viernes, 21 de diciembre de 2007

De consejos y consejeros electorales

El día de ayer mi amigo y colega Víctor Alejandro Espinoza publicó en el periódico tijuananse Frontera esta opinión: “Ha quedado más que probado que los actuales procesos de designación de consejeros electorales no responden a las necesidades de instituciones autónomas como son los institutos electorales. Lo mismo vale para el IFE que para los institutos estatales electorales.” Esto lo dice el politólogo norteño refiriéndose al método de “cuotas” partidistas que se aplica a lo largo y ancho del país, como recién sucedió en el instituto electoral de Baja California y ahora en el IFE, entrampado como está en la reyerta partidista y la sandez con la que se está conduciendo la designación de los nuevos consejeros generales. En Guanajuato debemos poner nuestras barbas a remojar, pues se acerca el momento de renovar tres consejerías del IEEG, que sin duda responderán al mismo sistema de reparto partidista de chambas bien pagadas, sin importar las capacidades reales de los nominados.
La actual reforma electoral federal no alteró sustantivamente el método de selección de los concejales que forman el órgano de gobierno del IFE. Sólo introdujo el escalonamiento en su designación, pero con ello también ha agregado un factor de incertidumbre, que redundará en un temor permanente por parte de los consejeros -viejos y nuevos-, que ahora evitarán tomar medidas punitivas en contra de los partidos políticos, pues tendrán sobre sí la espada de Damocles del despido fulminante. Cuando el anterior consejo general del IFE -el vigente desde 1996 hasta 2003- aplicó multas millonarias a los partidos por el Pemexgate, los Amigos de Fox y otros malos manejos, aquéllos decidieron no renovar en su puesto a ninguno de los consejeros salientes, y se produjo el esperpento de negociación partidista del 2003, que es el origen de los problemas que hoy vemos. Todos los nuevos consejeros llegaron marcados por sus vínculos partidistas, y por supuesto exhibieron puntos débiles que fueron bien aprovechados en 2006 por la coalición perdedora para denunciar el pretendido fraude en la elección presidencial. Y no cabe esperar nada nuevo en esta ocasión: los nuevos consejeros corren el peligro de volver a entrar en este juego corrupto de los intereses partidistas. Vean si no: en las comparecencias de los 105 candidatos ante las comisiones de la Cámara de Diputados fue muy evidente el interés de todos los aspirantes de quedar bien con los partidos: alabaron las reformas, criticaron a los consejeros actuales, juraron independencia de criterio pero con sensibilidad hacia las demandas de los partidos, etcétera. Yo, que he participado en docenas de concursos de oposición para seleccionar a académicos para universidades, estoy seguro de que la selección sería sencilla si se aplicaran criterios de trayectoria, experiencia, capacidad técnica y lucidez de juicio. Pero no ha sido así: de los 39 post seleccionados muchos no obtuvieron buenas calificaciones, pero convenía a los partidos su presencia entre los finalistas. Y a muchos defenestrados se les descalificó por simple animadversión, no por su incapacidad.
Urge cambiar este procedimiento. Los consejeros electorales deben ser seleccionados mediante sistemas que alejen su elección de los partidos políticos. ¿Por qué no darle al IFE y a los institutos estatales la autonomía de regencia, a la manera de las universidades? Cada uno de ellos podría contar con un “Consejo de gobierno” o algo similar, integrado por miembros destacados del servicio profesional electoral más otros miembros externos, seleccionados todos mediante concurso abierto y transparente, basado en capacidades ponderadas y en prestigio social o intelectual. La selección, en su operatividad, podría depender de un colegio electoral interno, o bien ser manejada por el Tribunal Electoral, que vigilara los mecanismos de selección de los consejeros. Los sistemas de cuotas partidistas están llevando al desastre a los institutos electorales, y ninguna medida cosmética podrá evitar que los nuevos regentes de esos institutos padezcan descalificaciones -justas o infundadas- por parte de los mismos actores que los pusieron en esos cargos.
En Guanajuato debemos emprender una nueva reforma electoral que adecue la legislación local a los cambios en el ámbito nacional. Esta sería una ocasión muy propicia para cambiar el actual proceso prescrito en el CIPEEG, que demanda ciudadanos impolutos -que no existen- pero que anuda la selección de los cinco consejeros a los designios del gobernador, la mayoría parlamentaria local y la primera minoría. El resultado lo conocemos bien: un consejo coloreado, incapaz de contradecir los intereses de sus designantes, con poca o nula capacidad de ejercer decisiones autónomas, y evidentemente la denuncia permanente de los partidos opositores sobre su independencia cuestionada. Algo habrá qué hacer.

viernes, 14 de diciembre de 2007

El IFE que viene, II

Sucedió lo previsible: al final los partidos políticos no se pusieron de acuerdo sobre el nombramiento de los consejeros generales del IFE y se les vino el tiempo encima, pues termina ya el periodo ordinario de sesiones. Postergan su decisión hasta febrero próximo. Esto introduce un pésimo compás de espera que mantendrá al IFE y a su máximo órgano de gobierno en ascuas, paralizado, sin poder planear adecuadamente sus acciones a pesar de que en octubre próximo iniciará legalmente el proceso electoral.
Los tiradores a las consejerías fueron muchos, pero la mazorca se desgranó rápidamente en este último par de días. Los “punteros” dejaron de serlo muy rápidamente: Góngora, Merino, Cárdenas. Pero sobrevivieron los que resultaron mejor calificados en la segunda fase: Santiago, Figueroa, Valdés… Alguno de estos “caballos negros”, con poco desgaste mediático, podrían ser parte de la tríada concejil. Ahora todos ellos deberán esperar, al igual que sus contrapartes, los consejeros a ser sustituidos.
El “reality show” del IFE ofreció un espectáculo contrastante. En principio el método pareció innovador y refrescante, pero en los últimos días se evidenció que fue una gran pantalla para ocultar el juego de las negociaciones partidistas de siempre. La gran mayoría del medio millar de aspirantes que voluntariamente se prestaron al jolgorio lo hicieron de buena fe; algunos con aspiraciones honestas, basadas en sus evidentes capacidades personales tanto políticas como administrativas; otros más, muchos más, acudieron con la brújula perdida, más bien buscando obtener uno de los empleos públicos mejor pagados del país. Los nombres que más se mencionaron fueron los de siempre, los que se anunciaron desde mucho tiempo antes gracias a las filtraciones de los propios partidos políticos. En ese sentido no hubo sorpresas, y estoy seguro de que tampoco las habrá cuando se den a conocer los designados la noche de ayer jueves, cuando escribía yo este diario de campo.
Por otra parte, las reformas al Cofipe plantean también cuestiones inquietantes. En primer lugar la complejización creciente de un código de por sí enrevesado y difícil de interpretar. Recordemos las muy diferentes interpretaciones a que dio lugar el famoso artículo 247, donde residió el grueso del conflicto en las elecciones del 2 de julio del 2006, cuando el Consejo General giró instrucciones a los Consejos Distritales de ser muy escrupulosos con las causales para el reconteo de los votos, ya que existía el riesgo de caer en otra irregularidad: la de dar elementos para la anulación masiva de casillas por la apertura irregular de los paquetes. En fin, que los nuevos capítulos que se agregarán al código lo convertirán en uno de los instrumentos electorales más enmarañados del mundo. Si antes se requería de habilidades y conocimientos jurídicos notables para manejar con soltura los elementos del estatuto, ahora habrá que ser un jurista eminente para poder interpretar con alguna fluidez el sentido original del legislador. Pero me temo que su complejidad servirá más bien para las interpretaciones interesadas y pícaras de los actores políticos, a fin de torcer la ley en su beneficio.
Los analistas políticos más perspicaces han evidenciado las luces y las sombras de esta reforma electoral. Muchos han celebrado los avances innegables que representa esta innovación legal, pero considero que conforme nos acerquemos a la traducción de estas modificaciones federales a las equivalencias estatales saldrán a la luz muchos de sus inconvenientes. Es a nivel local donde las nuevas reglas ofrecerán nichos para su violación, para su desviación. El IFE se verá incapaz de supervisar en las 32 entidades y los 2 mil 500 municipios la observancia de los nuevos postulados. Además en seis años todas las elecciones locales deberán ser concurrentes con las federales --lo que hoy sólo sucede en diez entidades del país--, lo que abre aún más el cedazo de la vigilancia.
El instituto federal deberá crecer orgánica y presupuestalmente, con lo cual se le da al traste a lo que se plantea como el mayor logro de esta mudanza legal: el ahorro de recursos públicos. Y también se abrirán nuevas materias de controversia en lo referente a las relaciones entre el IFE y las autoridades locales, entre ellas los institutos estatales, que ya han comenzado a denunciar el espíritu centralista de la reforma.
El panorama que se abre ante el nuevo Consejo General del IFE será complejo y lleno de riesgos. Las elecciones del 2009 se anuncian espinosas y peliagudas, con la latente amenaza de nuevas defenestraciones concejales futuras, como espada de Damocles para el órgano de gobierno del IFE, si los resultados de esas elecciones intermedias no resultan “satisfactorios” para las elites partidistas. Los políticos le han dado al IFE nuevos dientes y capacidades, pero por otra parte agregaron la correa de castigo alrededor del pescuezo del organismo. El IFE bailará al ritmo que le dicta la nueva partitura que han escrito los partidos hegemónicos. ¿Fue entonces un cambio gatopardista? Habrá qué ver.

viernes, 7 de diciembre de 2007

El IFE que viene

Si descontamos el tema de la violencia desatada por el narcotráfico contra autoridades policiacas y trovadores de música popular, podemos asegurar que nuevamente es lo electoral el asunto que está dando la nota en estas tres semanas recientes. La Cámara de Diputados federal inició un interesante proceso de selección, de entre casi 500 aspirantes, de las vacantes de tres consejeros generales del IFE, entre ellos su presidente. Cualquier ciudadano que se considerase con merecimientos y capacidad suficientes, pudo acudir a San Lázaro a registrarse cumpliendo con los requerimientos enunciados en la convocatoria respectiva. Medio millar se apuntó: evidentemente desde los oportunistas buscachambas tradicionales hasta un buen número de candidatos realmente de fuste, que sin duda enriquecen las posibilidades que barajarán los diputados. 105 pasaron la primera aduana, y fueron luego entrevistados durante cuatro días por cuatro grupos de trabajo de la Comisión de Gobernación, de forma paralela y por 40 minutos dedicados a cada aspirante. Sin duda algo inédito. Yo me fleté viendo en el Canal del Congreso varias de las entrevistas, y hubo de todo, como en botica.
Algunos amigos míos se presentaron a ser entrevistados: Leonardo Valdés Zurita, profesor de nuestra Facultad de Derecho de la UG -y a quien le deseo la mejor de las suertes- fue de los primeros, así como Javier Santiago y Juan Reyes del Campillo -ambos profesores de la UAM-; los tres fueron consejeros titulares del IEDF, y Javier fue su presidente. También vi a Fausto Díaz Montes e Isidoro Yescas, ambos profesores de la UABJO en Oaxaca y consejeros locales del IFE. También vi a César Cansino del CEPCOM, Jaime Rivera Velázquez de la UMSNH en Morelia, Paco Valerio de la zacatecana UAZ, y a compañeros consejeros locales del IFE como el poblano Alfredo Figueroa, exlíder de Alianza Cívica. Mención aparte merece el inquieto guanajuatense, hoy avecindado en Zapopan, don Esteban Garaiz, exvocal ejecutivo de Jalisco que recién renunció al IFE en protesta por la situación del instituto. Hubo algunos consejeros de los institutos estatales, como Rosa del Carmen Alvarez, consejera del IEEJ jaliciense -a quien le agradezco sus atenciones recientes en Guadalajara. Incluso nuestro vocal ejecutivo en Guanajuato, el maestro Antonio Manjarrez Valle, participó en el proceso -creo que fue el único vocal del IFE que se animó a hacerlo. Me perdí su comparecencia: espero que le haya ido bien.
Sólo son tres las posiciones en concurso, y con sinceridad creo que los candidatos fuertes ya estaban señalados de antemano por parte del liderazgo del Congreso. Por eso yo no presenté mi candidatura, en contraste a mis apreciados colegas, la mayoría miembros de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE). Sin embargo es de reconocer el esfuerzo que se está desplegando, que sin duda redundará en una legitimación sin precedentes de los consejeros resultantes. Con esto ganará mucho el IFE y permitirá reconstruir su decaída imagen pública.
Por otra parte hay que destacar la reforma al COFIPE que acaba de aprobar el Senado. Las reformas constitucionales recién decretadas son rescatadas y reglamentadas en esta nueva edición del código electoral. Se determina un recorte sustancial a los tiempos y gastos de las campañas, a la mitad incluso, lo que sin duda es agradecible. También se reglamentan las relaciones con los medios de comunicación masivos, lo que está ocasionando un nuevo enfrentamiento de los titulares de esos medios con el Estado, bajo el pretexto de “defender” la libertad de expresión --en realidad lo que está detrás es la defensa de los intereses políticos y económicos de esos concesionarios. El 60% del gasto de las campañas era embolsado por esos pícaros, lo que explica sus reacciones actuales. Los ciudadanos estábamos subsidiando la riqueza creciente de esos magnates: 3,500 millones de pesos dejarán de entrar a sus bolsillos en los próximos dos procesos electorales federales. También se combaten las tácticas “sucias” en las campañas, y se prohíbe la promoción personal de los gobernantes -en Guanajuato seguimos saturados de imágenes del gobernador- y la promoción de la obra pública en periodo electoral. Se eliminan los secretos bancario, fiduciario y fiscal de los partidos políticos. Se crea la contraloría del IFE, independiente de su Consejo General -para que no se repita aquel suceso desafortunado cuando un contralor quiso sancionar a un consejero general, y que por ello perdió su empleo-. Se reglamentan las precampañas y sus recursos, y algo necesarísimo: se establece que todas las elecciones estatales, municipales y delegacionales se realicen en la misma fecha, para evitar el cansancio electoral del ciudadano. Ojalá pronto veamos rescatadas estas iniciativas en el ámbito estatal, pues urge una actualización y modernización del código local, tan caduco. Soñando, me encantaría ver la renovación de los consejeros estatales mediante mecanismos de consulta y selección como los que estamos testimoniando en el Congreso de la Unión.

viernes, 30 de noviembre de 2007

Estudios electorales

La semana pasada se desarrolló en la ciudad de Guadalajara el XIX Congreso Nacional y II Internacional de Estudios Electorales, encuentro académico anual que realiza la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C., mejor conocida como la SOMEE. Desde 1994 participo sin falta en estos eventos, que me han permitido vincular mi producción personal como investigador universitario a los debates que sobre este tópico ha venido construyendo una creciente comunidad de especialistas, tan pertinentes para nuestro país. Quiero compartir con los pacientes lectores un poco de mi experiencia particular, en un afán de convocar a los interesados en la reflexión político-electoral a participar en las actividades de esa meritoria asociación. Debo mencionar que Guanajuato está recibiendo muy poca atención de parte de analistas sociales, por lo que en cada congreso de la SOMEE soy casi el único en acudir con mis análisis de los procesos comiciales más recientes, y la soledad académica afecta a cualquiera. Aunque esto está cambiando por suerte.
En 1991 estaba yo en búsqueda de un tema para mi tesis de doctorado en ciencias sociales. Mis asesores me habían convencido de que dejara de lado temporalmente la temática que yo había trabajado en mis tesis previas de licenciatura y maestría: la migración laboral mexicana internacional. Y me dejé convencer porque en mi estado natal, Guanajuato, estaban ocurriendo cosas muy interesantes -e inquietantes también- en el ámbito político electoral. Las elecciones estatales del 18 de agosto de ese año habían tensado el ambiente local, y las cosas se complicaron aún más con el inopinado recurso del interinato. La entidad se convirtió así en un laboratorio donde el régimen salinista experimentó con la alternancia y el gobierno dividido, todo en aras de no afectar las negociaciones del TLC con América del Norte, y proyectar una imagen democrática que disipara las malas vibras del viejo autoritarismo.
Comencé a estudiar los procesos electorales que se verificaron en ese año en agosto y diciembre en nuestra entidad, que evidenciaron un avance espectacular del PAN, y más adelante analicé las elecciones federales y locales de 1994, que significaron una recuperación impresionante del PRI, gracias al “voto del miedo”. Con los resultados de mis pesquisas me presenté al VI Congreso Nacional de Estudios Electorales, organizado por la UAM-Iztapalapa y un puñado de investigadores que entonces se denominaban “Grupo Especializado en Estudios Electorales del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO)”. Así me involucré en este agregado creciente de estudiosos, con los que pude tejer fuertes lazos de amistad. Recuerdo que mi ponencia primigenia se denominó “En Guanajuato se sintió el cambio: del verde al azul... y del azul al verde.”
Desde entonces no he faltado a ninguna de las citas anuales, e incluso me tocó la chamba de organizar dos de los congresos nacionales: el de 1996 en Guanajuato y el de 2003 en San Miguel Allende. Pero lo más interesante comenzó en 1998: sucedió que, luego de un intento infructuoso del COMECSO por desaparecer al grupo de estudiosos electorales, éste determinó constituirse en asociación civil y así lo formalizó el 10 de julio ante un notario público de la ciudad de Morelia. Firmamos el acta constitutiva los colegas Juan Reyes del Campillo, José Méndez Bravo, Jaime Rivera Velázquez, Adolfo Mejía González, Marina Garmendia Gómez, Rene Valdiviezo Sandoval, Juan Francisco Valerio, Javier Santiago Castillo, Ricardo Espinoza Toledo y el que escribe este diario de campo. Se conformaba así la SOMEE, independiente ya del COMECSO.
Al año siguiente tuve la suerte de participar en una de las primeras mesas directivas, presidida por Leonardo Valdés Zurita, entonces profesor de la UAM-Iztapalapa -y hoy de la Universidad de Guanajuato. Fui secretario de organización por cuatro años, y nos tocó la tarea de convertir a ese grupo de amigos en una asociación académica prestigiada que promoviese actividades durante todo el año, y así organizamos varios diplomados -algunos de ellos con el IEEG guanajuatense-, un concurso anual de tesis electorales, un premio anual a los notables de la democratización mexicana, un seminario nacional de estudios electorales en colaboración con el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana -seminario que coordiné durante tres años-, publicaciones y otras actividades de carácter académico. El trabajo fue continuado por los siguientes presidentes de la SOMEE: Juan Reyes del Campillo y Pablo Javier Becerra.
Durante el pasado congreso en Guadalajara competimos nuevamente por la conducción de la asociación, pero en esta ocasión bajo el liderazgo de Ernesto Hernández Norzagaray, notable estudioso sinaloense. Obtuvimos el voto favorable de los colegas, y por ello me toca ahora participar en calidad de Secretario General de la SOMEE, lo que me llena de gusto. Nos espera el reto de organizar el XX Congreso Nacional el año próximo en Morelia, y el III Congreso Internacional en la ciudad de Salamanca, España, lo que representará todo un reto para una asociación mexicana. ¿Te interesa vincularte? Echa un ojo a la página electrónica: www.somee.org.mx

viernes, 16 de noviembre de 2007

México Unido

Hace diez años, un once de noviembre, se inauguró la asociación México Unido contra la Delincuencia como una reacción de sectores conscientes de la sociedad civil contra el ascendente clima de inseguridad y violencia social que privaba -y priva- en nuestro país. Fue una iniciativa surgida de un conjunto de víctimas directas de ese entorno violento, encabezadas por la señora Josefina Ricaño, madre de Raúl Nava, joven secuestrado y asesinado por el tristemente célebre “mochaorejas” el 6 de mayo de aquél año. Esa señora madre supo aglutinar en torno suyo a un grupo numerosísimo de atormentados ciudadanos, hartos de padecer la arbitrariedad del crimen impune y la corrupción cómplice de las autoridades de procuración e impartición de justicia.
México transitaba -y transita- por una profunda fase de anomia y patologías sociales -como las calificaría el sociólogo Durkheim-, producto de la acumulación de males por las crisis económicas en que se debatió este país en su difícil tránsito desde el autoritarismo de las presidencias imperiales, hacia nuevos estadios menos obtusos de desarrollo. La “docena trágica” de Echeverría y López Portillo, más la incapacidad de acción de De la Madrid, la corrupción neoliberal de Salinas y la estupefacción de Zedillo en su “error de diciembre”, condenaron a dos generaciones de mexicanos a vivir en el límite de la supervivencia física y la pobreza extrema. Fue entonces que se gestó el caldo de cultivo de la delincuencia, primero improvisada y de niveles básicos de violencia -raterillos, defraudadores, truhanes y asaltantes de verduguillo-, y luego la criminalidad organizada y de alto impacto, tanto en violencia como en conmoción social, con sus crecientes capacidades para la cooptación económica, corrupción de la autoridad, disposición de armamento y entrenamiento, y la progresiva sofisticación de sus acciones. La proverbial incapacidad de las corporaciones policiacas mexicanas, más la proclividad de jueces y magistrados a sucumbir ante cañonazos de billetes, asfaltaron el camino para la descomposición social e institucional.
La asociación civil es presidida ahora por María Elena Morera, esposa de Pedro Galindo, aquél secuestrado al que sus captores le amputaron tres dedos de cada mano para ser enviados como regalo macabro a su familia. Pedro fue rescatado por agentes de la AFI, lo que le hizo ser “afortunado” entre los que corren suertes similares. Muchos recordamos con escalofrío aquellos anuncios televisivos de México Unidos donde este pobre hombre ofrecía “echarles una mano” -y mostraba sus manos segadas- a las autoridades para ayudarlas a combatir la delincuencia. Y en efecto: todos lamentábamos -y lamentamos- la incapacidad de nuestros bien pagados funcionarios y nuestras ineptas policías para poner dique al aluvión de la violencia.
Y en Guanajuato se nos sigue vendiendo la idea de la ínsula barataria, la comarca pacífica y armónica donde no existe el crimen de alto impacto. Pero al mismo tiempo nos enfrentamos con bombazos del EPR, con cartuchos de dinamita abandonados en Celaya y ahora en Irapuato, con asaltos prohijados con armas largas, con atentados contra funcionarios y periodistas, con 46 aparentes ejecuciones en lo que va del año, con el mutis o el cantinfleo de autoridades de seguridad, e incluso con veterinarios metidos a secretarios del ramo -¿será porque los criminales deben ser tratados como animales?
¿Qué nos pasa?, se preguntaba en los ochenta el agudo comediante Héctor Suárez. Y los mexicanos simples nos lo seguimos preguntando veinte años después. No podemos renunciar a nuestro futuro como país, ni abandonarnos a la idea del destino manifiesto del fracaso nacional. La violencia social es el cáncer de las sociedades antiguas y modernas, pero su sofisticación y brutalidad han alcanzados los límites de la irracionalidad. Pero también hay que rechazar la violencia institucional, la del Estado; es decir no caer en el expediente fácil de tolerar la violación de derechos humanos con el pretexto de combatir la criminalidad. El Estado debe preservar el monopolio de la violencia legítima, la violencia legal, mas no aplicar el terrorismo oficial, que significa tirar el agua sucia junto con el niño.
México Unido no ha logrado sus metas, es cierto. Pero no ha sido por falta de voluntad o de asiduidad: es porque se enfrenta a un reto mayúsculo sin más armas que la buena voluntad, la terquedad del ciudadano ofendido y la aspiración a dejarles a nuestros hijos un mejor país... bueno, al menos como lo conocieron nuestros abuelos.

viernes, 9 de noviembre de 2007

Memorias de la escritura

Poniendo en orden mis papeles -algo para lo que en raras ocasiones hay tiempo-, descubrí que con esta colaboración he acumulado 402 artículos publicados en periódicos estatales y nacionales desde que en 1981 me inauguré en esta afición. Creo que es un motivo suficiente como para compartir con los pacientes lectores cierto grado de satisfacción personal. Permítanme entonces jugar un poco con la memoria y las cavilaciones sobre estos 26 años de escribidor diletante.
Hace muchos años leía en una de las compilaciones de artículos periodísticos de Jorge Ibargüengoitia -creo que se trataba de sus Instrucciones para vivir en México-, que el llorado escritor había publicado más de 600 artículos durante los años sesenta y setenta, para el Excélsior. Su estilo me caló hondamente, aunque siempre supe que no debía imitarlo a riesgo de hacer el ridículo. Pero me entusiasmó la idea de imitar su asiduidad en mantener aceitada la pluma, y así poder emprender con más facilidad retos escritos más demandantes, como son los ensayos y artículos de fondo que se nos demanda a los académicos. En efecto, el resultado me ha resultado ampliamente benéfico: dos cuartillas a la semana ayudan muchísimo a hacer gimnasia escrita que mantiene el “tono muscular dactilográfico”.
Comencé a publicar en prensa gracias al apoyo de mi padre, don Isauro, quien me impulsó a hacerlo y me facilitó la entrada al limitado círculo de colaboradores que El Sol de León convocaba cada año a elaborar reseñas críticas de los eventos desplegados por el Festival Internacional Cervantino. En esa ocasión nos tocó cubrir el 9º FIC. Tímido, me inicié con un artículo dedicado a la cultura Chupícuaro, en referencia a una exposición del museo de la Alhóndiga. Como estudiante de antropología social, el tema me pareció de lo más adecuado para iniciar mis balbuceantes contribuciones. Había que publicar un artículo diario durante las tres semanas del festival, y en ocasiones me tocó echarles la mano a otros colaboradores más ocupados que yo, sirviéndoles de “negro” o ghost writer. Hubo días en que debí escribir hasta tres artículos; así de ganas tenía de publicar. Además del pago por artículo, uno recibía el estímulo de la acreditación de prensa para poder entrar gratis a cuanto evento se quisiera. Evidentemente había que asistir a tantos actos como textos a escribir, así que me la pasaba en conferencias, exposiciones y montajes teatrales, que eran mis actividades favoritas.
En 1986 recibí la invitación de colaborar, también durante el periodo de festival, para el suplemento cervantino del periódico Contacto de Guanajuato. Nuestro editor era el entonces muy chaval Juan Manuel Oliva Ramírez, jefe de información de la edición leonesa. Dos años participé con ese periódico, y aún conservo una carta de agradecimiento con que Juan Manuel acompañó la colección completa de suplementos que nos obsequió en noviembre de 1987, luego de 22 días de festival. Pronto inició el camino que le ha llevado a ser gobernador.
Durante un rato publiqué en el suplemento sabatino Bajo el Sol, de mi vieja casa en El Sol de León. También pude participar con algunas contribuciones a la sección de los estados del Excélsior, cooperativa que pronto entró en crisis. Pero fue sin duda con mi vinculación a El Nacional de Guanajuato, antecedente del medio que hoy da cobijo a esta columna, que pude establecer una base más estable para una participación más regular. Primero fue en la página educativa “Aula de los Lunes” (1987-1989), y luego en la "Revista Cervantina" que me permitió seguir asistiendo cada año a los eventos festivaleros como parte del staff de columnistas eventuales de ese periódico. Y desde 1993 ingresé en el cuerpo base de opinantes de El Nacional. Siempre le he agradecido a Arnoldo Cuéllar su hospitalidad en los medios que le ha tocado dirigir. Es el mejor líder informativo con que contamos en la entidad.
En 1994 Arnoldo y José Argueta arrancaron un interesantísimo proyecto de comunicación política: el Dossier político de El Nacional, que aglutinó a muchas buenas plumas analíticas del estado hasta 1997, cuando se canceló. Pero pudimos pasar a la báscula a muchos políticos locales y nacionales, y ensayar colectivamente lo que es escribir sin ambages sobre tópicos de alta sensibilidad para la clase política. Por supuesto el medio, por su origen, favorecía una visión opositora al panismo gobernante, pero algunos panistas heterodoxos nos acompañaron en la aventura -Juan Miguel Alcántara, Fermín Salcedo.
Con el nacimiento de Correo en 1998, mi experiencia como opinante habitual se ha estabilizado gracias al clima de libertad que se ha robustecido en este nuevo recurso de comunicación impresa. 225 de mis artículos han sido alumbrados por este medio. Por eso no puedo dejar de reconocer la suerte de este Diario de Campo y la buena voluntad de mis compañeros de viaje en este tabloide, que han enriquecido la comunicación interregional de Guanajuato. Gracias.

viernes, 2 de noviembre de 2007

Día de Muertos

El título de esta colaboración parecería sugerir que es mi deseo abordar el tema del día: la conmemoración de los fieles difuntos. En efecto es así, pero con referencia especial a un tipo de fenecidos que hipócritamente nos place ignorar dentro de nuestro imaginario burgués: los paisanos, los trabajadores emigrantes que desde hace más de una década años fallecen rutinariamente en la frontera de la muerte que separa a México de los Estados Unidos. Un promedio mortal de un migrante al día es el precio que cobra el confín de nuestro país, zona que atestigua un flujo humano irrefrenable que pone en evidencia nuestro fracaso como país, incapaces como somos de generar las oportunidades que se merecen los jóvenes productivos que se nos escapan.
En la práctica, la frontera binacional se ha convertido en una zona de muerte desde que comenzó la polémica “Operación Guardián” -Gatekeeper- en la frontera californiana en octubre de 1994, hace 13 años, seguida por sus émulos: las operaciones “Interferencia” y “Salvaguarda” en Arizona, y “Río Grande”, en Texas. En esos años se acumularon cuatro mil muertes de trabajadores mexicanos y centroamericanos, que han dejado la existencia en su intento por alcanzar el fatuo “sueño americano”. Docenas de organizaciones civiles de ambos países denuncian sistemáticamente los abusos, las vejaciones y la violencia que se ejercen contra los trabajadores migratorios que intentan atravesar la frontera por los espacios más seguros y habitados (Tijuana-San Diego, Nogales, El Paso-Juárez, los Laredos). Ahora esos cruces son prácticamente impenetrables para los indocumentados debido a la inversión de miles de millones de dólares en nuevo y sofisticado equipo, el reclutamiento de 14 mil agentes fronterizos -la Border Patrol es la agencia policiaca federal más numerosa de los EUA-, y demás medidas de disuasión y persecución. Ahora que acabamos de salir de la temporada de calores extremos y lluvias abundantes, habrá que hacer el balance de cuántos aspirantes a trabajadores visitantes dejaron su existencia ahogados por el desierto o el río, asaltados por los maleantes, abandonados por los polleros o sencillamente asesinados -¿cómo saberlo? Estos pobres congéneres, hombres mujeres y niños, pasan a engrosar una fría estadística que las asociaciones de protección a paisanos han querido evidenciar con la exhibición sobrecogedora de cruces de madera clavadas en la valla metálica binacional.
¿Cuántos de estos muertos son guanajuatenses? Los medios impresos locales se han ocupado desde hace algunos años de documentar y dar seguimiento a casos particulares de paisanos que han sufrido este cruel destino. El detalle a nivel familiar es sobrecogedor y terriblemente emotivo. Madres y padres que pierden a alguno de sus hijos; hijos que quedan sin padre o madre; esposas precozmente viudas; hermanos, parientes, amigos que lloran por ese, por esa, que no volverá.
Es difícil conseguir datos fidedignos para poder ofrecer una idea de la magnitud de este fenómeno trágico, particularmente en lo que se refiere a los estados. Hace un par de años tuve la fortuna de obtener, gracias a la cortesía del entonces delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el embajador Eleazar Ruiz, algunos datos muy valiosos. Supe así que más o menos se conocen las causas de los 247 decesos de migrantes guanajuatenses que se acumularon en los años 2002 (55 muertes), 2003 (89) y 2004 (103). Los accidentes de auto son la principal cause de muerte (21.6%), y está muy vinculada a la carencia de cultura vial de parte de los paisanos -como es evidente al circular por nuestras carreteras nacionales. Le sigue la deshidratación (18.3%), que está vinculada directamente con el intento de cruce de la frontera. Las inquietantes categorías de “Otros” (19.5%) y “Se desconoce” (18.7%) acumulan más de la tercera parte de las muertes, lo que deja la impresión de que muchos decesos no son suficientemente investigados. Tampoco se entiende la categoría de muertos por “enfermedad” (10.4%) por su ambigüedad. Los infartos y los asesinatos empatan en la misma proporción: 5.8% casa uno, pero estoy seguro de que muchos homicidios se ocultan detrás de aquél tercio de categorías inciertas.
Sencillamente cada año, en noviembre, el luto cubre a alrededor de un centenar de familias guanajuatenses que han perdido en el año a alguno de sus miembros en la aventura del cruce. Como ser humano, este drama me conmueve; como académico me convoca a conocer sus entrañas. Afortunadamente un colega antropólogo de la Texas Christian University, el doctor David Sandell, está desarrollando desde hace tres años un proyecto de investigación vinculado al duelo de estas familias acongojadas, en la comunidad de Chichimequillas. Es un acercamiento a la antropología de la muerte y la tanatología que mucho nos dirá cuando vea su publicación. Entretanto, acompañemos a los deudos de esta, nuestra tragedia nacional.

viernes, 26 de octubre de 2007

Fundación Cervantista

Hace veinte años, un seis de octubre, murió el maestro Enrique Ruelas Espinosa, director escénico, maestro de arte dramático y uno de los fundadores del Teatro Universitario de Guanajuato; artífice de los Entremeses Cervantinos, que proyectaron a esta ciudad capital a nuevos espacios de celebridad y viabilidad como sociedad urbana. Dieciocho años después se le uniría su viuda, doña Alicia Barajas –inquieta guanajuateña de cepa. Ambos habían podido participar en el arranque del Festival Internacional Cervantino en octubre de 1972, que terminó de colocar al somnoliento Guanajuato en el mapa cosmopolita de la cultura.
También en otro octubre pero de 2005, el hijo de ambos, el doctor en medicina Enrique Ruelas Barajas, logró la concreción de la Fundación Cervantista Enrique y Alicia Ruelas A.C. en “homenaje a mis padres [pero] también para conservar el legado cultural y apoyar en todas las actividades del teatro universitario, colaborar con el FIC y con la ciudad de Guanajuato. Estoy cosechando lo que sembró mi padre y [deseo] proseguir con su obra'', declaró a La Jornada días antes. Se convocó al esfuerzo conjunto a intelectuales, amigos y familiares como Eugenio Trueba Olivares, Pedro Vázquez Nieto, Juan Francisco Millán, Arturo Lara López, Carlos Barajas Díaz, Sor María Suárez, Yolanda Martínez de Pacheco, Liliana y Mariana Ruelas, y Rubén Aguilar Monteverde. Desde entonces la fundación ha podido desarrollar una creciente actividad cultural y social, con la participación de las activísimas promotoras Laura Lozano y Guadalupe Lemus, con amplia experiencia en el ámbito cultural.
La fundación ha contado con el apoyo de los gobiernos estatal y municipal de Guanajuato, el congreso de la entidad, TELMEX, la Universidad de Guanajuato, el Festival Cervantino y de particulares entusiastas. Gracias a ello pudo armar recientemente todo un programa de actividades de corte cultural y social, que le ha vinculado con corporaciones de la talla del francocanadiense Cirque du Soleil, así como con artistas escénicos y artesanos locales. Es de destacarse el taller para niños “Teatro en Mi Barrio”, promovido por la fundación hace un par de meses con el apoyo del grupo Machincuepa y el propio Circo del Sol, proyecto que tuvo la aspiración de crear un grupo de circo social en la capital del estado. Los chicos, todos de origen popular, acudieron hace dos semanas a Guadalajara a presenciar una función del espléndido montaje Quidam. ¡Qué gran iniciativa! ¡Qué oportunidad para nuestros chavales! (cuando yo quise presenciar una función en Montréal, me enfrenté con que había que hacer reservaciones un mes y medio antes, y que el monto del boleto era de 150 dólares canadienses. En Guadalajara costó entre 400 y 1,400 pesos). Cien chiquillos guanajuateños pudieron deleitarse con el espectáculo gracias a la fundación.
Pero lo que en lo personal me interesa destacar es su programa editorial, que para este año incluyó la edición de un tríptico “objeto”: un cómic infantil denominado “La Guarda Cuidadosa” -el entremés cervantino- que busca motivar a los pequeños a acercarse a la obra cervantina mediante pegotines de personajes que hay que ubicar en un hermoso dibujo de la plaza de San Roque. Luego, la presentación de la espléndida y extensiva biografía del maestro Ruelas, del puño del escenólogo Edgar Ceballos, que hurgó en los archivos personales del divo para obsequiarnos un vivo retrato de un Ruelas poco conocido: el escritor, poeta, actor y educador.
Y finalmente menciono el libro que me tocó coordinar en colaboración con Laura Lozano: Voces en torno de un personaje; teatro, sociedad y cultura entre México y Guanajuato. Convocamos a una docena de autores a participar en un esfuerzo que buscó rememorar colectivamente la obra y trayectoria del maestro Ruelas, como actor clave del avance y progreso del teatro en México, y aprovechar a este mismo personaje como hilo conductor que permitiese ejercitar una reflexión a la distancia sobre la evolución y vicisitudes de la cultura nacional y local de la posguerra. Nos acompañaron las plumas de Tonatiuh Ceballos, Alejandro luna, Aurelio González, Francisco Arellano, Miguel Sabido, Aimée Wagner, María Luisa “China” Mendoza, Margarita Villaseñor, Eugenio Trueba, Isauro Rionda, Ernesto Camarillo y yo mismo, con prólogo de Arturo Lara. Entre todos aportamos pincelazos diferenciados a un gran lienzo que buscó recrear una época difícil, un Guanajuato que ya no existe, y una cultura mexicana en búsqueda de su identidad, que en buena medida logró gracias al teatro y a directores como Ruelas y su generación. El libro está disponible en su versión electrónica (CD), y esperamos verlo pronto en el papel (quien desee adquirirlo, por un costo módico, puede solicitarlo a fundacioncervantista@yahoo.com.mx). Vale la pena.

viernes, 12 de octubre de 2007

El gusto por las cosas del César

Con una regularidad que se ha hecho preocupante, el clero católico, más bien su alta jerarquía, vuelve a plantear viejos asuntos que la historia nos haría esperar que estuviesen superados. Volvemos a conocer de requerimientos anacrónicos como el de que se les otorgue una mayor capacidad para incidir políticamente en los asuntos de este mundo, incluso la demanda del voto pasivo –que los religiosos puedan ser votados—; también exigen la posibilidad de tener en propiedad medios de comunicación, y regresan sobre la mentadísima “libertad” religiosa, libertad que en los hechos no es más que para ellos mismos, no para el resto de las iglesias, que además acompañan invariablemente de la “libertad” de enseñanza, que en realidad es la posibilidad de aplicar oficialmente la moral absoluta y dogmática de la religión sobre el pensamiento autónomo y científico en las mentes infantiles y juveniles. Recientemente, además de todo esto, han agregado nuevos objetivos, como el de obtener trato de ONG, y hacer deducibles de impuestos los donativos y óbolos; o bien que la iglesia sea consultada en materia de políticas públicas orientadas hacia los valores familiares o comunitarios –como sucede en Guanajuato.
La jerarquía eclesiástica no ha aprendido nunca las necesarias lecciones de humildad, ni siquiera provenientes de su propia tradición misionera. Y una evidencia de ello es la actitud soberbia del enviado papal, el arzobispo de Francia Dominique Mamberti, quien en la reciente conmemoración de los 15 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas con el Vaticano –que es un Estado, no una religión , planteó ante funcionarios mexicanos sumisos la exigencia de “superar las limitaciones y equívocos” de la ley en materia religiosa. ¿Cuáles son esas limitaciones? Las que todavía impone el Estado laico a la participación activa de las iglesias en asuntos terrenales. Se demanda con altanería que el gobierno federal reconozca la necesidad de impulsar la “libertad” religiosa y que se abran nuevos espacios de poder a los representantes de una potencia real, nada espiritual, muy apegada a los beneficios de la vida cómoda e incluso a los placeres de la carne, como la siempre ignorada pederastia –ignorada aquí, no en las cortes federales de Los Ángeles.
Los jerarcas se quejan de ser víctimas de agresiones y persecución, de que la turba les hace “temer por su vida”; todo por unos manotazos aplicados por un grupito de alocados manifestantes a la lujosa camioneta Toyota, blanca como los ángeles, del cardenal Rivera –pero eso sí, blindada para protegerlo de su peligrosa feligresía, pues el miedo no anda en burro. También es impresionante el gusto por la exhibición pública y por las candilejas de parte de “nuestros” cardenales y arzobispos. No pierden oportunidad de salir en los medios y hacer declaraciones, siempre sobre asuntos terrenales, pero nunca sobre lo que realmente les concierne, como sucedió con el obispo leonés Martín Rábago cuando en el periodo electoral pasado pontificaba en sus homilías dominicales sobre la necesidad de un voto consciente e informado, y su toma personal de posición ante múltiples temas del momento, ya que “sería una deformación totalmente inadmisible querer limitar la misión de la Iglesia sólo a predicar verdades abstractas y sin conexión con los momentos y circunstancias históricas que viven los hombres.” Contrastaba su posición con su negativa a opinar sobre asuntos más cercanos a su responsabilidad terrenal, como el caso del sacerdote De María y Campos, acusado de corrupción de menores.
La estulticia cuenta con aliados insospechados entre las propias autoridades, que olvidan que uno de sus mayores deberes es cuidar la laicidad del Estado. Acabamos de testimoniar el vano, pero significativo intento del alcalde de Celaya Gerardo Hernández, apoyado por el empresario Julián Malo y un fantasmal “Consejo Ciudadano Pro Recuperación del Nombre de Celaya de la Purísima Concepción”, de violentar el orden jurídico nacional al reasignarle un toponímico con contenido religioso a la ciudad de marras. Los funcionarios públicos municipales se volcaron en la promoción de esta iniciativa. Afortunadamente el propio obispo de Celaya, Lázaro Pérez, se dio cuenta del despropósito y en un alarde de buen juicio defendió ante miembros del ayuntamiento la sabia idea de que hay problemas más urgentes qué resolver en ese municipio, que el de poner el nombre de la concepción de la Virgen en boca de todos. Y remató con aún más sabiduría: "Me hacen líder sin serlo, yo soy pastor y quiero serlo siempre". Ese es el tipo de prelados que requiere la religión y la iglesia auténticas, que saben separarse de las cosas del César.

viernes, 5 de octubre de 2007

Estulticias foxianas

Antes de entrar al tema nodal de esta colaboración, distraeré estas primeras líneas para enviar un cordial saludo al amable funcionario guanajuatense del CONACyT que tuvo la deferencia de comentarme que me lee todos los viernes, y que con toda seguridad es mi primer lector del día pues tiene la costumbre de consultar la página electrónica de Correo a las 6:30 de la mañana. Siempre se agradecerá ser leído, y más de manera tempranera, cuando la mente aún no se obnubila con las telarañas del ajetreo cotidiano. ¡Un fuerte abrazo!
Es difícil sustraerse a la necesidad de opinar sobre el asunto nacional que ha hurtado los encabezados periodísticos: la exhibición imprudente de la bonanza personal y familiar del expresidente Fox. Ésta fue desnudada ante el peor de los auditorios, el de una revista de frivolidades que se solaza habitualmente en la ostentación de los ricos y poderosos para alimentar las ensoñaciones del común de los mortales, pobretones y mal vestidos. No puedo evitarlo, me cuento entre estos últimos, por lo que no resistí la tentación morbosa de visitar el sitio de la publicación de marras (www.quien.com/portada/los-fox-su-vida-despues-de-los-pinos) y recorrer las 2 mil 361 palabras por las que trascurre la verbosidad del artículo --nada mal escrito por cierto, incluso con buen sentido de oportunidad periodística. Las respuestas de la entrevista, sin embargo, transparentan la inconsciente inmodestia del nuevo rico, la petulancia disfrazada de sencillez afable. Doña Martha no se quedó a la conversación; dejó a su marido expresidente solito ante los periodistas, y “ya sin la compañía de su mujer, posó para la cámara en el interior de su casa, la cual construyó hace más de tres décadas con su sueldo de 15 años de trabajo en Coca-Cola, donde llegó a ser presidente para América Latina”. Sabemos bien que don Vicente no logró dicho puesto, ni acumuló capital personal de consideración antes de su ingreso a la política. El estado de su casa es sin duda muy diferente al del año 2000 y mucho más al de 1995, cuando acumulaba deudas personales que le hicieron dudar cuando le propusieron buscar la candidatura panista al gobierno de Guanajuato.
El paseo fotográfico resulta lo más bochornoso, tanto por el despliegue de ostentación palaciega como por lo evidente de su novedad. Es claro que la casa experimentó una profunda intervención y renovación reciente, y que no es un inmueble que haya acumulado pátina. Luego se nos muestran láminas de la estancia campirana, un rancho que ha dejado de serlo y que se antoja más a una hacienda de telenovela, o a una finca texana tipo rancho Crawford -con la diferencia de que esta heredad de los Bush es producto de una riqueza familiar petrolera, previa a sus desempeños presidenciales. El paseo por la casa me llamó la atención por dos razones: el derroche de gusto kitsch en los enseres y el mobiliario y la ausencia de sentido arquitectónico que mantuviese el espacio dentro de los patrones de las casas solariegas del Bajío. El arquitecto Serrano sencillamente despreció la racionalidad de la construcción vernácula y les elaboró un castillete con altísimos techos de dos aguas -no vaya a ser que la copiosa lluvia del Valle de Señora les llene de goteras las azoteas.
Luego se han venido acumulando explicaciones inverosímiles por parte de la pareja presidencial. Resulta que el rancho La Estancia, adquirido por Fox en 1997 y nunca reportado en sus declaraciones como gobernador (Miranda y Argueta, Fox 2000 al natural, p. 98), está valuado en la declaración presidencial en 300 mil pesos -menos de lo que cuesta una casa de interés social-, mientras que el periódico Reforma, con base en lo calculado por la asociación de profesionales inmobiliarios, lo estima en al menos 29 millones de pesos. Y eso que en ese año de 1997 el gobernador Fox reportó ingresos totales por un millón 415 mil pesos.
Luego, ¿cuánto está costando la construcción del Centro Fox? No hay información en la página electrónica, pero es evidente que se llevará una millonada el auditorio para 500 personas, la sala de bienvenida, la biblioteca de 25 mil volúmenes -poquísimos para un centro de alto nivel-; el acervo digitalizado de tres millones de documentos; la explanada para tres mil personas -como la Plaza de los Fundadores de León-; el área para exhibir los obsequios que recibió el ex presidente -feos o bonitos-, y la cafetería-restaurante. Los académicos e investigadores serios se sonríen ante esta idea, y se preguntan si no sería mejor dedicar esos recursos a un mejor fin. Las obras de beneficencia de la fundación Vamos México, por ejemplo. Y yo me pregunto: ¿en qué términos habrá firmado la Universidad de Guanajuato el convenio de colaboración con el Fox Center, que se ha anunciado?
El viejo régimen tenía pocas bondades, sin duda, pero una de las más destacables era la tradición sabia del silencio discreto y el recogimiento a la vida privada que los expresidentes debían mantener. Se preservaba así la estabilidad del régimen y se cuidaba que el ciudadano común, siempre desconfiado de la honorabilidad de sus gobernantes, no recibiera confirmación involuntaria de las pillerías presidenciales.

viernes, 28 de septiembre de 2007

275 años

Con frecuencia la vorágine de eventos de la cotidianidad nos distrae y sustrae de asuntos trascendentales que en el momento consideramos no tan urgentes. Quiero decir que el imperio de lo inmediato siempre ofusca, y nos hace perder el sentido de la trascendencia y del largo plazo. Así sucede en la política-política y en la política universitaria. El reciente proceso de renovación de la rectoría nos distrajo de asuntos que no pueden desmerecer nuestra atención.
El lunes 1 de octubre la Universidad de Guanajuato celebrará su 275 aniversario. Se dice fácil, pero es una larguísima historia para una institución de educación superior provinciana, particularmente si consideramos que se trata de un historial continuo. La UNAM, por ejemplo, cuenta con una larga trayectoria de 454 años -fue establecida el 25 de enero de 1553-, pero no ha sido una historia continua, pues cerró sus puertas en 1833, 1857, 1861 y 1865. Y desde este último año hubo de esperar a que Justo Sierra promoviera su reapertura en repetidas ocasiones, hasta que logró su resurrección en 1907. Por ello, propiamente se trata de una universidad del siglo XX.
La Universidad de Guanajuato, en cambio, puede trazar su historial sostenido desde que en 1732 doña Josefa de Busto y Moya donó su casa particular para que sirviera de asiento para establecer un colegio de enseñanza superior jesuita, que tanto demandaba la villa. A partir de entonces, con el Hospicio de la Santísima Trinidad, se dio inicio a una tradición educativa que nació como colegio religioso -regenteado por jesuitas y luego de su expulsión, por felipenses-, y que luego de la independencia se secularizaría para convertirse, gracias al apoyo del gobernador Carlos Montes de Oca, en el Colegio del Estado, donde se educaría la elite cultural y política de la entidad durante los siguientes dos siglos. El establecimiento pudo mantenerse abierto incluso durante los periodos de depresión social e institucional gracias a los empeños de individuos -profesores y autoridades-, como el padre Marcelino Mangas, el profesor Sierra, don Fulgencio Vargas, Agustín Lanuza y otros.
Fue mediante el reconocimiento de su calidad como universidad pública en 1945, conseguido por Armando Olivares, que la institución se consolidó como establecimiento permanente y con ascendiente social. Carecía de autonomía para nombrar a su máxima autoridad, pero gozaba de un importante margen de manejo interno. Su crecimiento fue más bien modesto a lo largo de las décadas siguientes, con breves periodos de aceleración seguidos de largos tramos de letargo. Así fue, por ejemplo, con el florecimiento impulsado por José Aguilar y Maya en los años cincuenta, que fue seguido por la inercia de los sesenta y setenta, para detonarse brevemente en los ochenta, y muy en particular en los noventa. La retardada autonomía fue concedida al fin en 1994, en buena medida gracias a la alternancia en el ejecutivo estatal y al gobierno dividido con el legislativo, lo que puso a competir a panistas y priístas en el afán de otorgarle la ansiada presea emancipatoria a la universidad estatal.
Con la reforma de la ley orgánica en este año se inicia una nueva etapa, que coincide con el aniversario. La institución evolucionará hacia un sistema de universidades regionales unidas por políticas generales comunes, pero con amplias capacidades para reaccionar y cumplir con el compromiso ya no sólo con el estado, sino con sus regiones y municipios. Por eso no es menor el asunto del “cumpleaños”: 275 es una cifra que permite recuperar la noción de la dimensión histórica y el porvenir. Nos permite plantear cuestionamientos sobre lo que nos espera para el siguiente cuarto de siglo, 25 años que faltan para el tricentenario institucional. La visión del 2032.
El Campus Sur de la UG propuso al resto de la corporación y a sus autoridades arrancar una serie de actividades conmemorativas de orden académico, científico, cultural y artístico. La respuesta del resto de los campii fue muy entusiasta y entre todos hemos armado un programa de fuste. Durante los próximos meses se desplegará una serie de conferencias, páneles, exposiciones, publicaciones y actividades artísticas que ayudarán a estimular la memoria colectiva y conmemorar la añada. Creemos que es valioso reflexionar sobre los orígenes y el camino universitario, conscientes de que el actual periodo de reforma y actualización debe acompañarse de una referencia permanente al recorrido comunitario. No es ocioso aprovechar ocasiones de remembranza para ejercitar las necesarias capacidades de autocrítica, reflexión compartida e interacción con las sociedades regionales.

viernes, 21 de septiembre de 2007

Pasos y pesos de la reforma electoral

La reforma electoral nacional ya se comenzó a debatir en los congresos locales. Los diputados oaxaqueños la han aprobado fast track, y con ello, dado prueba de que no han abandonado las inercias del autoritarismo más primitivo. En una “democracia” cerril como la suya no es sorprendente encontrar evidencias de un servilismo anacrónico del legislativo local. Una pluma más para el penacho del cacique Ulises Ruiz, que seguramente cree que con estos servicios se acerca a las querencias del “supremo gobierno” central y del presidente la de República.
En el resto del país los legislativos locales tomarán con más seriedad el asunto, y seguramente debatirán con atingencia los fondos de la reforma. Desde ahora se anuncian polémicas intensas, y no pocas confusiones. Éstas han sido alimentadas de forma mañosa e interesada por los medios electrónicos de comunicación y sus “analistas” o “informadores” a sueldo, que siguen difundiendo mentiras llanas, como que se está perpetrando un artero ataque a la libertad de expresión de los ciudadanos comunes. Falsa, falsísima simulación. Sencillamente esos medios están chillando porque se les está retirando la millonaria charola de los recursos públicos -y privados- que se desperdiciaban en cientos de miles de minutos de publicidad vacua. La reforma ha cortado de tajo uno de los elementos más corruptores y tergiversadores de la competencia política: el poder del dinero y de la mercadotecnia chambona.
Me alegra ver que los poderes públicos en México todavía puedan verse libres de los tentáculos de los pulpos televisivos y radiofónicos. La reforma electoral está reivindicando el papel del poder legislativo en la vida nacional, un rol tan desgastado durante años. Se beneficia no sólo la división y equilibrio de poderes, sino también la equidad ante los poderes fácticos de los jeques del capital.
Sin embargo, la reforma electoral es parcial ante las urgencias de recomponer el sistema de representación y gobierno del país. Beltrones, Creel y Navarrete, así como Larios, Gamboa y González Garza, nos prometen la inminencia de una reforma integral del Estado, donde se incluyan temas que aparentemente se dejaron de lado en la muda electoral: reducción del número de diputados plurinominales -e incluso de los uninominales, por favor-, eliminación de los senadores pluris, reelección legislativa y de ayuntamientos, homologación de fechas, candidaturas independientes –sólo para ayuntamientos, por favor-, inclusión de mecanismos de democracia directa, reforzamiento del federalismo, mejora de los mecanismos de rendición de cuentas, etcétera. Ojalá que las 5,656 propuestas en que se resumió la consulta pública sobre la reforma del Estado, organizada por el Congreso de la Unión, se vean traducidas en un programa de ejecución de las mociones más pertinentes y adelantadas.
Por lo pronto nos mantendremos atentos sobre la evolución de la iniciativa electoral en los estados. Por cierto, aquí en Guanajuato ya se expresan voces entre los diputados locales en el sentido de que, si bien es previsible que la minuta sea aprobada sin problemas, no se contempla en cambio la necesidad de realizar adecuaciones a la norma electoral local(¡!). Un despropósito que puede llevar a una situación confusa en las elecciones concurrentes de 2009. Sin duda los partidos buscarán aprovechar las paradojas normativas. Hay que considerar que los cambios en el nivel federal se dieron desde el ámbito constitucional y se proyectarán a las leyes reglamentarias, y por lo mismo son vinculantes para las legislaciones locales. No me cabe duda de que tanto la constitución como el código electoral locales requerirán de una actualización que los ponga “en línea” con las modificaciones nacionales. Además, nuestro código estatal acusa rezagos crecientes en el ámbito político -no tanto en el procedimental-, que se reflejan en la creciente desconfianza que inspira la autoridad electoral local a los partidos opositores, azuzada por un consejo general que nada en la inercia de la hegemonía monopartidista.
Pero si de transformaciones electorales se trata, yo me inclinaría por la más radical de todas: la creación del Instituto Nacional de Elecciones, como lo ha propuesto el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral. Se trataría de un organismo realmente ciudadano y autónomo, que integrase la fuerza y experiencia del IFE y los 32 institutos locales, pero imponiendo criterios unificados, simples y estandarizados en su calidad. Los ejecutivos estatales y el federal contratarían a ese organismo para desarrollar sus elecciones particulares, pero no tendrían mayor injerencia sobre el mismo, ni participación en la selección de sus autoridades. Se buscaría homologar las fechas, profesionalizar a los funcionarios de casilla, reforzar los mecanismos de contraloría social, nulificar los agentes de poder locales, aplicar la tecnología y las urnas electrónicas, y un largo etcétera. Eso sí sería un cambio.

viernes, 14 de septiembre de 2007

La reforma electoral inevitable

El Congreso de la Unión decidió comenzar el necesario proceso de transformación del Estado deshilvanando las madejas más sensibles ante los ojos del gran público: la reforma electoral y la fiscal. Me parece una buena estrategia. Más adelante podremos debatir con calma las mutaciones que requieren otros ámbitos de grueso calibre, como la conformación del propio poder legislativo, las relaciones entre éste y el ejecutivo -incluyendo la renovación del anacrónico formato del informe presidencial-; la readecuación orgánica y funcional del poder ejecutivo; la profundización en la ética y la eficacia del poder judicial; la urgencia de mecanismos de participación social y democracia directa como el referéndum y la iniciativa popular; el salvamento del sistema nacional de seguridad social; la modernización y moralización de los sistemas de seguridad nacional y pública; el rescate financiero y tecnológico de PEMEX; el salvamento del sistema educativo de manos del monstruo sindical, más su proyección cualitativa, y así un largo etcétera. Muchas tareas para poco tiempo.
Quiero referirme en esta ocasión únicamente a la reforma electoral que se avecina. No es todavía una reforma política: esa vendrá más adelante, según nos adelantan los legisladores. Por lo pronto se está dando un paso enorme al desatar a los procesos comiciales de su dependencia crónica de las fuentes del dinero, trátese del propio gobierno, de los empresarios interesados en mantener sus influencias políticas, o de los delincuentes que buscan protección. Y mejor ni hablemos de los grandes intereses corporativos o gremiales que se ocultan detrás del oropel de las campañas: los contratistas, los banqueros, los radio y teledifusores, la iglesia católica, los yunques, los sindicatos, etcétera. Todos estos actores están dispuestos a soltar dinero a cambio de prebendas e influencia. Peor aún: los partidos se han convertido en expertos recaudadores y dilapidadores de recursos públicos y privados, y han alimentado una cadena de corrupción y complicidades, muy en particular con los medios de comunicación -electrónica y escrita-, que al final se embolsan el grueso de esos pesos, sin beneficio para una sociedad sumergida en la necesidad.
Estoy de acuerdo con los puntos nodales de la reforma: la condensación temporal de las campañas y precampañas, la regulación sobre estas últimas, las eventuales candidaturas ciudadanas, la prohibición a los partidos de contratar publicidad en los medios, y el acceder a ellos a través de la autoridad electoral. Deben detenerse los flujos de dineros que se van a la basura de la propaganda desinformativa. Se deben privilegiar los mecanismos que propician información: los debates públicos, el acceso simple a las propuestas programáticas y las trayectorias de los candidatos, los foros de información -ya no más mítines huecos-, la comparecencia ante auditorios informados, el impulso a la educación cívica auténtica, y la imposición de normas de respeto mutuo -la “buena educación” que nos enseñaron nuestros padres. Ese debería ser el reto de los medios, y no la imposición de mensajes de mercadotecnia huera.
El IFE debe reformarse, no me cabe duda. Lo digo con conocimiento de causa, como consejero local del mismo. Me parece insostenible la posición de seis de los nueve consejeros electorales generales que equiparan su permanencia en el cargo con el respeto a la soberanía del instituto. Nada más falso. Independientemente del juicio que podamos aventurar sobre su desempeño en las elecciones del 2006, considero que la renovación escalonada de consejeros es una demanda que se había expresado en múltiples ocasiones en el seno del propio organismo. Recuerdo bien que esa fue una propuesta de José Woldenberg emitida en su discurso de despedida en 2003. Hoy se está concretando, y me parece obtuso y miope que el actual consejero presidente se resista a su implementación. Tal vez si él no estuviese en la lista de los posibles defenestrados, su oposición no sería tan enfática (“hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre”). Contrasta su actitud con la del consejero Rodrigo Morales, quien se ha visto institucional al manifestarse dispuesto a acatar las determinaciones del constituyente permanente. El “hueso” es lo de menos: lo que importa es reforzar el prestigio del IFE cuando falta poco más de 12 meses para que dé inicio formal el siguiente proceso electoral federal -en octubre de 2008.
Me parece que estos legisladores federales sí están haciendo su chamba, y la están haciendo mucho mejor que sus predecesores. Al fin percibo vientos de avance y cambio en la calma chicha en que habíamos caído como país. Ojalá no sea flor de un día.

viernes, 7 de septiembre de 2007

Selección sin competencia

Casi abruptamente, pero el proceso de selección del rector de la Universidad de Guanajuato terminó este pasado martes 4, con la conocida resolución de confirmar al actual regente, el doctor Arturo Lara López, por un segundo periodo de gestión a culminar en 2011. Sin duda, el proceso no puede ser calificado de terso ni armonioso. Hubo inconformidad de parte de los tres aspirantes a los que eliminó, inopinadamente, el consejo universitario en uso -o abuso- de sus atribuciones. Sigo pensando que el Colegio Directivo debió recibir al menos las dos candidaturas que el consejo había preaprobado en su sesión del 10 pasado. Creo que mucho hubiera abonado a la claridad y equidad del proceso el que la candidatura del doctor Vargas Salado hubiese transitado hasta la fase final, para tener materia de análisis y debate. No fue así: el consejo determinó rechazar el recurso interpuesto por Vargas, y con una celeridad que causa extrañeza el mismo día el Colegio Directivo sesionó y emitió un voto unánime a favor del candidato Lara López (recordemos que Jesús Reyes Heroles decía que “toda unanimidad es sospechosa”).
El Consejo Universitario no tomó en cuenta que contrastó mucho la actitud evidenciada por los aspirantes Emeterio Guevara y Enrique Vargas. Mientras que el primero se abstuvo de agotar los recursos de defensa internos y acudió a la búsqueda del amparo de la justicia federal, el segundo se mantuvo dentro de los márgenes institucionales y de forma respetuosa -sin acudir a la descalificación ante los medios de comunicación-, presentó un recurso de reconsideración donde intentó rebatir los argumentos esgrimidos en el consejo contra su candidatura. Yo pensé –ingenuamente- que el recurso prosperaría, que el consejo reconocería el valor de una propuesta alterna -respetuosa de los canales internos-, y que de paso le restituiría al Colegio Directivo su dignidad como última instancia de designación. Una votación apabullante de 85 votos a favor, de un total de 96, confirmó la decisión de retirar la candidatura de Vargas. Luego, el Colegio Directivo emitió su resolución final a favor del candidato único, el doctor Arturo Lara.
Como ya he manifestado antes, hasta donde pude conocer los proyectos y las trayectorias de los cuatro aspirantes registrados, me parece que en efecto el mejor proyecto para el momento por el que transita la institución es el del doctor Arturo Lara. En ese sentido estoy de acuerdo con la designación y con el rumbo futuro que la misma representa para la universidad. Sin embargo me manifiesto insatisfecho con la forma como se dieron las cosas. No me queda duda de que hubo inequidad, y que nos comportamos como una vieja corporación anacrónica, donde todavía prevalecen fenómenos como la “cargada”, el conformismo, la “línea”, la inercia y el mayoriteo. Todavía no se nos da el debate intenso, informado y respetuoso; tampoco la reflexión compartida sobre nuestros rumbos futuros. Creemos que las cosas, si han funcionado aceptablemente bien, no tienen qué cambiar para mejorar.
Los universitarios tenemos pocos recursos para incidir en la selección de nuestras autoridades. Sin embargo sí existen esos recursos y pueden ser aprovechados por cualquiera de los casi 30 mil miembros de nuestra comunidad. El hecho es que sólo muy pocos, poquísimos, nos atrevemos a expresar abiertamente nuestras opiniones y buscamos ser oídos por las instancias internas y externas. Eso es muy lamentable. El silencio puede ser interpretado de dos maneras: evidencia que hay acuerdo con las cosas como están, o bien lo contrario, que no nos atrevemos a manifestar nuestra inconformidad y nos abstenemos -tal vez por miedo- de evidenciarla. Creo que en el caso que nos ocupa sucede lo primero: hay una “mayoría silenciosa” -diría Nixon- que está conforme con el orden establecido, y no desea cambios abruptos. Una comunidad conservadora, sin duda, pero que está en su derecho de optar por la acción pasiva. Creo que esa mayoría avala las decisiones tomadas por el consejo y el colegio, y opta por la consolidación de un proyecto que recién arrancó con la nueva Ley Orgánica: la reforma académica e institucional que permitirá la descentralización y la expansión universitarias.
Comprendo que los medios de comunicación quieran ver más “sangre” en estos procesos, y que con gran facilidad los tachen de “antidemocráticos”, al no existir competencia abierta ni voto universal. Son otras vías, que no siempre funcionan lo bien que quisiéramos -como tampoco lo hacen los comicios generales, verbi gratia 2006- pero que al final reflejan el perfil ideológico de la comunidad donde rigen. Puede que no nos gusten, y al igual que en el ámbito electoral habrá qué analizarlos, y en su caso reformarlos.

viernes, 31 de agosto de 2007

En busca de un Rector, VI

Estoy convencido de que el actual proceso de selección de quien pronto será el Rector General de la Universidad de Guanajuato -cuando entre en vigor la nueva ley orgánica a partir del 15 de octubre-, se ha desarrollado pleno de sorpresas y más de algún sobresalto. Sin duda ha sido una coyuntura inédita, comparada con los antecedentes de 1995, 1999 y 2003. La principal novedad, a mi juicio, es el papel protagónico y decisivo que ha asumido el Consejo Universitario, órgano de gobierno que en esta ocasión acaparó las posibilidades de incidir en la selección del académico a ser ungido con la calidad rectoral. El Colegio Directivo en los hechos se quedó fuera del asunto, y dudo mucho que veamos alguna reacción reivindicativa de su única razón de ser: la de seleccionar al mejor de entre los candidatos que le sean sometidos por el consejo. La norma vigente es tan laxa en esta materia, que el consejo puede, si quiere, someter el número que desee de postulantes, incluso uno, como es el caso.
Con la autonomía universitaria se inauguró la capacidad del consejo de registrar y preseleccionar aspirantes. Recuerdo bien que los primeros debates dentro de ese órgano colegiado -en los procesos de 1995 y 1999- se dieron en torno al alcance de esta capacidad de selección previa: ¿era posible para el consejo dictaminar sobre la calidad de los aspirantes? ¿O sus facultades tan sólo le permitían asumir un papel de “oficialía de partes” para canalizar las ofertas al colegio directivo? La primera posición ha venido tomando fuerza, hasta convertir en la práctica al consejo no sólo en órgano de gobierno, sino también de designación. Triunfa la democracia al ampliar el universo de los designantes a los 121 consejeros -profesores, estudiante y directivos-, pero ¿gana en calidad el proceso? A este último valor responde la existencia del Colegio Directivo, cuyos siete miembros tendrían más capacidades y obligación para profundizar en el estudio de los proyectos, con la ponderación acuciosa de elementos cualitativos no siempre bien calibrados por la multitud heterogénea del consejo.
Antes de seguir, manifiesto sin ambages que luego de estudiar los proyectos de los doctores Arturo Lara y Enrique Vargas, y de considerar también mis propias perspectivas personales como colaborador de uno de los proyectos emblema de la presente gestión -la constitución del Campus Sur-, decidí definirme públicamente por la propuesta del primero, sin desconocer los grandes propósitos y exhortaciones del segundo. Esto ya se evidenciaba en mi anterior contribución, como me señaló un atento y crítico lector. Pero me he visto sorprendido por el nuevo aspaviento provocado por la votación en el consejo el fin de semana. Ya me había provocado suficiente asombro lo del descontón a los profesores Emigdio y Emeterio, pero lo del doctor Vargas sencillamente fue pasmoso. No le vi sentido alguno, pues representaba un flaco favor de los consejeros votantes hacia el propio proceso. Nuevamente vemos “violencia innecesaria”, como había calificado antes Correo a la primera de las exclusiones.
Con sinceridad creo que el proyecto del doctor Lara es el mejor para el momento que atraviesa nuestra casa de estudios, pues permite consolidar una reforma institucional que no era plenamente compartida por el resto de los aspirantes. Pero también opino que el proyecto en sí es muy defendible ante el escrutinio cuidadoso de la instancia a la que realmente le corresponde la definición última: el colegio directivo. De igual manera creo que este colegio merecía la posibilidad de analizar y contrastar el proyecto del doctor Vargas, que me pareció bien articulado, ambicioso y contundente.
Me parece un error que una asamblea se pronuncie categóricamente sobre proyectos cuyos postulados son siempre complejos, con detalles cuyas sutilezas pueden ser obviadas fácilmente por los profanos, en atención a elementos subjetivos como la popularidad del personaje, su habilidad de comunicación y otros rubros latentes y no evidentes. Aunque la votación benefició a la opción con la que comulgo, no me siento contento con el mecanismo, por más “democrático” que se pretenda. A nadie beneficia que la institución se cierre los caminos del debate de fondo. El conocimiento es la materia de nuestra acción cotidiana, y para ser congruentes debemos aceptar que la calidad en el mismo depende de la profundización de las pesquisas; para ello los pocos pueden dar mejores resultados que los muchos. Son caminos que debemos aprender a transitar.

viernes, 24 de agosto de 2007

En busca de un Rector, V

Hoy viernes el Consejo Universitario de la UG estará realizando una sesión extraordinaria donde examinará el dictamen de su Comisión Especial sobre el proceso de auscultación de la comunidad universitaria. También testimoniará la presentación de los proyectos por parte de los doctores Lara y Vargas, y finalmente resolverá sobre sus candidaturas para presentarlas al Colegio Directivo, mismo que definirá finalmente quién será el siguiente Rector de esa casa de estudios en un informe a presentarse el 27 de septiembre.
La “competencia” se ha concentrado en un comparativo entre los dos perfiles personales y los proyectos institucionales respectivos. Yo tuve oportunidad de asistir a la presentación que los candidatos realizaron en Salvatierra ante las comunidades académicas de esa ciudad –la prepa, la UNESS y el CIIH y de Yuriria, donde se ubica el Campus Sur. El pequeño auditorio de la prepa se llenó a tope, y el ambiente de gran participación e interés no decayó en las dos horas que duró el encuentro. Ambos candidatos desarrollaron sus presentaciones de forma impecable, aunque es evidente que el doctor Vargas tiene mayor “dominio de escena” y su presentación fue de mejor factura en su técnica didáctica. Se me comentó que el doctor Lara “ha venido de menos a más” en sus presentaciones, y aunque sus dotes de orador nunca han sido extraordinarias, sabe comunicarse muy bien con audiencias que agradecen la sencillez, como era el caso en Salvatierra.
Ahora sí tuve oportunidad de estudiar con cuidado los proyectos, que al fin han circulado profusamente en la comunidad. Gracias a ello puedo emitir algunas opiniones personales sobre ambos candidatos, además de que ya les escuché ante audiencias concretas. Primero diré que ambos presentan perfiles académicos destacados, con dominante científica, con experiencia y reconocimientos nacionales y en el extranjero. Eso me permite sentirme conforme y tranquilo con la preselección de este par de profesores. Ambos tienen una visión ambiciosa y moderna de lo que debe ser la universidad mexicana del futuro. Uno es producto de una formación médica rigurosa, con un evidente cuidado de la consistencia intelectual que debe caracterizar al académico de alto nivel –aunque acompañada de una inevitable vanidad y altivez que se traslucen en un discurso en ocasiones engolado . El otro candidato ha sido fruto de una tradición técnica ingenieril de alto nivel pero con menos “abolengo” ancestral , caracterizada por su sentido práctico e industrioso, con origen más humilde y vinculado con las necesidades más terrenales de la comunidad. Por lo mismo, esa formación con frecuencia no cuida suficientemente las habilidades de comunicación social que pueden permitir una mayor efectividad en la emisión de mensajes atractivos.
Hay diferencias nada menores entre las propuestas: Vargas plantea de plano una refundación de la universidad. Lara, en cambio, busca continuar y consolidar los proyectos que se arrancaron en su primera gestión. El primero parece apostarle mucho al crecimiento basado en el modelo tecnologizado de la universidad virtual, que en lo personal me despierta muchas reservas, por el costo económico que representa, la escasez de recursos humanos capacitados para implementarla y por los peligros de la expansión basada en la virtualidad, que diluye mucho la interacción directa de profesores y alumnos. El otro candidato le juega más al desarrollo de los Campii regionales, como lo ha venido haciendo; también busca el crecimiento y el acercamiento de la universidad a sus clientes naturales en las regiones; igual cree en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero desde una perspectiva más ortodoxa y, desde mi parecer, realista. Es cierto que no busca la innovación per se, una refundación, sino que propone la consolidación de lo ya comenzado. Es una propuesta más conservadora, pero igualmente creo que más sensata para el momento que atravesamos.
A mi parecer el Colegio Directivo no corre riesgos: cualquiera de los candidatos será un excelente rector general. Lo que deberá juzgar son las finuras de los perfiles y modelos: dos científicos, uno próximo a las sutilezas del alma y salud humanas, y el otro cercano a la resolución de problemas prácticos, un efectivista. Uno propone la “refundación”, pero aporta pocos elementos para conocer cómo promoverá tal cosa con una nueva ley orgánica que ni siquiera se ha aplicado , y el otro que busca culminar su propio trabajo de innovación, con los pies plantados en la tierra llana, aunque con menos glamour y encanto que las propuestas de su rival. A ambos les deseo la mejor de las suertes, y les pido una disculpa por la inevitable caricaturización de sus propuestas. Seguiremos reflexionando sobre este asunto…

viernes, 17 de agosto de 2007

En busca de un Rector, IV

En contraste con las semanas previas, esta última ha estado pletórica de novedades, y de ires y venires informativos en cuanto al proceso de selección del Rector de la Universidad de Guanajuato. El viernes pasado se desarrolló una intensa sesión del Consejo Universitario donde, inesperadamente, el dictamen de la comisión especial –ese conjunto de consejeros que en esos momentos conduce el proceso-, fue rechazado parcialmente, y se modificó en el sentido de agregar un nombre más a la propuesta original de un denegado. El procedimiento establecido fue el de analizar y debatir cada uno de los cuatro casos. La comisión había opinado que el único perfil-proyecto que no correspondía a los criterios determinados en la norma para aspirar el puesto de Rector, era el del maestro Archundia. Esa denegación fue aprobada por el pleno.
Las propuestas de los doctores Lara López y Vargas Salado pasaron sin problemas por la aduana de la votación. Pero no sucedió así en el caso del maestro Emeterio Guevara. Y es en este punto en el que se concentra el posterior cuestionamiento público de los resultados de esa sesión: una propuesta de un consejero, en el sentido de rechazar esta tercera opción, prosperó por muy estrecho margen, acompañado también de una elevada proporción de abstenciones. Resultó así que dos aspirantes, y no uno, quedaron oficialmente fuera de la competencia.
Estoy convencido de que este resultado fue fortuito e inesperado para la mayoría de los consejeros. No creo que ni siquiera el emisor de la propuesta del voto negativo hacia la aspiración de Emeterio, el maestro Troy Crawford, haya esperado con realismo que su invitación tuviese éxito. Los votos negativos hacia Guevara fueron pocos en realidad (33) en comparación con los apoyos activos a su candidatura (31); lo que me sorprende es la cantidad tan elevada de abstenciones (¡25!), que en la práctica equivalen a un voto pasivo en sentido negativo, que al combinarse con los votos negativos activos produjeron un resultado inopinado. Estas cifras fueron muy contrastantes con los votos positivos activos que obtuvieron los aspirantes Lara (89) y Vargas (69), que les permitieron ser validados como candidatos.
¿Qué sucedió? Aventuro una explicación personal: el proyecto y el perfil de Emeterio no despertaron mucha simpatía. Poco contribuyó su protagonismo tempranero y su búsqueda de candilejas. Sin duda fue el aspirante que más entrevistas concedió, tuvo su propia página en internet, estructuró un grupo de seguidores –y aduladores- entre sus estudiantes y colegas, y lanzó críticas al autoritarismo universitario, cuando su propia trayectoria y personalidad no lo avalaban como un adalid del democratismo. Nunca conocí su proyecto, pero me han comentado algunos consejeros que fue decepcionante y elemental. En fin. El hecho es que fue rechazado por una sobrada mayoría pasiva y activa en el Consejo, y eso es lo que cuenta al final.
El resultado global de esta fase de preselección de candidatos me parece positiva: pasaron la aduana los dos pretendientes que sí cuentan con un doctorado culminado, realizado por ambos en el extranjero y en instituciones muy reconocidas. Los dos son investigadores con amplia producción publicada en medios arbitrados. Sé que al menos Lara es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, aunque Vargas, si no lo es, tiene el perfil para serlo. Los dos aspirantes rechazados no tenían las características óptimas del académico-investigador: más bien eran académico-administradores. Y eso, desde mi punto de vista, debe pesar mucho en el momento de dirigir una comunidad que busca la excelencia académica antes que su conducción burocrático-administrativa.
Por supuesto con este motivo está reviviendo el desgastado debate sobre si la universidad pública debe someterse a una elección o a una selección de sus autoridades, particularmente la del Rector. Y no dejo de advertir lo que he reiterado en esta columna en ocasiones anteriores: una institución que busca garantizar la calidad antes que la cantidad, la excelencia antes que la mediocridad, el servicio a la comunidad antes que el servicio a los grupos de interés –internos y externos-, debe darse métodos de selección que privilegien el escrutinio profundo de las propuestas y los perfiles de los aspirantes. Sin duda la calidad está peleada con la cantidad. Recordemos a los atenienses clásicos: la voluntad colectiva de 500 jurados condenó a la cicuta a Sócrates y su dialéctica heterodoxa, demostrando que la suma de las ignorancias individuales no conduce a la sabiduría colectiva. Es por eso que los sistemas democrático- representativos modernos han restringido el asambleísmo al poder legislativo, y lo han eliminado del ejecutivo y el judicial.

viernes, 10 de agosto de 2007

En busca de un Rector, III

El cuarto informe de labores del rector Arturo Lara puede considerarse como el punto culminante de una gestión de cuatro años. Ello, por supuesto, si el consejo universitario y el colegio directivo decidiera no ratificarle un periodo adicional. En caso contrario, si se le otorga el plácet por ese tiempo agregado, estaríamos hablando de una pausa a la mitad del camino que permitirá darnos un tiempo valioso para la evaluación y la reflexión. En la ceremonia del miércoles se emitieron varios mensajes, que leídos entre líneas parecieron formular un aparente respaldo al titular de la gestión que está por culminar. Al menos esa fue la impresión que nos dejó a muchos el discurso del gobernador Oliva. Demasiado entusiasmo si recordamos que en el inicio de la administración estatal parecía existir una distancia importante entre el nuevo regente estatal y una universidad “demasiado consentida” por su antecesor. Al parecer esa distancia se ha achicado, mediante el afianzamiento de un propósito común entre el ambiciosísimo proyecto de expansión educativa del gobernador y la necesidad institucional de la UG por reformarse para crecer y atender el enorme rezago en educación superior. Hoy día, Lara y Oliva parecen haber descubierto una química personal que los acerca y potencia. Es un elemento de contexto que debemos tomar en cuenta.
El brindis posterior al informe fue momento propicio para intercambiar impresiones con buena parte de la comunidad. Además, todos los aspirantes al máximo puesto de dirección de la UG estuvieron presentes, y se avinieron a intercambiar sus ideas con todos los que nos acercamos a ellos. Tuve la espléndida oportunidad de departir un buen rato con el doctor Enrique Vargas Salado, a quien está apoyando buena parte de la comunidad académica leonesa. El doctor Vargas, médico eminente y con gran reconocimiento, comparte la convicción de que la universidad debe crecer de manera ordenada y sistemática, aprovechando las nuevas modalidades que dicta la ley orgánica que pronto entrará en vigencia. Además habrá que evolucionar hacia las nuevas modalidades de generación y trasmisión del conocimiento, abandonando el viejo paradigma de la “enseñanza” por el del “aprendizaje” constructivista. Su charla me hizo recordar la gran seriedad con la que este galeno desempeñaba su labor como director de una de las mejores y más potentes facultades de nuestra universidad. Lo conocí entonces, cuando yo también era director de unidad académica, y me impresionó la oportunidad y pertinencia de sus comentarios en el consejo universitario y en su comisión de planeación. Sin duda es un verdadero activo de nuestra casa de estudios. Por este medio le deseo mucha suerte, y le agradezco mucho el envío de su proyecto de desarrollo, que he comenzado a estudiar y que comentaré la próxima semana.
Más tarde, a pesar de ser la “estrella del momento” y estar muy demandado por propios y extraños, el doctor Arturo Lara tuvo conmigo la enorme deferencia de dedicarme varios minutos, y lo hizo con paciencia y gran ánimo a pesar de la presión por continuar su ajustada agenda del día. Me volvió a confirmar su entusiasmo y convicción por el nuevo modelo, y me aseguró que, si las cosas evolucionan como él espera, los campus seguirán teniendo la gran atención que les ha otorgado en este su primer periodo, y por supuesto –aquí entra mi interés personal- el Campus Sur en Yuriria deberá ser proyectado como una instancia universitaria de primer orden, donde podríamos convocar a académicos de fuste internacional con especialidades vinculadas a la agricultura, el desarrollo regional, la ecología y las ciencias sociales. No pude evitar arrebatarme con la idea, pues desde mi visión el sur de la entidad ha padecido un abandono absurdo por parte de las instituciones de educación superior pública, y la región merece no sólo recibir oferta docente, sino también ser objeto de investigación y extensión universitarias de primer nivel.
A los maestros Emeterio Guevara y Emigdio Archundia no pude localizarlos ese día, pero supe por terceros que también dialogaron con otros académicos. Sólo he podido acceder a algunas entrevistas que han dado a los medios impresos, pero en ellas encuentro poco material que pueda poner en relieve las particularidades de sus proyectos. Ambos proceden del área económico-administrativa y parece que compartan puntos de vista. Leí que Emeterio le apuesta mucho a la internacionalización y al cambio de modelo de la institución. Emigdio parece coincidir, pero añade la necesidad de certificación y capacitación del personal. Es poco lo que se puede adivinar de las entrevistas, y buscaré hacerme de sus proyectos –pues la página electrónica de la UG todavía no los ofrece-. Colegas de la comisión especial: ¡Despabílense! Seguiremos comentando…

viernes, 3 de agosto de 2007

En busca de un Rector, II

El proceso de selección del Rector de la Universidad de Guanajuato ha pasado por un aparente impasse durante estas últimas cuatro semanas, dos de ellas debido a las vacaciones veraniegas de la institución. Como prometí en mi contribución del 6 de julio pasado, debo continuar con mi análisis del procedimiento y los aspirantes. En la página electrónica que la UG abrió para subir información pertinente al asunto, a la fecha sólo se puede encontrar la convocatoria y los lineamientos y criterios generales que dicta la normatividad universitaria. No hay más.
La Comisión Especial (CE) del Consejo Universitario (CU) reanudó su trabajo la semana pasada, y por el calendario que se contiene en el documento de lineamientos supongo que se encuentran debatiendo –si es que hay algo que debatir- sobre si los cuatro aspirantes registrados reúnen las características que determina la legislación: ser mexicano, mayor de 30 años, grado universitario de nivel superior, mínimo de cinco años de servicio en la actividad académica de la UG, no ser dirigente de partido político, tampoco ministro de culto religioso, y no ser candidato a cargo de elección popular. Pero se agregan tres aspectos muy subjetivos de determinar: haberse distinguido en su actividad docente, de investigación o de extensión; gozar de reputación como persona honorable, tener conocimiento de la realidad institucional y capacidad de conducción. ¿Cómo se evalúan estas capacidades? Sólo se puede aplicando el sentido común –que con frecuencia es el menos común de los sentidos- de los integrantes de la CE. El asunto de la “reputación” me suena más a arquetipos basados en sendos prejuicios sociales; me explico con un ejemplo imaginario: si un aspirante fuera gay, pues ya se amoló, pues su “prestigio” estará por los suelos sin importar sus facultades reales. Pero en cambio bien podría tratarse de un malandrín habilidoso que ha sabido mantener un “prestigio” incólume gracias a hábiles labores de socialité.
En fin, dejo de desvariar. La CE debe entregar este 10 de agosto un dictamen sobre la factibilidad de que cada uno de los cuatro registros se traduzca en una candidatura oficialmente reconocida por el CU. Sólo a partir de entonces veremos más actividad de “proselitismo” de los candidatos, quienes estarán autorizados a difundir y debatir sus proyectos y perfiles ante la comunidad universitaria. Dicen los lineamientos: la CE “difundirá sus nombres, trayectorias y proyectos de desarrollo, ante la Comunidad Universitaria, por los medios de comunicación que estime idóneos, entre el 13 y el 22 de agosto”. Estos son diez días apenas, cuando se supone que los universitarios y la sociedad en general podremos enterarnos –al fin- de los detalles de las trayectorias personales y las propuestas institucionales de los cuatro profesores.
Esta “auscultación” febril dará materia para un nuevo dictamen de la CE el día 24, ahora para que el CU pueda presentar su propuesta de candidatos al Consejo Directivo -los célebres “siete magníficos”-. Entonces se inicia la segunda y última fase del proceso, con una nueva auscultación y un nuevo ventaneo de los aspirantes.
Hoy, lo primero que debo señalar es la preocupante carencia de información que existe en los medios universitarios sobre lo que está pasando en la “caja oscura” de la CE. No veo por qué no se han “subido” los CVs y los proyectos de los aspirantes a la página de la UG. Ejemplifico: si por alguna razón la CE determinase que alguno(s) de ellos no cumplen con lo estipulado en nuestra normatividad, y por ello determina en su dictamen del día 10 que no puede ser inscrito como candidato, su delicada decisión podría transparentarse y legitimarse si todos tuviéramos acceso a la información con que cuentan los comisionados. Y si el argumento en contra consiste en que hay información que no puede hacerse pública –no me imagino por qué- entonces habría que preguntarse en serio si el proceso puede fundarse en la opacidad.
Vale la pena que el proceso se acompañe con un amplio análisis de los proyectos y perfiles de los aspirantes, y no veo por qué tengamos que esperar para hacerlo. Hoy día, la única información sobre esos propósitos que está disponible al público en general son las pocas entrevistas que algunos aspirantes –de tres de ellos pude encontrar material- han dado a los medios escritos. Y a lo mejor se están arriesgando a alguna reconvención de parte de la CE. Yo me atrevo a solicitarle a ésta que agilice el flujo de información, y que comencemos el debate ampliado. Entre universitarios y demás gente interesada debemos darnos esa oportunidad.

viernes, 27 de julio de 2007

Intolerancia versus libre expresión

Con el arribo de la alternancia política en nuestro estado, allá por 1991 –ya hace un buen-, muchos creímos que infinidad de cosas irían a cambiar para bien en nuestro entorno social y en las relaciones entre el estado y la sociedad. Los que nos asumíamos como demócratas vimos anunciarse una nueva época de libertad y participación ciudadana en la resolución de nuestros múltiples problemas. El autoritarismo había llegado a extremos intolerables, que sin duda se tradujeron en un ambiente social de hartazgo y rechazo al “ancien régime” de la posrevolución. En el plano personal me sentí ofendido por ese régimen en varias ocasiones, pero sólo menciono una en que fue agredida mi libertad de expresión: cuando fui investigado junto con otros 50 amigos –encabezados por José Chávez Morado- firmantes de un desplegado a favor de la democracia y el respeto al voto en las elecciones municipales de diciembre, y por ello se me amenazó con mi posible despido de la Secretaría de Educación.
Con todo y la enorme ingenuidad de la administración de Carlos Medina, el inicio de su gestión fue aparejado con grandes esperanzas de cambio. El hecho de que una nueva parvada de políticos reputados como honestos y plenos de buena fe se hicieran cargo del muladar en que se había transformado la administración pública, hizo abrigar ilusiones, incluso entre los que no compartíamos su ideología aldeana y conservadora. Las señales en contrario fueron causando inquietud creciente. Con Vicente Fox llegó el desparpajo y la gobernación con base en ocurrencias, y de nuevo la sordera e intolerancia creciente ante la crítica incómoda, o incluso la descalificación ad hominem desde el poder. Con Ramón Martín hubo un intento de moderar la intransigencia creciente, pero duró poco. Luego del triunfo inmoderado del 2000, gracias a la ola foxista y a una fascinación nacional por el cambio, el nuevo gobierno panista de Juan Carlos Romero consolidó la hegemonía que ya se anunciaba en la década anterior. El estado se pintó de azul en el 2000 y en el 2003, y la bonanza de votos determinó que la nueva élite del poder asumiera crecientemente el papel del Moisés que guía al pueblo extraviado de Israel y es portador de las tablas de la ley. Y la intolerancia hacia la crítica se hizo norma. Las descalificaciones desde el poder menudearon, y las relaciones con la prensa y los opinadores se tensaron cada vez más. Como una pizca ejemplar recuerdo la reacción del gobernador Romero, en marzo de 2006, ante el reporte de Human Rights Watch sobre la negativa a víctimas de violación al acceso al aborto legal, cuando descalificó el reporte sin siquiera conocerlo, por problemas de “metodología”. Ese el problema de mezclar las convicciones morales y religiosas personales con la acción legal del estado.
Ahora, con un nuevo gobierno que llegó al poder con la cifra de votos en su favor más alta de la historia reciente, parece refrendada la percepción mesiánica y excluyente. El segundo de a bordo en la administración descalifica a los directores de los dos medios de información impresa más importantes de la entidad, y sobre ellos desfoga una enfermiza antipatía que contradice de frente la misión política que se le ha encomendado: “propiciar la convivencia armónica y el desarrollo integral de la persona, la familia, los grupos sociales y la sociedad guanajuatense”.
En lugar de constituirse en factor de armonización y avenencia entre los inevitables conjuntos opuestos de la sociedad, el personaje se está convirtiendo en lo contrario: en elemento generador de conflictos inútiles y socavador de las buenas relaciones entre el gobierno y los medios de comunicación. Necesariamente fue denunciado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que falló a favor de los agraviados, recomendando una disculpa pública y una carta personal por parte del “servidor” público. Pero la soberbia no tiene límites, y el perpetrador se burla ahora de la comisión y de los ofendidos con una pantomima de disculpa. Incluso a los que observamos a los toros desde la barrera nos ofende su actitud altanera: ¿qué nos espera a los ciudadanos de a pie si un día nos cruzamos en el camino de este señor? El poder corrompe, lo sabemos, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. El secretario, licenciado en psicología industrial, evidentemente desconoce a Montesquieu, quien en su “Espíritu de las Leyes” explica el concepto de “pesos y contrapesos” en el ejercicio del poder estatal. La prensa y la opinión pública es uno de esos necesarios contrapesos. Sin la libertad de expresión y el ejercicio de la crítica responsable e informada no sería posible el modelo democrático. Combatirlas es denostar la democracia, y abonar por el regreso del autoritarismo, si es que no regresó ya.

viernes, 20 de julio de 2007

Bajo ataque, II

Este miércoles participé en otra sesión del comité estatal del Consejo Ciudadano de la PGR, donde tuvimos un agradable e interesante intercambio de información y puntos de vista con el delegado estatal, el licenciado Levario Reyes. Primero, sobre los avances en el trabajo de la delegación –con sensibles incrementos en averiguaciones previas resueltas y consignadas, con lo que se inicia el abatimiento de un rezago importante-, nuevas estrategias de investigación del narcomenudeo, el contacto renovado con las autoridades locales, etcétera. Por supuesto el punto principal que nos interesaba abordar a los consejeros era el de las explosiones de los días 5 y 10 pasados, reivindicados por el EPR, así como el papel de la delegación en las investigaciones, que han sido atraídas por las áreas centrales de la PGR.
Fue agradable poder discutir abiertamente con una autoridad vinculada directamente a las investigaciones, y ventilar sin tapujos nuestras inquietudes como ciudadanos de a pie. Con franqueza expresamos nuestra preocupación por que este tipo de acciones violentas pudiera repetirse, y que con esto se derribara sin remedio la imagen pacífica y tranquila que de nuestra entidad se nos ha querido vender desde el gobierno. Ya de por sí es alarmante que el crimen organizado haya arrojado 30 ejecuciones en nuestro territorio en lo que va de este año –recordó nuestro presidente Omar Plascencia-, y ahora resulta que somos el escenario de una inopinada rebelión con banderas políticas.
Los amables lectores que descifraron mi contribución anterior conocen mi personal molestia y escepticismo ante las declaraciones ligeras que expresaron funcionarios de PEMEX y de instancias de seguridad pública estatales, cuando a priori descartaron la posibilidad de que esos “accidentes” tuviesen un origen provocado. Por eso no me reprimí en expresar en la sesión del consejo que a mi juicio existían elementos previos que pudieron prefigurar la existencia de algún grupo armado de corte insurgente en nuestra entidad. Recordé, recordamos juntos, que hace una década apareció públicamente un grupo insurrecto por el rumbo de San Pancho. El licenciado Mar Reyes me corrigió: fue un grupo jaramillista, allá por Manuel Doblado. En efecto, por esos rumbos se anunciaba desde hace rato la posibilidad de que esos grupos existiesen, y que no fuesen simples “pantomimas”, como los calificaron las autoridades.
Además, Carlos Ramírez en su columna “Indicador político” (www.lacrisis.com.mx) en El Financiero acaba de hacer público un reporte confidencial fechado en 2004, de la Coordinación General de Inteligencia para la Prevención de la PFP. Ahí se enlista a más de un centenar de grupos guerrilleros, entre los que se enuncia el “Ejército Guanajuatense Revolucionario”. Algún elemento de información habrá tenido la PFP para incluir esa milicia abajeña dentro de este inventario, ¿no creen?
Luego habría que recordar los explosivos encontrados en Celaya en noviembre pasado, que fueron abandonados a pocas cuadras del centro de la ciudad. Ya desde entonces se sospechaba que fuesen propiedad de grupos subversivos, por el parecido con los explosivos empleados por el EPR en ataques perpetrados poco tiempo antes en el DF contra el PRI y el TRIFE.
Volví a insistir sobre mi convicción de que el grupo de saboteadores debió tener vínculos locales, e incluso pudo haber sido conformado por guanajuatenses, pues no es creíble que fuereños tuviesen ese nivel de conocimiento sobre la zona, las instalaciones petroleras, y la manera de causar daño material espectacular sin provocar decesos o daños a la población. Además, de haberse tratado de un comando guerrillero móvil se podía esperar que su siguiente ataque se perpetrara en otra región del país, y no en la misma, como sucedió el día 10. Vengo de conocer con agrado que el secretario de Gobierno concuerda ya con esta visión “localista”.
El delegado y sus investigadores –como el comandante Ulises Arellano, de la unidad Salamanca nos explicaron con paciencia de santo las medidas inquisitivas que se tomaron a partir del siniestro. Nos confortó conocer de primera mano que existen varias líneas de investigación, y no se descarta a priori ninguna posibilidad, incluyendo la de los eperristas abajeños. Con la intervención de las áreas centrales de la PGR se garantiza que los mejores peritos e investigadores de la institución se abocan a resolver el principal misterio: ¿quiénes fueron? Luego vendrá el ¿dónde están? Y con algo de suerte en algún tiempo podríamos tener el cuadro completo. Más nos vale. El Bajío ya fue escenario de insurrecciones sangrientas en los dos siglos previos; no nos gustaría repetir esas tristes historias.