viernes, 25 de julio de 2008

Las reformas inevitables

La reforma electoral estatal aparenta sufrir un nuevo retraso, ahora provocado por una estrategia de dar largas a su aprobación a nivel de los ayuntamientos. Esto es de lamentarse, porque hay que ponderar que fue un logro no menor de la sociedad civil el que se haya podido sensibilizar al Congreso del Estado, y en particular a su mayoría parlamentaria, sobre la necesidad de recuperar en algo el liderazgo político perdido por nuestra entidad en materia de confiabilidad en sus procesos y autoridades electorales. La iniciativa consensuada y aprobada el 29 de mayo pasado recuperó algunas de las propuestas que emitimos varios ciudadanos, integrantes algunos del Instituto Guanajuatense de Estudios y Ciencias Políticas (IGECIP). No se atendieron todas las propuestas, evidentemente, pero fue un importante paso en la dirección correcta.

No me cabe duda de que en el golpe de timón oficial con relación a la participación del Ejecutivo en la nominación de consejeros y magistrados electorales, tuvo mucha influencia la charla que nos compartió el maestro José Woldenberg el 13 de mayo pasado, donde, a respuesta de un cuestionamiento del público y la prensa, emitió la opinión de que dicha injerencia no era positiva en un momento donde el resto del país la ha superado. Fue significativo que a los pocos días el gobernador manifestara públicamente su acuerdo en que el Legislativo incluyese este punto en su iniciativa de reforma. Los proponentes ciudadanos nos sentimos de plácemes, aunque lamentando que sólo se haya considerado uno de los puntos de nuestra batería de propuestas discutidas ante la comisión electoral.

Este avance parcial es significativo porque debe entenderse que la reforma electoral es un proceso permanente; nunca un expediente cerrado. Es incorrecto plantear que ciertas reformas pueden considerarse "definitivas", como sucedió en 1996 con las trascendentales modificaciones al Cofipe. Siempre habrá algo que es conveniente modificar, pues las condiciones de la competencia y las expectativas sociales cambian aceleradamente en un país cuya transición política parece no tener fin. Hay que armarse de paciencia, y seguir manifestando ante los legisladores la exigencia ciudadana del perfeccionamiento del marco normativo, siempre por encima de los intereses partidistas. En el ámbito federal, estamos atestiguando un cambio trascendental: el de la prohibición de las campañas en los principales medios electrónicos de comunicación –radio y TV—financiadas con dineros públicos o privados. Así se separan del proceso los intereses de los poderes fácticos, y posiblemente se aliente una auténtica comunicación política que haga posible el debate y la información objetiva sobre candidatos, plataformas y proyectos de gobierno o de representación. Esta modalidad se aplica ya en Brasil, Chile, España, Francia, Gran Bretaña, Australia y Canadá.

En ese sentido debemos prepararnos en lo local a enfrentar en conjunto con el IFE los retos tecnológicos y de fiscalización que implican estas nuevas reglas.

Hace dos contribuciones narré mis impresiones sobre el primer foro de diálogo y colaboración entre autoridades electorales a que convocó el IFE los días 7 y 8 pasados. En su intervención como panelista, Leonardo Valdés nos informó que en el proceso electoral federal de 2006 los partidos políticos se gastaron casi dos millones de pesos en contratar publicidad en radio y televisión. Y ese es el dato oficial reportado por los partidos. El dato real sólo podemos adivinarlo --¿será el doble, el triple?--. Esa cifra escandalosa correspondió a casi la mitad (47.6%) del financiamiento público que recibieron. ¿Cuántas escuelas, carreteras u hospitales podríamos construir con esa millonada?

La reforma obliga ahora a que los partidos ejerzan su propaganda en los tiempos oficiales de los medios. El IFE será la única autoridad competente para administrarlos, incluso por sobre los órganos electorales locales, ya que las telecomunicaciones son materia federal. Nos explicó Leonardo: "Desde el inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, quedan a disposición del IFE 48 minutos diarios, que son distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión, en cada estación de radio y televisión. En las precampañas los partidos políticos disponen en conjunto de un minuto por cada hora de transmisión. En las campañas electorales los partidos pueden disponer del 85 por ciento de los 48 minutos referidos anteriormente. Fuera de precampañas y campañas electorales, el IFE dispone del 12 por ciento del tiempo del estado, del cual el 50 por ciento corresponde a los partidos políticos y 50 por ciento a las autoridades electorales. Y aquí hay que enfatizarlo, no sólo al IFE sino también a los institutos estatales electorales y a otras autoridades electorales como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Para el caso de las entidades federativas, el IFE administra los tiempos que corresponden al estado en radio y televisión, en las estaciones y canales con cobertura en la entidad respectiva. […] De este modo los tiempos de acceso a radio y televisión son los siguientes: para elecciones federales, durante las precampañas, existen 18 minutos para los partidos políticos y 30 minutos para las autoridades electorales. Durante las campañas hay 41 minutos para los partidos políticos y siete minutos para las autoridades electorales. Durante las elecciones locales, cuando éstas son coincidentes, en campañas locales tenemos 15 minutos para partidos políticos y este tiempo forma parte de los 41 minutos reservados, para los partidos políticos en las campañas federales."

El esquema será acompañado de un sofisticado sistema nacional de monitoreo, que se estrenará apenas en esta ocasión, en el que se invirtieron más de 800 millones de pesos. Este monto nos hizo dudar a muchos sobre los pretendidos ahorros. Pero es una inversión necesaria para darle viabilidad a la reforma, y el gasto fuerte es el inicial; en las elecciones subsecuentes se solventará este recurso de fiscalización.

viernes, 18 de julio de 2008

La elección federal del 2006: nuevo acercamiento

Escribo estas líneas desde Xalapa, Veracruz, a donde he acudido a participar en la presentación del libro colectivo "Las elecciones federales en México 2006, estudios de caso"; texto que presenta una perspectiva comparada desde ocho entidades del país. Nos convocó el Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Veracruzana, por medio del doctor Manuel Reyna Muñoz, investigador reconocido que aportó el capítulo sobre este hermoso estado del oriente nacional. El volumen fue publicado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por medio de su Centro de Investigaciones sobre Opinión Pública, y fue coordinado por Enrique Agüera y René Valdiviezo, investigadores de esa universidad. El libro anuncia desde la portada que su contenido aborda las elecciones federales, pero mediante el estudio a profundidad de ocho casos: dos estados norteños --Baja California y Coahuila--, tres entidades del centro --Distrito Federal, Guanajuato y Querétaro-- y tres del sur y oriente del país --Puebla, Oaxaca y Veracruz--. Doce investigadores reconocidos se distribuyeron el abordaje de estos estudios de caso y con acercamientos más o menos uniformes, pero siempre adaptándose a las particularidades de cada estado, expusimos la peculiar dinámica que adoptaron tanto el proceso como los agentes involucrados en la competencia electoral. En la cuarta de forros los coordinadores afirman que: "La elección federal del 2006 cambió a México. Fuimos testigos de la elección para titular del ejecutivo más competida de la historia del país (…) Pero la imagen de las campañas y elecciones cambia cuando incursionamos en las regiones y las entidades. El reflejo, por así llamarlo, de la contienda nacional es distinto de lugar a lugar y los efectos y conflictos son diferentes." Esa diversidad regional es lo que hizo tan interesante a ese proceso comicial. Los que tenemos más de 40 años de edad, y que vivimos nuestra juventud bajo la vieja hegemonía monopartidista, nunca nos imaginaríamos que un día nuestro país viviera un grado de competencia tan agudo entre la izquierda y la derecha, que para colmo desplazaría al viejo partido de estado a un tercer lugar inopinado. Un país polarizado, pero con regiones claramente definidas en sus preferencias: el norte en el bipartidismo PAN-PRI, el centro abajeño en poder del PAN, y el DF y el sur bajo la égida del PRD o del PRI.

Por supuesto, a mí me tocó investigar y redactar sobre Guanajuato. Pero sin duda fue un esfuerzo dificultoso, ya que la dinámica federal no podía ser ajena a los procesos electorales locales, que también impusieron su agenda particular sobre los debates políticos del momento. La polarización del discurso contaminaba el ambiente, y volvió muy difícil conservar la necesaria cabeza fría que ordena la objetividad académica. Como nunca, la guerra sucia tanto de unos como de otros terminó perjudicando incluso al árbitro de la contienda, el IFE, a quien muchos juzgaron remiso e incluso omiso, mientras que otros le demandaban su exceso de celo. Nadie podría salir bien librado del batidero de denuestos, y las consecuencias se siguen padeciendo: hoy día el Instituto Electoral goza de un enorme prestigio internacional, pero en contraste ha visto mermada su credibilidad interna ante un sector importante de la sociedad.

Pero en cada estado las elecciones pasadas se evidenciaron como bien diferentes, como se demuestra en nuestro libro. Es impresionante cómo los discursos y agendas políticas locales han logrado incrementar su peso ante la tradicional hegemonía centralista de las élites políticas nacionales. Si bien la campaña presidencial continuó acaparando reflectores, la misma debió compartir más cartel con intensas campañas locales en diez entidades que registraron elecciones concurrentes. Prueba de este nuevo ascendiente de lo local fue la clara evidencia de un voto diferenciado en entidades muy politizadas, como Baja California, Coahuila, Veracruz y Puebla. Se dividió el voto presidencial, del de sus compañeros candidatos locales.

Hubo factores adicionales que debimos considerar: los efectos de la redistritación federal y sus equivalentes locales, el voto desde el exterior --en la jurisdicción de Guanajuato apenas votaron dos mil paisanos desde el extranjero, aunque posiblemente existen 600 ó 700 mil trabajadores abajeños que bien pudieron haber sufragado de así desearlo--, el incremento de la abstención en algunas entidades, la inédita y exitosa estrategia de un nuevo partido para convencer a los electores de dividir sus votos y asignarle al proponente "uno de tres", la emergencia de actores políticos de enorme influencia regional como la APPO oaxaqueña, y finalmente las estrategias diferenciadas de resistencia postelectoral y descalificación de los resultados y del propio instituto.

La presentación del libro causó gran expectativa e interés entre la comunidad política y académica veracruzanas. Sólo asistimos tres coautores, pero nos presentamos ante un auditorio nutrido y cuestionador. La Universidad Veracruzana goza de un gran prestigio como generadora de pensamiento crítico, particularmente en el ámbito de la ciencia política, y quedó evidenciado en la calidad del diálogo que pudimos emprender. Me entusiasma testimoniar el crecimiento de nuestra disciplina en las entidades y sus universidades públicas en los últimos tres o cuatro lustros. Podemos ya emprender análisis político-electorales de índole regional y de buena calidad, sin necesidad de acudir al liderazgo de nuestros colegas y maestros capitalinos, como ocurría en los años ochenta.

A los interesados en consultar al menos parte de este libro --mi capítulo-- les recomiendo bajarlo de www.luis.rionda.com.mx/publica/Cap_libro/2007_Rionda_EleccFedGto.pdf

viernes, 11 de julio de 2008

Del IFE de Leonardo

El Instituto Federal Electoral convocó a todos los consejeros electorales de sus consejos locales, a los consejeros de los institutos estatales y a los magistrados y funcionarios de los tribunales electorales del país, a un foro nacional para debatir sobre la naturaleza y alcances de la reforma electoral mexicana, en una perspectiva comparada. La sesión se realizó el lunes y martes pasado, en la sede del IFE en la ciudad de México. Alrededor de 250 actores de la mecánica electoral nacional asistimos a este, que se anuncia como el primer foro de diálogo y colaboración entre autoridades electorales. Algo inédito, pues hasta ahora no se habían propiciado eventos regulares de convección entre los responsables de las elecciones federales y estatales.

Leonardo Valdés, nuestro paisano y colega en la Universidad de Guanajuato, quiere inaugurar una nueva época de relación franca entre las autoridades electorales federales y locales. Para ello ideó estos foros que se anuncian regulares. Nada mal, según yo. Y lo digo porque el primer encuentro fue muy intenso y satisfactorio. Nos regalaron la presentación de tres espléndidos especialistas internacionales en asuntos electorales: primero, la del presidente de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), el canadiense Jean-Pierre Kingsley, quien hasta el año pasado se desempeñó durante 17 años como director general de Elections Canada. Este señorón nos expuso sus experiencias internacionales acerca de la institucionalización del control electoral, y con ejemplos concretos ubicó a México como ejemplo mundial de organización efectiva de procesos comiciales confiables. Luego de exponernos cifras y datos de organismos del África, Asia y Sudamérica, nos espetó: "ustedes no tienen idea del papel que está cumpliendo México en el ámbito de los países en desarrollo como evidencia de que la democracia funciona cuando existen condiciones para que florezcan relaciones horizontales y propicias para el entendimiento. La democracia es ese método que sirve no sólo para renovar autoridades, sino para garantizar la armonía social". Y en efecto, los asistentes congeniamos con el dicho, y la amabilidad y buen sentido del expositor. Es indudable que para permitir el desarrollo es menester contar con esquemas y autoridades confiables en el ámbito de las elecciones. La realidad es que en México hemos permitido que impere la sinrazón partidista sobre la racionalidad democrática. Pero este es el costo del crecimiento.

Luego escuchamos la intervención de Marc Mayrand, hoy día director general de Elecciones Canadá. Nos explicó de una forma agradeciblemente accesible, cómo una sociedad pluricultural, federal y extensa geográficamente, puede garantizarle a sus ciudadanos su derecho a sufragar. Catorce jurisdicciones federales han podido ponerse de acuerdo para celebrar elecciones en la misma fecha, y así ahorrarle al elector el absurdo de presentarse a elegir autoridades e iniciativas legislativas un día sí y otro también. Fue una exposición de gran interés, pero desaprovechada porque no se repartieron papeletas a tiempo, y el expositor se fue sin ser cuestionado. Puso el acento sobre la necesidad de profesionalización del personal electoral, particularmente de los encargados de las mesas de casilla, lo cual es enormemente pertinente en México.

Pero la conferencia magistral más interesante fue la del consultor internacional en materia electoral del uruguayo Juan Rial, que nos explicó de una manera jocosa y llana cómo los medios de comunicación se han apoderado del discurso político en el mundo. Estos medios tienen un ascendiente social que los ubica cercanos a las iglesias y religiones, siempre con intereses muy próximos a los que los partidos políticos prohijan. Los medios en México y el mundo se han apoderado del discurso político y de los actores de ese entorno. No pueden vivir unos sin los otros. Por ello el sistema electoral debe defenderse de los intereses creados, para no sucumbir ante el poder del dinero. Y son muchos los países que han optado por la defensa ante los poderes fácticos. México se ha unido a Brasil y a Chile entre los países que han dejado fuera a los medios electrónicos del reparto del gran pastel de los centavos electorales. Qué bueno, digo yo.

Los consejeros locales y demás concurrentes a la reunión debatimos con los consejeros generales (los que sí aparecieron a la sesión) sobre las maneras como se aplicará la reforma electoral en nuestras entidades. Comparamos cómo se ha adecuado en las legislaciones locales los imperativos federales. Guanajuato, como siempre, muy a la zaga de los estados hermanos. Ni siquiera tuvimos la compañía de los consejeros estatales del IEEG, quienes no parecen tener mayor interés en los asuntos de la reforma que los involucra. Eso a pesar del excelente estipendio mensual que reciben de forma adicional a sus sueldos habituales. El IEEG parece indiferente a lo que sucede en el ámbito nacional, y lo confirma con su actitud despectiva ante estas convocatorias del IFE. Es una desgracia si recordamos que Guanajuato se ubica en el caboose de la transición política nacional. Pero es entendible cuando vemos que tanto consejeros como personal directivo del IEEG son ignorantes e indiferentes de las iniciativas que generan las principales instancias electorales del país por temor a que nuestro gobierno estatal se sienta amenazado. Ni modo: son las consecuencias de la hegemonía monopartidista que nos aqueja.

viernes, 4 de julio de 2008

La competencia, II

Un problema serio que atraviesa la educación superior en nuestro país es su relativamente poca pertinencia y vinculación con las necesidades reales no sólo del aparato productivo, sino también del desarrollo social, cultural y humano de las colectividades a las que sirve. Esto responde a que durante décadas la educación “clímax” se identificaba con las profesiones liberales que se gestaron desde tiempos coloniales: el abogado o escribano que conocía de leyes; el médico, partero y farmacéutico que sabía de curas y remedios a los males físicos; el ingeniero y maestro de obras que sabía construir puentes sin que se le cayeran; el profesor que enseñaba el abecedario y las primeras cuentas a párvulos afortunados; el sacerdote y cura de almas que conocía los latines y las santas enseñanzas. Y san se acabó. No había más porque más no se requería; la sociedad antigua demandaba pocos especialistas en sofisticaciones académicas. Lo más se requería era la formación de artesanos y maestros oficiantes, para los cuales existían los gremios y un sistema de instrucción informal en artes y oficios avalado por la tradición y la costumbre. El resto de los mortales eran campesinos, aristócratas o militares.
La sociedad que surgió de la revolución industrial trastocó todo esto. De pronto las profesiones liberales y la especialización del conocimiento detonaron una oferta creciente de expertos con habilidades de creciente sofisticación. Surgieron así los médicos especialistas que desplazaron a los curanderos; los dentistas que sustituyeron a los barberos; los arquitectos que suplantaron al maistro de obra constructor de catedrales; los ingenieros en un sinfín de tecnologías emergentes; los sociólogos que desbancaron a los sofistas diletantes; los psicólogos que compitieron con los curas y sus confesionarios; los químicos que desplazaron a los alquimistas y su flogisto; en fin, una legión de nuevos profesionales que arrastraron a las universidades a nuevos derroteros de desarrollo, ya que la especialización requiere de instrumentales pedagógicos mucho más demandantes que los acostumbrados por la escolástica, que sólo demandaba memorización y bibliotecas. Nació así la universidad moderna, hiperespecializada, formadora de “recursos humanos” –término espantoso popularizado por la economía liberal— para surtir al aparato productivo de la maquinaria industrial y comercial.
Así fue durante más de cien años. Pero con el surgimiento de la nueva sociedad de la información y la comunicación a partir de la revolución cibernética de los años ochenta, el nuevo modelo postindustrial planteó nuevos requerimientos a la educación superior: ahora se trataba no solamente de formar los consabidos recursos, el capital humano, sino también de proveerlos con nuevas habilidades que les hicieran competentes en entornos crecientemente virtuales, basados más en la circulación de elementos simbólicos –como lo son las acciones de una empresa, los flujos de capitales virtuales, los mercados de futuros, etcétera— que se sostienen en un elemento intangible, que Francis Fukuyama identificó como “la confianza” –Trust— que hoy día sostiene y valida las transacciones que sólo existen en nuestro imaginario colectivo. Hoy día, el capital ya no se expresa en activos fijos, o en recursos monetarios, o en flujo de bienes, sino en intangibles con enorme valor agregado cultural: el conocimiento. Ante ello, y como nunca antes en la historia humana, las universidades son las nuevas fábricas de los bienes más valiosos del momento: los expertos poseedores del savoir-faire. El capital humano, base del desarrollo de la sociedad del conocimiento.
La competencia en que estamos involucrados los 12 aspirantes a conducir los cuatro nuevos campii de la Universidad de Guanajuato, así como su Colegio de Educación Media Superior, se inscribe en este nuevo entorno postindustrial, que ha obligado a replantear el papel de las instituciones de educación superior del mundo entero. Los cinco que salgan –o salgamos— airosos de un proceso de selección que sin duda es muy demandante, deberán ser conscientes de que no se hacen de la conducción de una fracción de una universidad desagregada, sino de cinco nuevos proyectos que encuentran la justificación de su existencia en la respuesta a los requerimientos de las sociedades regionales que deberán atender. Son cinco respuestas necesariamente diferenciadas que le otorgarán a la institución mayor la necesaria flexibilidad que demanda el dúctil entorno de la nueva sociedad del conocimiento. Se nos exigirá atender los requerimientos de formación de capital humano con altas especificaciones, y habrá que hacerlo; pero no de la manera mecánica y acrítica que le interesa al gran capital, sino con el espíritu humanista que ha caracterizado a la universidad occidental desde Bolonia, Salerno y París. Humanismo que podríamos identificar con el sentido crítico heredado de la dialéctica griega, el escepticismo cartesiano, el cientificismo galileano, etcétera. Las universidades no son factorías de repuestos humanos; son emporios del pensamiento, con toda la dimensión que ello implica. Somos, sin duda, el necesario depósito de la conciencia crítica de nuestra sociedad, pero con plena identificación con los requerimientos de una sociedad a la que nos debemos. Un compromiso sí, pero crítico y consciente.