Bonos, estímulos y productividad

Al acercarse el término de los periodos constitucionales de las administraciones estatal y municipales de nuestro estado, saltan a la vista algunas cuestiones que nos demandan atención, antes de que los aceleres de las elecciones y de las entregas impidan otorgarles una atención adecuada. En esta colaboración quisiera abordar solamente una, que ha sido motivo de debate en últimas fechas. Se trata de la persistencia de la nula claridad en cuanto a la asignación de bonos, estímulos y prebendas de la alta burocracia en los tres poderes y los dos niveles de gobierno. El reciente debate sobre el bono autoasignado por los diputados locales develó que este asunto sigue causando escozor y molestia ciudadana cuando vuelve a ser planteado. La aparente improductividad --o al menos falta de oportunidad y eficacia-- del poder legislativo provoca esta reacción. Es muy posible que el ciudadano común, e incluso el ciudadano bien informado, perciban como injustas estas canonjías cuando es bien sabido que los ingresos de los diputados están muy por arriba de los ingresos promedio de los profesionistas y trabajadores de cuello blanco. Igual ha sucedido cuando los ediles y regidores se premian con sendos cheques de despedida al acercarse el término de su encargo. No ha sido raro que se autoasignen hasta tres meses de “dieta” justificándose con el engañoso aserto de que ese es el tiempo que les lleva conseguirse otro empleo. Una falsedad. Todos sabemos que tanto diputados como regidores mantienen sus fuentes de ingresos previas y que muchos de ellos interpretan el cargo de elección como una generosa beca que consolida sus finanzas familiares. Ejemplos concretos se me ocurren muchos.
Los bonos de productividad y cualquier formato de estímulo económico para la alta y baja burocracia deben ser normativizados e insertos en un esquema de competencia y de rendición de cuentas. Se me ocurre proponer un modelo como el que rige sobre los profesores universitarios e investigadores científicos nacionales. Esta comunidad está sometida desde hace más de una década a un esquema de estímulos que se vincula con la productividad y la superación permanente. Cada año --o cada tres o cuatro años en el caso de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores-- los profesores de educación superior pública debemos poner en evidencia nuestros productos, logros y actividades concretas para aspirar a recibir “estímulos” económicos. Esto se determina por comités de pares que deben someterse a un riguroso reglamento para asignar niveles diferenciados de estímulo. Yo estoy convencido de que entre los diputados hay grandes diferencias en cuanto a compromiso, productividad y capacidad legislativa. ¿Por qué se les debe otorgar a todos el mismo monto? Como si todos trabajasen a la par. Si esta cuestión se sometiese a un esquema de competencia, como ocurre también en las empresas privadas, nuestros legisladores --y también nuestros burócratas de todos los niveles-- se afanarían en la búsqueda de “puntos” que les redituaran una justa recompensa económica al término del año o de su periodo. ¿En cuantas iniciativas de ley colaboraste? ¿Cuántas fueron aprobadas? ¿Cuántas asistencias efectivas a comisiones o al pleno? ¿Cuál fue tu evaluación por parte de tus representados? ¿Qué actividades de superación emprendiste? ¿Qué promoción social realizaste? Etcétera. El modelo puede reproducirse con los síndicos y regidores.
A la burocracia estatal y municipal debe concretársele la posibilidad de construirse una carrera dentro del servicio público, que posibilite los ascensos por buen desempeño y capacidad y que garantice permanencia ante los avatares de la política. El servicio civil de carrera no existe aún, y esto representa un desperdicio permanente de talentos latentes que carecen de contactos con la política partidista. Si existiera, ese servicio debería acompañarse de un sistema de estímulos que facilitara la profesionalización y el compromiso con el buen ejercicio del gobierno. A los miembros de dicho servicio deben abrírseles las puertas de acceso a los cargos de primer nivel, incluso las secretarías de estado.
Por lo pronto sólo nos queda esperar que conforme se acerca el fin de estas administraciones, se acrecienten los escándalos nacidos de la asignación caprichosa e interesada de bonos de fin de término, que todavía insultan a la sociedad por sus montos inmoderados y la poca justificación de su concesión. Todos tienen derecho a recibir percepciones adicionales por un esfuerzo perseverante y de calidad, pero primero pongámonos de acuerdo en el por qué, el cómo y el cuánto.