viernes, 27 de octubre de 2006

Cultura y patrimonio, III

Continuando mis reflexiones sobre la pertinencia de que las autoridades locales y la sociedad civil organizada cuenten con mayores capacidades y espacios de acción en lo referente al cuidado y preservación del legado cultural de las entidades y municipios, llamo la atención ahora sobre la importancia que tiene la emisión reciente de la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato. Publicada en el periódico oficial -número 122-, apenas este 1 de agosto pasado, este instrumento normativo provee el andamiaje legal e institucional que facilitaría un tránsito sosegado en el caso de que se concretase la reforma de la fracción XXV del artículo 73 de la constitución federal. Si tal fuese el caso, Guanajuato se encontraría listo para proveer la cobertura necesaria para asumir las nuevas facultades y realmente coadyuvar con la federación en el cuidado y preservación de los bienes culturales materiales e inmateriales.
Pero incluso en el caso contrario, que tal precepto constitucional no sea modificado, de todas maneras ya sería tangible el beneficio de este amago de cambiar las tradicionales relaciones asimétricas con una instancia federal tan centralizada y refractaria al cambio como lo es el INAH. En un comunicado reciente, su director general Luciano Cedillo afirma que “los procesos de coadyuvancia en el manejo y administración del patrimonio cultural en el erritorio nacional, deben ser fortalecidos y alentados (…) dejando de lado posibles diferencias”. Significa que la vetusta institución reconoce la necesidad de un cambio de actitud, y abrirse a las demandas de un tiempo de cambio hacia el auténtico federalismo.
Tomemos el ejemplo del museo “regional” de la Alhóndiga de Granaditas. Sin duda es un edificio de enorme valor histórico, simbólico y cultural para los guanajuatenses y los mexicanos. El inmueble, inscrito en el registro de monumentos históricos nacionales, es sin embargo propiedad del gobierno del estado. Desde tiempos de Maximiliano y hasta 1947 fungió como cárcel estatal. En 1949, y gracias al gobernador Luis Díaz Infante, se convirtió en museo estatal. El 2 de enero de 1960 el gobernador Jesús Rodríguez Gaona firmó un convenio con el INAH para la administración y dirección conjunta del museo. Y fue más allá: promovió la Ley para la Creación del Instituto Regional de Antropología e Historia del Estado de Guanajuato, estatuto aprobado el 24 de enero de ese año y que sigue vigente al nunca haberse derogado, ni siquiera por parte de la nueva ley de patrimonio cultural.
En su artículo 5º se ordenaba que “el Instituto Regional de Antropología e Historia del Estado de Guanajuato estará a cargo de un Director que será designado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de una terna propuesta por el Gobierno del Estado.” El primer director fue don Arturo Sierra, a propuesta del gobierno local. Cuando el maestro murió en 1967, el gobierno de Guanajuato volvió a proponer una terna, de la que el INAH seleccionó al pintor José Chávez Morado, quien se hizo acompañar del joven abogado Isauro Rionda Arreguín como subdirector. El muralista dirigió la institución hasta principios de los ochenta, y a partir de ahí los directores que lo sucedieron –iniciando con Claudia Canales- fueron fuereños nominados por el INAH sin intervención del gobierno local. Evidentemente el resto de la ley también se ha convertido en letra muerta. Por ejemplo el artículo 10: “La vigilancia de las Zonas Arqueológicas, monumentos arquitectónicos y conservación de las colecciones diversas, estará a cargo de un Patronato integrado por once miembros, designados cinco por el Gobierno del Estado, cinco por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y formará parte como miembro undécimo el Director del Museo de Guanajuato.” Ese patronato jamás ha existido ni actuado.
Para colmo, la pesada dinámica interna del INAH ha contaminado su acción local. Hay que recordar lo profundamente politizado que está su sindicato. Por ejemplo, a pesar de que la mayor parte de los empleados de la Alhóndiga forman parte de la nómina estatal, el discurso radical y militante del sindicato federal les conduce a recoger banderas que no son suyas ni les conciernen.
En materia de patrimonio histórico y cultural la federación ha evidenciado limitaciones e incapacidades severas. El gobierno estatal, por su parte, ha padecido inconsistencia e incapacidad de estructurar una política propia y viable. Pero las cosas no tienen por qué continuar así. Si el INAH despliega mayor sensibilidad y talento hacia los requerimientos locales, y el gobierno del Estado realmente se compromete en la aplicación de la nueva ley local –que corre el mismo riesgo que la norma de 1960-, podremos esperar un reforzamiento de la presencia del sector público en el cuidado efectivo de nuestra enorme riqueza patrimonial. De otra manera sólo quedan malos augurios.

viernes, 20 de octubre de 2006

Cultura y patrimonio, II

Comentaba en mi pasada contribución mi posición acerca del debate que se está suscitando alrededor de la propuesta de reforma de la fracción XXV del artículo 73 de la constitución federal, que busca federalizar –en el sentido de reconocerles jurisdicción y concurrencia a los estados— las atribuciones que hoy día mantiene el gobierno de la República sobre el patrimonio material de carácter histórico o artístico del país. Esto ha llevado al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Luciano Cedillo, con el apoyo de toda la estructura directiva de ese órgano federal, a emitir un comunicado formal donde denuncian que la propuesta “atenta contra el patrimonio de interés nacional y general, el cual debe continuar siendo competencia de la Federación, quien históricamente ha llevado a cabo las acciones necesarias para su salvaguarda, así como para su investigación y difusión, garantizando su preservación para las futuras generaciones.” El comunicado, que puede ser consultado en la página electrónica del INAH, evidencia la persistencia de los prejuicios centralistas hacia las regiones y su provincialismo, el temor hacia la delegación de facultades, el afán de mantener los actuales espacios de poder burocráticos y la imposibilidad de aceptar que México y su sistema de distribución de responsabilidades han cambiado para siempre. La cultura no puede ser la excepción.
La dimensión enorme del patrimonio histórico nacional imposibilita en los hechos que el INAH pueda cumplir adecuadamente con su misión preservadora, sin recurrir a la participación de los gobiernos estatales y municipales, así como de la sociedad civil organizada. Todos los días encontramos en la prensa nacional y local ejemplos del imparable saqueo y la depredación de los bienes históricos que nos han heredado los pueblos del pasado. En las ciudades y pueblos de Guanajuato se observa este proceso con toda claridad en su patrimonio físico: edificios de arquitectura vernácula son derribados para hacer estacionamientos; monumentos históricos son lastimados por safios ignorantes; se impone el mal gusto kitsch sobre la elegancia de lo simple; aplastante imposición de la propaganda comercial sobre la imagen urbana tradicional; adicionado todo con la narcoestética de nuestras clases medias, y así un largo etcétera de agresiones sobre las evidencias relevantes de nuestro pasado.
En lo que respecta a los más de 1,200 sitios arqueológicos registrados por el INAH en Guanajuato, la situación es patética. Tal vez un par de decenas de sitios reciben algún tipo de atención y vigilancia, incluyendo los sitios de Cañada de la Virgen (San Miguel Allende), Plazuelas (Pénjamo), Peralta (Abasolo), El Cóporo (Ocampo), Alfaro e Ibarrilla (León), Cerro del Chivo (Acámbaro), y San Bartolo Aguacaliente (Apaseo el Alto). Y tal vez ni en esos. El personal de la delegación del INAH en Guanajuato no ha de superar la centena de personas, muy pocos de ellos con dedicación de campo. Basta visitar un monumento tan espléndido como el convento de San Pablo de Yuriria, joya del siglo XVI, para testimoniar el estado de abandono del lugar, al cuidado de un solo vigilante del INAH, cuya función principal es cobrar la entrada, incluso a los yurirenses. En cambio, el convento agustiniano de Salamanca pudo ser rescatado gracias a los buenos oficios de las autoridades locales, que lograron sacarle un acuerdo a la federación para establecer ahí un Centro Nacional de las Artes. El vetusto edificio encontró una nueva y estimulante vocación, evitando así su abandono.
La lejanía de las autoridades responsables del cuidado del patrimonio histórico impide que la sociedad civil y los vecinos comprendan o se involucren en el cuidado de estos bienes, que son suyos. Puedo mencionar un ejemplo familiar: en agosto de 1976, el INAH determinó que la casa de mi abuelo, el doctor Miguel Ramírez Tinoco, ubicada en los portales del jardín central de Yuriria, era un monumento histórico pues ahí había nacido el insurgente Joaquín Arias, y que era un ejemplo de “obra civil relevante del siglo XVIII”. Uno podría pensar que la reacción del dueño debería haber sido de orgullo ante tal distinción; pero no fue así: él protestó ante esas autoridades motivado por el miedo a que la federación se apoderase de su casa, además de la imposibilidad de hacerle cambio alguno y mantener su calidad de habitable. Mi abuelo le respondió así al doctor Guillermo Bonfil, entonces director del INAH: “me permito manifestar a usted, con todo respeto, mi inconformidad […] a la inscripción que de mi propiedad se pretende hacer en el Registro Público de Monumentos y Zonas Históricas […] por resultar falsos los hechos que en él se narran ya que con esto se ocasionaría, como siempre, una alteración de nuestra historia por no hacer estudios a fondo y por un simple escrito de cualquier persona que se dice historiador se pueda incluir cualquier inmueble […]”. Culminó afirmando que en realidad la casa había sido construida en 1925. El miedo inveterado a las arbitrariedades de la autoridad le hizo reaccionar así. Pero sin duda el inmueble es un ejemplo de la mejor arquitectura civil de los siglos XVIII y XIX. Pero permítanme seguir magullando el tema la próxima semana.

viernes, 13 de octubre de 2006

Cultura y patrimonio, I

Es casi natural que en este periodo cervantino dediquemos unas líneas a reflexionar sobre asuntos relativos a la dinámica cultural de nuestro país y nuestro estado. Un asunto que hoy día está llamando la atención de la comunidad cultural --entendida ésta como la de los promotores culturales, ya que en un sentido amplio esa comunidad la formaríamos todos-- son las propuestas de reforma al artículo 73 constitucional, que en su fracción XXV determina que el Congreso de la federación tiene como una de sus facultades “[…] legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional […]”. Esta facultad ha permitido que el gobierno federal, por medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), mantenga desde 1939 el control y vigilancia sobre este patrimonio, que históricamente ha estado sometido a una salvaje depredación por parte de saqueadores de todo tipo, incluidos los gobiernos locales.
La federalización --mejor dicho la centralización-- de este ámbito de la gestión cultural respondía a un momento histórico que le dio lógica y justificación ante la carencia de recursos institucionales a nivel local para hacer efectivas las normas protectoras del patrimonio histórico y artístico. Los gobiernos de las entidades y los municipios carecían de recursos, experiencia e incluso interés para salvaguardar su riqueza monumental. Además, esta centralización respondía a una lógica imperante en la época: los poderes centrales concebían a la “provincia” como un territorio agreste y primitivo, que debía ser sujeto a tutelaje y vigilancia, pues de otra manera se corría el riesgo de volver a dejar sueltas las fuerzas cerriles de los cacicazgos regionales, que estuvieron a punto de desgarrar el país. La educación, por ejemplo, fue “federalizada” en 1921, y se eliminaron los modelos educativos provinciales y la ingerencia de los agentes particulares, corporativos o municipales en la definición de contenidos. En lo económico esa centralización se reflejó en la fundación del Banco de México en 1925, que eliminó la capacidad de los gobiernos locales y los bancos privados de emitir circulante. Y en lo político-electoral recordemos la ley federal de 1946, que centralizó el control de los principales recursos electorales en manos de la Comisión Federal Electoral y el Registro Federal de Electores.
El actual director del INAH, Luciano Cedillo, dio la voz de alarma cuando la Cámara de Senadores anterior evaluó en abril pasado una reforma legal que permitiría a las entidades concurrir con la federación en áreas adicionales, entre ellas la facultad para legislar sobre el patrimonio cultural, que hoy es “propiedad de la Nación”. Señaló que esta posibilidad podría facilitar que ese patrimonio pudiera ser utilizado con fines comerciales, o bien que los intereses locales adulteraran el sentido protector de la intervención oficial en la materia. Hay un temor aparente hacia la dispersión y debilitamiento del control --de por sí laxo-- que ejerce el gobierno federal sobre ese patrimonio, y se percibe que la ingerencia de los gobiernos locales sería perniciosa y disgregadora. Viejos prejuicios centralistas que no terminan de desaparecer en un país con vocación centralista y autoritaria como el nuestro.
En lo personal pienso que la reforma propuesta vale la pena. El INAH ha evidenciado incapacidad para mantener un registro actualizado, un cuidado permanente y un seguimiento de la situación de los cientos de miles de elementos que conforman el patrimonio histórico y cultural del nuestro país. Y no es por falta de interés, por ineptitud o por indolencia: sencillamente es imposible que un instituto tan centralizado pueda mantener presencia en el amplio conjunto de la riqueza cultural que han generado los centenares de pueblos que han habitado en nuestro vasto territorio. El cuidado de ese caudal incalculable debe estar en las manos de un pueblo informado y comprometido, que se asuma responsable de la preservación de lo suyo. Es imposible que el Estado federal pueda con el paquete; necesita de los 32 gobiernos estatales, los 2,500 municipales y los millones de vigilantes que podemos hacernos cargo de ese resguardo. Por supuesto, la federación debe asumir la función de asesoría y supervisión para que se respeten las líneas básicas de la política de conservación patrimonial. Miles, millones de componentes de ese patrimonio se verán beneficiados. En Guanajuato abundan los ejemplos del actual abandono, así como de la potencialidad de una intervención positiva de los agentes locales, pero este asunto lo dejo para mi siguiente aportación.

viernes, 6 de octubre de 2006

El cerco de Numancia

Un presidente con miedo a su propia gente es un mandatario patético. Ese fue el mensaje que recibí el miércoles pasado, cuando me convertí uno de los centenares de guanajuateños -los sufridos habitantes de la cañada- que fuimos víctimas de los delirios de persecución del Estado Mayor Presidencial y de los responsables de la seguridad local. Se nos impidió el libre tránsito por nuestra ciudad desde muy temprana hora, a pesar de que la inauguración estaba anunciada hasta la tarde-noche. Varias vías del centro de la ciudad fueron cerradas o casi, ya que para poder transitar por ellas se nos demandó presentar identificación, dejarse revisar y dar una explicación prolija a torpes agentes de seguridad que difícilmente tienen capacidad de discernir quién de los interrogados es un temible terrorista de Al-Qaeda, un violento manifestante de la APPO, un machetero de Atenco, un furibundo lopezobradorista o un simple transeúnte que requiere realizar sus menesteres cotidianos.
Mi caso puede ser ejemplar: ese día poco antes de las nueve de la mañana me dirigía al café Valadez a desayunar con unos periodistas de La Jornada, cuando se me impidió el paso al Jardín de la Unión. Un par de lerdos elementos de la FSPE me detuvieron en mi intento de pasar por entre las vallas metálicas que el EMP había instalado desde la madrugada. Me exigieron explicarles a dónde y a qué me dirigía, a lo que me rehusé alegando mi derecho constitucional al libre tránsito. Me demandaron entonces una identificación, y les mostré la ineluctable credencial del IFE. La miraron como botarates, no supieron qué más hacer y me les colé sin dar oportunidad a que me siguieran interrogando, no sin algo de miedo a que me aplicaran una “paciflorina”. Fue un momento kafkiano, un absurdo completo y motivo para que me sintiera amenazado, humillado y enojado. ¿De qué les sirve cuestionar y demandar identificaciones si no las pueden cotejar con nada? ¿Tienen acaso una lista de alborotadores a los que deben impedir el paso? ¿Con sus preguntas pueden detectar quién se prepara para insultar al presidente o incluso agredirlo? Claro que no: lo que se buscaba era intimidar, disuadir, amedrentar. No instalaron arcos detectores de metales, por lo que infiero que no esperaban detener a sujetos armados. Entonces, ¿de qué sirve irritar a una ciudad entera con estos desplantes de arbitrariedad autoritaria? ¿La constitución y los derechos humanos se suspenden cuando aparece su majestad el presidente?
Como en los viejos tiempos de doña Carmen Romano, cuando el EMP tomaba por asalto a la ciudad, el miércoles se nos arrebataron nuestras calles. Era evidente el miedo a manifestaciones de repudio, que al final ni siquiera se dieron, más que tímidamente por parte de un grupo muy limitado de seguidores del peje. ¿Se justifica bloquear el tránsito de centenares de personas sólo para evitar que los sensibles oídos presidenciales escuchen gritos inoportunos? ¿Y el derecho a la libre manifestación dónde quedó? ¿Hay situaciones de excepción? Yo creo que más bien es parte de la consabida estrategia de los subalternos de encapsular al presidente para engañarlo y ocultarle la realidad. Y luego para colmo el presidente ni siquiera se apareció por el Teatro Juárez o el Jardín de la Unión. ¿El EMP no conocía su itinerario de antemano?
Esto no habla bien de los “demócratas” que hoy nos rigen en los tres niveles de gobierno. El presidente Fox, tal vez sin saberlo, remitió un mensaje de temor a las reacciones opositoras. Y por su parte, la nueva administración estatal se inaugura -voluntariamente o no- con una inútil exhibición de autoritarismo. ¿De qué les sirvió llenar la ciudad de vallas y agentes de seguridad? ¿Se evitó así algún atentado contra la integridad de alguna persona? Sin duda que no. Sólo se evidenció que no importa tanto quién esté a cargo, en nuestro país el poder se ejerce siempre de la misma manera: con la mística de la autoridad que heredamos de nuestro pasado despótico.
Mala manera de comenzar la fiesta del espíritu: evitando que los ciudadanos comunes gocen de sus libertades básicas y enajenándolos de sus calles. ¿Esto nos espera? Lástima.