viernes, 26 de mayo de 2006

Los retos de la PGR, II

En los últimos seis años se ha emprendido una guerra de declaraciones entre autoridades estatales y federales en el campo de la procuración de justicia, sobre el espinoso tema de la creciente presencia del narcotráfico y el crimen organizado en la entidad. En ocasiones reiteradas la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha señalado el incremento de actividades vinculadas con esos ilícitos de alta peligrosidad, y el hecho de que la entidad no puede ser más considerada como región de paso de drogas sino cada vez más como teatro de los embates de los narcotraficantes, así como un espacio de consumo y distribución interna. Tan sólo recordemos que apenas en marzo la PGJE dio a conocer su contabilidad de cinco asesinatos vinculados con el tráfico de drogas prohibidas.
El caso reciente más espectacular fue la ejecución de un matrimonio de sinaloenses radicados en León el 9 de febrero, cuando se dirigían a un popular centro comercial de esta ciudad. La PGR atrajo la ejecución de Ezequiel Valenzuela Aguilar y María Guadalupe Valenzuela de la Rocha, ejecutados con un certero balazo en la cabeza cada uno. Hasta el momento desconocemos si se ha avanzado algo en la investigación de este crimen, que colocó a nuestra entidad en la misma condición violenta que tiene angustiada a la ciudadanía de Tijuana, Nuevo Laredo o Guadalajara, donde las ejecuciones impunes se han convertido en hechos cotidianos.
Mientras se incrementan las evidencias de una creciente actividad de narcomenudeo, secuestro virtual, fraudes y tráfico de armas, la delegación de la PGR parece debatirse en una profunda crisis interna que no acaba de terminar. Desde las remociones no explicadas de delegados, como Antonio Mendoza Chávez y luego César Romero Valenzuela, mudados según esto por el “Programa de Renovación de Delegados”; así como otros señalados como presuntos responsables de actos de corrupción, como Lucía Graciano Casas, a quien se le pidió la renuncia en junio de 2004 a poco más de un año de haber tomado posesión, y Jorge Puente Ledesma, apresado en agosto de 2005.
El delegado actual, Martín Diego Salido-Orcillo, tiene nueve meses en el encargo y ha introducido cambios sensibles que él mismo se encargó de explicarnos a los integrantes del comité de participación ciudadana: reducción de la exposición a los medios -criticó acremente el protagonismo de sus antecesores-; concentración en las funciones sustantivas de la institución sin mayores concesiones a las relaciones públicas; separación radical de cualquier implicación política -como sucedió cuando el general Macedo abrigó aspiraciones presidenciales-, y relaciones respetuosas pero bien delimitadas con la autoridad local.
Debo confesar que el estilo personal del delegado me produjo en un principio algún pasmo y confusión, sobre todo cuando arrancó la reunión prácticamente desconociendo las funciones y la utilidad de un comité ciudadano como el nuestro. Cuando se le mencionaron las funciones definidas en el acuerdo del Procurador General de la República del 19 de abril del 2002 -emitido precisamente por el general Macedo- afirmó que ese acuerdo carecía de cualquier validez jurídica, y que sencillamente no estaba obligado a dar mayores facilidades para el ejercicio de las esas funciones. Incluso llegó a afirmar que no nos podía dar acceso a “los expedientes” de las investigaciones, lo cual es un despropósito, pues el comité ciudadano no fue creado para meter sus narices en las indagatorias, sino para formular opiniones con relación a la orientación y la aplicación de las políticas que implemente la institución, con base en la participación, la consulta y la comunicación del sentir de cada una de las comunidades representadas por los comisionados ciudadanos.
Al principio la sesión se enturbió, pero afortunadamente el sentido común imperó y el delegado pronto reconoció el valor y necesidad de mantener abierto un canal de comunicación con representantes de los ciudadanos comunes, que somos los que padecemos los efectos de la violencia social y la delincuencia. Se logró el compromiso de construir una estrategia más eficiente para hacer llegar a la PGR los sentires compartidos de los guanajuatenses comunes, y convertirnos en antenas y en correas de trasmisión de inquietudes, propuestas, demandas y ansiedades de nuestros coterráneos, para que la institución avance en sus acciones de manera tersa y legitimada ante los ojos de aquellos a quienes la ley y sus procuradores deben proteger, los ciudadanos de bien. Espero que lo logremos.

viernes, 19 de mayo de 2006

Los retos de la PGR, I


Recién me he reintegrado al Comité Estatal de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República (PGR), en un tiempo que no puede ser considerado como muy afortunado para esa institución, tan sometida a denuncias públicas y sospechas múltiples de presunta corrupción, o al menos incapacidad ante el crimen organizado. Como siempre, este tipo de instituciones dedicadas al combate del crimen están expuestas al ojo público pero desde una óptica crítica extrema, dada la sensibilidad social hacia el espinoso problema de la seguridad pública, tan vapuleada.
Este comité ciudadano es el organismo correspondiente local al Consejo de Participación Ciudadana, que fue fundado por acuerdo Rafael Macedo de la Concha el 19 de abril de 2002, y que fue presidido en sus orígenes por Joaquín Vargas Guajardo, luego por Juan Francisco Ealy Ortiz, hasta hace poco por Raúl Abraham Mafud, y hoy día el acaudalado empresario Olegario Vázquez Raña. En sus documentos fundacionales se establece que su propósito es el de “establecer la estrategia de organización y participación ciudadana institucional en la vigilancia y ejecución de las tareas de procuración de justicia en contra de la delincuencia y la inseguridad, a partir de una red de grupos organizados de la sociedad civil que genere credibilidad y confianza en la procuración de justicia.”
En Guanajuato el comité estatal se integró formalmente –aunque venía funcionando desde varios meses atrás el 8 de diciembre de 2004, cuando le fue tomada la protesta por parte del procurador general, con el testimonio del gobernador Romero Hicks. Se aprovechó la inauguración de las nuevas instalaciones de la PGR en León. Yo había participado en las acciones preparatorias, pero para esa fecha ya me encontraba viviendo en la ciudad de Tijuana, por lo que debí separarme muy a mi pesar de esta interesante responsabilidad. Desde un origen el comité local fue presidido por el conocido irapuatense Julio Di-Bella Prieto, con el apoyo en su secretaría de Guadalupe Hernández Balderas. La membresía del comité ha sido muy fluctuante, pero siempre se ha visto poblado por ciudadanos inquietos y sumamente preocupados por la creciente problemática de la seguridad pública, la inestabilidad de la PGR y el incremento de la criminalidad del orden federal en nuestra entidad. Entre los integrantes del comité -unos más activos que otros, algunos de palabra y otros de hecho podemos mencionar a Alejandro Sierra Villafaña, Andrés Santoyo Guardado, Higinio Rodríguez Granados, Ismael Juárez Arroyo, Omar Plascencia Navarrete, Juan Francisco Mar Reyes, Juan Francisco Torres Ramírez, Juan René Segura Ricaño, Luis Fernando Gómez Velázquez, María de la Luz Zapién, Marcela Manjarrez, Miguel Angel Hernández y Oscar Ernesto Garza Romo. Con seguridad omití a algunos, pero me disculpo por mi calidad de cófrade recién reintegrado.
Las relaciones del comité con los distintos delegados que han transitado la representación de la PGR en el estado han sido por decir lo menos, accidentadas e inconstantes, en parte por las inquietas circunstancias que ha padecido esa delegación durante todo el sexenio foxista. Pareciera ser que la entidad de origen del presidente de la República ha padecido un abandono flagrante de parte de la autoridad persecutora de los delitos del orden federal. Y recordemos que en este ámbito se ubica el crimen organizado, los delitos contra la salud -el narcotráfico pues , los grupos insurgentes -el EPR y el resto de membretes sediciosos-, los secuestradores interestatales, etcétera, conjuntos que han creado una situación de desasosiego entre la población, que no recuerda haber vivido antes circunstancias similares. Guanajuato hasta hace poco no era -aparentemente- un espacio propicio al narco, a las ejecuciones sumarias, a los secuestros, a los fraudes sofisticados, al feminicidio, y a la violencia extrema de los grupos delincuenciales. Hoy ya no es así. Quien dedique un poco de tiempo al seguimiento de la prensa local y su nota roja se dará cuenta de que nos estamos “sinaloizando”, “tijuanizando” o “laredizando”. Nos sucede hoy lo que padeció Jalisco en los ochenta, cuando el combate a los cárteles de norte produjo que los principales capos se mudaran a Guadalajara, y le dieran al traste a la tranquilidad provinciana jalisquilla. ¿Recuerdan el secuestro de Quique Camarena? En fin, que el tema da para mucho más, y le seguiremos dando la próxima semana.

viernes, 12 de mayo de 2006

La corrupción somos todos


La organización Transparencia Mexicana A.C., filial de Transparency Internacional, que en México regentea -en ocasiones de forma polémica- el destacado analista y escritor Federico Reyes Heroles, recién ha publicado su actualizado Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que se basa en una encuesta levantada el año pasado a 15,123 jefes de familia en todas las entidades del país. Tres agencias encuestadoras, supervisadas por un cuarto despacho, se encargaron de levantar el instrumento en campo. En los resultados se evidencia que en promedio cada familia mexicana gastó 177 pesos al año en sobornos y “mordidas” para agilizar trámites, evitar multas y “aceitar” su relación con agentes públicos y privados. Son 19 mil millones de pesos, según Transparencia, los dineros que fluyen por las arterias subrepticias del cohecho nacional. Asegura también que entre 2003 y 2005 el índice nacional de corrupción avanzó -es decir, empeoró- en proporción de un quinto pues pasó de 8.5 a 10.1 puntos. Además, la percepción del problema ha empeorado, pues hay más personas que piensan que vamos de mal en peor.
Llama mucho la atención que en estado de Guanajuato se ubique en el cuarto lugar entre las entidades de menor índice de corrupción, y esto porque en la encuesta anterior de 2003 había ubicado a nuestra entidad en el otro extremo del “corruptómetro”, a siete posiciones del entonces campeón de la corrupción, Puebla. ¿Qué pudo suceder en dos años que haya hecho caer tan drásticamente las mordidas en Guanajuato? Y las dudas se acrecientan al saber que la primera encuesta, que se levantó en 2001, había colocado a Guanajuato en el noveno lugar entre las que tenían menos corrupción. Su índice transitó del 6.0 en 2001, a 8.9 en el 2003 y 5.2 en el 2005. Una variación demasiado violenta que hace pensar en problemas de diseño o levantamiento de la propia encuesta, sobre todo cuando observamos el comportamiento de otras entidades, que confirman este comportamiento errático. Es más creíble pensar que ese índice ha ido descendiendo paulatinamente del seis original al 5.2 actual.
En general creo que los guanajuatenses pensamos que en nuestro estado no se padecen tantos problemas de corrupción como en otros lares. Puede ser una impresión ingenua, pero que se confirma en la convivencia diaria. Yo nunca he dado una mordida a un agente de tránsito municipal en mi vida, pero sí he sido víctima de intentos de extorsión de parte de agentes federales. Cuando viví en el DF -¡hace un cuarto de siglo!- padecí la corrupción como forma de vida y me sorprendió lo natural que se acepta este tipo de comportamiento. Y sin duda las campañas de moralización de la función pública han tenido más éxito en las provincias que en el saturado centro.
Recuerdo que hasta hace poco, para conseguir una plaza en alguna dependencia del gobierno federal el interesado debía ceder la primera quincena al jefe o director que lo iba a recibir en su dependencia. Esto lo experimentaron amigos y parientes míos. Al parecer esto ha ido cambiando, pero subsisten áreas muy importantes donde los controles sindicales han impedido la moralización del reclutamiento de nuevos trabajadores. Nunca he sabido que esto suceda en el gobierno estatal ni en el municipal -claro que no podría jurarlo-. Al menos tengo la impresión -sin estadísticas que lo avalen- de que estas corruptelas van a la baja en general. Y hay que reconocer que mucho han tenido que ver las diferentes alternancias partidistas en los gobiernos, que han obligado a vigilarse las manos unos a otros.
La corrupción es una práctica históricamente arraigada en nuestra conciencia nacional. La compra de posiciones, títulos, concesiones y grados militares era común en tiempos de la colonia. Los agentes coloniales eran corruptos hasta la médula. Y para qué recordar el complejísimo siglo XIX mexicano; tan sólo menciono que Santa Anna negoció secretamente con Winfied Scott la rendición del ejército mexicano a cambio de 100 mil dólares. Recibió 50 mil por adelantado, se los embolsó y continuó la guerra contra los invasores. No sólo era corrupto, además no tenía palabra…
La corrupción de los gobiernos posrevolucionarios mexicanos es emblemática de esta lacra nacional. Los ejemplos son oprobiosamente abundantes. Sólo me atrevería a decir que la “mordida” y los “cañonazos de 50 mil pesos” se transformaron en uno de los recursos más populares para vincular la sociedad con el gobierno. Mucho trabajo está costando cambiar esta situación, y la velocidad es caracolesca, pero las tendencias generales me parecen positivas, a pesar del amargo cuadro que pintan las encuestas. Pero no perdamos la fe.

viernes, 5 de mayo de 2006

La reforma que viene, III

El principal asunto que preocupa a la fracción más crítica de la comunidad de la Universidad de Guanajuato con relación a su reforma institucional, tiene qué ver con los mecanismos de selección de las autoridades unipersonales de esa corporación. Este siempre ha sido un tema polémico y delicado, pues toca uno de los puntos más sensibles de la vida colectiva y de su interacción con los agentes ejecutivos que la lideran y la representan. Antes de la autonomía de mayo de 1994 esta no era materia de mayor preocupación, ya que para todos era claro que las nominaciones se hacían en cascada: el gobernador nombraba al rector, y éste a los funcionarios administrativos y a los directivos de las unidades. La colegiabilidad se limitaba al Consejo Universitario, los núcleos académicos por área y los consejos técnicos por unidad, pero su función era estrictamente académica, y poco o nada podían incidir en la nominación de autoridades. Esta verticalidad autoritaria dejó marcada la conciencia colectiva universitaria, que hoy manifiesta su preocupación por ser escuchada y participar más activamente en la elección de sus liderazgos formales.
No es un asunto menor, evidentemente. Es natural que los responsables de la conducción de una institución deseen mantener su capacidad de definir en última instancia la nominación del resto de autoridades unipersonales, pues se percibe que esto ayuda a mantener una política uniforme y un espíritu de equipo. Sin embargo se debe reconocer que el grueso de la comunidad profesoral de la universidad posee ya un nivel de madurez y conciencia democrática que garantiza que la autoridad cuente siempre con su participación comprometida, aun cuando ésta se ejerza críticamente. Creo yo que la comunidad comparte el proyecto común que se ha expresado en los documentos que definen el rumbo futuro de esa casa de estudios, como el PLADI 2002-2010 -que urge actualizar-. Por ello me parece que bien harían las comisiones del Consejo Universitario que están a cargo de atender las propuestas de la comunidad, en analizar con seriedad la posibilidad de que se democraticen los procesos de selección de autoridades unipersonales.
Aclaro que para mí, el verbo “democratizar” no es sinónimo de elecciones abiertas y sufragio universal. No considero que éste sea el mejor mecanismo dentro de una institución que debe privilegiar la excelencia académica por sobre la autocracia demagógica. Me refiero a que existen alternativas que propician la libre expresión y participación de los miembros de las parcialidades universitarias en la nominación de sus liderazgos formales. Los mecanismos que rigen en la Universidad Autónoma Metropolitana podrían ser estudiados. En esa casa de estudios todas las autoridades unipersonales son electas por los diferentes consejos que rigen en sus divisiones y sus unidades. Los rectores y directores de división sólo pueden nombrar a su personal directivo de carácter administrativo. A pesar de este acotamiento, el espíritu de equipo no padece divisiones ni se experimentan conflictos interpersonales relevantes entre las autoridades académicas, pues los une la voluntad común de hacer el mejor papel posible ante el resto de sus colegas, pues el director o rector en turno siempre tiene en mente que pronto se reincorporará a su posición original como académico llano. Ni siquiera existen alicientes económicos para buscar posiciones directivas, pues un profesor “de a pie” puede llegar a ganar mejor que un funcionario si es suficientemente productivo, esto gracias a un inteligente sistema de estímulos que favorece la competencia.
Por supuesto no comparto los radicalismos populistas de algunos de mis colegas de la UG. En el ámbito académico yo cuestiono fuertemente la viabilidad de la democracia a ultranza. Los liderazgos fuertes son necesarios en una institución que persigue la excelencia, pero esos líderes deben ser legitimados mediante mecanismos participativos y deliberativos, mas no asambleísticos, pues esto promovería la demagogia. En este sentido sí creo en la utilidad de un órgano como el colegio directivo, que nominaría a los rectores según el proyecto de reforma. Pero yo habría enriquecido a dicho consejo con la participación de un mayor número de académicos externos que el previsto en la propuesta –dos de siete-; inclusive yo optaría por una mayoría de externos sobre los internos, pues de esta manera esos “siete magníficos” se concentrarían más en lo objetivo-sustantivo y no tanto en las consideraciones adjetivas de grupos internos, como todavía hoy ocurre. Pero creo que en nuestra universidad todavía pesan mucho las consideraciones parroquianas y el chauvinismo institucional. Ya me ha tocado padecerlo, y más de alguno me ha considerado “ajeno” por haberme formado fuera de la institución. En fin.