sábado, 12 de marzo de 2005

Votar desde el exterior, III

Las complejidades de implementar un operativo que eventualmente permita recoger el voto de tres o cuatro millones de mexicanos en el extranjero, que cuenten con credencial para votar y estén registrados en una lista nominal especial, son enormes. La intención de reconocerles sus derechos políticos, incluso cuando se han asentado en el exterior, es justa y va en concordancia con las nuevas tendencias internacionales hacia el reconocimiento de las ciudadanías múltiples y el ejercicio de potestades políticas transnacionales de las poblaciones migrantes. Los problemas mayores que enfrenta la iniciativa es el de la poca oportunidad con la cual se aprobó –aunque falta conocer la opinión del Senado , su aparente improvisación y la pobreza de recursos financieros con los que se está dotando al IFE para implementarla 400 millones de pesos . Sobre lo inoportuno de la iniciativa hay que señalar que se aprueba a siete meses de que comience el proceso electoral en octubre próximo, que se emite en el año en que se está realizando la redistritación del país y el reacomodo de más de 65 mil secciones con no más de 1,500 electores cada una, y que en este momento el IFE se encuentra estrenando consejeros noveles y que buena parte de su personal ejecutivo ha sido renovado o reubicado.
La improvisación de la iniciativa es evidente al dejarle al IFE la responsabilidad de prácticamente cualquier materia que demandara cierta precisión. No sabemos cuántos consejos locales y consejos extraordinarios se instalarán en el extranjero, ni dónde, ni cómo. No existe ningún acuerdo internacional que garantice el acceso a espacios públicos, ni tampoco alguna garantía de que la autoridad en el extranjero será tolerante ante las inevitables campañas mexicanas. Eso apenas se va a negociar. ¿Será posible en seis meses?
Los actuales consejeros generales no cuentan con mucha experiencia en materia electoral. Muchos de ellos ni siquiera hablan inglés o alguna otra lengua extranjera. El personal ejecutivo del IFE, excepto en la coordinación de Asuntos Internacionales, tiene nula experiencia en relacionarse con autoridades externas al país. Van a tener que reclutar a marchas forzadas a personal calificado –es decir, que al menos pueda comunicarse en inglés en el exterior, pero que no conoce la materia electoral mexicana. Será más práctico contratar a ese numeroso personal entre los mexicanos que ya viven en el exterior, para evitar exportar más paisanos fuera del país ahora como trabajadores del IFE. Pero muchos de esos paisanos ya han optado por una segunda ciudadanía, y estarían imposibilitados para ser consejeros, funcionarios electorales o de casilla, según lo señalado por el artículo 32 de la constitución, la Ley de Nacionalidad y el Cofipe (artículos 103, 114 y 120). Los resultados de muchas casillas y consejos se verían en riesgo de ser anulados en caso de demostrarse que algún funcionario tiene otra nacionalidad. ¿Quién podría investigar que todos ellos realmente posean sólo la nacionalidad mexicana?
Los riesgos son muchos, y no están siendo considerados suficientemente. Los partidos van a encontrar muchísimas vías para violar las disposiciones que contemplan las reformas del 22 de febrero pasado. Por ejemplo, se prohíbe contratar propaganda en medios extranjeros y limitarse a las retransmisoras mexicanas ¿cuáles? yo me pregunto . Cualquier persona por la libre puede contratar mensajes en los medios del exterior y difundir propaganda disimulada de opinión. ¿Cómo se sancionaría esta conducta? Hay prohibiciones de risa, como la señalada en el nuevo inciso 2 del artículo 190: “El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales, tanto en territorio nacional como en el extranjero.” Eso sería ilegal en países donde la libertad de reunión y de expresión están sólidamente garantizados, como en los Estados Unidos. Y el inciso 4 dice: “Durante los ocho días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional así como en el extranjero, queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión”. Pero el huso horario más occidental es el de Samoa y las islas Midway, con seis horas menos que el horario central de México. Si hay mexicanos en esos recónditos lugares habrá que esperar a que cierren su(s) casilla(s) a las 12 de la noche del día de la elección para dar a conocer encuestas o resultados, lo que incrementará el riesgo de incertidumbre.
El destino de esta elección en el exterior es, al menos, dudosa. Ojalá no contamine al resto del proceso al interior del país. Demasiado hemos invertido para ahora volver sobre nuestros pasos.

sábado, 5 de marzo de 2005

Votar desde el exterior, II

El número de iniciativas que se recibieron en la Cámara de Diputados federal relativas a la admisión del voto desde el exterior llegó a un total de 11, provenientes de representantes de todos los partidos. Este número refleja el interesante potencial político que los actores políticos de todos signos advertían ya en esta causa, que poco a poco dejó de ser abiertamente rechazada por muchos para finalmente convertirse en un asunto donde lo “políticamente correcto” era convenir en reconocerles sus derechos alienados a los paisanos. Las voces que en su momento se alzaron para señalar las inconveniencias, los riesgos y la poca consistencia jurídica del voto de los emigrados, como las de Jorge Carpizo y Diego Valadez, fueron pronto ignoradas. Esos juristas, al término de los trabajos de la comisión de especialistas del IFE en 1999, desplegaron una campaña en los medios contra la posibilidad del sufragio extraterritorial, lo que los llevó incluso a publicar un libro bajo el sello de la UNAM. Pronto se convirtieron en los malosos preferidos de los líderes paisanos.
Ante la ausencia de reglamentación del voto desde el exterior, para las elecciones de julio de 2000 el IFE no pudo implementar más medidas que la de desplegar en los 20 distritos electorales de la frontera con los EU, 64 casillas especiales, que podrían recibir hasta 48 mil votos. Se creyó que esas casillas se verían atiborradas de paisanos exigiendo poder emitir su voto presidencial. En la realidad se vio la misma afluencia hacia esas casillas que en el resto del territorio nacional. No se vieron colmadas, y mostraron una participación electoral no muy diferente a los promedios del resto de las casillas especiales. Según una encuesta de salida levantada por El Colegio de la Frontera Norte en las 15 casillas especiales de los tres distritos de Tijuana y Rosarito, el 84.4% de los que emitieron su voto en esas urnas eran residentes en México, y el resto residentes en los EUA por cierto, un 7.3% del total de votantes residentes en ese país eran ciudadanos nacidos en Guanajuato . Luego, casi un 10% de ellos declararon ser ciudadanos americanos naturalizados. Dos tercios eran hombres y un tercio mujeres. Más de la mitad declaró haber votado en las anteriores elecciones presidenciales de 1994. Y en cuanto a los resultados, sólo se evidenció que los números de las oposiciones (Alianza por el Cambio y Alianza por México) sólo eran un poco superiores que el promedio en Baja California. No se dieron las grandes caravanas de votantes provenientes del norte, ni hubo un desborde de las casillas especiales más allá del habitual. Pareciera ser que la aspiración de votar desde el exterior no era una causa tan compartida por los paisanos como sus líderes aseguraban. A lo mejor el reto de establecer mecanismos de voto desde fuera del país no será tan complejo como en un primer momento se pensó.
Cuando en 2003 tocó renovar el Consejo General del IFE el PRI propuso, entre otros, a Diego Valadés para dirigir ese instituto. Eso alarmó a los líderes de los migrantes mexicanos. Raúl Ross, integrante en Chicago de la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Exterior –bien conocido por los lectores de Correo , declaró preocupado: "Para nosotros el hecho de que se maneje el nombre de Valadés es una mala noticia; nos asusta que un enemigo del voto de los residentes en el exterior pudiera ser presidente de ese órgano clave." Tal vez fue esta una de las razones que tuvo Valadés en mente para pronto declinar su postulación.
Pronto los líderes paisanos volvieron a insistir y presentaron factura al nuevo presidente, Vicente Fox, quien se había comprometido en campaña a impulsar la implantación del voto desde el exterior como parte de una vieja deuda moral hacia la diáspora mexicana, que sumaba ya casi once millones, el 99% de ellos en los EU. Como otras promesas extravagantes del nuevo presidente, el cumplimiento de esta volvía a plantear multitud de aristas que ningún político se atreve públicamente a admitir: ¿cómo aplicar extraterritorialmente una ley mexicana? ¿cómo garantizar la imparcialidad, la objetividad, la certeza, la legalidad, la equidad y la transparencia en un suelo ajeno? ¿Cómo aplicar las sanciones previstas para los infractores electorales? ¿Cómo negociar con autoridades federales, estatales y de condado en un país tan descentralizado como los EU? ¿Cómo evitar las razzias de la migra en eventos electorales mexicanos? ¿Cómo controlar los gastos de campaña en otros países? ¿Cómo instalar casi 10 mil casillas en ese país? ¿De dónde saldrá el gasto de desplegar cientos de agentes electorales en varios países, capacitar a decenas de miles de funcionarios de casilla, pagar factura, transporte y seguridad para materiales electorales, y un montón de otros gastos? Seguiremos indagando en la siguiente entrega…