viernes, 21 de diciembre de 2007

De consejos y consejeros electorales

El día de ayer mi amigo y colega Víctor Alejandro Espinoza publicó en el periódico tijuananse Frontera esta opinión: “Ha quedado más que probado que los actuales procesos de designación de consejeros electorales no responden a las necesidades de instituciones autónomas como son los institutos electorales. Lo mismo vale para el IFE que para los institutos estatales electorales.” Esto lo dice el politólogo norteño refiriéndose al método de “cuotas” partidistas que se aplica a lo largo y ancho del país, como recién sucedió en el instituto electoral de Baja California y ahora en el IFE, entrampado como está en la reyerta partidista y la sandez con la que se está conduciendo la designación de los nuevos consejeros generales. En Guanajuato debemos poner nuestras barbas a remojar, pues se acerca el momento de renovar tres consejerías del IEEG, que sin duda responderán al mismo sistema de reparto partidista de chambas bien pagadas, sin importar las capacidades reales de los nominados.
La actual reforma electoral federal no alteró sustantivamente el método de selección de los concejales que forman el órgano de gobierno del IFE. Sólo introdujo el escalonamiento en su designación, pero con ello también ha agregado un factor de incertidumbre, que redundará en un temor permanente por parte de los consejeros -viejos y nuevos-, que ahora evitarán tomar medidas punitivas en contra de los partidos políticos, pues tendrán sobre sí la espada de Damocles del despido fulminante. Cuando el anterior consejo general del IFE -el vigente desde 1996 hasta 2003- aplicó multas millonarias a los partidos por el Pemexgate, los Amigos de Fox y otros malos manejos, aquéllos decidieron no renovar en su puesto a ninguno de los consejeros salientes, y se produjo el esperpento de negociación partidista del 2003, que es el origen de los problemas que hoy vemos. Todos los nuevos consejeros llegaron marcados por sus vínculos partidistas, y por supuesto exhibieron puntos débiles que fueron bien aprovechados en 2006 por la coalición perdedora para denunciar el pretendido fraude en la elección presidencial. Y no cabe esperar nada nuevo en esta ocasión: los nuevos consejeros corren el peligro de volver a entrar en este juego corrupto de los intereses partidistas. Vean si no: en las comparecencias de los 105 candidatos ante las comisiones de la Cámara de Diputados fue muy evidente el interés de todos los aspirantes de quedar bien con los partidos: alabaron las reformas, criticaron a los consejeros actuales, juraron independencia de criterio pero con sensibilidad hacia las demandas de los partidos, etcétera. Yo, que he participado en docenas de concursos de oposición para seleccionar a académicos para universidades, estoy seguro de que la selección sería sencilla si se aplicaran criterios de trayectoria, experiencia, capacidad técnica y lucidez de juicio. Pero no ha sido así: de los 39 post seleccionados muchos no obtuvieron buenas calificaciones, pero convenía a los partidos su presencia entre los finalistas. Y a muchos defenestrados se les descalificó por simple animadversión, no por su incapacidad.
Urge cambiar este procedimiento. Los consejeros electorales deben ser seleccionados mediante sistemas que alejen su elección de los partidos políticos. ¿Por qué no darle al IFE y a los institutos estatales la autonomía de regencia, a la manera de las universidades? Cada uno de ellos podría contar con un “Consejo de gobierno” o algo similar, integrado por miembros destacados del servicio profesional electoral más otros miembros externos, seleccionados todos mediante concurso abierto y transparente, basado en capacidades ponderadas y en prestigio social o intelectual. La selección, en su operatividad, podría depender de un colegio electoral interno, o bien ser manejada por el Tribunal Electoral, que vigilara los mecanismos de selección de los consejeros. Los sistemas de cuotas partidistas están llevando al desastre a los institutos electorales, y ninguna medida cosmética podrá evitar que los nuevos regentes de esos institutos padezcan descalificaciones -justas o infundadas- por parte de los mismos actores que los pusieron en esos cargos.
En Guanajuato debemos emprender una nueva reforma electoral que adecue la legislación local a los cambios en el ámbito nacional. Esta sería una ocasión muy propicia para cambiar el actual proceso prescrito en el CIPEEG, que demanda ciudadanos impolutos -que no existen- pero que anuda la selección de los cinco consejeros a los designios del gobernador, la mayoría parlamentaria local y la primera minoría. El resultado lo conocemos bien: un consejo coloreado, incapaz de contradecir los intereses de sus designantes, con poca o nula capacidad de ejercer decisiones autónomas, y evidentemente la denuncia permanente de los partidos opositores sobre su independencia cuestionada. Algo habrá qué hacer.

viernes, 14 de diciembre de 2007

El IFE que viene, II

Sucedió lo previsible: al final los partidos políticos no se pusieron de acuerdo sobre el nombramiento de los consejeros generales del IFE y se les vino el tiempo encima, pues termina ya el periodo ordinario de sesiones. Postergan su decisión hasta febrero próximo. Esto introduce un pésimo compás de espera que mantendrá al IFE y a su máximo órgano de gobierno en ascuas, paralizado, sin poder planear adecuadamente sus acciones a pesar de que en octubre próximo iniciará legalmente el proceso electoral.
Los tiradores a las consejerías fueron muchos, pero la mazorca se desgranó rápidamente en este último par de días. Los “punteros” dejaron de serlo muy rápidamente: Góngora, Merino, Cárdenas. Pero sobrevivieron los que resultaron mejor calificados en la segunda fase: Santiago, Figueroa, Valdés… Alguno de estos “caballos negros”, con poco desgaste mediático, podrían ser parte de la tríada concejil. Ahora todos ellos deberán esperar, al igual que sus contrapartes, los consejeros a ser sustituidos.
El “reality show” del IFE ofreció un espectáculo contrastante. En principio el método pareció innovador y refrescante, pero en los últimos días se evidenció que fue una gran pantalla para ocultar el juego de las negociaciones partidistas de siempre. La gran mayoría del medio millar de aspirantes que voluntariamente se prestaron al jolgorio lo hicieron de buena fe; algunos con aspiraciones honestas, basadas en sus evidentes capacidades personales tanto políticas como administrativas; otros más, muchos más, acudieron con la brújula perdida, más bien buscando obtener uno de los empleos públicos mejor pagados del país. Los nombres que más se mencionaron fueron los de siempre, los que se anunciaron desde mucho tiempo antes gracias a las filtraciones de los propios partidos políticos. En ese sentido no hubo sorpresas, y estoy seguro de que tampoco las habrá cuando se den a conocer los designados la noche de ayer jueves, cuando escribía yo este diario de campo.
Por otra parte, las reformas al Cofipe plantean también cuestiones inquietantes. En primer lugar la complejización creciente de un código de por sí enrevesado y difícil de interpretar. Recordemos las muy diferentes interpretaciones a que dio lugar el famoso artículo 247, donde residió el grueso del conflicto en las elecciones del 2 de julio del 2006, cuando el Consejo General giró instrucciones a los Consejos Distritales de ser muy escrupulosos con las causales para el reconteo de los votos, ya que existía el riesgo de caer en otra irregularidad: la de dar elementos para la anulación masiva de casillas por la apertura irregular de los paquetes. En fin, que los nuevos capítulos que se agregarán al código lo convertirán en uno de los instrumentos electorales más enmarañados del mundo. Si antes se requería de habilidades y conocimientos jurídicos notables para manejar con soltura los elementos del estatuto, ahora habrá que ser un jurista eminente para poder interpretar con alguna fluidez el sentido original del legislador. Pero me temo que su complejidad servirá más bien para las interpretaciones interesadas y pícaras de los actores políticos, a fin de torcer la ley en su beneficio.
Los analistas políticos más perspicaces han evidenciado las luces y las sombras de esta reforma electoral. Muchos han celebrado los avances innegables que representa esta innovación legal, pero considero que conforme nos acerquemos a la traducción de estas modificaciones federales a las equivalencias estatales saldrán a la luz muchos de sus inconvenientes. Es a nivel local donde las nuevas reglas ofrecerán nichos para su violación, para su desviación. El IFE se verá incapaz de supervisar en las 32 entidades y los 2 mil 500 municipios la observancia de los nuevos postulados. Además en seis años todas las elecciones locales deberán ser concurrentes con las federales --lo que hoy sólo sucede en diez entidades del país--, lo que abre aún más el cedazo de la vigilancia.
El instituto federal deberá crecer orgánica y presupuestalmente, con lo cual se le da al traste a lo que se plantea como el mayor logro de esta mudanza legal: el ahorro de recursos públicos. Y también se abrirán nuevas materias de controversia en lo referente a las relaciones entre el IFE y las autoridades locales, entre ellas los institutos estatales, que ya han comenzado a denunciar el espíritu centralista de la reforma.
El panorama que se abre ante el nuevo Consejo General del IFE será complejo y lleno de riesgos. Las elecciones del 2009 se anuncian espinosas y peliagudas, con la latente amenaza de nuevas defenestraciones concejales futuras, como espada de Damocles para el órgano de gobierno del IFE, si los resultados de esas elecciones intermedias no resultan “satisfactorios” para las elites partidistas. Los políticos le han dado al IFE nuevos dientes y capacidades, pero por otra parte agregaron la correa de castigo alrededor del pescuezo del organismo. El IFE bailará al ritmo que le dicta la nueva partitura que han escrito los partidos hegemónicos. ¿Fue entonces un cambio gatopardista? Habrá qué ver.

viernes, 7 de diciembre de 2007

El IFE que viene

Si descontamos el tema de la violencia desatada por el narcotráfico contra autoridades policiacas y trovadores de música popular, podemos asegurar que nuevamente es lo electoral el asunto que está dando la nota en estas tres semanas recientes. La Cámara de Diputados federal inició un interesante proceso de selección, de entre casi 500 aspirantes, de las vacantes de tres consejeros generales del IFE, entre ellos su presidente. Cualquier ciudadano que se considerase con merecimientos y capacidad suficientes, pudo acudir a San Lázaro a registrarse cumpliendo con los requerimientos enunciados en la convocatoria respectiva. Medio millar se apuntó: evidentemente desde los oportunistas buscachambas tradicionales hasta un buen número de candidatos realmente de fuste, que sin duda enriquecen las posibilidades que barajarán los diputados. 105 pasaron la primera aduana, y fueron luego entrevistados durante cuatro días por cuatro grupos de trabajo de la Comisión de Gobernación, de forma paralela y por 40 minutos dedicados a cada aspirante. Sin duda algo inédito. Yo me fleté viendo en el Canal del Congreso varias de las entrevistas, y hubo de todo, como en botica.
Algunos amigos míos se presentaron a ser entrevistados: Leonardo Valdés Zurita, profesor de nuestra Facultad de Derecho de la UG -y a quien le deseo la mejor de las suertes- fue de los primeros, así como Javier Santiago y Juan Reyes del Campillo -ambos profesores de la UAM-; los tres fueron consejeros titulares del IEDF, y Javier fue su presidente. También vi a Fausto Díaz Montes e Isidoro Yescas, ambos profesores de la UABJO en Oaxaca y consejeros locales del IFE. También vi a César Cansino del CEPCOM, Jaime Rivera Velázquez de la UMSNH en Morelia, Paco Valerio de la zacatecana UAZ, y a compañeros consejeros locales del IFE como el poblano Alfredo Figueroa, exlíder de Alianza Cívica. Mención aparte merece el inquieto guanajuatense, hoy avecindado en Zapopan, don Esteban Garaiz, exvocal ejecutivo de Jalisco que recién renunció al IFE en protesta por la situación del instituto. Hubo algunos consejeros de los institutos estatales, como Rosa del Carmen Alvarez, consejera del IEEJ jaliciense -a quien le agradezco sus atenciones recientes en Guadalajara. Incluso nuestro vocal ejecutivo en Guanajuato, el maestro Antonio Manjarrez Valle, participó en el proceso -creo que fue el único vocal del IFE que se animó a hacerlo. Me perdí su comparecencia: espero que le haya ido bien.
Sólo son tres las posiciones en concurso, y con sinceridad creo que los candidatos fuertes ya estaban señalados de antemano por parte del liderazgo del Congreso. Por eso yo no presenté mi candidatura, en contraste a mis apreciados colegas, la mayoría miembros de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE). Sin embargo es de reconocer el esfuerzo que se está desplegando, que sin duda redundará en una legitimación sin precedentes de los consejeros resultantes. Con esto ganará mucho el IFE y permitirá reconstruir su decaída imagen pública.
Por otra parte hay que destacar la reforma al COFIPE que acaba de aprobar el Senado. Las reformas constitucionales recién decretadas son rescatadas y reglamentadas en esta nueva edición del código electoral. Se determina un recorte sustancial a los tiempos y gastos de las campañas, a la mitad incluso, lo que sin duda es agradecible. También se reglamentan las relaciones con los medios de comunicación masivos, lo que está ocasionando un nuevo enfrentamiento de los titulares de esos medios con el Estado, bajo el pretexto de “defender” la libertad de expresión --en realidad lo que está detrás es la defensa de los intereses políticos y económicos de esos concesionarios. El 60% del gasto de las campañas era embolsado por esos pícaros, lo que explica sus reacciones actuales. Los ciudadanos estábamos subsidiando la riqueza creciente de esos magnates: 3,500 millones de pesos dejarán de entrar a sus bolsillos en los próximos dos procesos electorales federales. También se combaten las tácticas “sucias” en las campañas, y se prohíbe la promoción personal de los gobernantes -en Guanajuato seguimos saturados de imágenes del gobernador- y la promoción de la obra pública en periodo electoral. Se eliminan los secretos bancario, fiduciario y fiscal de los partidos políticos. Se crea la contraloría del IFE, independiente de su Consejo General -para que no se repita aquel suceso desafortunado cuando un contralor quiso sancionar a un consejero general, y que por ello perdió su empleo-. Se reglamentan las precampañas y sus recursos, y algo necesarísimo: se establece que todas las elecciones estatales, municipales y delegacionales se realicen en la misma fecha, para evitar el cansancio electoral del ciudadano. Ojalá pronto veamos rescatadas estas iniciativas en el ámbito estatal, pues urge una actualización y modernización del código local, tan caduco. Soñando, me encantaría ver la renovación de los consejeros estatales mediante mecanismos de consulta y selección como los que estamos testimoniando en el Congreso de la Unión.