El número de iniciativas que se recibieron en la Cámara de Diputados federal relativas a la admisión del voto desde el exterior llegó a un total de 11, provenientes de representantes de todos los partidos. Este número refleja el interesante potencial político que los actores políticos de todos signos advertían ya en esta causa, que poco a poco dejó de ser abiertamente rechazada por muchos para finalmente convertirse en un asunto donde lo “políticamente correcto” era convenir en reconocerles sus derechos alienados a los paisanos. Las voces que en su momento se alzaron para señalar las inconveniencias, los riesgos y la poca consistencia jurídica del voto de los emigrados, como las de Jorge Carpizo y Diego Valadez, fueron pronto ignoradas. Esos juristas, al término de los trabajos de la comisión de especialistas del IFE en 1999, desplegaron una campaña en los medios contra la posibilidad del sufragio extraterritorial, lo que los llevó incluso a publicar un libro bajo el sello de la UNAM. Pronto se convirtieron en los malosos preferidos de los líderes paisanos.
Ante la ausencia de reglamentación del voto desde el exterior, para las elecciones de julio de 2000 el IFE no pudo implementar más medidas que la de desplegar en los 20 distritos electorales de la frontera con los EU, 64 casillas especiales, que podrían recibir hasta 48 mil votos. Se creyó que esas casillas se verían atiborradas de paisanos exigiendo poder emitir su voto presidencial. En la realidad se vio la misma afluencia hacia esas casillas que en el resto del territorio nacional. No se vieron colmadas, y mostraron una participación electoral no muy diferente a los promedios del resto de las casillas especiales. Según una encuesta de salida levantada por El Colegio de la Frontera Norte en las 15 casillas especiales de los tres distritos de Tijuana y Rosarito, el 84.4% de los que emitieron su voto en esas urnas eran residentes en México, y el resto residentes en los EUA por cierto, un 7.3% del total de votantes residentes en ese país eran ciudadanos nacidos en Guanajuato . Luego, casi un 10% de ellos declararon ser ciudadanos americanos naturalizados. Dos tercios eran hombres y un tercio mujeres. Más de la mitad declaró haber votado en las anteriores elecciones presidenciales de 1994. Y en cuanto a los resultados, sólo se evidenció que los números de las oposiciones (Alianza por el Cambio y Alianza por México) sólo eran un poco superiores que el promedio en Baja California. No se dieron las grandes caravanas de votantes provenientes del norte, ni hubo un desborde de las casillas especiales más allá del habitual. Pareciera ser que la aspiración de votar desde el exterior no era una causa tan compartida por los paisanos como sus líderes aseguraban. A lo mejor el reto de establecer mecanismos de voto desde fuera del país no será tan complejo como en un primer momento se pensó.
Cuando en 2003 tocó renovar el Consejo General del IFE el PRI propuso, entre otros, a Diego Valadés para dirigir ese instituto. Eso alarmó a los líderes de los migrantes mexicanos. Raúl Ross, integrante en Chicago de la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Exterior –bien conocido por los lectores de Correo , declaró preocupado: "Para nosotros el hecho de que se maneje el nombre de Valadés es una mala noticia; nos asusta que un enemigo del voto de los residentes en el exterior pudiera ser presidente de ese órgano clave." Tal vez fue esta una de las razones que tuvo Valadés en mente para pronto declinar su postulación.
Pronto los líderes paisanos volvieron a insistir y presentaron factura al nuevo presidente, Vicente Fox, quien se había comprometido en campaña a impulsar la implantación del voto desde el exterior como parte de una vieja deuda moral hacia la diáspora mexicana, que sumaba ya casi once millones, el 99% de ellos en los EU. Como otras promesas extravagantes del nuevo presidente, el cumplimiento de esta volvía a plantear multitud de aristas que ningún político se atreve públicamente a admitir: ¿cómo aplicar extraterritorialmente una ley mexicana? ¿cómo garantizar la imparcialidad, la objetividad, la certeza, la legalidad, la equidad y la transparencia en un suelo ajeno? ¿Cómo aplicar las sanciones previstas para los infractores electorales? ¿Cómo negociar con autoridades federales, estatales y de condado en un país tan descentralizado como los EU? ¿Cómo evitar las razzias de la migra en eventos electorales mexicanos? ¿Cómo controlar los gastos de campaña en otros países? ¿Cómo instalar casi 10 mil casillas en ese país? ¿De dónde saldrá el gasto de desplegar cientos de agentes electorales en varios países, capacitar a decenas de miles de funcionarios de casilla, pagar factura, transporte y seguridad para materiales electorales, y un montón de otros gastos? Seguiremos indagando en la siguiente entrega…
No hay comentarios.:
Publicar un comentario