viernes, 15 de diciembre de 2006

El PAN y la nueva hegemonía

Las elecciones del 2 de julio pasado tienen muy diversas lecturas a lo largo y ancho del país. En lo esencial significaron una redistribución político-electoral que tendrá consecuencias directas sobre la gobernabilidad en el sexenio presidencial que se inicia. Emergió con fuerza un tercer actor, la izquierda carismática, que no había vuelto a levantar cabeza desde el cardenismo en 1988. El lopezobradorismo y su accidentado desfogue en la “presidencia legítima” de opereta introduce un factor inopinado que someterá a contrapunto constante no sólo a la administración federal panista, sino también a las autoridades y representantes electos del PRD. Por su parte, el PRI pagó las consecuencias previsibles de un desafortunado proceso de selección interna sumado a los pecados acumulados de un pasado autoritario que se niega a morir, y por ello se vio confinado a un inédito tercer lugar nacional, que lo pone en una situación precaria dentro de un entorno cada vez más polarizado entre izquierdas y derechas.
El PAN confirmó, consolidó o amplió sus enclaves –que ya no lo son tanto- como el cinturón panista que atraviesa el país, constituido por Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco y San Luis Potosí. El Bajío pues. Gobierna ya a 554 municipios --12 capitales estatales-- y 9 estados. Repitió triunfos en la mitad de los municipios donde gobernaba. 22.3 millones de mexicanos habitan en entidades gobernadas por este partido, y 31.5% en municipios ídem. Además refrendó su control sobre el ejecutivo federal gracias a la apretadísima victoria presidencial de Felipe Calderón, el auténtico “caballo negro” que desbancó primero al delfín foxista y luego al desaforado peje. Es innegable que esta organización política está atravesando por un momento de florecimiento nacional, sólo disputado por el enorme avance del PRD, el gran ganador del proceso a pesar de él mismo.
El PAN ha acumulado 15 años gobernando al estado de Guanajuato, a los que se sumarán los seis de la administración de Juan Manuel Oliva, para totalizar 21: toda una vida. Hay que recordar que el ex partido de Estado, el PRI, gobernó durante 62 años, y por ello fue posible hablar de una hegemonía política exclusivista. Con la larga preeminencia del PAN podemos ya hablar de una “nueva hegemonía”. Para colmo, 36 de los 46 municipios, más la totalidad de las diputaciones uninominales federales y locales, están en manos de este partido. En la práctica estamos hablando del retorno del “carro completo”, de tan infausta memoria.
Los resultados del 2 de julio tiñeron a Guanajuato de un azul más azulado que nunca. Felipe Calderón recibió 1 millón 155 mil votos de los guanajuatenses, el 60.5% del total estatal. Ese volumen significó el 7.7% del gran total que votó por ese candidato en todo el país. Juan Manuel Oliva obtuvo un 61.9%, superior incluso a Calderón, y haciendo contraste con lo que sucedió seis años antes, cuando Romero Hicks se quedó 4 puntos por debajo de Fox. En cambio, a nivel de ayuntamientos el voto panista representó el 52.7%, lo que evidencia que muchos simpatizantes del PRI y de otros partidos optaron por los candidatos presidencial y estatal panistas, pero mantuvieron sus preferencias en el nivel municipal. Tres años antes, la votación municipal había otorgado un 43.2% al PAN, lo que evidencia un avance de casi diez puntos en tres años, lo que permitió desbordar el predominio panista de 24 a 36 ayuntamientos.
Esta nueva hegemonía plantea cuestiones inquietantes en torno a la calidad democrática y la capacidad de mantener los necesarios equilibrios entre fuerzas políticas que se escrutinan entre sí. La bondad del sistema de pesos y contrapesos queda en entredicho cuando una sola potencia partidista acapara prácticamente todos los puestos de representación, y deja la morralla a los rivales, que pierden cualquier capacidad de negociación y vigilancia por su nula capacidad de chantaje necesario. Desde hace varios años hemos venido presenciando muestras de una creciente intolerancia de parte del nuevo partido hegemónico hacia sus contrapartes ideológicas, y ha venido ejerciendo crecientemente su avasallaje electoral como una patente de corso que le ha extendido la ciudadanía. Se han revivido viejas prácticas que creímos superadas al haberse expulsado a la vieja elite del poder: tráfico de influencias, nepotismo galopante, ajustes de cuentas entre la misma elite, patrimonialismo, refuncionalización de cacicazgos regionales, culto a la personalidad del gobernante en turno, simulación, ingerencia en los órganos electorales, amiguismo, partidas secretas, discrecionalidad en las políticas públicas, ausencia de un servicio civil de carrera auténtico, etcétera. A estos viejos vicios se suman nuevos como el abandono cínico del laicismo, un culto exagerado a la cultura empresarial, corrupción de cuello blanco legalizada --los bonos y liquidaciones--, y una hipocresía muy al estilo de las “buenas conciencias” de Carlos Fuentes.
No quiero que se me malinterprete, y que de mis palabras se asuma un trasfondo quejumbroso. Aunque no comulgo con la ideología panista, reconozco a plenitud que la misma reproduce muchos de los sentires y percepciones compartidas de un componente mayoritario de la sociedad abajeña. La democracia le ha devuelto la voz a esas mayorías, que han sabido expresar sus voluntades de gobierno mediante el voto efectivo. Sobre esta plataforma, el PAN ha ido construyendo una nueva visión de partido, y ha evolucionado hacia el necesario pragmatismo que inyecta la función pública real. Con ello ha abandonado en la práctica viejas banderas idealistas, que en un tiempo le proporcionaron la calidad moral que le permitió navegar sin demasiada contaminación entre las sórdidas y mugrientas aguas de la política de tiempos de la “ley de Herodes”.
Los tiempos de la nueva hegemonía plantean retos inéditos, que tensarán al límite muchas de las capacidades reales de la democracia. La preeminencia del PAN es un arma de dos filos, que tanto bien como mal puede hacerle al mismo partido, y por supuesto a los habitantes de un estado donde la política es un arte sofisticado, florentino y maquiavélico, aunque se le quiera revestir de albiazules túnicas santificadas.

Campus Sur, II

La región sur de Guanajuato, que por tradición y por acuerdo de los estudiosos de la geografía humana como los historiadores Wigberto Jiménez y Eduardo Salceda se le ha denominado como la de los “valles abajeños”, se despliega en un entorno topográfico, hidrológico y cultural muy especial, y por lo mismo de gran interés intrínseco. Primero hay que destacar que su ecología está determinada por sus suelos volcánicos, sus espectaculares accidentes geográficos –como las muy conocidas “siete luminarias” , un régimen de lluvias y de escurrimientos hídricos superior al del resto de la entidad, una población fáunica y vegetal relativamente abundante y una temperatura promedio con menores variaciones que en el resto del estado, gracias a la disponibilidad de agua. Desgraciadamente también por la mucha contaminación que afecta a sus aguas y suelos. Por otra parte, las manifestaciones culturales de la población local son de suma variedad, en buena medida explicable por el mayor componente cultural indígena que se evidencia en la música, danza, artesanía, giros idiomáticos del castellano híbrido, usos religiosos populares y muchas otras manifestaciones de su cultura popular. La población de esta región meridional es predominantemente mestiza, pero con profundas y evidentes raíces raciales y culturales de tipo purépecha. Su tradición histórica ha estado muy vinculada a la del estado vecino, pues hasta el siglo XIX formó parte del “Gran Michoacán” del que nos habló el historiador Oscar Mazín.
Las actividades agrícolas, piscícolas y artesanales siguen siendo muy importantes. Sus suelos y recursos hídricos le permiten a la región ser una de las mejor provistas en recursos agrícolas, y pesqueros. Su desarrollada agricultura comercial de regadío convive con extendidas zonas de temporal. Además su patrimonio histórico y arquitectónico, de los más destacables de la entidad, le permiten contar con un gran potencial turístico y cultural. Por su parte, el crecimiento de la industria textil y de las artesanías ha impulsado el intercambio comercial, que le coloca entre las regiones con vocación a la microindustria más dinámicas del país. Hay un texto de gran interés del estudioso Ulrik Vangstrup, de la asociación de latinoamericanistas de Dinamarca, que retrata muy bien esta situación: “Moroleón, la pequeña ciudad de la Gran Industria”, parafraseando el estudio clásico de Patricia Arias sobre Guadalajara.
Por otra parte, es de destacar la intensa dinámica política de la zona. Los municipios sureños han degustado las bondades de la democratización y han experimentado con gobiernos municipales de muy diferentes extracciones partidistas. Sin embargo siguen imperando los liderazgos personales, rayanos en el cacicazgo. Más que los partidos, en el sur se imponen esos personajes carismáticos que concentran el capital político en su persona y no en banderías ideológicas. Contrasta mucho con los municipios de mayor desarrollo, donde ha surgido una nueva hegemonía monopartidista que en buena medida empobrece las opciones al alcance del votante.
La fuerte personalidad cultural del sur guanajuatense se verá muy beneficiada por la instalación de una nueva opción educativa de alto nivel: el Campus Sur de la Universidad de Guanajuato. Su concepción va de la mano con el proyecto de reorganización académica y administrativa de esa casa de estudios, ya que se busca que los distintos campii universitarios gocen de una amplia autonomía, que les permita reaccionar con agilidad a las necesidades de las regiones a atender. Si se mantuviera el actual diseño institucional esto sería en extremo difícil, ya que el modelo vigente privilegia la centralización de las decisiones en escuelas, facultades e institutos que excluyen la posibilidad de competir internamente. Con el modelo departamental nada impediría que cada campus abriera o cerrara departamentos con vocación hacia las demandas locales y regionales, y ya no de corte disciplinar como hasta ahora. La valoración de la pertinencia social se haría a partir de órganos colegiados regionales, y ya no desde instancias centrales en la ciudad de Guanajuato. Y por supuesto en muchos aspectos los campii entrarían en una saludable competencia entre sí y con otras instituciones, lo que de seguro se traducirá en un incremento en la calidad de la oferta, como bien lo señala la ortodoxia liberal de la economía de mercado. Por supuesto desde el Campus Sur, en Yuriria, estamos dispuestos a entrarle a esa competencia fraternal.

viernes, 8 de diciembre de 2006

Campus Sur, I

El jueves pasado el gobernador Juan Manuel Oliva realizó en compañía del rector de la Universidad de Guanajuato, el doctor Arturo Lara, una gira relámpago por los cuatro campii universitarios en proceso de construcción o en vías de diseño conceptual. Los más avanzados son el de Irapuato-Salamanca, y el de León, que fueron los primeros en ser concebidos hace tres años. Los de Celaya y del Sur –Yuriria cuentan ya con la donación territorial de los municipios respectivos, y están en proceso de conceptualización arquitectónica y académica. Particularmente este último, que por mi involucramiento personal es el que más me interesa, muestra circunstancias que le hacen sumamente interesante: el Campus Sur no es un parque universitario de vocación localista, centrado en las necesidades de una ciudad metropolitana y su zona de influencia; más bien será un enclave académico ubicado en un municipio con un desarrollo económico y urbano modesto, pero con una ubicación estratégica en una región de suma importancia social, económica y cultural: los valles abajeños del sur, que a diferencia del resto del Bajío pertenecen a la macro región del eje neovolcánico que cruza la cintura central del país. Yuriria se ubica en pleno corazón de estos valles volcánicos, que se despliegan desde Coroneo y Jerécuaro al oriente, hasta Valle de Santiago y Huanímaro al occidente. 15 municipios con casi 900 mil habitantes, 105 mil de los cuales tienen entre 18 y 24 años de edad, el grupo poblacional que más nos interesa atender.
Otra circunstancia particular es que el proyecto ha sido abrazado de forma muy entusiasta por varios ayuntamientos: al principio por Moroleón, Uriangato y Yuriria, pero anteayer se sumó Santiago Maravatío al esfuerzo común. Seguramente veremos pronto a Salvatierra, Valle de Santiago y a Acámbaro muy involucrados en este proyecto, que pretende ofrecer de entrada nueve carreras a ser abiertas en los próximos dos o tres años. Los tres municipios originales poseen una población en edad escolar superior de 21 mil 700 chicos. Pero su egreso efectivo del bachillerato es de 900 jóvenes, que se incrementan a casi mil 500 si incluimos el egreso de Salvatierra, donde la UG tiene presencia gracias a la escuela preparatoria y la unidad de estudios superiores. Por supuesto esperamos recibir estudiantes del resto de los municipios del sur, e incluso del norte michoacano: Cuitzeo, Santa Ana Maya, Copándaro, Zinapécuaro, Puruándiro, incluso la misma Morelia, pues la intención es competir con calidad ante la universidad nicolaíta. Es por ello que se ha planteado un ingreso inicial al campus de mil 500 a dos mil estudiantes, hasta llegar en un plazo mediano a los cinco mil. Para tener una idea de la dimensión del reto, hay que recordar que la UG atiende hoy a poco más de 10 mil estudiantes en licenciatura.
El Campus Sur se ubicará en un amplio terreno al sur de la carretera de Yuriria a Salvatierra, casi a la altura de Santiaguillo, en una ubicación en alto, con una espléndida vista sobre la laguna de Yuriria y sobre esta histórica ciudad. Actualmente son casi 13 las hectáreas con que se cuenta, pero el gobernador comprometió al presidente municipal, Gerardo Gaviña, a donar otras ocho, lo que éste aceptó gustoso, con lo que el campus contaría con más de 20 hectáreas, suficientes para un crecimiento futuro. Se pretende aprovechar hasta lo posible los recursos humanos y materiales de la región, para que el proyecto no sea percibido como una acción más de “colonialismo interno”, sino como una iniciativa generada a partir de las fuerzas locales. Los que hoy participamos en esta actividad somos nativos de Yuriria, pero pronto se nos unirán universitarios en activo que tienen sus raíces en el sur, y a partir de estas “fuerzas básicas” dentro de la UG, buscaremos y convocaremos a los concursos necesarios para ir involucrando personal académico de alto nivel de la zona. Sólo en caso de no existir el recurso –ya que los niveles de exigencia actuales que imperan en la UG son altos se buscará importarlo, de entre los profesores e investigadores especializados que cuenten con las credenciales necesarias –doctorado y experiencia de investigación por ejemplo .
La oferta educativa del Campus Sur se ajustará a los actuales criterios de excelencia académica que aplica la UG a su personal desde hace más de diez años. De ninguna manera se abrirán espacios “de segunda” en estos nuevos campii: se competirá manteniendo los mismos altos estándares que caracterizan a la actual oferta, incluso buscando superarlos. La expansión numérica no debe traducirse en un decremento de calidad; sólo se trata de cumplir con mayor atingencia con el compromiso social de la institución, y abrirle puertas al progreso material e intelectual de los jóvenes surianos.

viernes, 24 de noviembre de 2006

Qué con la educación superior

Si estudiamos las cifras frías de la estadística, es fácil darse cuenta de que la formación de capital humano de alta calidad en el estado de Guanajuato no ha sido una prioridad en mucho tiempo. La nuestra se ubica entre las entidades que menos atienden la educación superior en el país. En un estudio encargado por la ANUIES en el año 2002 (Rosalba Ramírez, “Reporte del caso Guanajuato”), se traza un panorama inquietante: Guanajuato ocupó el último lugar a nivel nacional en la tasa de cobertura de educación superior, con un 7.5% del grupo “relevante” de edad (20-24 años) inscrito en dicho nivel en 1998. El promedio nacional fue del 16.8%, más del doble. En cambio, entidades como Tamaulipas, Nuevo León, Nayarit y el Distrito Federal registraron tasas del 25 al 40%. Además, la eficiencia terminal en educación media superior fue del 51.1%, frente a un 58.9% como promedio nacional.
De la escasa matrícula guanajuatense en educación superior, sólo la mitad era atendida por la oferta pública, y de la misma sólo dos quintos acudían a la Universidad de Guanajuato. Ahora bien, según datos del anuario de la ANUIES del 2003, el total de matrícula en el nivel superior en el estado ascendía a 54 mil 224 estudiantes, de los que 8 mil 632 (15.9%) estaban inscritos en la UG. La población en edad de estudiar este nivel, entre los 18 y 24 años de edad sumó 625 mil 588 jóvenes en el censo del 2000. Es decir que apenas el 8.7% de los jóvenes guanajuatenses están recibiendo formación en este nivel. Por supuesto se me puede debatir que no todos los chavos están llamados a tener un grado superior. Estoy de acuerdo con ello, pero no con estos bajos niveles de atención. En los países desarrollados el acceso a ese servicio es efectivo para el doble o el triple del porcentaje mexicano, y del cuádruple del guanajuatense. Es en este sentido que nos encontramos ante una auténtica tragedia por el enorme desperdicio de capital humano que esto representa.
Además, en apariencia parece continuar la ausencia de una política oficial clara de parte del gobierno estatal hacia la educación superior. Hace un mes, el periódico La Jornada publicó una nota con una declaración del presidente de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), Rosalío Muñoz Castro, quien reveló que el Programa Estatal de Educación Superior (PEES) nunca se ha aplicado. También afirmó que existe una desvinculación entre el gobierno estatal, la academia y la iniciativa privada que podría llevar a “'un desastre”' la educación superior, y responsabilizó de este abandono al anterior gobernador. Esto era sumamente preocupante, pues hasta ayer tampoco conocíamos la propuesta concreta –no las promesas de campaña— del gobernador Juan Manuel Oliva, quien sólo había publicitado la oferta de abrir seis “campus” universitarios regionales y una universidad virtual --ésta al parecer inspirada en una institución ecuatoriana de desconocida reputación.
Digo que hasta ayer, pues en la ceremonia de reconocimientos a los últimos logros de la comunidad universitaria –que sinceramente son muchos y en muy poco tiempo- el gobernador Oliva reaccionó muy positivamente al dinamismo evidenciado por la Universidad de Guanajuato. Muchos académicos, incluido yo mismo, compartíamos cierto pesimismo con respecto a la política que seguiría la nueva administración, que no se ha mostrado muy favorable a continuar con las líneas de su predecesor. En los corrillos universitarios se escuchaban voces críticas ante la aparente vacuidad de las propuestas del novel gobernante, particularmente con respecto a los campus que con singular alegría se ofrecieron en la campaña. Dio la impresión de que se repetían experiencias malhadadas como aquélla cómica “Universidad del Conocimiento” que prometió Fox en su campaña de 1995, y que terminó en un simple centro de validación de competencias ocupacionales.
Afortunadamente no será así, en apariencia. El gobernador convocó a la comunidad de la UG a “subirse al carro” de su ambiciosa propuesta, y engarzar el proyecto de expansión de nuestra institución al que impulsará el gobierno estatal. Qué bueno. Aunque pienso que debería ser lo contrario: el gobierno subirse al carro que la UG , que desde su programa de desarrollo 2002-2010 previó la necesidad de expandir la oferta y crecer su matrícula al menos al doble, sin sacrificar calidad. Sus indicadores internos de excelencia refuerzan el necesario liderazgo que esta casa de estudios debería ejercer sobre el programa estatal. Pero al final no importa quién conduzca el carro, si éste permite que al fin nuestra entidad atienda una de las carencias más sentidas de la población: la posibilidad de cultivarse y progresar tanto material como espiritualmente.

viernes, 17 de noviembre de 2006

Capital humano, III

Carlos Marx demostró en su famosa introducción a su “Crítica a la Economía Política” que la fuente primaria del valor agregado es el trabajo humano. De la labor cotidiana del obrero, del jornalero agrícola, del empleado asalariado, surge toda la riqueza que el capital es capaz de apropiarse. Esa diferencia entre el costo de producción y el precio final de venta, que Marx denominó “plusvalía”, define el valor no pagado a la fuerza de trabajo, apropiación que permite al capitalista iniciar un proceso de acumulación ampliada, fundamento mismo de la lógica liberal del modo de producción capitalista. Durante décadas las sociedades industriales dependieron de la baratura de la fuerza laboral no calificada, que como cualquier mercancía hubo de ser buscada en las áreas donde su abundancia permitiera pagar los salarios más deprimidos. Es el caso de lo que hoy sucede con los migrantes laborales mexicanos, que aportan su esfuerzo físico barato a la gran acumulación del capital en los Estados Unidos. México, en cambio, se queda sin poder aprovechar la riqueza potencial de esos trabajadores, y debe conformarse con el espejismo de las remesas de “migradólares”, aparentemente abundantes, pero que nos dan una idea del enorme volumen de riqueza que nuestro paisanos le generan al país del norte.
Hoy día las “sociedades del conocimiento” han descubierto que la fuente primaria e inagotable de la riqueza no es el trabajo físico, sino el intelectual. El capital ha dejado de depender del esfuerzo de los trabajadores “blue collars” (de cuello azul) y persigue ahora los talentos de los “white collars” (de cuello blanco). La educación se ha transformado así en la fuente de esa riqueza inagotable, así como la generación y aplicación de nuevo conocimiento a través de la ciencia y la tecnología. La gestión del conocimiento en las sociedades desarrolladas se da principalmente en los centros de investigación y desarrollo de las universidades y las empresas. Antes se consideraba que la prioridad era el desarrollo económico y material, y que a partir de ello vendría lo demás: la educación, la vivienda y la salud. Los grandes paradigmas economicistas, positivistas y marxistas del siglo XIX le dieron preeminencia teórica al sostén material de la economía, la llamada “estructura”, por sobre las manifestaciones culturales e ideológicas del ser humano, la “superestructura”. Luego, en el siglo XX, muchos otros teóricos como Max Weber, Wilhelm Dilthey, George Gadamer, Jürgen Habermas y muchos otros pondrían en evidencia el proceso contrario: que la cultura y el conocimiento compartido fundamentan la construcción de la nueva sociedad, basada más en procesos comunicativos y educativos que en la mera fábrica material de la civilización.
Actualmente se considera que la vinculación entre la educación y el progreso económico es esencial. Gary Becker lo puntualizó de la siguiente manera: “La importancia creciente del capital humano puede verse desde las experiencias de los trabajadores en las economías modernas que carecen de suficiente educación y formación en el puesto de trabajo”. Esta carencia los deja fuera de la competencia por los mejores puestos, que se reservan ahora para los individuos con las habilidades intelectuales más desarrolladas, con mayores recursos “intangibles” que les facilitan la adopción --e incluso la mejora-- de nuevas tecnologías de producción y distribución.
Es en este sentido que los nuevos gobiernos de México y Guanajuato deben ponderar en su justo valor el potencial de desarrollo de nuestro capital humano, mediante la asignación de recursos sustanciales a las instituciones de educación básica, media y superior. Hay que otorgarle a la ciencia nacional el estatus estratégico que debería tener. En Guanajuato es urgente apoyar la expansión de la educación pública y privada de calidad, particularmente a proyectos ambiciosos y de largo aliento como el que promete la reforma institucional y académica de la Universidad de Guanajuato, que le permitiría su expansión y su alcance hacia las regiones que tradicionalmente se han visto desatendidas. En lo particular me entusiasma mucho estar involucrado en uno de esos proyectos, la instalación de un Campus Sur en el municipio de Yuriria, que atendería las necesidades de una amplia región de 15 municipios de Guanajuato y varios más de Michoacán. Se trataría de un gran plantel con autonomía académica y de gestión, que podría atender hasta cinco mil estudiantes de licenciatura --la UG atiende hoy a poco más de 11 mil jóvenes en ese nivel--, con carreras pertinentes para la región y con la garantía de calidad que otorga una de las mejores universidades públicas del país --la segunda mejor de las estatales, en palabras de Julio Rubio, subsecretario de educación superior federal--. Los municipios objetivo tienen una población de 784 mil personas, de los que 106 mil se encuentran en edad de recibir educación superior (18 a 25 años). Hoy día deben salir de la región e incluso del estado para recibir este servicio. Es un enorme contingente de capital humano que requiere ser atendido y potenciado. En esas estaremos.

viernes, 10 de noviembre de 2006

Capital humano, II

Continuando mi disquisición sobre la teoría del Capital Humano del economista Gary Becker, y su aplicabilidad para la comprensión de la sociedad del conocimiento en la que vivimos en este siglo XXI, afirmo que en México nos hemos tardado demasiado en comprender que la riqueza más notable del país es su gente. Es nuestra población, y no nuestros recursos físicos o naturales, la fuente de capital que puede sacarnos de nuestro inveterado subdesarrollo.
Me permito hacer aquí un parangón con el petróleo, el recurso natural más importante con el que contamos --económicamente hablando me refiero--, sobre el cual afirmaba el ingeniero Heberto Castillo que no generaba riqueza en los países donde se extraía, sino donde se quemaba. Quería decir que los países exportadores de petróleo bruto sólo se beneficiaban del precio de venta de esta materia prima, pero perdían las verdaderas ganancias, que se generan cuando a ese producto se le inyectaba valor agregado mediante su procesamiento ulterior, lo que significaba que a la materia prima se le aplicaba nada más ni nada menos que el conocimiento. La tecnología, la ciencia, la petroquímica, son las auténticas fuentes de riqueza que permiten agregar un plusvalor no solamente en un primer ciclo de la producción, sino en varios más subsecuentes, transitándose desde la elaboración de productos primarios y secundarios, hasta la generación de fuentes de bienestar social que facilitan los bienes transformados por la tecnología. Esas condiciones sólo son posibles en los países que procesan las materias primas –aplicándoles más y más conocimiento— y reciben los auténticos beneficios del desarrollo.
En el caso de nuestro país seguimos exportando petróleo en bruto, dejando escapar las bondades que traerían su procesamiento y tecnificación. Seguimos creyendo en la vetusta teoría de las “ventajas comparativas” y renunciamos a la posibilidad de desarrollar tecnología petrolera propia. Pues bien, exactamente lo mismo estamos haciendo con nuestro capital humano: seguimos exportando al extranjero una fuerza laboral impreparada, materia en bruto, a cambio de disminuir las presiones laborales internas y sostener buena parte de nuestra economía en las remesas en dólares que remiten nuestros migrantes. Estos trabajadores exhiben un promedio educativo inferior al nacional, que de por sí es bajo. En esas condiciones sólo pueden aspirar en los Estados Unidos a los empleos indeseables y de salario mínimo. Es una tragedia que nuestro país haya convertido en su segunda fuente de divisas a los migradólares. Es una confesión de nuestro fracaso en la generación de empleos y capital humano.
Mencioné la semana pasada el ejemplo de la India, un país sobrepoblado que también exporta fuerza de trabajo a los países industrializados. Pero hay una diferencia sustantiva: se trata de un flujo de emigrantes reales o virtuales altamente calificados, ingenieros y tecnólogos que han recibido una educación superior de alta competencia. Y menciono que muchos son “virtuales” porque ni siquiera tienen necesidad de salir físicamente del país, pues se desempeñan en ámbitos tecnológicos o de servicios que se apoyan en las nuevas tecnologías de la comunicación y la información –el Internet— para vender sus servicios a empresas desarrolladoras de software, o bien a compañías de outsourcing que ofrecen servicios anexos subcontratados que reducen significativamente los costos de operación de los grandes consorcios. Para esto último, muchos trabajadores indios aprenden a la perfección un idioma extranjero, así como otras habilidades técnicas, y laboran en centrales de comunicación a distancia para proporcionar asesorías especializadas a los clientes de la empresa contratadora. Los beneficios son enormes para todos, pero particularmente para los trabajadores calificados que reciben ingresos decentes, impensables en su lugar de residencia.
Si en México y Guanajuato aprendiéramos de la lección de la India, de inmediato tendríamos que multiplicar nuestras inversiones en nuestro sistema educativo, así como en nuestro aparato de ciencia y tecnología. La aspiración de dedicar el 8% del PIB a la educación y el 1% a la ciencia sigue siendo una utopía. Somos el país de la OCDE que menos invierte en la formación de capital humano y en la estructuración de una sociedad del conocimiento. Mal camino, que nos condena al ostracismo económico y a la dependencia tecnológica, es decir, al subdesarrollo permanente. Pero ya que el tema me entusiasma, permítanme dedicarle otra contribución la próxima semana, ahora focalizándome en Guanajuato.

viernes, 3 de noviembre de 2006

Capital humano, I

La teoría del Capital Humano es una interpretación científico académica sobre los móviles que en el mundo postindustrial llevan a una nación a desarrollarse. Es un concepto que ha cobrado una enorme popularidad entre los planeadores del desarrollo desde hace cuatro décadas, pues destaca la enorme importancia que tiene la educación en todos sus niveles, para la conformación de una masa crítica de personal técnico y científico de alto nivel que constituya una sólida plataforma para el despegue de un crecimiento sostenido de cualquier economía. Recordemos que el concepto de “capital” fue desarrollado por los economistas clásicos, particularmente Carlos Marx, para describir los bienes y recursos –incluyendo los simbólicos e intangibles- que son capaces de reproducirse a sí mismos y generar un proceso de acumulación ampliada, esencia del capitalismo.
Así, el objetivo de cualquier acción educativa es la formación de ese “capital humano”, dentro la acepción ya clásica definida por el economista Gary S. Becker en 1964: “el conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos, de savoir-faire.” Se trata de la integración de un recurso inmaterial factible de acumulación y potenciación, que como cualquier otro capital tiene la cualidad de reproducirse a sí mismo y crear riqueza a partir de materiales o recursos inertes.
Este capital humano se evalúa por la diferencia entre los gastos de inversión inicial, como lo es la acción educativa y sus capítulos -costo del aparato educativo, gasto por estudiante, eficiencias terminales, efectividad en los procesos de retorno en la educación, etcétera- y su correspondencia con los resultados obtenidos –calidad educativa, eficacia, procesos de evaluación-. Tanto a nivel familiar como social se ponderan –aún de manera inconsciente- los costos y beneficios de la formación de este capital humano, y se define la conveniencia de un valor agregado cultural; pero esa definición depende del valor subjetivo que la sociedad concreta y su momento histórico le otorguen a la inversión de esfuerzos y recursos en la integración de dicho capital humano. Las naciones modernas le otorgan una gran importancia a este proceso, pero no sucede así entre los países aún inmersos en dinámicas pretéritas que daban más peso a la inversión en capital fijo tangible –compra de tecnología ajena, inversión en instalaciones, procesos productivos, etcétera.
Gary Becker estudió lo que hoy denominamos “sociedades del conocimiento”, y concluyó que su mayor activo es el capital humano que estas han sabido desarrollar. Su productividad se ve potenciada por la especialización de sus saberes y el desarrollo de tecnología de tercera generación, que implica la preeminencia del software -la sapiencia y experticia- sobre el hardware -el sostén material de la tecnología-. El capital humano es sumamente importante para mantener y proyectar la productividad de las economías modernas, ya que esta capacidad se basa en la creación, difusión y utilización del saber, el recurso por excelencia de una sociedad de tecnología avanzada.
En México nos ha costado muy caro no entender esta realidad. Durante décadas hemos abandonado nuestro sistema educativo en las manos de intereses políticos cortoplacistas, que antepusieron su beneficio particular sobre las necesidades del futuro de la Nación. Un ejemplo claro es lo que hoy vemos y padecemos en Oaxaca, donde grupos sindicalistas y de poder han secuestrado al aparato educativo local, condenando a centenas de miles de estudiantes a perder una oportunidad más de desarrollo.
En Guanajuato tenemos la oportunidad de oro de recuperar el tiempo perdido y potenciar nuestra formación de capital humano de alto nivel, esto por medio del despegue de la universidad pública y su expansión, con garantía de calidad, hacia todas las regiones del estado. La Universidad de Guanajuato se ha planteado un ambicioso proyecto para establecer al menos cuatro campii -plural de campus- en León, Salamanca, Celaya y Yuriria, para duplicar su matrícula en el 2010. La visión es crecer con garantía la excelencia, para así proveer a la entidad de ese capital humano tan necesario. Debemos aprovechar el “bono demográfico” que nos representan nuestras generaciones de jóvenes que están por entrar en edad productiva, y dejar de exportarlos al extranjero como mano de obra barata y sin calificar. Hay que seguir la vía inaugurada por la India, y forjar capital humano de alta competencia entre chavos y chavas que hoy de secundaria y prepa sin más expectativas que emigrar, malvivir o delinquir. Pero seguiré exponiendo mis razones la próxima semana…

viernes, 27 de octubre de 2006

Cultura y patrimonio, III

Continuando mis reflexiones sobre la pertinencia de que las autoridades locales y la sociedad civil organizada cuenten con mayores capacidades y espacios de acción en lo referente al cuidado y preservación del legado cultural de las entidades y municipios, llamo la atención ahora sobre la importancia que tiene la emisión reciente de la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato. Publicada en el periódico oficial -número 122-, apenas este 1 de agosto pasado, este instrumento normativo provee el andamiaje legal e institucional que facilitaría un tránsito sosegado en el caso de que se concretase la reforma de la fracción XXV del artículo 73 de la constitución federal. Si tal fuese el caso, Guanajuato se encontraría listo para proveer la cobertura necesaria para asumir las nuevas facultades y realmente coadyuvar con la federación en el cuidado y preservación de los bienes culturales materiales e inmateriales.
Pero incluso en el caso contrario, que tal precepto constitucional no sea modificado, de todas maneras ya sería tangible el beneficio de este amago de cambiar las tradicionales relaciones asimétricas con una instancia federal tan centralizada y refractaria al cambio como lo es el INAH. En un comunicado reciente, su director general Luciano Cedillo afirma que “los procesos de coadyuvancia en el manejo y administración del patrimonio cultural en el erritorio nacional, deben ser fortalecidos y alentados (…) dejando de lado posibles diferencias”. Significa que la vetusta institución reconoce la necesidad de un cambio de actitud, y abrirse a las demandas de un tiempo de cambio hacia el auténtico federalismo.
Tomemos el ejemplo del museo “regional” de la Alhóndiga de Granaditas. Sin duda es un edificio de enorme valor histórico, simbólico y cultural para los guanajuatenses y los mexicanos. El inmueble, inscrito en el registro de monumentos históricos nacionales, es sin embargo propiedad del gobierno del estado. Desde tiempos de Maximiliano y hasta 1947 fungió como cárcel estatal. En 1949, y gracias al gobernador Luis Díaz Infante, se convirtió en museo estatal. El 2 de enero de 1960 el gobernador Jesús Rodríguez Gaona firmó un convenio con el INAH para la administración y dirección conjunta del museo. Y fue más allá: promovió la Ley para la Creación del Instituto Regional de Antropología e Historia del Estado de Guanajuato, estatuto aprobado el 24 de enero de ese año y que sigue vigente al nunca haberse derogado, ni siquiera por parte de la nueva ley de patrimonio cultural.
En su artículo 5º se ordenaba que “el Instituto Regional de Antropología e Historia del Estado de Guanajuato estará a cargo de un Director que será designado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de una terna propuesta por el Gobierno del Estado.” El primer director fue don Arturo Sierra, a propuesta del gobierno local. Cuando el maestro murió en 1967, el gobierno de Guanajuato volvió a proponer una terna, de la que el INAH seleccionó al pintor José Chávez Morado, quien se hizo acompañar del joven abogado Isauro Rionda Arreguín como subdirector. El muralista dirigió la institución hasta principios de los ochenta, y a partir de ahí los directores que lo sucedieron –iniciando con Claudia Canales- fueron fuereños nominados por el INAH sin intervención del gobierno local. Evidentemente el resto de la ley también se ha convertido en letra muerta. Por ejemplo el artículo 10: “La vigilancia de las Zonas Arqueológicas, monumentos arquitectónicos y conservación de las colecciones diversas, estará a cargo de un Patronato integrado por once miembros, designados cinco por el Gobierno del Estado, cinco por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y formará parte como miembro undécimo el Director del Museo de Guanajuato.” Ese patronato jamás ha existido ni actuado.
Para colmo, la pesada dinámica interna del INAH ha contaminado su acción local. Hay que recordar lo profundamente politizado que está su sindicato. Por ejemplo, a pesar de que la mayor parte de los empleados de la Alhóndiga forman parte de la nómina estatal, el discurso radical y militante del sindicato federal les conduce a recoger banderas que no son suyas ni les conciernen.
En materia de patrimonio histórico y cultural la federación ha evidenciado limitaciones e incapacidades severas. El gobierno estatal, por su parte, ha padecido inconsistencia e incapacidad de estructurar una política propia y viable. Pero las cosas no tienen por qué continuar así. Si el INAH despliega mayor sensibilidad y talento hacia los requerimientos locales, y el gobierno del Estado realmente se compromete en la aplicación de la nueva ley local –que corre el mismo riesgo que la norma de 1960-, podremos esperar un reforzamiento de la presencia del sector público en el cuidado efectivo de nuestra enorme riqueza patrimonial. De otra manera sólo quedan malos augurios.

viernes, 20 de octubre de 2006

Cultura y patrimonio, II

Comentaba en mi pasada contribución mi posición acerca del debate que se está suscitando alrededor de la propuesta de reforma de la fracción XXV del artículo 73 de la constitución federal, que busca federalizar –en el sentido de reconocerles jurisdicción y concurrencia a los estados— las atribuciones que hoy día mantiene el gobierno de la República sobre el patrimonio material de carácter histórico o artístico del país. Esto ha llevado al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Luciano Cedillo, con el apoyo de toda la estructura directiva de ese órgano federal, a emitir un comunicado formal donde denuncian que la propuesta “atenta contra el patrimonio de interés nacional y general, el cual debe continuar siendo competencia de la Federación, quien históricamente ha llevado a cabo las acciones necesarias para su salvaguarda, así como para su investigación y difusión, garantizando su preservación para las futuras generaciones.” El comunicado, que puede ser consultado en la página electrónica del INAH, evidencia la persistencia de los prejuicios centralistas hacia las regiones y su provincialismo, el temor hacia la delegación de facultades, el afán de mantener los actuales espacios de poder burocráticos y la imposibilidad de aceptar que México y su sistema de distribución de responsabilidades han cambiado para siempre. La cultura no puede ser la excepción.
La dimensión enorme del patrimonio histórico nacional imposibilita en los hechos que el INAH pueda cumplir adecuadamente con su misión preservadora, sin recurrir a la participación de los gobiernos estatales y municipales, así como de la sociedad civil organizada. Todos los días encontramos en la prensa nacional y local ejemplos del imparable saqueo y la depredación de los bienes históricos que nos han heredado los pueblos del pasado. En las ciudades y pueblos de Guanajuato se observa este proceso con toda claridad en su patrimonio físico: edificios de arquitectura vernácula son derribados para hacer estacionamientos; monumentos históricos son lastimados por safios ignorantes; se impone el mal gusto kitsch sobre la elegancia de lo simple; aplastante imposición de la propaganda comercial sobre la imagen urbana tradicional; adicionado todo con la narcoestética de nuestras clases medias, y así un largo etcétera de agresiones sobre las evidencias relevantes de nuestro pasado.
En lo que respecta a los más de 1,200 sitios arqueológicos registrados por el INAH en Guanajuato, la situación es patética. Tal vez un par de decenas de sitios reciben algún tipo de atención y vigilancia, incluyendo los sitios de Cañada de la Virgen (San Miguel Allende), Plazuelas (Pénjamo), Peralta (Abasolo), El Cóporo (Ocampo), Alfaro e Ibarrilla (León), Cerro del Chivo (Acámbaro), y San Bartolo Aguacaliente (Apaseo el Alto). Y tal vez ni en esos. El personal de la delegación del INAH en Guanajuato no ha de superar la centena de personas, muy pocos de ellos con dedicación de campo. Basta visitar un monumento tan espléndido como el convento de San Pablo de Yuriria, joya del siglo XVI, para testimoniar el estado de abandono del lugar, al cuidado de un solo vigilante del INAH, cuya función principal es cobrar la entrada, incluso a los yurirenses. En cambio, el convento agustiniano de Salamanca pudo ser rescatado gracias a los buenos oficios de las autoridades locales, que lograron sacarle un acuerdo a la federación para establecer ahí un Centro Nacional de las Artes. El vetusto edificio encontró una nueva y estimulante vocación, evitando así su abandono.
La lejanía de las autoridades responsables del cuidado del patrimonio histórico impide que la sociedad civil y los vecinos comprendan o se involucren en el cuidado de estos bienes, que son suyos. Puedo mencionar un ejemplo familiar: en agosto de 1976, el INAH determinó que la casa de mi abuelo, el doctor Miguel Ramírez Tinoco, ubicada en los portales del jardín central de Yuriria, era un monumento histórico pues ahí había nacido el insurgente Joaquín Arias, y que era un ejemplo de “obra civil relevante del siglo XVIII”. Uno podría pensar que la reacción del dueño debería haber sido de orgullo ante tal distinción; pero no fue así: él protestó ante esas autoridades motivado por el miedo a que la federación se apoderase de su casa, además de la imposibilidad de hacerle cambio alguno y mantener su calidad de habitable. Mi abuelo le respondió así al doctor Guillermo Bonfil, entonces director del INAH: “me permito manifestar a usted, con todo respeto, mi inconformidad […] a la inscripción que de mi propiedad se pretende hacer en el Registro Público de Monumentos y Zonas Históricas […] por resultar falsos los hechos que en él se narran ya que con esto se ocasionaría, como siempre, una alteración de nuestra historia por no hacer estudios a fondo y por un simple escrito de cualquier persona que se dice historiador se pueda incluir cualquier inmueble […]”. Culminó afirmando que en realidad la casa había sido construida en 1925. El miedo inveterado a las arbitrariedades de la autoridad le hizo reaccionar así. Pero sin duda el inmueble es un ejemplo de la mejor arquitectura civil de los siglos XVIII y XIX. Pero permítanme seguir magullando el tema la próxima semana.

viernes, 13 de octubre de 2006

Cultura y patrimonio, I

Es casi natural que en este periodo cervantino dediquemos unas líneas a reflexionar sobre asuntos relativos a la dinámica cultural de nuestro país y nuestro estado. Un asunto que hoy día está llamando la atención de la comunidad cultural --entendida ésta como la de los promotores culturales, ya que en un sentido amplio esa comunidad la formaríamos todos-- son las propuestas de reforma al artículo 73 constitucional, que en su fracción XXV determina que el Congreso de la federación tiene como una de sus facultades “[…] legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional […]”. Esta facultad ha permitido que el gobierno federal, por medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), mantenga desde 1939 el control y vigilancia sobre este patrimonio, que históricamente ha estado sometido a una salvaje depredación por parte de saqueadores de todo tipo, incluidos los gobiernos locales.
La federalización --mejor dicho la centralización-- de este ámbito de la gestión cultural respondía a un momento histórico que le dio lógica y justificación ante la carencia de recursos institucionales a nivel local para hacer efectivas las normas protectoras del patrimonio histórico y artístico. Los gobiernos de las entidades y los municipios carecían de recursos, experiencia e incluso interés para salvaguardar su riqueza monumental. Además, esta centralización respondía a una lógica imperante en la época: los poderes centrales concebían a la “provincia” como un territorio agreste y primitivo, que debía ser sujeto a tutelaje y vigilancia, pues de otra manera se corría el riesgo de volver a dejar sueltas las fuerzas cerriles de los cacicazgos regionales, que estuvieron a punto de desgarrar el país. La educación, por ejemplo, fue “federalizada” en 1921, y se eliminaron los modelos educativos provinciales y la ingerencia de los agentes particulares, corporativos o municipales en la definición de contenidos. En lo económico esa centralización se reflejó en la fundación del Banco de México en 1925, que eliminó la capacidad de los gobiernos locales y los bancos privados de emitir circulante. Y en lo político-electoral recordemos la ley federal de 1946, que centralizó el control de los principales recursos electorales en manos de la Comisión Federal Electoral y el Registro Federal de Electores.
El actual director del INAH, Luciano Cedillo, dio la voz de alarma cuando la Cámara de Senadores anterior evaluó en abril pasado una reforma legal que permitiría a las entidades concurrir con la federación en áreas adicionales, entre ellas la facultad para legislar sobre el patrimonio cultural, que hoy es “propiedad de la Nación”. Señaló que esta posibilidad podría facilitar que ese patrimonio pudiera ser utilizado con fines comerciales, o bien que los intereses locales adulteraran el sentido protector de la intervención oficial en la materia. Hay un temor aparente hacia la dispersión y debilitamiento del control --de por sí laxo-- que ejerce el gobierno federal sobre ese patrimonio, y se percibe que la ingerencia de los gobiernos locales sería perniciosa y disgregadora. Viejos prejuicios centralistas que no terminan de desaparecer en un país con vocación centralista y autoritaria como el nuestro.
En lo personal pienso que la reforma propuesta vale la pena. El INAH ha evidenciado incapacidad para mantener un registro actualizado, un cuidado permanente y un seguimiento de la situación de los cientos de miles de elementos que conforman el patrimonio histórico y cultural del nuestro país. Y no es por falta de interés, por ineptitud o por indolencia: sencillamente es imposible que un instituto tan centralizado pueda mantener presencia en el amplio conjunto de la riqueza cultural que han generado los centenares de pueblos que han habitado en nuestro vasto territorio. El cuidado de ese caudal incalculable debe estar en las manos de un pueblo informado y comprometido, que se asuma responsable de la preservación de lo suyo. Es imposible que el Estado federal pueda con el paquete; necesita de los 32 gobiernos estatales, los 2,500 municipales y los millones de vigilantes que podemos hacernos cargo de ese resguardo. Por supuesto, la federación debe asumir la función de asesoría y supervisión para que se respeten las líneas básicas de la política de conservación patrimonial. Miles, millones de componentes de ese patrimonio se verán beneficiados. En Guanajuato abundan los ejemplos del actual abandono, así como de la potencialidad de una intervención positiva de los agentes locales, pero este asunto lo dejo para mi siguiente aportación.

viernes, 6 de octubre de 2006

El cerco de Numancia

Un presidente con miedo a su propia gente es un mandatario patético. Ese fue el mensaje que recibí el miércoles pasado, cuando me convertí uno de los centenares de guanajuateños -los sufridos habitantes de la cañada- que fuimos víctimas de los delirios de persecución del Estado Mayor Presidencial y de los responsables de la seguridad local. Se nos impidió el libre tránsito por nuestra ciudad desde muy temprana hora, a pesar de que la inauguración estaba anunciada hasta la tarde-noche. Varias vías del centro de la ciudad fueron cerradas o casi, ya que para poder transitar por ellas se nos demandó presentar identificación, dejarse revisar y dar una explicación prolija a torpes agentes de seguridad que difícilmente tienen capacidad de discernir quién de los interrogados es un temible terrorista de Al-Qaeda, un violento manifestante de la APPO, un machetero de Atenco, un furibundo lopezobradorista o un simple transeúnte que requiere realizar sus menesteres cotidianos.
Mi caso puede ser ejemplar: ese día poco antes de las nueve de la mañana me dirigía al café Valadez a desayunar con unos periodistas de La Jornada, cuando se me impidió el paso al Jardín de la Unión. Un par de lerdos elementos de la FSPE me detuvieron en mi intento de pasar por entre las vallas metálicas que el EMP había instalado desde la madrugada. Me exigieron explicarles a dónde y a qué me dirigía, a lo que me rehusé alegando mi derecho constitucional al libre tránsito. Me demandaron entonces una identificación, y les mostré la ineluctable credencial del IFE. La miraron como botarates, no supieron qué más hacer y me les colé sin dar oportunidad a que me siguieran interrogando, no sin algo de miedo a que me aplicaran una “paciflorina”. Fue un momento kafkiano, un absurdo completo y motivo para que me sintiera amenazado, humillado y enojado. ¿De qué les sirve cuestionar y demandar identificaciones si no las pueden cotejar con nada? ¿Tienen acaso una lista de alborotadores a los que deben impedir el paso? ¿Con sus preguntas pueden detectar quién se prepara para insultar al presidente o incluso agredirlo? Claro que no: lo que se buscaba era intimidar, disuadir, amedrentar. No instalaron arcos detectores de metales, por lo que infiero que no esperaban detener a sujetos armados. Entonces, ¿de qué sirve irritar a una ciudad entera con estos desplantes de arbitrariedad autoritaria? ¿La constitución y los derechos humanos se suspenden cuando aparece su majestad el presidente?
Como en los viejos tiempos de doña Carmen Romano, cuando el EMP tomaba por asalto a la ciudad, el miércoles se nos arrebataron nuestras calles. Era evidente el miedo a manifestaciones de repudio, que al final ni siquiera se dieron, más que tímidamente por parte de un grupo muy limitado de seguidores del peje. ¿Se justifica bloquear el tránsito de centenares de personas sólo para evitar que los sensibles oídos presidenciales escuchen gritos inoportunos? ¿Y el derecho a la libre manifestación dónde quedó? ¿Hay situaciones de excepción? Yo creo que más bien es parte de la consabida estrategia de los subalternos de encapsular al presidente para engañarlo y ocultarle la realidad. Y luego para colmo el presidente ni siquiera se apareció por el Teatro Juárez o el Jardín de la Unión. ¿El EMP no conocía su itinerario de antemano?
Esto no habla bien de los “demócratas” que hoy nos rigen en los tres niveles de gobierno. El presidente Fox, tal vez sin saberlo, remitió un mensaje de temor a las reacciones opositoras. Y por su parte, la nueva administración estatal se inaugura -voluntariamente o no- con una inútil exhibición de autoritarismo. ¿De qué les sirvió llenar la ciudad de vallas y agentes de seguridad? ¿Se evitó así algún atentado contra la integridad de alguna persona? Sin duda que no. Sólo se evidenció que no importa tanto quién esté a cargo, en nuestro país el poder se ejerce siempre de la misma manera: con la mística de la autoridad que heredamos de nuestro pasado despótico.
Mala manera de comenzar la fiesta del espíritu: evitando que los ciudadanos comunes gocen de sus libertades básicas y enajenándolos de sus calles. ¿Esto nos espera? Lástima.

viernes, 29 de septiembre de 2006

Primero los pobres

Sin sorpresa alguna se ha inaugurado una nueva administración estatal, ahora a cargo de Juan Manuel Oliva, un joven periodista devenido en actor político --es decir en su original fuente de información-- luego de una carrera personal breve pero intensa. Su asunción del poder estatal no plantea ningún quiebre con sus antecesores panistas, ni anuncia la apertura de una nueva era en una hegemonía monopartidista que ya acumula 15 años en el pandero del ejecutivo local. Guanajuato se ha ido consolidando como el enclave más consistente del conservadurismo nacional, que ha mostrado que esa es la raíz profunda que pervive en todo mexicano del altiplano.
La amplia ventaja electoral (61.9%) con que el nuevo gobernador se alzó con la victoria le provee de una amplísima legitimidad. Seis años antes Juan Carlos Romero había ganado su elección con el 56.5% de los votos, y once antes Vicente Fox, con todo su carisma y popularidad, logró un 58%. El sencillo Juan Manuel Oliva ha conseguido un verdadero récord, particularmente si recordamos que en esta ocasión no existía un candidato presidencial carismático que “jalara” la elección local, como sucedió hace un sexenio. Al contrario: todo apunta a que Felipe Calderón fue el gran beneficiario de la popularidad del paciente candidato guanajuatense, ya que recibió poco más de un millón cien mil votos guanajuatenses, extremadamente valiosos en el escenario conflictivo desatado por su cercanísimo rival a su izquierda.
El nuevo gobernador plantea algunas incógnitas para los que nos dedicamos a escudriñar en los asuntos públicos. Su personalidad no parece especialmente atractiva en un tiempo donde predomina la imagen sobre el fondo. Su verbo no es necesariamente elocuente ni conceptuoso, aunque sí prolijo en información y planes de trabajo. No es carismático como Fox, ni intelectual como Romero. Tampoco tiene el atractivo físico de Medina. Pero por supuesto no inspira la desconfianza que despertaba Corrales Ayala. Su perfil es más sencillo y común, pero tal vez ese sea su mayor activo: es una persona como cualquier otra, de origen humilde, forjado a sí mismo y acostumbrado a la chamba dura y cotidiana. Ha talacheado y picado piedra desde abajo y desde su juventud más tierna. No podemos decir lo mismo de Romero, Fox o Medina, quienes pertenecen claramente a una clase social más acomodada, lejana a las angustias de los necesitados.
Nos preguntamos ahora si el nuevo gobernador sabrá inaugurar una fase novedosa en este ya largo predominio panista, o si se limitará a preservar lo acumulado inercialmente por sus antecesores. ¿Sabrá imprimir un sello particular a su gestión, buscando trascender lo ordinario y conducirnos a una nueva forma de interacción entre gobierno y sociedad? ¿O sencillamente se hará cargo del changarro prestado por las fuerzas reales y ocultas del conservadurismo sibilino, que procuran por el beneficio privado por sobre el público?
Se requiere de un nuevo liderazgo, con raíz popular, que sepa interpretar las señales que ha emitido la sociedad política mexicana: hay que ver por los pobres, hay que compartir los beneficios del desarrollo, hay que moderar los perjuicios del liberalismo extremo. Ya lo entendió Felipe Calderón, y anuncia que rebasará por la izquierda a su más cercano rival electoral. Guanajuato tiene cientos de miles, millones de pobres. Hace casi una década el gobierno estatal de Vicente Fox encargó un estudio a los principales especialistas en pobreza en nuestro país, Julio Boltvinik y Fernando Cortés, de El Colegio de México, para evaluar el grado de marginación social de Guanajuato. Los resultados no gustaron a esa administración y el estudio --el mapa de la pobreza-- fue ocultado. Era más importante el debate que el gobernador desarrollaba entonces con el gobierno federal y no darle argumentos al enemigo político Esteban Moctezuma. Pero los pobres de Guanajuato siguieron ahí, aunque se les negara.
Juan Manuel Oliva proviene de las clases populares que no han tenido más oportunidades que las que se han sabido crear ellas mismas. Su sensibilidad hacia los amolados --“amolado”: hecho salsa, molido, aplastado-- se puso en evidencia en su determinación de destinar cien millones de pesos adicionales a becas para estudiantes necesitados. Ese es el camino correcto. Ojalá acompañe esta decisión con una política sólida en el campo del desarrollo social, y que sepa revertir la mala fama de los partidos conservadores de ver más por la comodidad de los acomodados que por el menester de los menesterosos.

viernes, 22 de septiembre de 2006

Los estilos personales de gobernar

Como en el resto del país, en Guanajuato la administración pública sigue estando muy supeditada al “estilo personal de gobernar” del titular del ejecutivo en turno. El concepto fue popularizado por el eminente historiador y politólogo Daniel Cosío Villegas --de quien me considero nieto intelectual a través de mi maestro Luis González--. Y en efecto con esa noción se pone en evidencia la ausencia de institucionalidad y políticas de estado que aún padece nuestro país y sus entidades. Es fácil recordar cómo las sucesiones de presidentes y gobernadores en tiempos de la hegemonía priísta podían significar rompimientos muy fuertes entre un estilo personal y el siguiente. Se trataba incluso de una renovación generacional y de personas, con lo que el quiebre se acentuaba aún más.
Todos recordamos los rompimientos administrativos entre los gobernadores Aguilar y Maya y Rodríguez Gaona, entre Torres Landa y Moreno, entre éste y Ducoing, y ni hablar de la defenestración de Velasco Ibarra y el arribo del apagafuegos Téllez Cruces. Yo siempre he pensado que la alternancia partidista de 1991 no representó un cambio de estilo tan dramático como los quiebres sexenales previos. Y sin embargo de una administración panista a la otra las mudanzas de modos han sido más que sensibles.
Históricamente el Partido Acción Nacional se quejó siempre de la falta de continuidad en las políticas de desarrollo y gestión administrativa entre una administración priísta a la siguiente. Y tenían razón. Pero el destino les deparó hacerse del poder estatal y federal, y confrontarse con la realidad de que la cultura política prevaleciente no facilita la continuidad; al contrario, en la mayoría de los casos los ciudadanos esperan el cambio, aunque ello signifique interrumpir procesos que requieren de tiempo para madurar.
Las administraciones estatales y municipales del PAN no han logrado romper con esta longeva tradición de rompimientos intergestiones; lo que la realidad ha puesto en evidencia es que siguen pesando más los estilos personales de gobernar que las políticas de estado. Lo vimos con el gobernador Carlos Medina y su obsesión con el desarrollo institucional, que concentró en exceso los esfuerzos públicos en el frente interno del gobierno estatal, descuidando los frentes externos y la política de altos vuelos. Luego llegó Vicente Fox y dio golpe de timón, descuidando el frente interno y excediéndose en el externo: dejó la administración en manos de subalternos, gobernó desde su celular, con ocurrencias y bravuconadas que le costaron caras a la entidad. Don Ramón Martín llegó para poner la casa en orden y apagar los numerosos fuegos dejados por su predecesor; fue institucional y se olvidó de protagonismos.
En el 2000 se inició la primera gestión panista sexenal con Juan Carlos Romero Hicks, que tuvo un bautizo político accidentado. Su primera chamba fuera de la universidad fue la de gobernador del estado, por lo que su visión administrativa venía marcada por el formalismo extremo de la academia teórica. Las altas temperaturas impuestas por Fox como gobernador fueron sustituidas por los vientos gélidos de la planeación y la gestión de procesos. El montón de instituciones inauguradas durante la fiebre foxiana fueron liquidadas una por una y se impuso una mayor racionalidad en los procesos internos.
Un dato evidencia la nueva filosofía administrativa: desde 1985 no se había cambiado la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el nuevo gobierno estatal promovió su actualización y tres reformas adicionales. Se combatió la discrepancia entre lo formal y lo real en las estructuras administrativas. Además se impuso un modelo de planeación participativa que tuvo un arranque caótico, pero que pronto corrigió el rumbo. Todas las instancias de gobierno se vieron obligadas a emitir sus reglamentos internos y cuidar de su actualización y vigencia. Los primeros tres años no evidenciaron quiebres sustanciales con los estilos previos, pero en cambio los tres últimos sirvieron para definir el sello del romerismo. Con la obra pública sucedió algo similar: los últimos dos años vieron la eclosión de la obra, rompiendo la tradición panista --que señaló acertadamente Yemile Mizrahi en un trabajo sobre gobiernos panistas-- de despreciar la obra pública de gran aliento.
El académico Juan Carlos deja la administración en manos de un periodista y operador político, Juan Manuel Oliva. Ambos compartieron las responsabilidades de gobierno en la primera mitad del sexenio exangüe, y se traslucieron diferencias de visión entre ambos. La incógnita actual se comenzará a develar la próxima semana: ¿experimentaremos de nuevo un rompimiento de estilos? ¿Habrá golpes de timón? ¿Cómo definirá su estilo el nuevo gobernador? Hagan sus apuestas.

viernes, 15 de septiembre de 2006

Un reforma cuestionada

Faltando muy poco tiempo para que culmine el periodo de la LIX legislatura, el gobernador de nuestro estado, el maestro universitario Juan Carlos Romero Hicks, presentó la tan esperada iniciativa para la reforma de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, instrumento que ha regido incólume los últimos doce años. La expectativa es grande, recordando que el proceso previo de debate al interior de esta institución había transitado por peripecias sin fin. Dos rectores promovieron la reflexión interna, y la suerte no siempre estuvo de su lado. Algunos componentes de la comunidad universitaria -concepto que ahora sí tendrá existencia legal- han considerado que las maneras tradicionales de ejercer la academia en la colmena legendaria se ven amenazadas, y que la reforma en realidad oculta aviesos intereses de los detentadores del poder. No les han faltado argumentos, hay que reconocerlo, en un momento político en el que priva la incertidumbre ante el inminente regreso de los tecnócratas universitarios a sus madrigueras académicas.
Independientemente de cómo se puedan interpretar las sutilezas de los tiempos políticos y las imágenes que proyectan los actores, lo que a mí me tiene pasmado es cómo se ha simplificado al extremo los argumentos que hoy se exponen en los medios. Priva el maniqueísmo y la ignorancia. Pocos periodistas, opinadores e incluso universitarios se han tomado el trabajo de analizar con cuidado las iniciativas existentes, la del Consejo Universitario y la del Gobernador y su equipo. Yo sí me puse a chambearle, y comparé ambas propuestas artículo por artículo, y me doy cuenta de que muchas críticas -no todas- son infundadas. Por eso someto mi juicio a los lectores, para contribuir a la construcción de una opinión pública más objetiva.
Comencé estudiando las exposiciones de motivos, y confieso que en ese momento mi criterio favoreció a la exposición original por sobre la modificada por la gente del gobernador. La versión universitaria es sobria, elegante, bien escrita y no abunda en antecedentes innecesarios. La del ejecutivo es -en palabras romeristas- “profusa, confusa y difusa”: es reiterativa, formalista, aburrida y machacona con los antecedentes. Quien la escribió tenía mucho interés en subrayar lo mucho que la institución le debe al signatario de la iniciativa. Afortunadamente la exposición de motivos sólo es un aderezo de la auténtica ensalada.
En cambio la propuesta legal basculó mi opinión a favor de la iniciativa gubernamental. Se nota la mano de expertos en diseño jurídico. La propuesta de ley que se presentó ante el legislativo es ligera, concreta y económica. Eliminó muchos “loops” (rizos) normativos que gravitaban sobre la iniciativa universitaria. Además, y en abono a la autonomía, se dejó en manos del Consejo General Universitario el legislar sobre muchos procesos internos que se habían incluido sin necesidad en la versión previa. Sin duda es una ley marco, sin excesos prescriptivos y que le apuesta a la madurez institucional de la universidad.
La propuesta universitaria no sufrió demérito alguno, con excepción de los candados que el Consejo había introducido ante el temor -quiero creer que infundado- de que la reforma tuviese destinatario. Se dejó incólume la organización propuesta con base en campii, divisiones y departamentos, estructura que en realidad es el corazón de la reforma. No se tocó la colegialidad y los pocos mecanismos de democracia directa que se previeron en el texto original. No cabe duda de que la universidad no se está democratizando en el sentido electoral del término, pero sí se refuerzan las facultades del los órganos colegiados y se dan espacios al diálogo. Aprovecho para reiterar que aunque la democracia proporciona legitimidad y gobernabilidad a una institución, no facilita la efectividad que conduce a la excelencia. Y hoy día en la educación mexicana, tan deprimida, urge avanzar hacia esa excelencia académica, que constituye un verdadero elemento de justicia y ascenso social en la realidad concreta.
El modelo departamental y la autonomía fortalecida son las mejores vías para expandir la oferta y la presencia de nuestra universidad sin castigar su calidad. Eso es lo fundamental, no lo olvidemos. Si queremos verle tres pies al gato podremos estar de acuerdo en que la eliminación de los candados envió un mensaje inoportuno, que lastima sin necesidad. Yo los hubiera dejado intocados en aras de despejar cualquier duda, pero se ha optado por exponerse a las suspicacias. Y bueno, la mula no era arisca…

Por cierto, quien desee echarle un ojo a ambas iniciativas, las puede bajar de mi página personal: www.luis.rionda.com.mx

viernes, 25 de agosto de 2006

¿Educación con valores?

Continuando con la polémica que se ha desatado en nuestra entidad en torno al contenido de algunos de los libros de texto propuestos por la SEP para apoyar el acercamiento de los estudiantes de secundaria a los fenómenos biológicos como la sexualidad, dedico esta contribución a responder algunos de los comentarios que he recibido de forma personal por parte de algunos lectores y amigos.
En primer lugar, existe la circunstancia real de que el grueso de los padres de familia guanajuatenses nos hemos formado en un entorno cultural muy restrictivo en lo que concierne a los usos y conocimiento sobre nuestros cuerpos y su fisiología, muy particularmente su sexualidad. Y es claro que quien no ha recibido tiene pocas posibilidades de dar. En cambio sí hemos heredado un caudal de mitos y prejuicios, muchos de ellos con raíz en la tradición religiosa dogmática en que se nos adoctrinó. Y no es ningún secreto que las religiones –tal vez con la excepción del taoísmo han construido interpretaciones míticas de la sexualidad más interesadas en su control y restricción, incluso su interdicción para ciertos sectores de la sociedad. Las diversas sociedades han construido instituciones culturales y normativas que rigen arbitrariamente sobre las conductas sexuales, y canalizan los instintos naturales hacia las sendas de la convivencia regulada, que garantiza -hasta cierto punto- la certidumbre en las relaciones entre los individuos. La moral religiosa forma parte de ese sistema normativo, y aplica prescripciones y prohibiciones que son presentadas en el gran envoltorio de los “valores morales universales”.
El gran problema reside en que las instituciones culturales, entre ellas la moral pública y las ideologías religiosas, evolucionan a ritmos sustancialmente más lentos que los acelerados cambios de la sociedad tecnológica y globalizada del mundo contemporáneo. Es decir que la sociedad material avanza más aprisa que sus propias instituciones. Este desfase conduce a conflictos y confusiones como los que vemos en materias tan sensibles a la moral tradicional como lo es la educación sexual que impulsa el modelo educativo formal. La SEP y sus especialistas tienen plena conciencia de la necesidad de actualizar los elementos conductuales de los mexicanos del siglo XXI para que correspondan a las nuevas realidades que nos impone la (post)modernidad. Pero muchos sectores de la comunidad se oponen a esos cambios que no alcanzan a asimilar, y abanderan la defensa de una “educación con valores” que supuestamente cuide el componente “humanista” del proceso educativo. El problema, desde mi punto de vista, es que los valores culturales siempre serán relativos al tiempo histórico y las necesidades concretas del conjunto. No hay tal cosa como los “valores universales”, pues si en efecto existieran las sociedades no evolucionarían ni se adaptarían a las circunstancias cambiantes que les impone el medio. Darwin y sus herederos pusieron en evidencia que el cambio permanente ha sido el secreto de la supervivencia para todas las especies vivas, incluyendo la nuestra.
Además, nadie se toma el trabajo de definir lo que entiende como “valor”. El diccionario de la Real Academia enlista los siguientes significados: “1. Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. 2. Cualidad de las cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas cierta suma de dinero o equivalente. 3. Alcance de la significación o importancia de una cosa, acción, palabra o frase. 4. Cualidad del ánimo, que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a arrostrar los peligros. 5. En sentido peyorativo, denotando osadía, y hasta desvergüenza. 6. Subsistencia y firmeza de algún acto. 7. Fuerza, actividad, eficacia o virtud de las cosas para producir sus efectos. 8. Rédito, fruto o producto de una hacienda, estado o empleo.” Tal vez la acepción más sea la séptima, pero al menos a mí no me queda claro si una “educación con valores” equivale a una “educación con capitales” -es broma-, o bien a una educación pensada en reforzar los viejos esquemas conductuales que dicta la tradición, a pesar de que su anacronismo ponga en riesgo la vida y la salud -física y mental- de nuestros hijos. Yo me quedo con la opción de un modelo educativo proactivo que propicie el desarrollo armónico del individuo con su colectividad y su entorno cambiante. Eso también es un “valor”.

viernes, 18 de agosto de 2006

Educación sin sexo

Varios de los libros de texto que la SEP ha recomendado para tutorar la enseñanza de la ciencia biológica en el nivel de educación secundaria han causado un inopinado escozor entre asociaciones conservadoras locales, que han demandado públicamente su retiro o bien que sean “corregidos” –vale decir censurados-. Es el caso del libro “Competencias Científicas I” de la editorial Norma, cuya coautora Myriam Stella Fernández ya se ha visto obligada a hacer declaraciones ociosas ante la prensa guanajuatense y se ha mostrado sorprendida por la reacción de las “buenas conciencias” abajeñas.
Me llama en extremo la atención que en pleno siglo XXI todavía sigamos debatiendo sobre la necesidad o pertinencia de la educación sexual. Se sigue alegando la pretendida defensa de la moral y las buenas costumbres para mantener a nuestros hijos en el mismo estado de ignorancia e indefensión en el que crecieron nuestros padres e incluso nosotros mismos. En mi caso, recuerdo muy vívidamente cuando la maestra Melba Castellanos, la fundadora de la escuela secundaria estatal Presidente Benito Juárez, emprendió -por sus pistolas- un programa pionero de educación sexual entre los chicos que entonces (1973) estudiábamos en su escuela. La doctora Arias nos dio a chicos y a chicas –por separado para evitar cualquier mala interpretación- unas espléndidas charlas aderezadas con transparencias e ilustraciones que nos abrieron los ojos a un mundo desconocido e inquietante, pero también hermoso y pleno de amor. El sexo dejó de ser un asunto pecaminoso, de fotos en los baños, de chistes asquerosos y de historias falaces para convertirse en un tema de discusión abierta y de búsqueda de información. Aprendimos a hablar de penes y vaginas, y no de “p…” y “p…”. Supimos de las enfermedades venéreas y de los recursos para evitarlas -incluyendo por supuesto la abstinencia-. Nos enseñaron sobre el riesgo de la maternidad y paternidad tempranas, y también los medios de evitarlas. Nuestros libros de biología no mostraban gráficamente el sexo, aunque sí proporcionaban alguna información pertinente. En cambio los materiales de nuestra tutora eran explícitos y nos ayudaron a conocer y aceptar las características de nuestros cuerpos. También recuerdo que por entonces se estrenó la espléndida película “El cuerpo humano” -que luego se hizo serie de TV-, que cuando se estrenó causó gran interés por mostrar desnudos no pornográficos y por exhibir al detalle la fisiología de nuestros cuerpos. Gracias a esas fuentes de educación sexual, mi relación con el sexo se dio -y se da- de manera grata y natural. Mis experiencias nunca fueron traumáticas ni irresponsables, nunca me pegó una enfermedad, ni embaracé a nadie inoportunamente, ni me acomplejé por circunstancias infortunadas. He sido sexualmente feliz, y en muy buena medida se lo debo a mis queridos profes de la secundaria. Sólo nos faltó un buen libro de apoyo. ¡Y hoy existe!
Las declaraciones del señor ingeniero que está a cargo de administrar la educación en nuestro estado, e incluso las opiniones vertidas por el gobernador Romero sobre este asunto, me confirman la situación lamentable de que se sigue privilegiando la ideología política y la fe religiosa de los regenteadotes del gobierno, por sobre las necesidades reales de la formación educativa integral. Lo que los voceros oficiales denominan “educación con valores” es un eufemismo que oculta la militancia religiosa y conservadora, misma que pretende la existencia de “valores universales” que deben ser observados por todos, sin excepción. Entre esos valores está el que define al sexo como estricto mecanismo reproductor, enmarcado en los confines de la familia contractual, legitimada por la iglesia y heterosexual. Recuerden que la fornicación, el sexo por placer, es un pecado capital que conduce a la condenación. Es evidente que los que si practicamos el sexo como un goce vital -¡y porque nos encanta!- no compartimos entonces ese “valor universal”.
La creencia en absolutos morales conduce a la intolerancia política y religiosa. Hay absolutos tanto en la izquierda como en la derecha ideológicas, y dentro de esta última destaca el aborrecimiento del sexo trivial y el rechazo a su conocimiento científico. El problema es que los padres de familia que asumen esta posición condenan a sus hijos a perpetuar la ignorancia y a que arriesguen la vida cuando se acerquen a esta manzana prohibida. El sexo es una realidad natural, y como tal es ajeno e indiferente a nuestros constructos morales. El sexo es conducta, pero más que nada es instinto. Por eso, para reforzar las conductas que nos lleven a una experiencia sexual plena y responsable, hay que reforzar los contenidos educativos de orden científico y objetivo. Los “valores” no ayudarán mucho cuando la ignorancia propicie conductas de riesgo que desaten los peligros auténticos de nuestra naturaleza animal.

viernes, 4 de agosto de 2006

¿Un futuro sin agua?

La Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG) inauguró este miércoles su XII ExpoAgua, que con mucha fortuna conjugó con el IV Encuentro Nacional de Cultura del Agua. El evento convocó a un importante número de expertos, funcionarios, estudiosos y demás personajes que tienen interés o vínculos con el tema del aprovechamiento y cuidado del recurso natural más valioso para la vida en este planeta: el agua.
Acompañé a mi padre a la inauguración, pues el ingeniero Ricardo Sandoval, talentoso y sensible secretario técnico de la CEAG, lo había invitado a dar la conferencia inaugural, donde el maestro Isauro Rionda ensayó un acercamiento a las vicisitudes que la ciudad de Guanajuato ha enfrentado históricamente para lidiar con la escasez o la abundancia del agua. La ciudad minera ha transitado siglos de penuria ante las sequías pertinaces o las inundaciones catastróficas. Me hizo recordar un pasaje de aquella novela de la escritora Vicky Baum, “El ángel sin cabeza”, donde describe un día funesto a principios del siglo XIX, cuando la población amaneció con los sufrimientos del estiaje y la sed generalizada, y luego cómo por la tarde el cielo se cubría de nubarrones, y pronto se desataba un chubasco violento seguido del famoso “burro de agua”, una especie de tsunami que descendía de las cañadas de la sierra y barría todo a su paso. La sed matutina y el ahogo al atardecer. Nuestra relación con el agua ha sido siempre de extremos, incluso violentos.
Me pareció importante que se subraye que muchas tecnologías tradicionales de aprovechamiento del agua se hayan perdido de la memoria colectiva, como fueron los aljibes, las cajas de agua, los bordos, y demás recursos, que han sido sustituidos por tecnologías más depredadoras del medio, como las grandes presas y canales, y ni se diga de los pozos profundos.
Me pareció afortunado que el evento de la CEAG se realice precisamente en esta época, que tradicionalmente se ubica como plena temporada de lluvias. Sin embargo, y en contraste con lo que está sucediendo en otros lugares del país, donde desde hace semanas están lidiando con lluvias torrenciales (Monterrey, Guadalajara, Ciudad Juárez, el DF), en Guanajuato la temporada se ha retrasado este año más de lo normal. Es increíble que en este año se haya llegado al extremo de cancelar la apertura de la presa de la Olla, que debió ocurrir el primer lunes de julio. Sencillamente no ha llovido lo que debería para la época. Pero esta semana se ha mostrado muy llovedora, como si la naturaleza quisiese poner al día su deuda de agua con el estado de Guanajuato. Ojalá que las lluvias mantengan su ritmo actual, pues nuestra situación en cuanto a disponibilidad del recurso parece empeorar con los años.
Guanajuato es fuertemente deficitario en agua. Es decir, gastamos más agua que la que recibimos de forma natural por escurrimientos o por los acuíferos subterráneos. Recibimos 4,142 millones de metros cúbicos anuales (MM3A), pero hay aprovechamientos de 5,584 MM3A. Eso quiere decir que usamos 1,442 MM3A (26%) más de los que la naturaleza provee sin alterar los equilibrios hídricos del medio ambiente. ¿De dónde sale esta diferencia? De la sobreexplotación de los mantos freáticos. Los pozos profundos, cada vez más profundos, son la fuente de este exceso sobre la naturaleza. La depredación del ser humano no tiene límites, y estamos poniendo en riesgo nuestra propia supervivencia.
Los especialistas nos advierten de lo peligroso de esta situación. Debemos cambiar nuestra relación con el entorno. Es increíble que el 88% de nuestro consumo de agua se esté yendo a la agricultura, que padece todavía de técnicas anacrónicas para el riego. El desperdicio por malas técnicas de conducción es enorme, y las resistencias sociales hacia el cambio y la tecnificación son todavía formidables. Nadie quiere gastar en ahorrar agua, que es vista como un recurso barato. Muy diferente a Israel o los emiratos árabes, donde han hecho florecer el desierto con poquísima agua, bien aprovechada.
Si no hacemos algo con urgencia, nuestros hijos crecerán en un ambiente desertificado, con conflictos sociales derivados de la carencia de agua -no por nada “rivalidad” viene de “río”-. Ya tuvimos una probadita con los casos de Romita-La Muralla y recientemente en nuestro pleito con Jalisco por la construcción de una presa en el río Verde para León. Las cosas se pondrán mucho peor cuando los ecosistemas reflejen el abatimiento dramático de los acuíferos. Estamos cavando nuestra tumba futura si no reaccionamos a tiempo.

viernes, 21 de julio de 2006

Guerra y odio

Nuevamente el horizonte internacional se oscurece a consecuencia del odio y la guerra. Otra vez son los israelitas y los palestinos los que nos quitan el sueño. Al polvorín del oriente medio se le arrima la centella encendida del conflicto inveterado entre dos de los pueblos que más se odian entre sí. Y es un rencor que ya ha acumulado más de un siglo de embrollos y desencuentros, hasta convertirse en el ejemplo paradigmático de lo que el muy conservador Samuel Huntington llamó el “choque de civilizaciones”, el futuro que se asoma desde el siglo XXI . La cultura oriental islámica, encerrada en sí misma, orgullosa de su pasado brillante, enriquecida y empobrecida por los veneros del petróleo, se ve sujeta a humillaciones recurrentes por parte del enclave occidental israelita, moderno, desarrollado, ensoberbecido por el poder del dinero y de las armas, y convencido de ser el pueblo elegido -otro más- de Dios. Ambos pueblos parten de sendos errores en la concepción propia y del otro. Por eso la diferencia sólo la establecen las enormes disparidades en cuanto a sus capacidades bélicas y económicas. Ambos basan su derecho a existir en legados escriturados por el pasado milenario, pero por lo mismo se los niegan mutuamente y generan sus propios fundamentalismos. Para poder existir uno, el otro debe desaparecer de la vista, incluso fenecer.
La compleja historia del sionismo -otra forma de racismo, como lo consideró la ONU en 1975- nos lleva a preguntarnos si los pueblos pueden asumir derechos contemporáneos a partir de sucesos del pasado lejano, entre ellos la potestad sobre tierras y espacios. Si así fuera, el mundo actual sería ingobernable, pues cualquier grupo social podría desempolvar derechos ancestrales sobre dominios que considerara “usurpados”. México, por ejemplo, argüiría derechos sobre siete de los estados de la Unión Americana, y la lista de reclamos sería tan interminable como absurda.
Los palestinos tienen derecho a vivir y sobrevivir en los territorios que la comunidad internacional le ha reconocido a su Estado soberano. Las guerras y la violencia no pueden ser asumidas como medios legítimos para imponer decisiones políticas de los países con vocaciones imperiales. El derecho a existir de Israel debe ser reconocido como producto de los imperativos de la historia, pero siempre y cuando el Estado israelita reconozca a su vez el derecho de los palestinos a poseer un espacio propio, con la misma jerarquía de sus vecinos árabes, judíos y gentiles.
Dos guerras cruentas sustentaron el derecho -autoasignado- de Israel a la mayor parte del territorio que hoy ocupa: la de 1948 -inmediatamente después que nació como producto de una resolución de la ONU- y la de 1967, cuando barrió con sus vecinos árabes. A partir de entonces miles de palestinos se vieron obligados a refugiarse en los países vecinos y a iniciar su propia diáspora, muy a la manera de la que experimentaron los judíos dos mil años antes. Incomprensiblemente un pueblo que ha sufrido tanto como el judío, no ha parado en mientes para sojuzgar a un pueblo más débil y someterlo al suplicio de la carencia de un territorio propio y soberano. Varios millones de colonos judíos, procedentes de todo el mundo -incluso México- han poblado el territorio palestino y fortalecido a la nueva nación, que hoy se cuenta entre las más acaudaladas del mundo. Llama la atención que cualquier judío, sin importar sus orígenes, tiene derecho automático a la ciudadanía israelí; pero a los palestinos, incluso los nacidos dentro de las fronteras del nuevo país, son discriminados, negados sus derechos elementales y tratados como extranjeros o criminales.
Esta guerra no será diferente a las previas. Refrendará el poderío bélico de Israel y confirmará la sujeción y la humillación perenne de los palestinos, y con ellos la de los pueblos pobres y débiles del mundo, entre ellos el nuestro. Nosotros ya tenemos a la guardia nacional norteamericana resguardando la frontera -línea que ellos mismos nos impusieron luego de otra guerra injusta en 1848-, con muros y tecnología de punta que recuerda mucho a la tapia que divide a Israel de los territorios palestinos ocupados. En ambos casos hay racismo, xenofobia y odio irracional -medio disimulado en nuestro caso-. En ambos hay ignorancia y hay violencia. Hay culturas, costumbres y religiones diferentes. Hay un “choque de civilizaciones” que condujo a Huntington a escribir otro libro, pero ahora para angustiarse por el futuro de su propia civilización anglosajona y protestante, ante el arribo de las hordas de grasientos hispanos, y así preguntarse: ¿quiénes somos?

viernes, 14 de julio de 2006

Descalificaciones interesadas

A casi dos semanas de que 42 millones de ciudadanos mexicanos acudimos a votar en las más de 130 mil casillas en todo el país, el debate mediático y político sobre los resultados presidenciales permanece abierto, propiciado por los alegatos interesados de parte de algunas fuerzas partidistas que no obtuvieron la mayoría simple de votos. La escasa diferencia entre el candidato ganador y el que le sigue (“escasa” en términos relativos, pues en los absolutos significa el voto de 245 mil ciudadanos, ¡tres cuartos de la lista electoral de Baja California Sur!), impulsa la estrategia de descalificar el proceso para así abonar a la causa partidista. Esto puede ser entendible, pero esta descalificación nos está afectando ya a los ciudadanos apartidistas (que no apolíticos) que colaboramos de forma entusiasta y desinteresada en el seguimiento, la supervisión y el desarrollo del proceso electoral.
Se está llegando al extremo de cuestionar nuestro trabajo y con ello a la propia calidad ciudadanizada del IFE. A nivel nacional fuimos más de dos millones de ciudadanos: cerca de un millón como funcionarios de casilla (521 mil titulares y 400 mil suplentes), 24 mil observadores electorales, 2,324 como consejeros electorales locales y distritales, y 1.3 millones como representantes de los partidos y coaliciones. El trabajo fue voluntario y no se percibió honorario alguno, excepto la dieta de asistencia que la ley asigna a los consejeros.
No debo continuar estas notas sin dejar algo plenamente establecido: no emprendo una defensa apriorística y acrítica del IFE y de los resultados a los que llegamos al término de los cómputos distritales. Como cualquier institución, es tan falible como cualquier otra, pues la conforman personas. Sin embargo el IFE ha hecho suya la defensa de la democracia electoral y ha profesionalizado su acción hasta el punto en que se dejan muy pocos resquicios (si es que los hay) a la posibilidad de alterar los resultados. Todos los partidos cuentan con los medios legales para impugnar procedimientos y resultados desde el mismo día de la votación. Y su vigilancia abarca todos los espacios necesarios. Lo mismo hacemos los representantes ciudadanos.
Nos ha costado a los mexicanos muchos años y muchísimo dinero contar con una institución electoral confiable, que nos permita transitar sin sobresaltos por las ortigas de la competencia política. No podemos darnos el lujo de echar por la borda un esfuerzo comunitario que ha permitido que la nueva generación de votantes no recuerde los fraudes tan comunes hace 15 ó 20 años.
Debo dejar bien clara mi posición personal. Ya he dicho en este espacio que no voté ni concuerdo con las banderías ideológicas del candidato presidencial que se perfila como ganador (no hay “presidente electo” hasta que el Trife califique la elección). Pero esto no obnubila mi convicción de que en la democracia gana quien obtenga más votos de los ciudadanos, y no aquél que movilice más fuerzas en las calles o se asuma como el poseedor de la verdad absoluta. Yo me considero una persona con ideología socialdemócrata y liberal, es decir de izquierda moderada, lo que me aproxima a las querencias del candidato quejoso. Pero como consejero electoral nunca he permitido que mis simpatías íntimas se proyecten en mi actuar legal e institucional ante el proceso que se me ha encomendado supervisar en el estado de Guanajuato. Y la tarea es simple: hay que velar por que los votos (¡todos los votos!) cuenten y se cuenten, solamente eso.
He participado en varios debates vía listas de discusión en Internet y en entrevistas con los medios, donde incluso he sido cuestionado por mi presunta “traición” a causas superiores, como es la justicia social y el bienestar para los pobres. Hasta en mi familia he enfrentado algunos desconciertos por mi posición. Pero he tratado de explicar que la causa que hoy defiende el IFE es incluso superior a los compromisos solidarios con la equidad social. Se trata de la causa de la legalidad, la certidumbre y la convivencia civilizada. En el momento de contar votos no interesan programas ideológicos, pues para eso están los partidos. Si mi interés estuviese ligado a banderas ideológicas, yo debería estar involucrado con el partido que mejor las representase, no con una institución que se asume incolora.
Si por “democracia” asumimos la búsqueda de la justicia social, entonces estaríamos desbordando la tradicional acepción liberal. Entonces sí cabría preguntarnos si las elecciones deberían ser plebiscitarias (como en Cuba y los antiguos países socialistas) y no como mero mecanismo inocuo de selección de individuos y plataformas. Yo mejor me quedo con el modelo aséptico, el que carece de adjetivos y que al final le reconoce el triunfo a la opción que sencillamente se llevó más votos, sea de derecha o de izquierda. Creo que esa es la opción que nos propone el actual modelo constitucional mexicano, del que se desprende el IFE y el COFIPE. En esto sostengo mi compromiso.

viernes, 7 de julio de 2006

Precisiones electorales

La intensidad de las campañas presidenciales, su polarización y virulencia, se tradujo en una competitividad electoral nunca antes vista en el país. Todo apunta a que el candidato ganador aventajará a su rival más cercano en un punto porcentual o menos. Fue un final de fotografía, como dicen en el hipódromo. Precisamente por esta intensidad y lo novedoso del fenómeno, muchos ciudadanos han dado oídos a rumores y afirmaciones interesadas que tratan de poner en duda la confiabilidad del aparato electoral mexicano, que regentea el IFE. Por ejemplo, mucha gente ha confundido el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) del lunes con los datos oficiales y definitivos, que en realidad se generarían a partir del miércoles. En las elecciones presidenciales de 2000 y 1994 los resultados fueron tan contundentes que la opinión pública se satisfizo con los datos del PREP y ya no hizo el menor caso del conteo definitivo. En esta ocasión este instrumento ha sido duramente cuestionado por partidos y candidatos, y se ha querido difundir la idea interesada de que (“miente que algo queda”) el PREP fue manipulado para garantizarle el triunfo a Felipe Calderón, y escamoteárselo a López Obrador. Incluso se ha afirmado que se “desaparecieron” más de dos millones de votos, lo que ya ha sido bien aclarado por el IFE.
Se aprovecha la memoria corta del ciudadano común. Baste decir que en la elección presidencial del año 2000 el PREP llegó a procesar solamente el 93% de las actas. En este año se procesó un 98.5%. En aquel entonces ese instrumento exhibió una ventaja del ganador sobre el segundo lugar de 6.9 puntos. Los datos definitivos marcaron 6.6% de votos por Fox sobre los de Labastida. En este año el PREP cerró computando 14 millones votos para el candidato del PAN (36.4%) contra 13.6 millones (35.3%) de la Alianza para el Bien de Todos, lo que representa una diferencia de 1.04 puntos. Los datos definitivos apuntan a confirmar esa cantidad, o ligeramente menos.
El operativo de la Alianza para el Bien de Todos para dar la apariencia de que su candidato llevaba una ventaja sustantiva sobre el del PAN desde el inicio, tuvo finalidades políticas y pragmáticas claras. Es normal y entendible, y se hace en todo el mundo. Pero el IFE, la autoridad electoral, no podía caer en el juego impuesto por los partidos. Por eso nosotros, los consejeros electorales del IFE (los consejeros generales, locales y distritales), es decir el componente ciudadano del instituto, nos apegamos estrictamente a lo que marca en el COFIPE y así pudimos desarrollar las sesiones de cómputo definitivo con absoluto apego a la norma y a la ética. Las demandas de los representantes de los partidos fueron atendidas cuando procedían legalmente, pero no así cuando se plantearon despropósitos, como el de abrir todos los paquetes electorales sencillamente para darle “certeza” al proceso. El principio de certidumbre no es superior al de legalidad. Por esta razón todos los presidentes de los consejos y todos los consejeros ciudadanos denegaron sistemáticamente las peticiones de apertura que no tuviesen fundamento. Esto tensó el ambiente, generó interminables y reiterados debates, y como consecuencia las sesiones se alargaron inútilmente. Los perpetradores abusaron y se ignoró a la función auténtica de los consejos. Afortunadamente el IFE no cayó en el garlito, y al final se produjeron resultados transparentes y avalados por todos (o casi todos) los miembros de los consejos. Fue molesto y agobiante, pero así es la democracia, lo entendemos.
Yo confieso que la opción ganadora no fue por la que yo voté, pero sin duda fue la que se llevó la mayoría simple de votos y su triunfo merece ser reconocido por todos. A reserva de lo que diga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, podemos afirmar que “Presidente habemus”. Esto se acabó y ahora hay que pasar a otra cosa. Debemos apoyar con todo al nuevo titular del ejecutivo a partir de su toma de posesión. Hay asuntos mucho más importantes qué atender para sacar adelante a nuestro país. Bienvenida la generosidad y humildad de los ganadores y elogiemos la cordura y entereza de los “perdedores” (nunca hay perdedores en la lid democrática). Felicitémonos por la transparencia del proceso, ya que México se ubica definitivamente entre los países con mejores procedimientos democrático-electorales. Ojalá que Andrés Manuel López Obrador haga gala de su acendrado patriotismo y que colabore, como lo ha hecho, en la construcción de un país mejor, pero ahora desde nuevas trincheras. Felicidades a todos.

viernes, 23 de junio de 2006

Al fin, la tregua electoral

Nos encontramos a nueve días de la jornada electoral federal, estatal y municipal, y a tan sólo cinco de que entremos en la anhelada tregua electoral obligatoria que nos permitirá reflexionar a conciencia sobre el sentido de nuestros votos –ojo: ¡serán seis!-. Luego de más de cinco meses de padecer campañas propagandísticas que rondaron el denuesto, la descalificación y el lenguaje rudo, incluso soez, podremos al fin descansar del barullo preelectoral. Será espléndido olvidarse de la lluvia de mensajes televisivos, radiofónicos y la contaminación visual de nuestras ciudades y pueblos. La propaganda no contribuyó mucho a que los ciudadanos realmente nos informáramos de los perfiles y las propuestas de partidos y candidatos. Incluso para los que tenemos la costumbre de buscar la información hasta en los últimos rincones, resultó difícil hacerse de elementos de juicio más objetivos. La tele apabulló.
La atención nacional se concentró más en los escándalos recurrentes y con facilidad fuimos distraídos por el vodevil que nos armaron los señores y señoras candidatos, particularmente mediante acusaciones mutuas de corrupción, tráfico de influencias, ineptitud y ambiciones desmedidas. Si hiciéramos caso de tanta increpación llegaríamos rápidamente a la conclusión de que nadie se salva en el basurero de la política. Afortunadamente no es así. Lo que nos sucede es que seguimos siendo neófitos en este asunto de la competencia democrática, y no hemos aprendido las difíciles aptitudes para la tolerancia, la colaboración, el debate respetuoso y la urbanidad política.
Esta semana que viene hay que desintoxicarse de propaganda impertinente. La calma deberá contribuir a que ejercitemos nuestro raciocinio y tomemos decisiones fundadas en el conocimiento, no en el sentimiento. Somos un componente más dentro del enorme concierto de la voluntad nacional, pero nuestra participación es vital para que mantengamos el rumbo democrático del país. Realmente no importa demasiado por quién votemos, pues al final no existe político que coma lumbre o patee el pesebre. De ninguna manera ponemos en riesgo nuestro futuro ni nuestra viabilidad como nación al optar por el señor X o la señora Y. Al elegir gobernantes y representantes de cierto partido enviamos un mensaje de confianza hacia el modelo que representa, la opción ideológico-programática que más nos satisfizo en el momento, y solamente eso. No hay que caer en la trampa del voto del miedo. No hay peor cosa que votar “al negativo”, es decir votar para que no llegue un partido o candidato cualquiera. Mejor hay que hacerlo con sentido positivo, y optar por el -o la- que nos despierte más simpatía y confianza.
Yo no creo que la elección del 2 de julio sea parteaguas alguno. Prefiero creer que significa tan sólo un paso más hacia nuestra madurez política, y que hay muchos mensajes ciudadanos remitidos hacia los candidatos en el sentido de que, si llegan al poder o a la representación, deberán modificar muchas de las conductas primitivas que les conocimos en las campañas. Ningún gobernante podrá ignorar la creciente fuerza de las oposiciones, y estará obligado a consensuar y debatir con sus rivales. De eso se tratan los equilibrios de la democracia, el sistema de pesos y contrapesos que evita la concentración de poder en pocas personas. No hay duda que ya vivimos en una situación de poliarquía, de la que nos habló Robert Dahl, muy diferente a la presidencia imperial de antaño.
Son seis las boletas a cruzar. Son seis las elecciones que debemos realizar los ciudadanos. ¿Conocemos realmente todas las opciones para cada una? ¿Decidiremos hasta el momento de enfrentar la boleta con el crayón en la mano? Creo que no debemos hacer eso. Yo tengo un método personal: estoy haciendo mis listas, eliminando primero los partidos y candidatos por los que nunca votaría, por cuestiones de identidad ideológica. De los que me queden, dos o tres opciones por boleta, pienso decidirme con calma esta semana que viene. A lo mejor me hago un “acordeón” que me permita recordar mis decisiones cuando me encuentre dentro de la mampara. Creo que es buena idea para no confundirse y votar diferenciadamente. Pero por supuesto hay muchos que mejor votan “en cascada” y se evitan problemas. Son los del llamado “voto duro” partidista. Francamente no me quiero contar entre ellos.