viernes, 29 de septiembre de 2006

Primero los pobres

Sin sorpresa alguna se ha inaugurado una nueva administración estatal, ahora a cargo de Juan Manuel Oliva, un joven periodista devenido en actor político --es decir en su original fuente de información-- luego de una carrera personal breve pero intensa. Su asunción del poder estatal no plantea ningún quiebre con sus antecesores panistas, ni anuncia la apertura de una nueva era en una hegemonía monopartidista que ya acumula 15 años en el pandero del ejecutivo local. Guanajuato se ha ido consolidando como el enclave más consistente del conservadurismo nacional, que ha mostrado que esa es la raíz profunda que pervive en todo mexicano del altiplano.
La amplia ventaja electoral (61.9%) con que el nuevo gobernador se alzó con la victoria le provee de una amplísima legitimidad. Seis años antes Juan Carlos Romero había ganado su elección con el 56.5% de los votos, y once antes Vicente Fox, con todo su carisma y popularidad, logró un 58%. El sencillo Juan Manuel Oliva ha conseguido un verdadero récord, particularmente si recordamos que en esta ocasión no existía un candidato presidencial carismático que “jalara” la elección local, como sucedió hace un sexenio. Al contrario: todo apunta a que Felipe Calderón fue el gran beneficiario de la popularidad del paciente candidato guanajuatense, ya que recibió poco más de un millón cien mil votos guanajuatenses, extremadamente valiosos en el escenario conflictivo desatado por su cercanísimo rival a su izquierda.
El nuevo gobernador plantea algunas incógnitas para los que nos dedicamos a escudriñar en los asuntos públicos. Su personalidad no parece especialmente atractiva en un tiempo donde predomina la imagen sobre el fondo. Su verbo no es necesariamente elocuente ni conceptuoso, aunque sí prolijo en información y planes de trabajo. No es carismático como Fox, ni intelectual como Romero. Tampoco tiene el atractivo físico de Medina. Pero por supuesto no inspira la desconfianza que despertaba Corrales Ayala. Su perfil es más sencillo y común, pero tal vez ese sea su mayor activo: es una persona como cualquier otra, de origen humilde, forjado a sí mismo y acostumbrado a la chamba dura y cotidiana. Ha talacheado y picado piedra desde abajo y desde su juventud más tierna. No podemos decir lo mismo de Romero, Fox o Medina, quienes pertenecen claramente a una clase social más acomodada, lejana a las angustias de los necesitados.
Nos preguntamos ahora si el nuevo gobernador sabrá inaugurar una fase novedosa en este ya largo predominio panista, o si se limitará a preservar lo acumulado inercialmente por sus antecesores. ¿Sabrá imprimir un sello particular a su gestión, buscando trascender lo ordinario y conducirnos a una nueva forma de interacción entre gobierno y sociedad? ¿O sencillamente se hará cargo del changarro prestado por las fuerzas reales y ocultas del conservadurismo sibilino, que procuran por el beneficio privado por sobre el público?
Se requiere de un nuevo liderazgo, con raíz popular, que sepa interpretar las señales que ha emitido la sociedad política mexicana: hay que ver por los pobres, hay que compartir los beneficios del desarrollo, hay que moderar los perjuicios del liberalismo extremo. Ya lo entendió Felipe Calderón, y anuncia que rebasará por la izquierda a su más cercano rival electoral. Guanajuato tiene cientos de miles, millones de pobres. Hace casi una década el gobierno estatal de Vicente Fox encargó un estudio a los principales especialistas en pobreza en nuestro país, Julio Boltvinik y Fernando Cortés, de El Colegio de México, para evaluar el grado de marginación social de Guanajuato. Los resultados no gustaron a esa administración y el estudio --el mapa de la pobreza-- fue ocultado. Era más importante el debate que el gobernador desarrollaba entonces con el gobierno federal y no darle argumentos al enemigo político Esteban Moctezuma. Pero los pobres de Guanajuato siguieron ahí, aunque se les negara.
Juan Manuel Oliva proviene de las clases populares que no han tenido más oportunidades que las que se han sabido crear ellas mismas. Su sensibilidad hacia los amolados --“amolado”: hecho salsa, molido, aplastado-- se puso en evidencia en su determinación de destinar cien millones de pesos adicionales a becas para estudiantes necesitados. Ese es el camino correcto. Ojalá acompañe esta decisión con una política sólida en el campo del desarrollo social, y que sepa revertir la mala fama de los partidos conservadores de ver más por la comodidad de los acomodados que por el menester de los menesterosos.

viernes, 22 de septiembre de 2006

Los estilos personales de gobernar

Como en el resto del país, en Guanajuato la administración pública sigue estando muy supeditada al “estilo personal de gobernar” del titular del ejecutivo en turno. El concepto fue popularizado por el eminente historiador y politólogo Daniel Cosío Villegas --de quien me considero nieto intelectual a través de mi maestro Luis González--. Y en efecto con esa noción se pone en evidencia la ausencia de institucionalidad y políticas de estado que aún padece nuestro país y sus entidades. Es fácil recordar cómo las sucesiones de presidentes y gobernadores en tiempos de la hegemonía priísta podían significar rompimientos muy fuertes entre un estilo personal y el siguiente. Se trataba incluso de una renovación generacional y de personas, con lo que el quiebre se acentuaba aún más.
Todos recordamos los rompimientos administrativos entre los gobernadores Aguilar y Maya y Rodríguez Gaona, entre Torres Landa y Moreno, entre éste y Ducoing, y ni hablar de la defenestración de Velasco Ibarra y el arribo del apagafuegos Téllez Cruces. Yo siempre he pensado que la alternancia partidista de 1991 no representó un cambio de estilo tan dramático como los quiebres sexenales previos. Y sin embargo de una administración panista a la otra las mudanzas de modos han sido más que sensibles.
Históricamente el Partido Acción Nacional se quejó siempre de la falta de continuidad en las políticas de desarrollo y gestión administrativa entre una administración priísta a la siguiente. Y tenían razón. Pero el destino les deparó hacerse del poder estatal y federal, y confrontarse con la realidad de que la cultura política prevaleciente no facilita la continuidad; al contrario, en la mayoría de los casos los ciudadanos esperan el cambio, aunque ello signifique interrumpir procesos que requieren de tiempo para madurar.
Las administraciones estatales y municipales del PAN no han logrado romper con esta longeva tradición de rompimientos intergestiones; lo que la realidad ha puesto en evidencia es que siguen pesando más los estilos personales de gobernar que las políticas de estado. Lo vimos con el gobernador Carlos Medina y su obsesión con el desarrollo institucional, que concentró en exceso los esfuerzos públicos en el frente interno del gobierno estatal, descuidando los frentes externos y la política de altos vuelos. Luego llegó Vicente Fox y dio golpe de timón, descuidando el frente interno y excediéndose en el externo: dejó la administración en manos de subalternos, gobernó desde su celular, con ocurrencias y bravuconadas que le costaron caras a la entidad. Don Ramón Martín llegó para poner la casa en orden y apagar los numerosos fuegos dejados por su predecesor; fue institucional y se olvidó de protagonismos.
En el 2000 se inició la primera gestión panista sexenal con Juan Carlos Romero Hicks, que tuvo un bautizo político accidentado. Su primera chamba fuera de la universidad fue la de gobernador del estado, por lo que su visión administrativa venía marcada por el formalismo extremo de la academia teórica. Las altas temperaturas impuestas por Fox como gobernador fueron sustituidas por los vientos gélidos de la planeación y la gestión de procesos. El montón de instituciones inauguradas durante la fiebre foxiana fueron liquidadas una por una y se impuso una mayor racionalidad en los procesos internos.
Un dato evidencia la nueva filosofía administrativa: desde 1985 no se había cambiado la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el nuevo gobierno estatal promovió su actualización y tres reformas adicionales. Se combatió la discrepancia entre lo formal y lo real en las estructuras administrativas. Además se impuso un modelo de planeación participativa que tuvo un arranque caótico, pero que pronto corrigió el rumbo. Todas las instancias de gobierno se vieron obligadas a emitir sus reglamentos internos y cuidar de su actualización y vigencia. Los primeros tres años no evidenciaron quiebres sustanciales con los estilos previos, pero en cambio los tres últimos sirvieron para definir el sello del romerismo. Con la obra pública sucedió algo similar: los últimos dos años vieron la eclosión de la obra, rompiendo la tradición panista --que señaló acertadamente Yemile Mizrahi en un trabajo sobre gobiernos panistas-- de despreciar la obra pública de gran aliento.
El académico Juan Carlos deja la administración en manos de un periodista y operador político, Juan Manuel Oliva. Ambos compartieron las responsabilidades de gobierno en la primera mitad del sexenio exangüe, y se traslucieron diferencias de visión entre ambos. La incógnita actual se comenzará a develar la próxima semana: ¿experimentaremos de nuevo un rompimiento de estilos? ¿Habrá golpes de timón? ¿Cómo definirá su estilo el nuevo gobernador? Hagan sus apuestas.

viernes, 15 de septiembre de 2006

Un reforma cuestionada

Faltando muy poco tiempo para que culmine el periodo de la LIX legislatura, el gobernador de nuestro estado, el maestro universitario Juan Carlos Romero Hicks, presentó la tan esperada iniciativa para la reforma de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, instrumento que ha regido incólume los últimos doce años. La expectativa es grande, recordando que el proceso previo de debate al interior de esta institución había transitado por peripecias sin fin. Dos rectores promovieron la reflexión interna, y la suerte no siempre estuvo de su lado. Algunos componentes de la comunidad universitaria -concepto que ahora sí tendrá existencia legal- han considerado que las maneras tradicionales de ejercer la academia en la colmena legendaria se ven amenazadas, y que la reforma en realidad oculta aviesos intereses de los detentadores del poder. No les han faltado argumentos, hay que reconocerlo, en un momento político en el que priva la incertidumbre ante el inminente regreso de los tecnócratas universitarios a sus madrigueras académicas.
Independientemente de cómo se puedan interpretar las sutilezas de los tiempos políticos y las imágenes que proyectan los actores, lo que a mí me tiene pasmado es cómo se ha simplificado al extremo los argumentos que hoy se exponen en los medios. Priva el maniqueísmo y la ignorancia. Pocos periodistas, opinadores e incluso universitarios se han tomado el trabajo de analizar con cuidado las iniciativas existentes, la del Consejo Universitario y la del Gobernador y su equipo. Yo sí me puse a chambearle, y comparé ambas propuestas artículo por artículo, y me doy cuenta de que muchas críticas -no todas- son infundadas. Por eso someto mi juicio a los lectores, para contribuir a la construcción de una opinión pública más objetiva.
Comencé estudiando las exposiciones de motivos, y confieso que en ese momento mi criterio favoreció a la exposición original por sobre la modificada por la gente del gobernador. La versión universitaria es sobria, elegante, bien escrita y no abunda en antecedentes innecesarios. La del ejecutivo es -en palabras romeristas- “profusa, confusa y difusa”: es reiterativa, formalista, aburrida y machacona con los antecedentes. Quien la escribió tenía mucho interés en subrayar lo mucho que la institución le debe al signatario de la iniciativa. Afortunadamente la exposición de motivos sólo es un aderezo de la auténtica ensalada.
En cambio la propuesta legal basculó mi opinión a favor de la iniciativa gubernamental. Se nota la mano de expertos en diseño jurídico. La propuesta de ley que se presentó ante el legislativo es ligera, concreta y económica. Eliminó muchos “loops” (rizos) normativos que gravitaban sobre la iniciativa universitaria. Además, y en abono a la autonomía, se dejó en manos del Consejo General Universitario el legislar sobre muchos procesos internos que se habían incluido sin necesidad en la versión previa. Sin duda es una ley marco, sin excesos prescriptivos y que le apuesta a la madurez institucional de la universidad.
La propuesta universitaria no sufrió demérito alguno, con excepción de los candados que el Consejo había introducido ante el temor -quiero creer que infundado- de que la reforma tuviese destinatario. Se dejó incólume la organización propuesta con base en campii, divisiones y departamentos, estructura que en realidad es el corazón de la reforma. No se tocó la colegialidad y los pocos mecanismos de democracia directa que se previeron en el texto original. No cabe duda de que la universidad no se está democratizando en el sentido electoral del término, pero sí se refuerzan las facultades del los órganos colegiados y se dan espacios al diálogo. Aprovecho para reiterar que aunque la democracia proporciona legitimidad y gobernabilidad a una institución, no facilita la efectividad que conduce a la excelencia. Y hoy día en la educación mexicana, tan deprimida, urge avanzar hacia esa excelencia académica, que constituye un verdadero elemento de justicia y ascenso social en la realidad concreta.
El modelo departamental y la autonomía fortalecida son las mejores vías para expandir la oferta y la presencia de nuestra universidad sin castigar su calidad. Eso es lo fundamental, no lo olvidemos. Si queremos verle tres pies al gato podremos estar de acuerdo en que la eliminación de los candados envió un mensaje inoportuno, que lastima sin necesidad. Yo los hubiera dejado intocados en aras de despejar cualquier duda, pero se ha optado por exponerse a las suspicacias. Y bueno, la mula no era arisca…

Por cierto, quien desee echarle un ojo a ambas iniciativas, las puede bajar de mi página personal: www.luis.rionda.com.mx