viernes, 27 de julio de 2007

Intolerancia versus libre expresión

Con el arribo de la alternancia política en nuestro estado, allá por 1991 –ya hace un buen-, muchos creímos que infinidad de cosas irían a cambiar para bien en nuestro entorno social y en las relaciones entre el estado y la sociedad. Los que nos asumíamos como demócratas vimos anunciarse una nueva época de libertad y participación ciudadana en la resolución de nuestros múltiples problemas. El autoritarismo había llegado a extremos intolerables, que sin duda se tradujeron en un ambiente social de hartazgo y rechazo al “ancien régime” de la posrevolución. En el plano personal me sentí ofendido por ese régimen en varias ocasiones, pero sólo menciono una en que fue agredida mi libertad de expresión: cuando fui investigado junto con otros 50 amigos –encabezados por José Chávez Morado- firmantes de un desplegado a favor de la democracia y el respeto al voto en las elecciones municipales de diciembre, y por ello se me amenazó con mi posible despido de la Secretaría de Educación.
Con todo y la enorme ingenuidad de la administración de Carlos Medina, el inicio de su gestión fue aparejado con grandes esperanzas de cambio. El hecho de que una nueva parvada de políticos reputados como honestos y plenos de buena fe se hicieran cargo del muladar en que se había transformado la administración pública, hizo abrigar ilusiones, incluso entre los que no compartíamos su ideología aldeana y conservadora. Las señales en contrario fueron causando inquietud creciente. Con Vicente Fox llegó el desparpajo y la gobernación con base en ocurrencias, y de nuevo la sordera e intolerancia creciente ante la crítica incómoda, o incluso la descalificación ad hominem desde el poder. Con Ramón Martín hubo un intento de moderar la intransigencia creciente, pero duró poco. Luego del triunfo inmoderado del 2000, gracias a la ola foxista y a una fascinación nacional por el cambio, el nuevo gobierno panista de Juan Carlos Romero consolidó la hegemonía que ya se anunciaba en la década anterior. El estado se pintó de azul en el 2000 y en el 2003, y la bonanza de votos determinó que la nueva élite del poder asumiera crecientemente el papel del Moisés que guía al pueblo extraviado de Israel y es portador de las tablas de la ley. Y la intolerancia hacia la crítica se hizo norma. Las descalificaciones desde el poder menudearon, y las relaciones con la prensa y los opinadores se tensaron cada vez más. Como una pizca ejemplar recuerdo la reacción del gobernador Romero, en marzo de 2006, ante el reporte de Human Rights Watch sobre la negativa a víctimas de violación al acceso al aborto legal, cuando descalificó el reporte sin siquiera conocerlo, por problemas de “metodología”. Ese el problema de mezclar las convicciones morales y religiosas personales con la acción legal del estado.
Ahora, con un nuevo gobierno que llegó al poder con la cifra de votos en su favor más alta de la historia reciente, parece refrendada la percepción mesiánica y excluyente. El segundo de a bordo en la administración descalifica a los directores de los dos medios de información impresa más importantes de la entidad, y sobre ellos desfoga una enfermiza antipatía que contradice de frente la misión política que se le ha encomendado: “propiciar la convivencia armónica y el desarrollo integral de la persona, la familia, los grupos sociales y la sociedad guanajuatense”.
En lugar de constituirse en factor de armonización y avenencia entre los inevitables conjuntos opuestos de la sociedad, el personaje se está convirtiendo en lo contrario: en elemento generador de conflictos inútiles y socavador de las buenas relaciones entre el gobierno y los medios de comunicación. Necesariamente fue denunciado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que falló a favor de los agraviados, recomendando una disculpa pública y una carta personal por parte del “servidor” público. Pero la soberbia no tiene límites, y el perpetrador se burla ahora de la comisión y de los ofendidos con una pantomima de disculpa. Incluso a los que observamos a los toros desde la barrera nos ofende su actitud altanera: ¿qué nos espera a los ciudadanos de a pie si un día nos cruzamos en el camino de este señor? El poder corrompe, lo sabemos, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. El secretario, licenciado en psicología industrial, evidentemente desconoce a Montesquieu, quien en su “Espíritu de las Leyes” explica el concepto de “pesos y contrapesos” en el ejercicio del poder estatal. La prensa y la opinión pública es uno de esos necesarios contrapesos. Sin la libertad de expresión y el ejercicio de la crítica responsable e informada no sería posible el modelo democrático. Combatirlas es denostar la democracia, y abonar por el regreso del autoritarismo, si es que no regresó ya.

viernes, 20 de julio de 2007

Bajo ataque, II

Este miércoles participé en otra sesión del comité estatal del Consejo Ciudadano de la PGR, donde tuvimos un agradable e interesante intercambio de información y puntos de vista con el delegado estatal, el licenciado Levario Reyes. Primero, sobre los avances en el trabajo de la delegación –con sensibles incrementos en averiguaciones previas resueltas y consignadas, con lo que se inicia el abatimiento de un rezago importante-, nuevas estrategias de investigación del narcomenudeo, el contacto renovado con las autoridades locales, etcétera. Por supuesto el punto principal que nos interesaba abordar a los consejeros era el de las explosiones de los días 5 y 10 pasados, reivindicados por el EPR, así como el papel de la delegación en las investigaciones, que han sido atraídas por las áreas centrales de la PGR.
Fue agradable poder discutir abiertamente con una autoridad vinculada directamente a las investigaciones, y ventilar sin tapujos nuestras inquietudes como ciudadanos de a pie. Con franqueza expresamos nuestra preocupación por que este tipo de acciones violentas pudiera repetirse, y que con esto se derribara sin remedio la imagen pacífica y tranquila que de nuestra entidad se nos ha querido vender desde el gobierno. Ya de por sí es alarmante que el crimen organizado haya arrojado 30 ejecuciones en nuestro territorio en lo que va de este año –recordó nuestro presidente Omar Plascencia-, y ahora resulta que somos el escenario de una inopinada rebelión con banderas políticas.
Los amables lectores que descifraron mi contribución anterior conocen mi personal molestia y escepticismo ante las declaraciones ligeras que expresaron funcionarios de PEMEX y de instancias de seguridad pública estatales, cuando a priori descartaron la posibilidad de que esos “accidentes” tuviesen un origen provocado. Por eso no me reprimí en expresar en la sesión del consejo que a mi juicio existían elementos previos que pudieron prefigurar la existencia de algún grupo armado de corte insurgente en nuestra entidad. Recordé, recordamos juntos, que hace una década apareció públicamente un grupo insurrecto por el rumbo de San Pancho. El licenciado Mar Reyes me corrigió: fue un grupo jaramillista, allá por Manuel Doblado. En efecto, por esos rumbos se anunciaba desde hace rato la posibilidad de que esos grupos existiesen, y que no fuesen simples “pantomimas”, como los calificaron las autoridades.
Además, Carlos Ramírez en su columna “Indicador político” (www.lacrisis.com.mx) en El Financiero acaba de hacer público un reporte confidencial fechado en 2004, de la Coordinación General de Inteligencia para la Prevención de la PFP. Ahí se enlista a más de un centenar de grupos guerrilleros, entre los que se enuncia el “Ejército Guanajuatense Revolucionario”. Algún elemento de información habrá tenido la PFP para incluir esa milicia abajeña dentro de este inventario, ¿no creen?
Luego habría que recordar los explosivos encontrados en Celaya en noviembre pasado, que fueron abandonados a pocas cuadras del centro de la ciudad. Ya desde entonces se sospechaba que fuesen propiedad de grupos subversivos, por el parecido con los explosivos empleados por el EPR en ataques perpetrados poco tiempo antes en el DF contra el PRI y el TRIFE.
Volví a insistir sobre mi convicción de que el grupo de saboteadores debió tener vínculos locales, e incluso pudo haber sido conformado por guanajuatenses, pues no es creíble que fuereños tuviesen ese nivel de conocimiento sobre la zona, las instalaciones petroleras, y la manera de causar daño material espectacular sin provocar decesos o daños a la población. Además, de haberse tratado de un comando guerrillero móvil se podía esperar que su siguiente ataque se perpetrara en otra región del país, y no en la misma, como sucedió el día 10. Vengo de conocer con agrado que el secretario de Gobierno concuerda ya con esta visión “localista”.
El delegado y sus investigadores –como el comandante Ulises Arellano, de la unidad Salamanca nos explicaron con paciencia de santo las medidas inquisitivas que se tomaron a partir del siniestro. Nos confortó conocer de primera mano que existen varias líneas de investigación, y no se descarta a priori ninguna posibilidad, incluyendo la de los eperristas abajeños. Con la intervención de las áreas centrales de la PGR se garantiza que los mejores peritos e investigadores de la institución se abocan a resolver el principal misterio: ¿quiénes fueron? Luego vendrá el ¿dónde están? Y con algo de suerte en algún tiempo podríamos tener el cuadro completo. Más nos vale. El Bajío ya fue escenario de insurrecciones sangrientas en los dos siglos previos; no nos gustaría repetir esas tristes historias.

viernes, 13 de julio de 2007

Bajo ataque

Debo interrumpir la secuencia de artículos que inicié con mi colaboración anterior, sobre la sucesión rectoral en la UG, que retomaré en cuanto haya más información sobre el asunto y que recupere su actualidad periodística. Por lo pronto me siento obligado a compartir con los lectores mi honda preocupación por lo que se ha desatado en nuestro país y nuestra región: la tanda de ataques contra instalaciones de PEMEX. Hasta hace poco, la gran mayoría de los ciudadanos que nos interesamos en el tema de la seguridad pública y la salvaguardia nacional creíamos que la mayor amenaza a nuestra paz social lo representaba el narcotráfico y el crimen organizado. Resulta que no es así. Los polvos de aquellos lodos de la guerrilla de mediados de los años noventa volvieron a manchar la precaria tranquilidad de nuestro atribulado país. Y además ha golpeado en una de las regiones que era considerada una de las más tranquilas y seguras, el Bajío, donde la vida provinciana y bucólica parecía ser la constante, con pocos puntos amarillos y casi ninguno rojo. Nuestras autoridades de los tres niveles nos acostumbraron al “aquí no pasa nada”, “Guanajuato es pacífico”, “la violencia viene de fuera”, “es Michoacán quien nos avienta sus muertitos”, “los malosos eran fuereños e iban de paso”, y así, la vieja cantaleta de la pax guanajuatensis.
En las madrugadas del jueves y del martes pasado despertamos a la realidad mediante flamazos. El cielo abajeño se tiñó de rojo y los resplandores se observaron hasta Guanajuato capital. Centenares de familias debieron movilizarse para alejarse del peligro, del que nadie, ni siquiera los responsables de la empresa afectada, tenía idea de su dimensión. El Correo del jueves consignaba las desfachatadas declaraciones de Guillermo Camacho, “subdirector corporativo de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de Pemex”, cuyo larguísimo encargo no le impidió afirmar que “las explosiones no se debieron a las condiciones en las que se encuentran los ductos y no hay indicios de agentes externos que hayan provocado esas afectaciones.” Es decir que nadie era responsable de nada: los flamazos fueron producto de la casualidad o por generación espontánea. Por supuesto nadie le creyó nada: las explicaciones más plausibles eran las dos que precisamente se estaban descartando desde el inicio, cuando ni siquiera se había iniciado una mínima investigación. Y nuestros gobernantes tampoco soltaron prenda dentro de su propia confusión; seguramente sospecharon del origen provocado de las explosiones, pero fieles a su tradición de monos sabios volvieron a darnos el tratamiento que se depara a los idiotas: nos mintieron sin embozo, y rezaron porque la cosa quedara ahí. Pero el ataque del sábado en Corregidora los evidenció como embusteros. Ya no hubo manera de negar lo evidente, y el comunicado del pseudo-EPR los terminó de encuerar.
A partir de estos ataques podemos esperar el incremento de medidas espectaculares por parte de las corporaciones de seguridad. Y serán tan ostentosas como inútiles. No me sorprenderá que ahora haya justificación para instalar retenes, para “investigar” sospechosos, espiar opositores, inmiscuirse en la vida privada y relanzar el espionaje telefónico. Los “duros” del gobierno, como “el halcón” que despacha en el tercer piso del Palacio de Gobierno, tendrán ahora la mejor coartada para endurecer su desprecio a la libertad de expresión, y ahora a las libertades de tránsito, de privacidad y de disenso. Los autoritarismos andan siempre a la búsqueda de “enemigos” comunitarios, para fortalecer su posición de grupo.
El combate a los transgresores debe darse primordialmente desde la aplicación de medidas finas de inteligencia y de proacción. También desde el socavamiento de sus bases sociales e ideológicas que le dan “justificación” a los terroristas y guerrilleros. No se puede perseguir a los infractores que ondean banderas políticas con las mismas estrategias que se utilizan contra el crimen organizado, cuyo móvil es económico, no ideológico. Si es que en efecto existe una célula del EPR en el Bajío, habrá que perseguirla con una labor fina y paciente de investigación: detectar el origen de los explosivos, intensificar las labores de inquisición detectivesca, descubrir sus nexos con otros grupos, y en el mediano plazo retirar a estos proscritos de circulación, todo ello sin agraviar aún más a la población. De nada servirá ver al ejército y a las policías en la calle, atacando el problema con guantes de box, cuando lo que se requiere es de los sensibles guantes del cirujano. Pero me temo que seguiremos por la vía de la espectacularidad, que busca atraer la atención mediática, porque a nuestros “responsables” de la seguridad pública, tan improvisados como son, seguirán nadando en el mar de la ineptitud.

viernes, 6 de julio de 2007

En busca de un Rector, I

Es inevitable abordar el tema de la renovación de la autoridad universitaria, en esta columna redactada por un profesor llano de la Universidad de Guanajuato. El inicio del proceso de renovación o reiteración del liderazgo rectoral obliga a la emisión de algunos juicios y opiniones sobre el mismo. Primero, diré que me parece una cosa muy buena que contemos con cuatro candidaturas, todas de universitarios cabales y bien calificados. Cuentan los cuatro con perfiles académicos diferentes, lo que es aún más interesante. Sólo lamento que no haya entre ellos ninguna mujer, y mucho menos un joven. Pero puedo entender que todavía existen ciertos pruritos y mucha auto contención de parte de nuestras colegas femeninas, y un prejuicio arraigado y absurdo en contra de la juventud en razón de su “inexperiencia”.
Lo que todavía hay que averiguar es la capacidad personal efectiva para conducir una comunidad de 2,943 académicos, 922 administrativos y 23 mil estudiantes. Es muy común confundir las cualidades intelectuales con las facultades de conducción y administración de un conjunto complejo de personas y recursos. Pero podemos asumir que, como todos ellos han tenido la oportunidad de conducir escuelas y facultades, eventualmente podrán hacerse cargo de un reto de mayores dimensiones. Nadie hace carrera para ser Rector, ni funcionario universitario, pero sí contamos con medios indirectos para evaluar desempeños institucionales –informes administrativos, evaluación de pares, ejercicio académico, desarrollo de la unidad conducida-, y valdría la pena que esos documentos fueran conocidos.
Los cuatro candidatos han planteado proyectos generales de desarrollo de la universidad. Sin embargo todos deben ajustarse a los lineamientos y estrategias definidas en el PLADI (Plan de Desarrollo Institucional) 2002-2010, ya que el siguiente periodo rectoral abarca la etapa final de este instrumento de planeación, además de que le tocará su actualización y reformulación, de tal manera que se defina entes de tres años un nuevo plan, abarcador de la siguiente década. También han debido considerar como marco legal la nueva ley orgánica, a la que se agregará antes del fin de 2008 toda una batería de reglamentos que regirá la vida universitaria dentro del esquema departamental y de campus regionales. No es un asunto menor, porque de los cuatro aspirantes aparentemente sólo el actual rector ha tenido la vivencia de desarrollarse académicamente dentro de alguna institución departamentalizada –en su caso la Universidad de California en Davis-. Y esto me preocupa en lo personal, pues quienes no conocen este sistema, difícilmente captarán su lógica, que es muy diferente a la del esquema napoleónico que heredamos de la universidad decimonónica.
Desgraciadamente a estas alturas los miembros de la comunidad universitaria carecemos de mayor información sobre los aspirantes. Aunque la comisión especial del Consejo Universitario ya recibió documentos tan importantes como los proyectos de desarrollo y los currículos de los candidatos, son textos todavía inaccesibles para el común de los mortales. No entiendo por qué no se han colocado en la página electrónica de la universidad, de tal manera que los miembros de la comunidad podamos comenzar a comparar trayectorias y propuestas. Al día de hoy, nuestro juicio se basa en lo poco que ha salido en prensa y por el conocimiento personal de cada uno de los aspirantes. Y esto es grave, pues el tiempo no es mucho y el 10 de agosto esa comisión presentará su dictamen ante el consejo. Yo me pregunto qué pasará si determina que uno o varios de los candidatos son inelegibles, o no cubren el perfil; ante la carencia de información los universitarios nos deberemos conformar con sus dichos. Es por eso que se requiere que fluyan de inmediato estos datos, pues el día de hoy, viernes, habremos salido de vacaciones y nos quedaremos dos semanas más ayunos de comunicación.
El proceso de selección –insistimos: no de elección- del Rector es un momento importante de la vida universitaria, pues en el perfil del nuevo conductor quedarán implícitos algunos rasgos de un estilo personal que, querámoslo o no, influirá fuertemente en el desarrollo institucional. Yo en lo personal me inclino por un perfil moderno, académico, profesional y efectivo. No me atrevo –todavía- a pronunciarme por ninguno de los aspirantes, sin antes hacerme de la información necesaria, pero sin duda lo haré, pues siempre he sido un convencido de que en la vida social y política –en este caso en la universidad- siempre hay que tener partido, y comprometerse con proyectos ambiciosos, aunque sean polémicos. Entretanto mantengamos nuestra atención sobre los foros –las “pasarelas”- que seguramente organizarán las instancias pertinentes. Tiempo al tiempo.