viernes, 22 de junio de 2007

Ley universitaria

La nueva Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato finalmente ha sido publicada en el Periódico Oficial del estado (15 de junio, tomo CXLV, número 96, pp. 35-56). Con este paso, la institución educativa emprende un nuevo y difícil camino que le ocupará durante los siguientes 18 meses: transformarse orgánica, normativa y académicamente en un sistema universitario, en una red institucional que gane en flexibilidad y en pertinencia con relación a las necesidades concretas de la sociedad guanajuatense dentro de la diversidad de sus regiones. La universidad abandonará así la concha anquilosada en la que “creció” en las últimas seis décadas, durante las cuales se resistió a desbordar su nicho original, tanto geográfica como disciplinariamente. Si analizamos su crecimiento histórico, es fácil darse cuenta de que la UG se mantuvo estática y extática, reactiva pero no proactiva, y repetidamente fue rebasada por su realidad social y económica inmediata. En suma, era una corporación que se regodeaba en su autocomplacencia, en su provincialismo y su obsolescencia -lo lamento, aunque me corran, debo decirlo con todas sus letras-. Era, es, sin embargo una entidad con probada calidad, pero con bajo impacto sobre la colectividad a la que sirve. Esa calidad era más producto circunstancial de la suma de las voluntades individuales de profesores, estudiantes y administradores, que a un diseño institucional eficaz, aglutinante, optimizador de recursos y propiciador de iniciativas de avanzada en los ámbitos de la educación, la investigación y la cultura. La universidad ha sido competente, pero muchas veces lo fue a pesar de sí misma.
La reforma actual significa un golpe de timón a esta situación. Con la nueva ley, la universidad se verá posibilitada para ensayar un salto cualitativo y cuantitativo hacia el futuro, pero ahora adelantándose -ad ante- a las circunstancias y no siendo víctima -ex post- de las mismas. Los campii universitarios regionales y pluridisciplinarios, así como la organización departamental permitirán aprovechar de mejor manera los actuales recursos humanos y materiales, y atraer a otros nuevos, para potenciar un esfuerzo colectivo que sólo requiere de la confianza mutua, de la sintonía con las sociedades regionales y de una nueva conceptualización de lo que significa ser universitarios en el siglo XXI.
La adaptación al nuevo modelo descentralizado y volcado hacia las regiones del estado no será cosa fácil. Habrá qué enfrentarse a las inercias acumuladas desde tiempos del Colegio del Estado. Inercias equivalentes a resistencias personales -profesores anquilosados, administradores holgazanes, estudiantes desorientados-, colectivas -sindicatos charros, academias manipuladas, grupos de poder internos, partidismos oportunistas, etcétera-, institucionales -autoridades incapaces, burocratismo, desorganización- y políticas -incomprensión del proceso por parte de gobernantes y representantes, es decir del ejecutivo y el legislativo-. No todos comprenderán que hay urgencia de cambiar para adaptarse a un contexto implacable en el estado, el país y el mundo. Muchos verán amenazada la “colmena legendaria”, el “viejo relicario” y sus rancias tradiciones. Otros vislumbrarán aviesos intereses de poder del rector o de otros personajes detrás de este crecimiento. Pero con honestidad yo espero que la mayoría de los miembros de la comunidad universitaria interpretemos ésta como la oportunidad histórica que no habíamos sabido construir hasta hoy. Con el nuevo modelo podemos ser más y ser mejores, pues nos obliga a voltear la vista más allá de nuestras atalayas cuevanenses, y sus baluartes en nueve municipios. Deberemos compartir recursos, siempre escasos, para poder cumplir con la expectativa social que se está despertando en León, en Salamanca-Irapuato, en Celaya y en el promisorio eje sureño. Pronto habrá que pensar en el norte, en el sureste y en el suroeste, para consolidar así la red de campus que nos convertirá en LA -así, con mayúsculas- Universidad de Guanajuato.
La ley emitida por el congreso local no es la mejor ley -“no es la mejor, pero sí la idónea” diría Espino el abucheado-, pero es una buena ley. A mí no me gustó el manoseo absurdo sobre el colegio o junta directiva. Se impuso una falsa “representación social” sobre ese cuerpo, y se le recortó vigencia hasta el ridículo término de dos años. Pero se puede vivir con ello. Finalmente lo sustantivo se dejó tal cual y me congratulo por ello. Pero el camino más rudo hoy está frente a nosotros.

viernes, 15 de junio de 2007

Nuevos autoritarismos

En algunos textos académicos recientes he expresado mi preocupación por el nuevo panorama político de la entidad, que parece encaminarse hacia la consolidación de una nueva hegemonía partidista. Los que padecimos el autoritarismo y la prepotencia de aquella vieja supremacía que regía en la entidad hasta los años ochenta, recordamos bien la imposibilidad que existía para impulsar procesos de reflexión y debate que permitiesen adoptar medidas consensuadas –y no mayoriteadas- que rescatasen las piezas fundamentales de las visiones parciales de los actores políticos. En las décadas del priísmo todopoderoso, no privaba más voluntad que la del regente en turno, ya se tratase del presidente de la República, el gobernador o el presidente municipal. Los debates en los legislativos o en los ayuntamientos no tenían más sentido que el de dar apariencia de pluralidad e inclusión. Vimos así cómo las ocurrencias más estrafalarias de los titulares de los ejecutivos se aplicaban sin mayor discusión, aunque las oposiciones se desgañitaran en la denuncia inútil. Raras veces se optaba por el convencimiento del antagonista; era más fácil y expedito cerrar los oídos y levantar el dedo, aplastando a las minorías impotentes.
Ya Aristóteles advertía sobre los riesgos de la tiranía de las mayorías. La razón y la lógica no son compañeras frecuentes de las masas; más bien éstas son frecuentes víctimas de los demagogos y la propaganda. En ello reside el valor del debate y del diálogo respetuoso con las minorías: puede ser el mejor antídoto contra los espejismos del poder representativo. No es raro que un líder o un representante democráticamente electos, sobre todo si lo fueron mediante una votación ampliamente mayoritaria, llegue a la conclusión equivocada de que su voluntad personal es equivalente a la voluntad de sus apoyadores. Se confunde así la cantidad con la calidad; es decir, que si se ha arribado a la posición de poder con una cómoda holgura de votos, se puede asumir que el mandato recibido es el de imponer la “voluntad general” sobre las voluntades particulares. Error político craso.
Desde hace tres lustros se ha venido consolidando una nueva hegemonía política en Guanajuato, ahora en manos del partido con mayor tradición democrática del país, Acción Nacional. Sus décadas como oposición le enseñaron a desconfiar de los rivales, viejos y nuevos, y a desarrollar un espíritu de cofradía misionera que no ha sido posible romper en todo este tiempo en el poder. Sus mecanismos de reclutamiento de militantes, que todavía hoy son rígidos y demandantes, favorecen este aire exclusivista, de “minoría excelente” como la calificaba Gómez Morín. No es sorprendente entonces que los gobernantes y representantes posicionados por el partido caigan con frecuencia en actitudes excluyentes: sus cifras impresionantes en los comicios recientes pueden hacerles pensar que son los iluminati, los poseedores de la verdad revelada por los electores, los representantes mayúsculos del bien común y los únicos políticos virtuosos dentro de un entorno pretendidamente corrupto.
Todo esto viene a cuento como reflexión personal sobre los recientes sucesos que se vienen registrando en el poder legislativo estatal, así como en muchos de nuestros ayuntamientos. La conformación de un inopinado “bloque opositor” sólo puede ser interpretada como evidencia de la desesperación y la impotencia ante el ejercicio poco moderado del poder mayoritario. Están fallando los mecanismos de debate y construcción de acuerdos inter partidistas. Cuando el partido en el poder se queda solo, el diálogo se convierte en monólogo, y pronto se desgasta ese discurso sin interlocutor. No es posible gobernar o legislar en función únicamente de una mayoría abstracta, porque así se lastiman las convicciones de las minorías, que por el hecho de serlo no pueden ser considerados simples aderezos políticos prescindibles. El buen gobernante o representante busca escuchar y atender las voces de todos los ciudadanos, no solamente de los que le otorgaron el voto. La exclusión es el primer paso hacia la intolerancia y el autoritarismo, y también el mejor veneno para la democracia.
Mucho se critica la nueva hegemonía que ha aplicado el PRD en la ciudad de México, donde amplios sectores de la población han sido arrinconados por sus iluminati de izquierda. Igual condenamos el autoritarismo de Chávez y de Castro, que han acallado las voces disidentes sin miramientos hacia la tolerancia. Pero también por acá tenemos nuestros propios Torquemadas, y algunos de ellos ya comienzan a lanzar sus anatemas contra los opositores y contra los medios que ejercen la crítica. Mal camino, peor destino.

viernes, 8 de junio de 2007

La PGR, al fin…

El día de antier asistí a una sesión extraordinaria del comité estatal del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, con el fin principal de dar la bienvenida y conocer al recién llegado delegado de esa procuraduría, el licenciado Martín Levario Reyes. Como bien declaró nuestro presidente Iván Omar Plascencia, en nota de Rafael Zamora ayer en Correo, la reunión fue muy satisfactoria para la docena de consejeros presentes. Acostumbrados como estábamos a los desencuentros con la institución, fue muy estimulante descubrir una suave interlocución con una persona sencilla y abierta, que proyecta buenas intenciones y una evidente experiencia en su área. Sin duda fue un intercambio de ideas muy productivo, y nos devolvió las ganas de seguir dedicándole nuestro tiempo y recursos -la PGR no nos proporciona ningún apoyo o pago por nuestra labor- a una actividad que en los últimos dos años ha sido cuesta arriba, al punto de haber pensado en renuncias masivas unos meses ha.
Esperemos que esta renovación en los mandos locales de la fiscalía federal contribuya a mejorar los vínculos y la efectividad de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno que procuran por nuestra seguridad y por el respeto a la ley. En nuestro comité somos optimistas, pero sin duda sin ingenuidades pues la tarea se antoja difícil dentro de una institución que ha evidenciado públicamente muchos problemas de efectividad, honestidad y confiabilidad. Es cierto que Guanajuato todavía no es un “foco rojo” en incidencia de delitos federales o de “alto impacto”, pero yo estoy convencido de que hay una tendencia a que esto cambie eventualmente. Por eso hay que mantenerse atento, y como ciudadanos vigilar que las autoridades no se duerman o minimicen los problemas; siempre será más conveniente para los burócratas y para los políticos suavizar la realidad y vendernos las cuentas de vidrio de la “pax guanajuatensis”.
Dentro de la sesión dedicamos una hora a participar en una videoconferencia con el Consejo Nacional y el resto de los comités estatales. La charla del día estuvo a cargo del coordinador de asesores de la PGR, Humberto Castillejos Hernández, joven abogado egresado de la UIA, vinculado con la PGR desde tiempos del general Macedo -según investigué en internet-; él nos expuso el paquete de iniciativas que presentará el presidente de la República al poder legislativo para mejorar nuestro sistema de seguridad y procuración de justicia. Varias medidas interesantes, pocas de ellas novedosas, pero hubo una que nos llamó la atención, por sus posibles implicaciones: la emisión de un solo código penal para toda la república. Nuestro presidente Iván Omar no pudo dejar de cuestionar al expositor sobre la viabilidad y conveniencia política de esta medida, dados los acendrados sentimientos federalistas que han florecido en las entidades del país. Según explicó el asesor de la PGR, las bondades de esta medida superan con mucho los escollos que podría encontrar, ya que de esta manera las autoridades judiciales contarían con un instrumento único para combatir más eficazmente los delitos del orden penal, evitando la multitud de recovecos que hoy día benefician a los delincuentes y trasgresores. Todo bien, sólo que uno de los ejemplos que empleó fue bastante inoportuno, por las interpretaciones a que puede dar lugar: la penalización del aborto. Con un solo código penal, las entidades y sus legislativos se verían impedidos de aprobar disposiciones como la que tomó recientemente la asamblea de representantes del DF, que despenalizó el aborto hasta la semana 12 de gestación. Con un solo código quedaría en manos del legislativo federal normar sobre esa materia. Creo yo que con sólo mencionar esta posibilidad muchas entidades, sobre todo el DF, se opondrán vehementemente a ceder esta porción de su soberanía, incluso para una causa tan necesaria como la del combate a la delincuencia. Es una idea con poco futuro.
En fin, tuvimos una sesión muy a gusto con el delegado, con “cinito” incluido y alardes tecnológicos de la PGR. Hubo buen humor, incluso bromas, y las inefables promesas de confianza mutua. Ojalá no sea flor de un día. Vienen a mis recuerdos algunos delegados federales que me ha tocado tratar antes -de la propia PGR, de la SeGob, del IFE, ISSSTE y otros- que han llegado cubiertos con piel de oveja y pronto muestran el colmillo del lobo… o las orejas de burro. Pero de seguro éste no será el caso (deditos cruzados).

viernes, 1 de junio de 2007

UG: Nuevo ciclo

El día de ayer sesionó el Consejo Universitario de nuestra máxima casa de estudios estatal, y el punto principal que abordó fue la selección de la comisión especial que coordinará los trabajos del proceso de selección –que no elección del próximo rector, quien muy probablemente asumiría el cargo con la nueva calidad de Rector General, de acuerdo a la nueva ley orgánica que está por aprobar el congreso.
Ya comienzan a manifestarse voces que expresan interés por hacerse de la conducción de la institución universitaria. El primero fue el maestro Emeterio Guevara Ramos, uno de los profesores de más rancio abolengo en la Facultad de Relaciones Industriales. Es muy probable que pronto veamos a más protagonistas mostrar su interés por participar, incluyendo al titular actual, y no sería raro que llegasen a sumar una media docena de suspirantes.
¿Qué motiva a estos personajes a participar en el proceso? Si fuéramos banales y cínicos diríamos que bien pesan en su ánimo los 130 mil pesos mensuales que puede significar el acceso al puesto, así como un considerable control sobre un presupuesto institucional anual de 1,800 millones de pesos, o el poder sobre una comunidad de alrededor de 3 mil trabajadores y 23 mil estudiantes. Pero afortunadamente no somos banales ni cínicos, y preferimos creer que los candidatos se presentan por una auténtica pasión por el servicio público, un compromiso personal con la educación superior pública, una mística en la procuración de la excelencia académica, un acendrado amor por la colmena legendaria, y hasta por gusto por contribuir en el debate sobre la casa de estudios. En lo personal, prefiero creer que más bien se trata de una mezcla muy humana entre las motivaciones egoístas y las generosas, pues ninguno de nosotros escapamos de la falibilidad y las debilidades de la naturaleza humana, así como de sus fortalezas y bondades.
No me cabe duda de que el actual rector, el doctor Arturo Lara, buscará la reelección a que tiene derecho por la actual legislación. Es su prerrogativa y es totalmente esperable que la demande, ante el cúmulo de proyectos que se han venido desatando en su rectorado y que se mantienen en proceso, incluyendo la necesidad de consolidar la reforma universitaria. Es un hombre que no parece tener una agenda política futura más allá de la propia rectoría; bueno, eso si el PAN no decide cooptarlo como hizo con los rectores Juan Carlos Romero y Silvia Álvarez. Pero da la impresión de que con Lara no será así. Y eso es bueno. La UG ha sido históricamente una cantera para la clase política estatal, tanto priísta como panista, pero eso ha tenido efectos indeseables que se han traducido en los hechos en una subordinación que contradice los objetivos de la autonomía: libertad de pensamiento, autogobierno, compromiso con la calidad y con la búsqueda de la verdad. La injerencia de los poderes fácticos desvía a la institución hacia otros rumbos que poco tienen que ver con lo académico y lo científico.
La competencia siempre será benéfica para cualquier proceso de selección. Por eso me alegra que se estén manejando varios nombres, y además de universitarios con altos perfiles: Manuel Vidaurri, Luis Felipe Guerrero, Pedro Luis López de Alba… Todos con doctorado y con perfil académico notable. Ojalá algunos de ellos, y otros más, se animen a participar, pues se requiere estimular el debate sobre la universidad que queremos y que podemos ofrecer a la sociedad. Nadie puede salir perdiendo si el proceso obliga a la reflexión conjunta, y también a que el seleccionado final se vea en la necesidad de recuperar los puntos más valiosos de las perspectivas contrastadas. No puedo imaginar peor escenario que aquél que vimos en 1995, cuando el rector Romero buscó su reelección en medio de un vacío deplorable, haciendo un round de sombra con un único aspirante, de bajo perfil y que sólo despertó pena ajena. Es cierto que es difícil competir con un rector en funciones, y que la normatividad actual no garantiza la equidad entre los candidatos -sobre todo cuando recordamos cómo se volcó el aparato burocrático interno a favor del “patrón” en el 95-, pero me parece que esa circunstancia ya no es posible en estos momentos, cuando seguramente el proceso será hiper vigilado por la prensa y por los propios universitarios.
Me parece que la selección del nuevo rector, o la ratificación del actual, debe ser asumida como una oportunidad para reactivar los debates que se vieron interrumpidos por la necesidad de mostrar un frente unificado ante la reforma de la ley orgánica que realizó el Congreso. Cabe ahora exhibir y defender nuestra pluralidad y nuestras necesarias diferencias, de tal manera que la nueva autoridad -que no es la única ni la más importante- inicie sus responsabilidades con la obligación de mantenerse sensible ante ese concierto de múltiples voces, y rescatar la armonía sinfónica que pueda unificarlas.