaron en su tiempo, los conduce a demonizar a los pueblos que, como el islámico, han padecido los azotes de la política imperial que se impuso en el siglo XX en orden de garantizar la primacía de los intereses del gran capital por sobre los de las sociedades. Estoy convencido de que el terrorismo no es la causa de la inseguridad en que viven los norteamericanos comunes, sino más bien la arrogancia obtusa de un modelo de relaciones internacionales que todavía hoy se basa en la barbarie de la ley del más fuerte –el Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo— y en el principio de la necesaria disimetría entre las urgencias sociales y las necesidades de la macro economía oligárquica.
Los republicanos fueron, en general, más radicales y esquemáticos en sus conceptos. La máxima que reiteraron con afán fue que sin Bush el terrorismo florecerá e incluso hará palidecer al 11 de septiembre (Dick Cheney dixit). Es un llamado al “voto del miedo”, que tan bien conocimos en México en 1994. Ofrecen continuar con el recorte de impuestos, con su consecuente recorte en los gastos sociales –aunque esto se guardan de mencionarlo. Incluso se evidencia ya una fuerte corriente de opinión que desea ver al neonazi Schuartznegger en la carrera presidencial del 2008, aunque esté impedido por su origen extranjero –sin embargo no es un “alien”: es un güerote germánico que nunca padeció las persecuciones que la migra dedica a los morenitos “greasers”. Y para colmo los abucheos de la convención a cada mención de la ONU me convencieron de que ese partido padece una miopía espectacular.
Creo no exagerar si afirmo que esta será una de las elecciones presidenciales de más trascendencia para nuestro país. Los Estados Unidos se encuentran en una encrucijada, y lo malo es que su decisión jalará los destinos del resto de los pueblos del mundo. La esperanza y la fe que se derramó en la convención demócrata, que contrastó con el acartonamiento de la republicana, me contagiaron y me sembraron el anhelo de que los electores de ese país opten por la candidatura que reintegre a los Estados Unidos al curso histórico que los una con los destinos el resto del planeta, y que no continúen navegando a contracorriente por el delirio del terrorismo. El resto del mundo, los 5700 millones de seres humanos que NO habitamos en los Estados Unidos, requerimos que ese país, que concentra la cuarta parte de la riqueza y el poderío bélico mundial, se reintegre a la política humanista y solidaria, como la que nos mostró Clinton en los casos de Somalia, Croacia y otras intervenciones avaladas por la ONU, donde se salvaron vidas y no intereses.

viernes, 3 de septiembre de 2004

Cuarto para las doce

El cuarto informe presidencial ha sido considerado tradicionalmente como el momento cúspide de las administraciones sexenales, cuando el presidente en funciones ha concentrado en su derredor los factores del poder real que le permitirán culminar el último tercio –el del descenso imparable hacia la sucesión– con los amarres necesarios que definirán el proyecto paradigmático de su gestión. Así fue con Zedillo, quien gozó de sus mejores momentos en la segunda mitad de su sexenio; o bien con Salinas, quien culminó sus dos últimos años con el mayor poder personal que haya acumulado un presidente desde tiempos de Alemán o Cárdenas. Es el momento de los cierres y de las cada vez más frecuentes despedidas, pero también el de la ponderación de las bondades –si las hubo—del proyecto saliente y propósito distintivo. Salinas, por ejemplo, realizó sus reformas más trascendentes en el año previo al del cuarto informe. Algo similar sucedió con Zedillo, quien concretó una de las reformas políticas más importantes en 1997. En fin, que se trata de la etapa cimera, el pináculo de un poder predestinado a ser eclipsado en su fase crepuscular por el candidato a sucederlo.
En esta ocasión las cosas aparentan ser diferentes. El presidente Fox no ha podido prácticamente ninguna de las grandes reformas que urgen en el país, comenzando por la fiscal. La única reforma de trascendencia, que fue bien ponderada en el informe, fue la referida al nuevo y deprimido estatus con el que se inauguran los nuevos trabajadores que se integren al IMSS. Se salvaron así las finanzas de un instituto que nunca se manejó con la previsión necesaria, y se le facturó su salvamento a las generaciones futuras de médicos, enfermeras y personal de apoyo que entren a laborar a partir de este año, con lo cual se habrán creado dos estatutos diferentes para trabajadores que en la práctica hacen lo mismo, sólo que unos entraron “antes” de la fecha mágica, y otros, para su desgracia, lo hicieron “después”.
El presidente no dio su informe desde la cúspide de su poder. Lo dio desde los bajíos de los que no ha podido separarse desde sus comienzos bisoños en los intríngulis incomprensibles del poder público. Su autoridad ha sido retada hasta por su afanosa compañera matrimonial. Sus colaboradores lo han abandonado una y otra vez, ya sea en medio del escándalo –al estilo Durazo— o bien de forma discreta –a la manera de Gertz Manero--, pero sin ocultar el hartazgo o la decepción ante un talante dubitativo y caótico para ejercitar las facultades presidenciales. Es claro que la actual administración ha carecido de cohesión y de liderazgo que permitiera mantener no solamente el orden interno en el equipo de trabajo, sino también presentar un frente común y coherente con el resto de los actores del poder, particularmente con la oposición. Ninguna reforma puede pasar sin altas dosis de convencimiento y negociación con los rivales –que no enemigos— a quienes hay que inducir y atraer hacia las bondades de las metas comunes. Esa facultad, esa habilidad ha faltado en estos cuatro años.
Es lamentable que, a dos años del término de esta regencia, aún no se cuente con un proyecto mínimo unificador. La inercia sigue imponiendo su fuerza, y muchos nos preguntamos en qué consiste la innovación dentro del gobierno de la alternancia: ¿en el cambio de las personas a cargo de los despachos? ¿En que ahora sí prevalece la libertad y la democracia? ¿En que ahora no se nos miente ni se nos da gato por liebre? Si esto es así, me parece que es un avance todavía muy limitado. No basta ser honesto para gobernar bien –aunque sin duda siempre es preferible un honesto torpe a un pillo habilidoso. La administración pública no se parece a la administración de las empresas, aunque esta es una premisa que con frecuencia defienden los tecnócratas. Hay factores de planeación, centralización y racionalización que sí son compartidos, pero no encontramos el componente solidario que es inmanente a lo público. Las demandas de los conjuntos sociales son cambiantes, dinámicas y siempre urgentes, por lo dramático de su carácter de elemental supervivencia. En cambio, los “clientes” suelen ser identificados en nichos de mercado, que cambian menos y sus necesidades son proporcionales a sus ingresos.
En fin, que el informe pareció ser diferente en todos los sentidos a las cuartas ediciones de los presidentes anteriores. Y no lo digo por un mayor sentido republicano, sino por la evidencia de que la administración ya hace maletas cuando aún no ha podido cuajar un proyecto propio. Las grandes reformas se quedarán para después, a la manera de los 16 megaproyectos que Fox prometió en sus tiempos de gobernador. Muchas buenas intenciones, buenas ideas, pero imposibilidad de concretarlas. Y me pregunto: ¿lo mismo nos espera con Creel, Madrazo o López Obrador? Parece ser que tenemos ausencia de liderazgos ligados con la eficacia.

viernes, 13 de agosto de 2004

La victimización del IMSS

Los liderazgos político-hegemónicos en México atraviesan por un momento de difícil transición, desde un origen populista-autoritario (viejo PRI) hacia un nuevo modelo basado en la eficiencia tecnocrática y un “conservadurismo compasivo” que baña su sucia conciencia social en un neopopulismo que se solidariza únicamente con los pobres con iniciativa. Es decir, me refiero a la nueva clase tecnocrática que hoy domina en el PAN y en el PRI, e incluso ocasionalmente en el PRD. La clase política panista está evidenciando que no es muy diferente a la predominaba en los tiempos de los gobiernos priístas posmodernos (esos que desde hace rato habían renunciado al legado de la mítica Revolución mexicana), ya que se rigen por las mismas prioridades, todas ellas de corte macro económico y micro social. Los jóvenes administradores del gobierno estatal y federal, egresados de universidades privadas y enamorados de la idea de enriquecerse a partir de su habilidad para detectar negocios o bien alternativas de financiamiento público, no son muy diferentes a los chavos priístas, esos egresados de universidades públicas pero con posgrados en el extranjero, y que se asumían como detentadores de la última verdad.
Con preocupación detecto una creciente indiferencia hacia los requerimientos de los conjuntos más desamparados de la sociedad nacional. En el discurso todos asumen dicha preocupación, pero en la realidad de los números y de la trascendencia de los programas de gobierno, se detecta ese decaimiento. Últimamente, el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social ha vuelto a poner en la palestra la “política de los pirrurris” neomonetaristas y ultraliberales, que se aferran a la idea de que los servicios sociales, entre ellos la jubilación de los trabajadores, debe ser sufragada en su totalidad por los trabajadores, extrayendo al Estado de su obligación constitucional de proveer los mecanismos que hagan posible el bienestar comunitario de largo plazo, entre ellos la salud, la educación, la seguridad social y la seguridad pública.
Es impresionante cómo el bien pagado yoopie Santiago Levy y toda una pléyade de tecnócratas y de políticos mal informados han defendido la necesidad de que las futuras generaciones de trabajadores del IMSS deban asumir los costos de cinco décadas de malas decisiones gubernamentales, y cómo se está excusando al Estado mexicano de la responsabilidad de haber sustentado el crecimiento del instituto en los fondos que aportaron durante décadas los trabajadores propios y ajenos al IMSS. Nunca se previó la necesidad de salvaguardar los fondos básicos para sostener las pensiones y se dilapidaron (o bueno, concediendo, se invirtieron) en infraestructura y en programas de expansión de los servicios de esa noble institución. Ahora la factura se le endosó a la parte más débil de la ecuación institucional: la siguiente generación de trabajadores que se incorporarán en el futuro inmediato.
He escuchado en varias ocasiones al líder sindical del IMSS, y sus planteamientos me han parecido responsables y viables. Concuerdo en que el instituto atraviesa por una situación insostenible, pero el remedio no debe limitarse a la cancelación de derechos a los futuros trabajadores. Aunque tampoco concuerdo con los argumentos del PRD, que ha asumido una actitud tremendista con su artificial parangón con el Fobaproa, sí considero que el Estado y los empresarios deben contribuir en este rescate, pues gracias a los fondos de los trabajadores el instituto se expandió durante décadas y se convirtió en uno de los organismo de seguridad social más importantes del mundo. Durante los sesenta y setenta el IMSS era una de las instancias que más invertían en sus instalaciones, que más gastaban en capacitación, que mejores sueldos pagaban a sus trabajadores. La crisis de los ochenta y noventa, la explosión demográfica y la imprevisión injustificable de sus directores condujeron a la situación lamentable de hoy en día. La responsabilidad no está de lado de sus trabajadores, quienes obtuvieron ventajas de las que aún gozan otros gremios, como el petrolero, el electricista e incluso el magisterial, pero eso fue gracias a una clara capacidad de negociación política con el Estado y la dirección del instituto, sin necesidad de recurrir a la huelga. Sí creo que el gobierno federal debe acudir decisivamente en apoyo de la institución de mayor trascendencia social del país, haciendo de lado los dogmas del modelo liberal a ultranza, gran máquina creadora de pobres, pero ineficaz para garantizar bienestar y desarrollo social para las mayorías.

viernes, 6 de agosto de 2004

De informes y más

Dos importantes informes se sucedieron esta semana: el del gobernador Juan Carlos Romero el domingo y el del rector Arturo Lara el miércoles. Con estilos diferentes, ambos expusieron sus respectivas versiones sobre el avance de las comunidades que gobiernan. Es evidente y natural que ambos hayan intentado bien ponderar sus méritos, sin destacar demasiado –o incluso ignorando los rezagos y contrariedades que inevitablemente padecen los conjuntos que conducen. Por supuesto, no es prudente comparar sus ejercicios pues se gestan en contextos y realidades muy diferentes, pero sin duda la tentación es mucha, pues ambos personajes provienen de una matriz universitaria común, y al gobernador con frecuencia se le ha señalado e incluso criticado su estilo “academicista” y casi culterano de ejercer la comunicación, con su evidente inclinación didáctica cuando expone cualquier tema, aficionado como es a sazonar su discurso con citas abundantes de pensadores no siempre famosos, pero sí densos. El Rector también gusta de esta modalidad discursiva, y eso acerca sus estilos.
Sobre el informe estatal me llamó la atención el dato de que se dedicó un millón de pesos diario al desarrollo social. Quiso dársele el tono de una gran cosa. Pero como siempre habrá que preguntarse sobre la efectividad de dicha inversión, pues es muy importante conocer el desempeño de los programas concretos a los que se canaliza. A veces pareciera mejor repartir directamente los recursos destinados a apoyar a los pobres, antes que canalizarlos a través de instancias burocratizadas que tienden a engordar y a engullirse los dineros. Por supuesto esto es una simpleza de mi parte, pero sí quisiera llamar la atención sobre el hecho de que la mayoría de los programas oficiales de atención social no son sujetos a evaluaciones periódicas independientes que permitieran ayudar en su perfeccionamiento y su eficacia. Además, considero que 333 millones de pesos al año para el gasto social destinado a alrededor de 2 millones o más de guanajuatenses en situación económica precaria es todavía demasiado poco. Por ejemplo, me parece insuficiente haber dedicado 63 millones al programa Habitat, que atiende una de las necesidades más sensibles y urgentes de las familias pobres: la carencia de casa. Calculando que una vivienda popular puede costar un promedio de 200 mil pesos, significa que con esos recursos se pueden construir 315 habitáculos. Nada pues. Dedicar un 1.5% del presupuesto total del gobierno a la atención de los pobres no me parece evidenciar mayor compromiso.
Sobre el informe del rector Lara me llamó la atención el acento en el crecimiento numérico y en calidad de la institución. La UG, como el resto de las universidades públicas, está sujeta a un proceso de superación académica a través de mega programas como el PROMEP. Las bondades innegables de este proceso se ven atenuadas por la reiteración del centralismo exacerbado que practica la SEP en la imposición de sus programas superadores. La táctica de la zanahoria –la promesa de recursos a cambio de aplicar medidas concretas lastima la dignidad de instituciones que se asumen autónomas, pero que siguen padeciendo de penurias presupuestales muy graves, que impiden que puedan cumplir eficazmente su función social. A la UG le ha ido bien en este proceso de negociación dificultosa con la SEP, y se ha mostrado disciplinada en el cumplimiento de las reglas del juego. El subsecretario Julio Rubio ha puesto en claro su reconocimiento a esta institución estatal como la segunda más exitosa en el proceso de superar a su profesorado. Esto sin duda no es un mérito menor, que se ha traducido en un incremento impresionante en el número de académicos con posgrados, con actualización, con pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, y que participan cada vez más en programas con certificación de instancias de evaluación. También fue notable el proceso de expansión en el número de programas educativos y en la diversificación de su oferta y de su presencia en los municipios de la entidad. Ojalá se concreten pronto los campii académicos anunciados para León y Salamanca, con lo cual la UG se convertirá en una auténtica universidad del estado de Guanajuato. Y por supuesto, no puedo dejar de destacar el éxito obtenido en la promoción de nuevos espacios académicos para las ciencias sociales, como son las nuevas licenciaturas en Antropología Social y Sociología, mérito del Centro de Investigación en Ciencias Sociales (CICSUG).
Despido esta colaboración anunciando el inicio de mi sabático en la UG, y mi traslado a la ciudad de Tijuana, donde colaboraré con El Colegio de la Frontera Norte. Desde allá continuaré con mis correo-colaboraciones, aunque ahora seguramente con una diversificación de temáticas. Este “diario de campo” se abre ahora a mis percepciones de la política nacional y de la realidad fronteriza y binacional. Deséenme suerte.

viernes, 2 de julio de 2004

La sociedad indignada

Cuando la sociedad civil organizada se lanzó a las calles el pasado domingo en demanda de que el Estado mexicano y sus gobiernos garanticen el derecho básico a la seguridad en vidas y bienes, muchos nos sentimos sorprendidos por la magnitud del suceso. Los ataques y descalificaciones lanzadas por el jefe de gobierno de la ciudad de México contra dicha movilización, nos generaron desconcierto y evidentemente desconfianza. Muchos no deseamos vernos identificados con el Yunque o con cualquier organización de derecha radical, intolerante y sectaria. Sinceramente por eso no acudí a la correspondiente marcha en Guanajuato capital. Hoy me arrepiento de no haberlo hecho, al reconocer que la gran mayoría de (si no es que todos) los asistentes efectivos fueron ciudadanos honestos, participativos y hastiados de la lastimosa situación de la justicia y la seguridad en México.
En esto sí que metió la pata el peje. Trató de satanizar un movimiento social a partir de que algunos de los líderes están identificados con una ideología conservadora y puritana. Esto podrá ser cierto, pero eso no descalifica la profunda justicia de las demandas. Uno podrá ser de derechas o de izquierdas, y eso no nos hará inmunes o indiferentes a la violencia social, al allanamiento, a la violación, al secuestro o al asalto. Todos somos parte de la clientela de los maleantes.
Por otra parte, culpar sistemáticamente a los factores estructurales de los inquietantes índices de delincuencia, como lo hace el peje, es sacarle al bulto a una cuestión fundamental: el estado de derecho debe mantenerse vigente incluso en situaciones de crisis económica o social. El Estado tiene la obligación de aplicar la ley a toda costa, sin excusas. Es cierto que la degradación de los niveles de bienestar en las familias mexicanas ha lanzado a miles de individuos desesperados a transgredir las normas básicas de convivencia, pero eso no ayuda a explicar por qué los reclutas principales de las filas del crimen provienen de las policías, ni tampoco el que los ministerios públicos sean incapaces de culminar sólidamente las averiguaciones que sustentarán la aplicación de la justicia, o que los jueces todavía no sean garantes de objetividad y buen sentido, o que el poder económico de los narcos (y de otros) pueda aún corromper a oficiales y a políticos, o que la justicia se convierta en arma política (como paradójicamente le está sucediendo al peje), etcétera. El comportamiento de los agentes del Estado responsables de la prevención, la procuración y la impartición de justicia refleja no una crisis económica, sino una crisis moral y de ética personalísima. El bajísimo nivel educativo y cultural de los mexicanos se combina peligrosamente con una moralidad elemental, cerril, egoísta e incivil. Y eso es un caldo de cultivo moral para el florecimiento de actitudes hostiles hacia el prójimo, que se materializan en los abusos mutuos, la justificación familiar del abuso y la contracultura del cinismo. Crecientes sectores de la población urbana han incursionado en la oscurantismo moral que implica el aceptar y asumir que se puede vivir (y vivir bien) de la agresión, del abuso y del engaño. Y lo grave es que siempre habrá excusas para justificar la anomia social.
Aunque tarde (¡lo lamento!), me uno a las demandas cívicas en pro del respeto a nosotros mismos y el rechazo a toda forma de sometimiento y humillación de los justos en manos de los prevaricadores. Y si la derecha extrema lo pide, los de centro y los de izquierda deben apoyarlos, pues estamos hablando de la supervivencia misma de la sociedad en que vivimos. Los derechos humanos fundamentales no son materia de debate político o de acuerdos de élite, deben ser más bien uno de los pocos puntos de confluencia ideológicos, y que no se cuestione la importancia de que sean respetados sin chistar.
Felicito a los organizadores y a la propia sociedad y su opinión pública por el éxito de la mega marcha. No me importa que algunos de ustedes difieran de mis formas de pensar; al final lo que trasciende es nuestra naturaleza ciudadana común y la demanda de un mundo mejor para nuestros hijos, al menos similar al que nos heredaron nuestros padres hace 20 años, cuando México era considerado en el mundo como un país pacífico y emprendedor.

viernes, 25 de junio de 2004

Ciencias sociales y Universidad

El Consejo Universitario de la Universidad de Guanajuato aprobó el miércoles pasado un paquete de cinco nuevos programas educativos, consistentes en cuatro licenciaturas y una maestría. El Rector Lara destacó que desde 1974 esa casa de estudios no había emitido tal cantidad de programas de un solo tirón, lo que confirma que ¡por fin! la universidad pública de la entidad confirma su voluntad de expandir su oferta y beneficiar así a los sectores de la población que se encuentran marginados del acceso a educación superior por sus altos costos. De las cuatro nuevas licenciaturas, tres corresponden al área de las ciencias sociales: Sociología, Trabajo Social y Antropología Social. Todas para comenzar a impartirse en agosto próximo. Las dos primeras serán ofrecidas en la ciudad de León, cuya problemática social es ya de tal complejidad que uno no puede explicarse por qué se tardó tanto en tener esas opciones formativas, que tienen relación con el conocimiento y la atención de los requerimientos de comunidades urbanas y sociedades complejas.
La escuela de Psicología se hará cargo de sostener la licenciatura en Trabajo Social. No existen en el país más que otras dos carreras en ese campo (en la UNAM y en la UANL). Hasta la fecha la labor importantísima del trabajador social era materia de capacitación a nivel técnico, impartida por un enjambre de academias y escuelas de incierta calidad. Con esa licenciatura se avanzará a la profesionalización de un oficio que demanda una gran sensibilidad social, así como capacidades y competencias de nivel superior que garanticen intervenciones óptimas en situaciones sociales de riesgo o de compromiso.
La licenciatura en Sociología, que estará a cargo de los profesores del Centro de Investigación en Ciencias Sociales (CICSUG), será impartida en las instalaciones que ahora se denominan Unidad Centro Histórico León (Alvaro Obregón 308). Se ha diseñado un programa de excelencia académica, que se apoyará en un profesorado de alta calidad (doctorados, miembros del SNI, investigadores). El objetivo es formar profesionales con una sólida y rigurosa formación científica, metodológica y técnica que les permita analizar y comprender la realidad social como una totalidad, con la capacidad de proponer soluciones a la problemática social que se les presente en sus diferentes ámbitos de acción. Tiene una orientación práctica que pretende formar especialistas que contribuyan efectivamente a conocer mejor y ayudar a resolver los dilemas sociales: la pobreza, la violencia social, la ignorancia, la desintegración comunitaria, la conflictividad política y muchas otras cuestiones vinculadas a la convivencia grupal. Su campo de trabajo es muy amplio, pero poco reconocido en un estado carente de sociólogos, como es Guanajuato. Pueden –y deben trabajar en el sector público, en el ámbito educativo, en el sector social, en las organizaciones de la sociedad civil, en los organismos empresariales, en los sindicatos, en los partidos políticos, etcétera.
También se aprobó la licenciatura en Antropología Social para el CICSUG, y será impartida en la ciudad de Guanajuato, a fin de fomentar sinergias con especialidades hermanas como la historia, pero también en sintonía con la vocación cultural de esa capital. Con frecuencia el antropólogo social es confundido con especialistas fraternos como el arqueólogo, el paleontólogo, el antropólogo físico o incluso con los pseudo antropólogos gnósticos y practicantes del esoterismo. Ese es un error común, que habrá de ser despejado conforme la especialidad eche raíces en nuestro entorno social. El campo de desarrollo de la antropología social se ubica más bien en el análisis la dinámica social y cultural comunitaria, aplicando un enfoque holístico integral y metodologías particulares como el trabajo de campo, la observación participante, el método comparativo, la construcción de genealogías y su consecuente interpretación sintética, etcétera. El enfoque inductivo particularista caracteriza también a esta disciplina, lo que la contrasta con el enfoque sociológico-deductivo generalista. El supuesto teórico que subyace a la perspectiva antropológica es que las culturas no son compartimentos estancos sino elaboraciones humanas que inciden en la manera en que los grupos definen su realidad social, siendo simultáneamente susceptibles de modificación a través de la práctica.
Con estas nuevas opciones formativas, la Universidad de Guanajuato se abre de lleno –insisto: ¡al fin! a la generación de especialistas en el análisis de las esferas sociales, políticas y culturales que caracterizan a los conjuntos comunitarios de nuestra entidad y del resto del país. Abrimos la posibilidad de apuntalar un desarrollo social mejor fundamentado en el conocimiento formal, y no tanto en el empirismo y la improvisación. También se abre la coyuntura para estimular el debate informado acerca de ese entorno, tan carente de crítica y de opinión fundada. Enhorabuena.

viernes, 14 de mayo de 2004

La autonomía y sus asegunes

La Universidad de Guanajuato celebra los primeros 10 años de haberse concretado su autonomía. Este anhelo, que antes de 1994 no era compartido por muchos (aunque ahora todos se suben al carro de los créditos), vino a reconocerle integralmente a esta institución su dignidad como espacio franco a la circulación de las ideas, sin más límite que el respeto y la altura de miras. La transformación superadora de esta casa de estudios es algo innegable. Tan sólo hay que recordar la inveterada sujeción a los mandatos de los gobernadores en turno, que en no pocas ocasiones ignoraron y lastimaron el decoro universitario, al darle a su comunidad un trato burocrático y soberbio. Pero por supuesto, habrá más de algún malicioso que podría espetarme: ¿y eso realmente ha cambiado con la autonomía?
El autogobierno es un logro no menor para una entidad que debe regirse por prioridades académicas y no político-administrativas. Claro, tampoco podemos afirmar que la universidad es hoy ajena o independiente de los agentes externos, particularmente los poderes públicos. La interacción es siempre necesaria y sería ingenio negar que se dan influencias mutuas. Además, a una década de la autonomía uno de los actores principales de ese proceso, Juan Carlos Romero Hicks, ocupa hoy la titularidad del ejecutivo estatal. El fue un Rector poderoso, con la circunstancia de haber sido el último nombrado por el gobernador y el primero en ser electo por los órganos internos que creó la autonomía. Su parecer sigue siendo escuchado y sin duda influye informalmente sobre la política interna de la institución. Su carácter de universitario le da el derecho, pero su investidura actual representa un plus que no es posible ignorar.
Esto podría ser considerado como una amenaza real o potencial para la autonomía de la institución académica. La situación ha sido muy debatida en algunos momentos críticos, como cuando el exrector Ojeda fue invitado a colaborar con el gobernador. Creo que esto evidenció una intencionalidad velada que, sin violar la autonomía, alteraba los balances internos de la corporación, y al final se tradujo en un cambio de estafeta que pudo intuirse como orquestado desde el exterior de la misma. La autonomía no se violó nunca: sólo se ejecutó una buena jugada, mitad ajedrez, mitad carambola de dos (o incluso tres) bandas.
La lucha por la autonomía no fue nunca una causa popular antes de 1994. Su concreción no fue resultado de ninguna movilización de profesores, trabajadores o estudiantes. Los movimientos internos fueron escasos y poco nutridos, como el que protagonizó el Grupo Universitario a principios de los noventa, cuando sus integrantes año con año tomábamos por asalto espacios como la sala de prensa del Festival Cervantino para hacer inflamadas demandas públicas en pro de la autonomía. Al final el proceso se definió a partir de acuerdos tejidos en las cúpulas del ejecutivo y del legislativo, amén de la activa intervención del propio liderazgo universitario.
La celebración que realizará la Universidad de Guanajuato este lunes 17 en su auditorio principal será ocasión para que se reanime el debate, tanto interno como externo. Y cabría hacerse preguntas provocadoras, como hasta qué punto la autonomía se ha traducido en una real superación académica; o si realmente se ha traducido en una mayor participación de los universitarios en la toma de decisiones que los afectan; si la institución ha aprendido a manejar responsablemente su libertad; si ha sabido responder a la sociedad que le acordó su autoregencia; si su libre albedrío permitirá fomentar el pensamiento crítico, incluso rebelde; si sabrá reconocer con tolerancia las diferencias existentes entre los componentes de su comunidad interna, así como los de la comunidad externa; si en realidad no existe un latente “miedo a la libertad” (Fromm dixit) que se traduce en conformismo y apatía; en fin, podríamos seguir cuestionándonos sobre las bondades y los asegunes de la autonomía, pero preferiría concluir que siempre será preferible una libertad parcializada o influenciable que la sujeción lastimosa a la que se sometía la institución antes de 1994.

sábado, 1 de mayo de 2004

El pleito del agua II

El interminable asunto del diferendo sobre las aguas de la cuenca Lerma Chapala obliga a seguir reflexionando sobre el asunto. El viernes pasado se reunió en Querétaro la Comisión de Evaluación y Seguimiento del consejo de la cuenca, donde se “mayoriteó” a los representantes de Guanajuato y se asumió el acuerdo de destinar la totalidad de los excedentes de agua de los depósitos de la región en caso de que Chapala baje su volumen a 3 mil 300 millones de metros cúbicos, el 42% de su capacidad, el 1 de noviembre. De inmediato el gobernador Romero Hicks hizo saber que dicho acuerdo no tenía aún carácter de mandato, no hasta que la CNA realice una evaluación integral de las opciones de la cuenca. Fue más bien una reunión “consultiva”. Ricardo Sandoval Minero, el titular de la comisión guanajuatense del agua, amplió esta explicación en un estupendo artículo reciente donde explicó con mucha claridad los diferentes planteamientos técnicos que se han barajado en el consejo. Asegura que Guanajuato se inclina por el proyecto más integral, que no se limite tan sólo al rescate del cuerpo de agua chapalense (un espejo de agua, más que un lago), sino a la viabilidad social y económica de la región.
Curioso yo, decidí consultar los medios impresos jaliscienses para explorar cómo se ve este pleito desde allá. Revisé las abundantes notas que sobre este tema se han publicado en el diario Mural, que es parte del grupo Reforma. Lo primero que llama la atención es el radicalismo de las posturas expresadas por personajes como el impulsivo gobernador Ramírez Acuña, su folklórico secretario de gobierno Pérez Plazota y el titular de la CEAS, el peripatético damnificado del 22 de abril Dau Flores. Este último, por ejemplo, argumentó que los guanajuatenses avalaron con su presencia (aunque no con su voto) el acuerdo tomado, y que sin embargo “hay agua para todos” (he de suponer que se refiere al agua de los drenajes del sector Reforma… es broma).
Ramírez Acuña ya ha acumulado un rosario de citas célebres sobre este asunto, y todavía le agrega esta perla: “espero que entiendan los señores de Guanajuato [a las señoras ni las pela] que no hay ningún capricho de Jalisco, sino al contrario, estamos sí muy comprometidos para conservar el Lago más grande de México”. Y remata: "Chapala le da subsistencia hidrológica a la propia cuenca y que, pues ellos tienen que entender que si sobrevive Chapala sobrevivirán ellos como empresarios del campo, como agroproductores, como agricultores". A pesar de su estrambótica forma de expresarse algo entendí, y me pregunto: ¿el agua escurre para arriba? ¿Chapala propiciará más lluvias? ¿los agricultores transportarán sus productos en chalupas gracias al lago? No se entiende la lógica del gobernador vecino.
El 25 de abril Mural cabeceó: “Gana pleito Jalisco contra Guanajuato”. Es claro que el asunto no ha sido asumido en los medios de esa entidad como un tema de interés regional y ambiental, con consecuencias integrales que rebasan a la situación del lago de Chapala. No es posible que se aborde esta cuestión como un “pleito” donde el que gana es que tuvo “más pantalones”. Las declaraciones de casi todos los actores jalisquillos (diputados locales y federales, sus dirigentes de cámaras, sus funcionarios del ejecutivo) se regocijan de la posición maximalista de sus representantes, quienes incluso han llegado al extremo de vincular los debates con el asunto de la posible construcción de una presa sobre el río Verde, que ya pertenece a otra cuenca. Se asume así una franca posición de chantaje, donde el gobernador tapatío no se ha dejado apantallar ni por las amenazas del presidente Fox: “si no hay dinero federal, el Gobierno jalisciense asumirá por completo los costos [de la construcción de la presa de Arcediano], que suman 3 mil 200 millones de pesos obra para el abastecimiento de agua de Guadalajara.”
Si somos rigurosos, habría que reconocer que el Lerma es un río en crisis, que se vio privado desde hace cuarenta años de sus ricas raíces en Almoloya del Río, todo para poder surtir del agua al pozo sin fondo del Distrito Federal. Si buscáramos una solución más integral deberíamos demandar una disminución en los aportes al DF y una mejoría sustancial en el aprovechamiento de los afluentes del Lerma a lo largo de todo el trayecto. Todo esto suena extremadamente difícil, ante la enorme complejidad social de la región centro occidente del país. Pero no nos queda de otra. No podemos seguir jalando de una cobija que ya dio de sí; más bien hay que acomodarnos nosotros, los seres humanos, para que nos alcance a todos lo mejor posible, aunque sea un cachito, pero bien aprovechado. Hay que debatir con argumentos técnicos y de largo plazo. Las obras faraónicas no serán respuesta, sino paliativo: dentro de 20 años las broncas serán peores, y entonces sí serán los pantalones, y no las razones, los que definan a los ganones (permítaseme la involuntaria rima).