viernes, 13 de agosto de 2004

La victimización del IMSS

Los liderazgos político-hegemónicos en México atraviesan por un momento de difícil transición, desde un origen populista-autoritario (viejo PRI) hacia un nuevo modelo basado en la eficiencia tecnocrática y un “conservadurismo compasivo” que baña su sucia conciencia social en un neopopulismo que se solidariza únicamente con los pobres con iniciativa. Es decir, me refiero a la nueva clase tecnocrática que hoy domina en el PAN y en el PRI, e incluso ocasionalmente en el PRD. La clase política panista está evidenciando que no es muy diferente a la predominaba en los tiempos de los gobiernos priístas posmodernos (esos que desde hace rato habían renunciado al legado de la mítica Revolución mexicana), ya que se rigen por las mismas prioridades, todas ellas de corte macro económico y micro social. Los jóvenes administradores del gobierno estatal y federal, egresados de universidades privadas y enamorados de la idea de enriquecerse a partir de su habilidad para detectar negocios o bien alternativas de financiamiento público, no son muy diferentes a los chavos priístas, esos egresados de universidades públicas pero con posgrados en el extranjero, y que se asumían como detentadores de la última verdad.
Con preocupación detecto una creciente indiferencia hacia los requerimientos de los conjuntos más desamparados de la sociedad nacional. En el discurso todos asumen dicha preocupación, pero en la realidad de los números y de la trascendencia de los programas de gobierno, se detecta ese decaimiento. Últimamente, el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social ha vuelto a poner en la palestra la “política de los pirrurris” neomonetaristas y ultraliberales, que se aferran a la idea de que los servicios sociales, entre ellos la jubilación de los trabajadores, debe ser sufragada en su totalidad por los trabajadores, extrayendo al Estado de su obligación constitucional de proveer los mecanismos que hagan posible el bienestar comunitario de largo plazo, entre ellos la salud, la educación, la seguridad social y la seguridad pública.
Es impresionante cómo el bien pagado yoopie Santiago Levy y toda una pléyade de tecnócratas y de políticos mal informados han defendido la necesidad de que las futuras generaciones de trabajadores del IMSS deban asumir los costos de cinco décadas de malas decisiones gubernamentales, y cómo se está excusando al Estado mexicano de la responsabilidad de haber sustentado el crecimiento del instituto en los fondos que aportaron durante décadas los trabajadores propios y ajenos al IMSS. Nunca se previó la necesidad de salvaguardar los fondos básicos para sostener las pensiones y se dilapidaron (o bueno, concediendo, se invirtieron) en infraestructura y en programas de expansión de los servicios de esa noble institución. Ahora la factura se le endosó a la parte más débil de la ecuación institucional: la siguiente generación de trabajadores que se incorporarán en el futuro inmediato.
He escuchado en varias ocasiones al líder sindical del IMSS, y sus planteamientos me han parecido responsables y viables. Concuerdo en que el instituto atraviesa por una situación insostenible, pero el remedio no debe limitarse a la cancelación de derechos a los futuros trabajadores. Aunque tampoco concuerdo con los argumentos del PRD, que ha asumido una actitud tremendista con su artificial parangón con el Fobaproa, sí considero que el Estado y los empresarios deben contribuir en este rescate, pues gracias a los fondos de los trabajadores el instituto se expandió durante décadas y se convirtió en uno de los organismo de seguridad social más importantes del mundo. Durante los sesenta y setenta el IMSS era una de las instancias que más invertían en sus instalaciones, que más gastaban en capacitación, que mejores sueldos pagaban a sus trabajadores. La crisis de los ochenta y noventa, la explosión demográfica y la imprevisión injustificable de sus directores condujeron a la situación lamentable de hoy en día. La responsabilidad no está de lado de sus trabajadores, quienes obtuvieron ventajas de las que aún gozan otros gremios, como el petrolero, el electricista e incluso el magisterial, pero eso fue gracias a una clara capacidad de negociación política con el Estado y la dirección del instituto, sin necesidad de recurrir a la huelga. Sí creo que el gobierno federal debe acudir decisivamente en apoyo de la institución de mayor trascendencia social del país, haciendo de lado los dogmas del modelo liberal a ultranza, gran máquina creadora de pobres, pero ineficaz para garantizar bienestar y desarrollo social para las mayorías.

viernes, 6 de agosto de 2004

De informes y más

Dos importantes informes se sucedieron esta semana: el del gobernador Juan Carlos Romero el domingo y el del rector Arturo Lara el miércoles. Con estilos diferentes, ambos expusieron sus respectivas versiones sobre el avance de las comunidades que gobiernan. Es evidente y natural que ambos hayan intentado bien ponderar sus méritos, sin destacar demasiado –o incluso ignorando los rezagos y contrariedades que inevitablemente padecen los conjuntos que conducen. Por supuesto, no es prudente comparar sus ejercicios pues se gestan en contextos y realidades muy diferentes, pero sin duda la tentación es mucha, pues ambos personajes provienen de una matriz universitaria común, y al gobernador con frecuencia se le ha señalado e incluso criticado su estilo “academicista” y casi culterano de ejercer la comunicación, con su evidente inclinación didáctica cuando expone cualquier tema, aficionado como es a sazonar su discurso con citas abundantes de pensadores no siempre famosos, pero sí densos. El Rector también gusta de esta modalidad discursiva, y eso acerca sus estilos.
Sobre el informe estatal me llamó la atención el dato de que se dedicó un millón de pesos diario al desarrollo social. Quiso dársele el tono de una gran cosa. Pero como siempre habrá que preguntarse sobre la efectividad de dicha inversión, pues es muy importante conocer el desempeño de los programas concretos a los que se canaliza. A veces pareciera mejor repartir directamente los recursos destinados a apoyar a los pobres, antes que canalizarlos a través de instancias burocratizadas que tienden a engordar y a engullirse los dineros. Por supuesto esto es una simpleza de mi parte, pero sí quisiera llamar la atención sobre el hecho de que la mayoría de los programas oficiales de atención social no son sujetos a evaluaciones periódicas independientes que permitieran ayudar en su perfeccionamiento y su eficacia. Además, considero que 333 millones de pesos al año para el gasto social destinado a alrededor de 2 millones o más de guanajuatenses en situación económica precaria es todavía demasiado poco. Por ejemplo, me parece insuficiente haber dedicado 63 millones al programa Habitat, que atiende una de las necesidades más sensibles y urgentes de las familias pobres: la carencia de casa. Calculando que una vivienda popular puede costar un promedio de 200 mil pesos, significa que con esos recursos se pueden construir 315 habitáculos. Nada pues. Dedicar un 1.5% del presupuesto total del gobierno a la atención de los pobres no me parece evidenciar mayor compromiso.
Sobre el informe del rector Lara me llamó la atención el acento en el crecimiento numérico y en calidad de la institución. La UG, como el resto de las universidades públicas, está sujeta a un proceso de superación académica a través de mega programas como el PROMEP. Las bondades innegables de este proceso se ven atenuadas por la reiteración del centralismo exacerbado que practica la SEP en la imposición de sus programas superadores. La táctica de la zanahoria –la promesa de recursos a cambio de aplicar medidas concretas lastima la dignidad de instituciones que se asumen autónomas, pero que siguen padeciendo de penurias presupuestales muy graves, que impiden que puedan cumplir eficazmente su función social. A la UG le ha ido bien en este proceso de negociación dificultosa con la SEP, y se ha mostrado disciplinada en el cumplimiento de las reglas del juego. El subsecretario Julio Rubio ha puesto en claro su reconocimiento a esta institución estatal como la segunda más exitosa en el proceso de superar a su profesorado. Esto sin duda no es un mérito menor, que se ha traducido en un incremento impresionante en el número de académicos con posgrados, con actualización, con pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, y que participan cada vez más en programas con certificación de instancias de evaluación. También fue notable el proceso de expansión en el número de programas educativos y en la diversificación de su oferta y de su presencia en los municipios de la entidad. Ojalá se concreten pronto los campii académicos anunciados para León y Salamanca, con lo cual la UG se convertirá en una auténtica universidad del estado de Guanajuato. Y por supuesto, no puedo dejar de destacar el éxito obtenido en la promoción de nuevos espacios académicos para las ciencias sociales, como son las nuevas licenciaturas en Antropología Social y Sociología, mérito del Centro de Investigación en Ciencias Sociales (CICSUG).
Despido esta colaboración anunciando el inicio de mi sabático en la UG, y mi traslado a la ciudad de Tijuana, donde colaboraré con El Colegio de la Frontera Norte. Desde allá continuaré con mis correo-colaboraciones, aunque ahora seguramente con una diversificación de temáticas. Este “diario de campo” se abre ahora a mis percepciones de la política nacional y de la realidad fronteriza y binacional. Deséenme suerte.