viernes, 28 de septiembre de 2007

275 años

Con frecuencia la vorágine de eventos de la cotidianidad nos distrae y sustrae de asuntos trascendentales que en el momento consideramos no tan urgentes. Quiero decir que el imperio de lo inmediato siempre ofusca, y nos hace perder el sentido de la trascendencia y del largo plazo. Así sucede en la política-política y en la política universitaria. El reciente proceso de renovación de la rectoría nos distrajo de asuntos que no pueden desmerecer nuestra atención.
El lunes 1 de octubre la Universidad de Guanajuato celebrará su 275 aniversario. Se dice fácil, pero es una larguísima historia para una institución de educación superior provinciana, particularmente si consideramos que se trata de un historial continuo. La UNAM, por ejemplo, cuenta con una larga trayectoria de 454 años -fue establecida el 25 de enero de 1553-, pero no ha sido una historia continua, pues cerró sus puertas en 1833, 1857, 1861 y 1865. Y desde este último año hubo de esperar a que Justo Sierra promoviera su reapertura en repetidas ocasiones, hasta que logró su resurrección en 1907. Por ello, propiamente se trata de una universidad del siglo XX.
La Universidad de Guanajuato, en cambio, puede trazar su historial sostenido desde que en 1732 doña Josefa de Busto y Moya donó su casa particular para que sirviera de asiento para establecer un colegio de enseñanza superior jesuita, que tanto demandaba la villa. A partir de entonces, con el Hospicio de la Santísima Trinidad, se dio inicio a una tradición educativa que nació como colegio religioso -regenteado por jesuitas y luego de su expulsión, por felipenses-, y que luego de la independencia se secularizaría para convertirse, gracias al apoyo del gobernador Carlos Montes de Oca, en el Colegio del Estado, donde se educaría la elite cultural y política de la entidad durante los siguientes dos siglos. El establecimiento pudo mantenerse abierto incluso durante los periodos de depresión social e institucional gracias a los empeños de individuos -profesores y autoridades-, como el padre Marcelino Mangas, el profesor Sierra, don Fulgencio Vargas, Agustín Lanuza y otros.
Fue mediante el reconocimiento de su calidad como universidad pública en 1945, conseguido por Armando Olivares, que la institución se consolidó como establecimiento permanente y con ascendiente social. Carecía de autonomía para nombrar a su máxima autoridad, pero gozaba de un importante margen de manejo interno. Su crecimiento fue más bien modesto a lo largo de las décadas siguientes, con breves periodos de aceleración seguidos de largos tramos de letargo. Así fue, por ejemplo, con el florecimiento impulsado por José Aguilar y Maya en los años cincuenta, que fue seguido por la inercia de los sesenta y setenta, para detonarse brevemente en los ochenta, y muy en particular en los noventa. La retardada autonomía fue concedida al fin en 1994, en buena medida gracias a la alternancia en el ejecutivo estatal y al gobierno dividido con el legislativo, lo que puso a competir a panistas y priístas en el afán de otorgarle la ansiada presea emancipatoria a la universidad estatal.
Con la reforma de la ley orgánica en este año se inicia una nueva etapa, que coincide con el aniversario. La institución evolucionará hacia un sistema de universidades regionales unidas por políticas generales comunes, pero con amplias capacidades para reaccionar y cumplir con el compromiso ya no sólo con el estado, sino con sus regiones y municipios. Por eso no es menor el asunto del “cumpleaños”: 275 es una cifra que permite recuperar la noción de la dimensión histórica y el porvenir. Nos permite plantear cuestionamientos sobre lo que nos espera para el siguiente cuarto de siglo, 25 años que faltan para el tricentenario institucional. La visión del 2032.
El Campus Sur de la UG propuso al resto de la corporación y a sus autoridades arrancar una serie de actividades conmemorativas de orden académico, científico, cultural y artístico. La respuesta del resto de los campii fue muy entusiasta y entre todos hemos armado un programa de fuste. Durante los próximos meses se desplegará una serie de conferencias, páneles, exposiciones, publicaciones y actividades artísticas que ayudarán a estimular la memoria colectiva y conmemorar la añada. Creemos que es valioso reflexionar sobre los orígenes y el camino universitario, conscientes de que el actual periodo de reforma y actualización debe acompañarse de una referencia permanente al recorrido comunitario. No es ocioso aprovechar ocasiones de remembranza para ejercitar las necesarias capacidades de autocrítica, reflexión compartida e interacción con las sociedades regionales.

viernes, 21 de septiembre de 2007

Pasos y pesos de la reforma electoral

La reforma electoral nacional ya se comenzó a debatir en los congresos locales. Los diputados oaxaqueños la han aprobado fast track, y con ello, dado prueba de que no han abandonado las inercias del autoritarismo más primitivo. En una “democracia” cerril como la suya no es sorprendente encontrar evidencias de un servilismo anacrónico del legislativo local. Una pluma más para el penacho del cacique Ulises Ruiz, que seguramente cree que con estos servicios se acerca a las querencias del “supremo gobierno” central y del presidente la de República.
En el resto del país los legislativos locales tomarán con más seriedad el asunto, y seguramente debatirán con atingencia los fondos de la reforma. Desde ahora se anuncian polémicas intensas, y no pocas confusiones. Éstas han sido alimentadas de forma mañosa e interesada por los medios electrónicos de comunicación y sus “analistas” o “informadores” a sueldo, que siguen difundiendo mentiras llanas, como que se está perpetrando un artero ataque a la libertad de expresión de los ciudadanos comunes. Falsa, falsísima simulación. Sencillamente esos medios están chillando porque se les está retirando la millonaria charola de los recursos públicos -y privados- que se desperdiciaban en cientos de miles de minutos de publicidad vacua. La reforma ha cortado de tajo uno de los elementos más corruptores y tergiversadores de la competencia política: el poder del dinero y de la mercadotecnia chambona.
Me alegra ver que los poderes públicos en México todavía puedan verse libres de los tentáculos de los pulpos televisivos y radiofónicos. La reforma electoral está reivindicando el papel del poder legislativo en la vida nacional, un rol tan desgastado durante años. Se beneficia no sólo la división y equilibrio de poderes, sino también la equidad ante los poderes fácticos de los jeques del capital.
Sin embargo, la reforma electoral es parcial ante las urgencias de recomponer el sistema de representación y gobierno del país. Beltrones, Creel y Navarrete, así como Larios, Gamboa y González Garza, nos prometen la inminencia de una reforma integral del Estado, donde se incluyan temas que aparentemente se dejaron de lado en la muda electoral: reducción del número de diputados plurinominales -e incluso de los uninominales, por favor-, eliminación de los senadores pluris, reelección legislativa y de ayuntamientos, homologación de fechas, candidaturas independientes –sólo para ayuntamientos, por favor-, inclusión de mecanismos de democracia directa, reforzamiento del federalismo, mejora de los mecanismos de rendición de cuentas, etcétera. Ojalá que las 5,656 propuestas en que se resumió la consulta pública sobre la reforma del Estado, organizada por el Congreso de la Unión, se vean traducidas en un programa de ejecución de las mociones más pertinentes y adelantadas.
Por lo pronto nos mantendremos atentos sobre la evolución de la iniciativa electoral en los estados. Por cierto, aquí en Guanajuato ya se expresan voces entre los diputados locales en el sentido de que, si bien es previsible que la minuta sea aprobada sin problemas, no se contempla en cambio la necesidad de realizar adecuaciones a la norma electoral local(¡!). Un despropósito que puede llevar a una situación confusa en las elecciones concurrentes de 2009. Sin duda los partidos buscarán aprovechar las paradojas normativas. Hay que considerar que los cambios en el nivel federal se dieron desde el ámbito constitucional y se proyectarán a las leyes reglamentarias, y por lo mismo son vinculantes para las legislaciones locales. No me cabe duda de que tanto la constitución como el código electoral locales requerirán de una actualización que los ponga “en línea” con las modificaciones nacionales. Además, nuestro código estatal acusa rezagos crecientes en el ámbito político -no tanto en el procedimental-, que se reflejan en la creciente desconfianza que inspira la autoridad electoral local a los partidos opositores, azuzada por un consejo general que nada en la inercia de la hegemonía monopartidista.
Pero si de transformaciones electorales se trata, yo me inclinaría por la más radical de todas: la creación del Instituto Nacional de Elecciones, como lo ha propuesto el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral. Se trataría de un organismo realmente ciudadano y autónomo, que integrase la fuerza y experiencia del IFE y los 32 institutos locales, pero imponiendo criterios unificados, simples y estandarizados en su calidad. Los ejecutivos estatales y el federal contratarían a ese organismo para desarrollar sus elecciones particulares, pero no tendrían mayor injerencia sobre el mismo, ni participación en la selección de sus autoridades. Se buscaría homologar las fechas, profesionalizar a los funcionarios de casilla, reforzar los mecanismos de contraloría social, nulificar los agentes de poder locales, aplicar la tecnología y las urnas electrónicas, y un largo etcétera. Eso sí sería un cambio.

viernes, 14 de septiembre de 2007

La reforma electoral inevitable

El Congreso de la Unión decidió comenzar el necesario proceso de transformación del Estado deshilvanando las madejas más sensibles ante los ojos del gran público: la reforma electoral y la fiscal. Me parece una buena estrategia. Más adelante podremos debatir con calma las mutaciones que requieren otros ámbitos de grueso calibre, como la conformación del propio poder legislativo, las relaciones entre éste y el ejecutivo -incluyendo la renovación del anacrónico formato del informe presidencial-; la readecuación orgánica y funcional del poder ejecutivo; la profundización en la ética y la eficacia del poder judicial; la urgencia de mecanismos de participación social y democracia directa como el referéndum y la iniciativa popular; el salvamento del sistema nacional de seguridad social; la modernización y moralización de los sistemas de seguridad nacional y pública; el rescate financiero y tecnológico de PEMEX; el salvamento del sistema educativo de manos del monstruo sindical, más su proyección cualitativa, y así un largo etcétera. Muchas tareas para poco tiempo.
Quiero referirme en esta ocasión únicamente a la reforma electoral que se avecina. No es todavía una reforma política: esa vendrá más adelante, según nos adelantan los legisladores. Por lo pronto se está dando un paso enorme al desatar a los procesos comiciales de su dependencia crónica de las fuentes del dinero, trátese del propio gobierno, de los empresarios interesados en mantener sus influencias políticas, o de los delincuentes que buscan protección. Y mejor ni hablemos de los grandes intereses corporativos o gremiales que se ocultan detrás del oropel de las campañas: los contratistas, los banqueros, los radio y teledifusores, la iglesia católica, los yunques, los sindicatos, etcétera. Todos estos actores están dispuestos a soltar dinero a cambio de prebendas e influencia. Peor aún: los partidos se han convertido en expertos recaudadores y dilapidadores de recursos públicos y privados, y han alimentado una cadena de corrupción y complicidades, muy en particular con los medios de comunicación -electrónica y escrita-, que al final se embolsan el grueso de esos pesos, sin beneficio para una sociedad sumergida en la necesidad.
Estoy de acuerdo con los puntos nodales de la reforma: la condensación temporal de las campañas y precampañas, la regulación sobre estas últimas, las eventuales candidaturas ciudadanas, la prohibición a los partidos de contratar publicidad en los medios, y el acceder a ellos a través de la autoridad electoral. Deben detenerse los flujos de dineros que se van a la basura de la propaganda desinformativa. Se deben privilegiar los mecanismos que propician información: los debates públicos, el acceso simple a las propuestas programáticas y las trayectorias de los candidatos, los foros de información -ya no más mítines huecos-, la comparecencia ante auditorios informados, el impulso a la educación cívica auténtica, y la imposición de normas de respeto mutuo -la “buena educación” que nos enseñaron nuestros padres. Ese debería ser el reto de los medios, y no la imposición de mensajes de mercadotecnia huera.
El IFE debe reformarse, no me cabe duda. Lo digo con conocimiento de causa, como consejero local del mismo. Me parece insostenible la posición de seis de los nueve consejeros electorales generales que equiparan su permanencia en el cargo con el respeto a la soberanía del instituto. Nada más falso. Independientemente del juicio que podamos aventurar sobre su desempeño en las elecciones del 2006, considero que la renovación escalonada de consejeros es una demanda que se había expresado en múltiples ocasiones en el seno del propio organismo. Recuerdo bien que esa fue una propuesta de José Woldenberg emitida en su discurso de despedida en 2003. Hoy se está concretando, y me parece obtuso y miope que el actual consejero presidente se resista a su implementación. Tal vez si él no estuviese en la lista de los posibles defenestrados, su oposición no sería tan enfática (“hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre”). Contrasta su actitud con la del consejero Rodrigo Morales, quien se ha visto institucional al manifestarse dispuesto a acatar las determinaciones del constituyente permanente. El “hueso” es lo de menos: lo que importa es reforzar el prestigio del IFE cuando falta poco más de 12 meses para que dé inicio formal el siguiente proceso electoral federal -en octubre de 2008.
Me parece que estos legisladores federales sí están haciendo su chamba, y la están haciendo mucho mejor que sus predecesores. Al fin percibo vientos de avance y cambio en la calma chicha en que habíamos caído como país. Ojalá no sea flor de un día.

viernes, 7 de septiembre de 2007

Selección sin competencia

Casi abruptamente, pero el proceso de selección del rector de la Universidad de Guanajuato terminó este pasado martes 4, con la conocida resolución de confirmar al actual regente, el doctor Arturo Lara López, por un segundo periodo de gestión a culminar en 2011. Sin duda, el proceso no puede ser calificado de terso ni armonioso. Hubo inconformidad de parte de los tres aspirantes a los que eliminó, inopinadamente, el consejo universitario en uso -o abuso- de sus atribuciones. Sigo pensando que el Colegio Directivo debió recibir al menos las dos candidaturas que el consejo había preaprobado en su sesión del 10 pasado. Creo que mucho hubiera abonado a la claridad y equidad del proceso el que la candidatura del doctor Vargas Salado hubiese transitado hasta la fase final, para tener materia de análisis y debate. No fue así: el consejo determinó rechazar el recurso interpuesto por Vargas, y con una celeridad que causa extrañeza el mismo día el Colegio Directivo sesionó y emitió un voto unánime a favor del candidato Lara López (recordemos que Jesús Reyes Heroles decía que “toda unanimidad es sospechosa”).
El Consejo Universitario no tomó en cuenta que contrastó mucho la actitud evidenciada por los aspirantes Emeterio Guevara y Enrique Vargas. Mientras que el primero se abstuvo de agotar los recursos de defensa internos y acudió a la búsqueda del amparo de la justicia federal, el segundo se mantuvo dentro de los márgenes institucionales y de forma respetuosa -sin acudir a la descalificación ante los medios de comunicación-, presentó un recurso de reconsideración donde intentó rebatir los argumentos esgrimidos en el consejo contra su candidatura. Yo pensé –ingenuamente- que el recurso prosperaría, que el consejo reconocería el valor de una propuesta alterna -respetuosa de los canales internos-, y que de paso le restituiría al Colegio Directivo su dignidad como última instancia de designación. Una votación apabullante de 85 votos a favor, de un total de 96, confirmó la decisión de retirar la candidatura de Vargas. Luego, el Colegio Directivo emitió su resolución final a favor del candidato único, el doctor Arturo Lara.
Como ya he manifestado antes, hasta donde pude conocer los proyectos y las trayectorias de los cuatro aspirantes registrados, me parece que en efecto el mejor proyecto para el momento por el que transita la institución es el del doctor Arturo Lara. En ese sentido estoy de acuerdo con la designación y con el rumbo futuro que la misma representa para la universidad. Sin embargo me manifiesto insatisfecho con la forma como se dieron las cosas. No me queda duda de que hubo inequidad, y que nos comportamos como una vieja corporación anacrónica, donde todavía prevalecen fenómenos como la “cargada”, el conformismo, la “línea”, la inercia y el mayoriteo. Todavía no se nos da el debate intenso, informado y respetuoso; tampoco la reflexión compartida sobre nuestros rumbos futuros. Creemos que las cosas, si han funcionado aceptablemente bien, no tienen qué cambiar para mejorar.
Los universitarios tenemos pocos recursos para incidir en la selección de nuestras autoridades. Sin embargo sí existen esos recursos y pueden ser aprovechados por cualquiera de los casi 30 mil miembros de nuestra comunidad. El hecho es que sólo muy pocos, poquísimos, nos atrevemos a expresar abiertamente nuestras opiniones y buscamos ser oídos por las instancias internas y externas. Eso es muy lamentable. El silencio puede ser interpretado de dos maneras: evidencia que hay acuerdo con las cosas como están, o bien lo contrario, que no nos atrevemos a manifestar nuestra inconformidad y nos abstenemos -tal vez por miedo- de evidenciarla. Creo que en el caso que nos ocupa sucede lo primero: hay una “mayoría silenciosa” -diría Nixon- que está conforme con el orden establecido, y no desea cambios abruptos. Una comunidad conservadora, sin duda, pero que está en su derecho de optar por la acción pasiva. Creo que esa mayoría avala las decisiones tomadas por el consejo y el colegio, y opta por la consolidación de un proyecto que recién arrancó con la nueva Ley Orgánica: la reforma académica e institucional que permitirá la descentralización y la expansión universitarias.
Comprendo que los medios de comunicación quieran ver más “sangre” en estos procesos, y que con gran facilidad los tachen de “antidemocráticos”, al no existir competencia abierta ni voto universal. Son otras vías, que no siempre funcionan lo bien que quisiéramos -como tampoco lo hacen los comicios generales, verbi gratia 2006- pero que al final reflejan el perfil ideológico de la comunidad donde rigen. Puede que no nos gusten, y al igual que en el ámbito electoral habrá qué analizarlos, y en su caso reformarlos.