viernes, 29 de febrero de 2008

Reforma política ahora

El lunes pasado abandoné mi intención de ser considerado como candidato autopropuesto para cubrir la vacante de la consejería ciudadana del Instituto Electoral del Estado. Fue imposible penetrar la concha dentro de la que se envuelven los legisladores cuando éstos se perciben como los dueños del balón, y por lo tanto los únicos que pueden invitar a ciudadanos “a modo” que puedan ser considerados para cubrir posiciones tan políticamente sensibles.
Los detentadores del poder suelen olvidar la futilidad de su circunstancia. Es fácil asumir que el goce de capacidades socialmente habilitadas es un acompañante permanente y natural de cualquier cargo de gobierno o representación. En realidad no es así. Los diputados, por ejemplo, deberían asumirse como receptores atentos de las demandas y los sentires de sus representados, pero nuestro actual sistema de representación política privilegia la lealtad partidista más que la lealtad a los ciudadanos. No existe la percepción de “responsibidad” (accountability) del legislador hacia los electores que lo colocaron en esa posición de representación política, sino que dirige sus lealtades hacia el líder partidista, el dirigente de camarilla o el gobernante en vigor, que le abrieron las puertas –y las bolsas- del poder político. Y esto es aún más patético en el caso de los diputados plurinominales, que ni siquiera reconocen un espacio propio de representatividad social. Es por eso que el ejercicio de comunicación de los ciudadanos hacia sus representantes suele caer en oídos sordos. ¿Cuántos de nosotros nos comunicamos regularmente con nuestro representante en el Congreso, para hacerle saber nuestra opinión acerca de asuntos de interés público? Incluso, ¿cuántos de nosotros conocemos el nombre de nuestro representante?
Estoy convencido de que somos miles los ciudadanos guanajuatenses interesados en mejorar nuestro sistema de gobierno y representación. Somos ciudadanos activos e informados, conscientes de nuestra capacidad de opinar e influir. Ya estamos comenzando a organizarnos. Vamos a impulsar una reforma electoral que vaya al fondo de muchos asuntos pendientes en nuestra caduca legislación. Para ello será difícil contar con el apoyo de muchos legisladores, que perciben que el actual status quo es benéfico y conveniente para su partido político. Podrá ser cómodo y adecuado para ellos y su partido, pero no para la sociedad y para la democracia auténtica. Desgraciadamente las hegemonías políticas, como la que vivimos con el PRI hasta 1991, y la que hoy vivimos con el PAN desde ese año, convierten a los partidos más “revolucionarios” o más comprometidos con el “bien común” en partidos conservadores, que no desean provocar cambios que puedan resultar en un eventual incremento de las capacidades ciudadanas para cuestionarlos. Habrá que recordarle al PAN su original compromiso con la democracia representativa, aquella que movió a Madero; también habrá que hacerle ver al PRI que su supervivencia depende de su capacidad de retomar banderas progresistas, como las de Colosio; habrá que ayudarle al PRD a recuperar el compromiso democrático cardenista con el que nació en 1989, el año posterior al gran fraude. Habrá que convocar a los partidos emergentes a hacer causa común con la sociedad, y recuperar para Guanajuato el liderazgo que algún día tuvo dentro de la trasformación democrática nacional.
No me parece pequeño el reto: más bien es formidable. Pero con el apoyo de los medios de comunicación, como éste que me acoge, podremos formar una creciente corriente de opinión que obligue a los legisladores a asumir un compromiso de más aliento hacia la reforma electoral y política en nuestra entidad, y que la molicie no los mantenga en la absurda posición de hacer los ajustes mínimos que demandan los cambios en la Constitución General de la República y en el Cofipe. Tenemos poco tiempo, siete meses, pero sí es posible apurarse para llevar a efecto esa reforma de largo aliento. Varios abogados y politólogos del Instituto Guanajuatense de Estudios y Ciencias Políticas, que preside Juan Miguel Alcántara, ya están comenzando la tarea de analizar los puntos de la agenda de la reforma. Existen el conocimiento y las ganas: sólo falta que los legisladores quieran hacerse cargo de su responsabilidad y que convoquen a una consulta social que permita definir los grandes capítulos de la reforma por venir. Hay que hacerlo juntos.

viernes, 22 de febrero de 2008

Consejería sin color

He hecho público mi interés en ser considerado por las señoras y señores diputados locales de nuestro estado para ocupar la posición vacante del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) que implicó la salida del licenciado Roberto Hernández el mes pasado. Quiero refrendar aquí este interés, e intentar algunas explicaciones a los amables lectores de este diario de campo sobre mis motivaciones personales para hacerlo.
La figura del “consejero ciudadano” se creó a nivel federal y estatal en 1994, como una estrategia para reintegrarle a los procesos comiciales la legitimidad perdida en las elecciones federales de 1988 y en las estatales de 1991. Se concibió por parte de los partidos y los gobiernos que la inclusión de esta modalidad de representación “ciudadana” en las tareas de vigilancia y gobierno de las elecciones permitiría avanzar hacia los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, en el caso de la función federal, y los adicionales de equidad, definitividad y profesionalismo en el ámbito local. Guanajuato arrancó con un código electoral de avanzada que dio origen al actual IEEG. Este instituto ha organizado cinco procesos comiciales –seis si agregamos el extraordinario de Coroneo en el 2000. En cuatro de ellos el IEEG se ha coordinado con el IFE para constituir casillas únicas, aprovechando la concurrencia electoral absoluta que rige en nuestra entidad desde 1997. Sólo en el 2006 se optó, por razones que no me quedan claras, trabajar de forma paralela y demandar al ciudadano votar en dos casillas.
La legislación electoral estatal se ha actualizado mediante las reformas de 1999 y 2002, pero las modificaciones han incidido particularmente sobre los mecanismos de rendición de cuentas y fiscalización a los partidos, lo que sin duda es muy necesario, pero se han dejado de lado múltiples anacronías del código que hoy lo hacen uno de los más restrictivos del país. Sobre este punto recomiendo al lector buscar en las bibliotecas del IFE y de la UG el libro que publiqué con Todd Eisenstadt: Democracia observada: las instituciones electorales locales en Mexico. Ya se evidenciaba en 2002 nuestro rezago respecto a legislaciones locales como la del DF, Jalisco, Nuevo León y Estado de México.
Me referiré solamente a la figura del consejero ciudadano. Sobre las limitaciones de nuestra legislación tengo un análisis más exhaustivo que saldrá publicado en un libro coordinado por Jacqueline Peschard sobre federalismo electoral. Puedo enviar copia a quien lo demande. El principal problema que veo en la actual figura, que no ha variado un ápice desde 1994, es la exagerada restricción dictada para seleccionar a los consejeros: la fracción III del artículo 57 dicta que los consejeros “no [deben] tener antecedentes de militancia partidaria activa y pública” –por cierto no puedo concebir una militancia pasiva y secreta-. Y en 2002 se afinó esta restricción, hasta dejar fuera a todos los que tienen conocimiento y experiencia en la materia político-electoral. Sólo los políticamente vírgenes –y ajenos a la materia- pueden aspirar a esa dignidad. Además, el sistema de cuotas partidistas ha lastimado mucho la autoridad moral de la institución: dos de los consejeros titulares y los dos supernumerarios son propuestos por el gobernador –anacronismo injustificado-, dos más por la mayoría parlamentaria y uno, sólo uno, por el resto de las bancadas opositoras. Urge cambiar este mecanismo, para integrar la figura profesionalizada del consejero electoral, de tiempo completo, a quien se le pueden establecer responsabilidades de servidor público. El IFE, el IEDF y otras entidades ya cuentan con esta figura, que aunque sigue dando material para la polémica, al menos los consejeros pueden zafarse mejor de las veleidades partidistas –sin que podamos negar las “vendettas” ad post que se tejieron contra las dos generaciones previas de consejeros del IFE.
Me presento a la consideración de las bancadas del Congreso del Estado. Ofrezco experiencia en el ámbito de la supervisión de elecciones, gracias a mis tres participaciones como consejero local del IFE en 2000, 2003 y 2006. Pero sobre todo presento mi experticia académica en el análisis político regional y de seguimiento estadístico electoral. Convoco a los lectores a visitar mi página web personal en la sección de publicaciones. También ahí se puede consultar mi currículo vital completo, que permite darse una idea de mis capacidades. Creo firmemente en la transparencia y la practico en mi vida profesional. En esta coyuntura, estoy convencido de que el arribo de un consejero estatal que pueda aglutinar los consensos partidistas sobre sus potencialidades, sin obedecer al sistema de cuotas, ayudaría mucho para devolverle al instituto su pluralidad y prestigio como garante de la equidad y el profesionalismo, que son dos valores particulares a nuestra legislación. Y si no es así, prefiero disculparme antes de caer en lo que yo critico.

viernes, 15 de febrero de 2008

La reforma orgánica de la UG

Luego de que entró en vigor la nueva Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato el 15 de octubre pasado, comenzó a correr la cuenta regresiva que marca la culminación de la reforma orgánica y normativa de esa institución. 14 meses fue el término establecido. Quiere decir que el 15 de diciembre próximo el proceso deberá estar finiquitado. No es mucho tiempo para una organización con más de 63 años de inercia en el viejo sistema.
Estamos en medio de la discusión del nuevo estatuto orgánico, inédito para una universidad cuya organización interna se determinaba desde su Ley Orgánica, es decir desde los poderes ejecutivo y legislativo. La nueva ley tuvo la enorme bondad de ser menos prescriptiva que las anteriores, y dejó en manos de los órganos internos la definición de la estructuración institucional. Esto también representa un enorme reto para poder construir consensos internos –que no unanimidades-, que permitan definir un proyecto propio y compartido que rija el desarrollo futuro de la casa de estudios. Las dificultades propias del proceso se transparentan en los debates públicos y privados que sostienen los universitarios: que si es un modelo autoritario, que si es incluyente, que si es viable, que si es caro, que si es burocrático…
Yo manifiesto mi opinión de que es un buen modelo el que se está construyendo en mi universidad. No es el mejor, pues ese no existe. Es, en cambio, muy adecuado para nuestra actual circunstancia, pues tenemos varias urgencias qué atender: necesitamos crecer, pero bien más que rápido; necesitamos mejorar, pero tener claro en qué ámbitos y con qué recursos; necesitamos ser socialmente pertinentes, pero con claridad en las estrategias para apoyar el desarrollo social; necesitamos preservar lo bueno y desechar lo pernicioso, pero también saber cuál es cuál. En fin, que necesitamos renovarnos profundamente y culminar el paso hacia la universidad regionalizada y flexible del siglo XXI.
Con esa visión, creo que será fácil ponernos de acuerdo en las estrategias. El esquema de los campii, las divisiones y los departamentos ayudará enormemente a concretar los ejes transversales que hoy no existen; la complementariedad e interdisciplinariedad que sólo vemos hoy en el papel, y la cercanía a las realidades regionales, que demanda a gritos nuestra sociedad.
Las críticas más fundadas del nuevo modelo apuntan hacia la aparente complejización y crecimiento de los mandos medios y superiores de la institución. Yo creo lo contrario, pues la universidad del viejo modelo funcionaba como una pirámide de base anchísima, donde existían pocos escalones o autoridades intermedias. Por ejemplo, los directores de las casi 50 unidades académicas debían acordar directamente con el Rector asuntos de mínima trascendencia. Eso se debía a la enorme concentración de la capacidad de decisión en la figura rectoral. Cuando me tocó ser director de unidad, debí tratar con los rectores en turno asuntos realmente banales, pero que debían ser autorizados por el regente supremo. Esto ya no sucederá así: los rectores de campus, los directores de división y sus respectivos consejos serán autoridades intermedias que permitirán una mayor agilidad en la toma de decisiones. Los directores de departamento y los profesores no necesitarán solicitar audiencias con meses de anticipación para ser atendidos por un gran y único taumaturgo. La autoridad se descentraliza. Lo mismo sucederá con lo académico, pues los programas serán aprobados y supervisados por instancias intermedias, no por el gran consejo de la tribu.
Pero ninguna reforma puede ser perfecta. Hay puntos que considero se deben atender. Uno de ellos es el proceso de selección de las autoridades. Se está dejando prácticamente el mismo procedimiento anterior, y me parece un error. Si se optó por la figura de una Junta Directiva, debería respetarse íntegramente su facultad de selección –no de elección- de las autoridades unipersonales. En el proyecto de estatuto se deja abierta la posibilidad de que los consejos presenten solamente un candidato ante la Junta –artículos 74 a 77-, con lo cual se conculca en los hechos la función de este órgano. Se propicia así una dinámica de “elección” dentro de los consejos, más que de “selección” en la Junta, y vuelvo a insistir: en el ámbito universitario se debe juzgar a los aspirantes partir de las bondades de su perfil y proyecto, y no por la popularidad o los compromisos que se establezcan en órganos masivos.
Otra crítica: aunque la reforma busca fomentar la movilidad de los profesores, en la ley y el estatuto aún no se determinan los mecanismos concretos con que se garantizará esta posibilidad. La nueva norma eterniza los compartimentos estancos, y no veo por dónde se dará la permeabilidad departamental. Bueno, al tiempo.

viernes, 8 de febrero de 2008

Leonardo Valdés Zurita


Luego de más de un mes y medio de haber vencido el plazo para el nombramiento de nuevos consejeros generales del IFE, entre ellos su propio presidente, el día de ayer la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados presentó a la consideración del pleno una lista encabezada por el doctor Leonardo Valdés Zurita, profesor de la Universidad de Guanajuato. Fue electo presidente consejero con 398 votos a favor; casi 80% de los diputados.
Leonardo ha sido designado así como máximo responsable de las elecciones federales en el país. Me alegra mucho que su candidatura haya concitando evidentes consensos entre las principales fuerzas políticas del país, aunque sin unanimidades, siempre sospechosas. No me extraña: merece la nominación. Desde que lo conocí, allá por 1994, lo he considerado una persona extraordinaria, con gran capacidad intelectual y académica, aderezada con una calidad humana que le ayuda a cultivar fácilmente amistades y empatías.
Deseo compartir un poco de la información que poseo sobre nuestro colega y paisano: el economista y doctor en sociología Leonardo Valdés es desde hace poco más de tres años profesor de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato, y también vecino muy activo de la ciudad de León. Es profesor e investigador en la Facultad de Derecho, dentro de su programa de Administración Pública. Es investigador nacional desde hace más de doce años. También forma parte de la directiva del Instituto Guanajuatense de Estudios y Ciencias Políticas (IGECIP), que preside Juan Miguel Alcántara. Es decir, que tendremos a un universitario guanajuatense conduciendo los próximos dos procesos electorales federales de 2009 y 2012 –su periodo concluirá el 30 de octubre de 2013-, o incluso los del 2015 y 2018 si fuese reelecto -como prevé el artículo 110 del Cofipe. Tiene 54 años: sí los aguanta.
Leonardo es un profesor con gran prestigio en el campo del análisis político electoral. Hizo su doctorado en El Colegio de México allá por los años ochenta. Fue profesor titular de la UAM por más de dos décadas, hasta que pudimos seducirlo con los atractivos de la provincia guanajuatense. Tiene antecedentes en la política activa, que él nunca niega; se precia de haber sido miembro fundador del mítico PMT a principios de los ochenta. Fue representante de ese partido ante la Comisión Federal Electoral, en el turbulento proceso federal de 1988. Militó entonces en la izquierda histórica, en esa que todavía podía presumir de coherencia ideológica y honestidad intelectual. En la siguiente década dejó de tener actividad partidista y se dedicó a plenitud a la academia. Dirigió varios años el Departamento de Sociología de la UAM-Iztapalapa, donde fundó el Centro de Estadística y Documentación Electoral (CEDE), que todavía hoy es el acervo de información electoral más importante del país.
Lo comencé a tratar en ese plano académico, cuando él lideraba el Grupo Especializado en Estudios Electorales del COMECSO (Consejo Mexicano de Ciencias Sociales). De ese grupo nacería en 1998 la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C. (SOMEE), en cuyo núcleo inicial participamos ambos. Leonardo presidió la SOMEE entre 1999 y 2003, y realizó un extraordinario papel consolidando a la asociación y dejándola con múltiples actividades regulares e ingresos seguros. Al mismo tiempo fue Consejero General del Instituto Electoral del Distrito Federal, donde tuvo una participación destacada, con iniciativas reconocidas como la del voto electrónico; renunció en 2005 para poder integrarse a la UG.
Leonardo no es un extraño para el IFE. Durante la pasada generación de consejeros generales (1996-2003) fue consejero suplente. Y entre 1996 y 1997 fue Director Ejecutivo de Organización Electoral. Le tocó organizar las elecciones federales de 1997. Los trabajadores del servicio profesional del instituto lo conocen bien, y en general le tienen mucho aprecio. Me consta.
Añadiré que el nuevo presidente del IFE echó raíces muy rápidamente en nuestra sociedad local. No se limitó a sus actividades académicas. Se comprometió con el desarrollo de la calidad en el área de los servicios culinarios, y junto con su esposa Beatriz Calderón invirtió todos sus ahorros en la apertura de una academia de gastronomía, Agatha, que ha contribuido a formar expertos culinarios y sommeliers en León y la región. Él es un experto catador de vinos finos, en congruencia con su gran cultura humanística.

Sin dudas, me atrevo a augurarle un buen destino al IFE. Los tres nuevos consejeros generales son especialistas de gran reconocimiento en la materia electoral. Por supuesto mi mayor esperanza la baso en Leonardo, mi amigo y colega. Me alegra también por nuestra universidad, pues nuestro Rector avaló su candidatura desde un principio. Enhorabuena.