viernes, 26 de septiembre de 2008

Candidatos divisionales


Dio inicio la fase intermedia de la reorganización académico-administrativa de la Universidad de Guanajuato con la convocatoria a seleccionar los titulares de las 13 Divisiones -número cabalístico- que conformarán los cuatro campus de esta institución. Una pléyade de 35 profesores se inscribió como aspirante. Ayer y hoy someten sus respectivos proyectos a las comunidades académicas pertinentes. Y como siempre: hay de todo, como en botica. Muchos de ellos, la mayoría, tienen un perfil académico consolidado y con conocimientos validados de la realidad institucional. Pero hay otros que no, y que lo evidencian en sus CV y en proyectos débiles y retóricos. Espero que los rectores y el colegio directivo sepan dilucidar esas diferencias, que yo, atrevido, juzgo evidentes.
Me arriesgaré a opinar públicamente sobre algunos de los que considero como los mejores prospectos a esos cargos, y lo hago desde la comodidad que me da mi calidad de profesor llano, sin mayores responsabilidades o compromisos personales o institucionales. Por supuesto, las divisiones que mejor conozco y que por lo mismo son sobre las que más me interesa opinar, son las de ciencias sociales y humanas. Y comienzo con las del campus Guanajuato. En la de Ciencias Sociales hay tres candidatos, todos ellos actuales directores de unidad. Algunos de muy reciente arribo a tal responsabilidad, por lo que me parece temprano juzgar sus capacidades de conducción. Los tres tienen doctorado, lo que es excelente. Pero confieso que se me vienen a la mente otros nombres de profesores, hoy sin cartera, que eventualmente hubiesen sido mejores cartas que los directores aspirantes. Pero la realidad es que todos aquéllos tuvieron razones personales de peso para no buscar su registro. Leyendo los proyectos de los tres, me parece que el que más me satisface es el del doctor Corona, aunque seguido de cerca por el de la doctora Cervera. El doctor Crawford, muy habituado a la esquematización, no da mucho lugar a percibir el sentido humanista y de pertinencia social que deben tener las propuestas, desde mi punto de vista.
También en Guanajuato, pero en la división de Derecho, Política y Gobierno, sin duda alguna me inclino por el perfil y ofertas del doctor Manuel Vidaurri Aréchiga, académico joven y talentoso que se ha destacado en todos los retos que ha enfrentado en su vida pública. Él garantiza la continuidad de los proyectos que desató el rector Guerrero, y tiene la energía y el buen sentido necesarios para un buen liderazgo. Dejaría la Procuraduría de los Derechos Humanos con más activos que pasivos en sus casi ocho años de desempeño, durante los que se confrontó con numerosas autoridades arbitrarias y atrabancadas, como algunas de las que todavía padecemos en el estado y en los municipios. Me congratulo de su decisión de regresar plenamente a la academia –que nunca abandonó, me consta-, y espero verle en esta nueva responsabilidad. ¡Hay que trabajar para arrancar pronto el Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno, Manuel!
En León tampoco hay opciones: la división de Ciencias Sociales y Humanidades debería ser conducida por uno de los profesores más valiosos de nuestra área, el doctor Juan Russo Foresto. Se trata de un politólogo de origen Italo-argentino, con una trayectoria impresionante tanto en el ámbito latinoamericano como en el europeo. Es un líder académico que se ha especializado en el actualísimo tema de la calidad de la democracia. Lo conozco desde el 2004, cuando impartió una conferencia en Guanajuato -a invitación mía, me enorgullezco en decirlo-. Desde entonces soy un admirador suyo, y con el tiempo pude convencerlo de participar en un concurso de oposición para ocupar una de las dos plazas que abriríamos en León para arrancar la licenciatura en Sociología. La otra plaza la ganó Leonardo Valdés, el actual consejero presidente del IFE. Ambos eran investigadores consolidados, con nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores. Sin duda nuestra universidad se enriqueció con ese par de contrataciones. Desgraciadamente no los supimos aprovechar, pues ambos debieron lidiar con un oscuro y nefasto personaje que pronto desbarató el espléndido equipo humano que habíamos logrado integrar para las ciencias sociales leonesas. En fin, dejo el anecdotario siniestro y reafirmo que no tengo duda de que Juan será un excelente director divisional, no sólo por su perfil y proyecto, sino por su calidad humana y su don de gentes.
En Celaya la división de Ciencias Sociales y Administrativas debería ser conducida por maestro y doctorante Ricardo Contreras Soto, un colega antropólogo que se ha destacado como el mejor estudioso de las diferentes manifestaciones de la cultura popular y cotidiana de sectores sociales como los migrantes, los indígenas, los jóvenes y las contraculturas, así como sobre la historia cultural de Celaya y su región. No conozco a nadie con tanta tinta en su pluma: es prolífico en sus publicaciones como pocos. Su proyecto me pareció bastante mejor que el de su rival, y mucho más académico. Ricardo no sólo es un experto en la investigación social y cultural, también ha aplicado los métodos de las disciplinas de la administración a muchos rubros de la vida productiva de Celaya y Guanajuato. Su enfoque ecléctico me ha sorprendido en muchas ocasiones con hallazgos insospechados a partir de centenares de entrevistas y trabajo de campo que realiza con sus numerosos discípulos. Es otro líder nato, por su personalidad y disciplina personal.
Esos son mis observaciones a los candidatos de mi área. Son mis momios, ni modo. Del resto no me atrevo a decir poca ni mucha cosa por desconocimiento, pero a todos les deseo lo mejor, por nuestro propio bien.

viernes, 19 de septiembre de 2008

Guerra sin esperanza

De inicio me declaro asombrado, azorado y en…corajinado por lo que sucedió este lunes 15 en la hermosa plaza Melchor Ocampo de Morelia. Pobre gente. Nunca creí ver sucesos así en mi patria. A fines de los años setenta viví en París, y recuerdo cómo era frecuente escuchar las historias del terrorismo de la ETA española, de los palestinos, o del ERI irlandés. En Francia estaban muy frescos los recuerdos de la guerra de Algeria, colonia que logró su liberación en buena medida apoyándose en el terrorismo. El miedo era una característica del ciudadano europeo común. Pero era impensable que una situación similar pudiese presentarse en México; al menos eso creía yo. Acá teníamos algunas guerrillas, secuestros políticos y baja criminalidad. En treinta años nuestro país cayó en un hoyo profundo de violencia social imparable, y ahora padecemos de los mismos problemas que aquejaron a Colombia en los ochenta. Nunca lo hubiera creído. Estoy pasmado y enojado.
Sobre el 15 de septiembre, confieso que nunca me ha gustado “dar el grito” entre las multitudes. Siempre he tenido una aversión innata hacia el gentío, donde el individuo es neutralizado por la enajenación colectiva del evento del que se trate. Por eso prefiero observar la festividad, acompañado de mi esposa e hijos, desde la lejanía de la azotea, o bien desde la comodidad del sofá ante la tele más grandota de la casa. Ya tuve mis buenos festejos callejeros en la juventud, y es tiempo de ser apaciguado. Me da mucho placer ver de lejos la romería y sin embargo sentirme parte de la misma. La emoción del grito siempre será la misma. Pero hoy veo con tristeza que muchos de mis paisanos no tendrán más remedio que imitarme, y recluirse en casa a partir de ahora. El terror a las multitudes va a ser la nota a partir de ahora, y con justa razón. La locura se ha apoderado de los malosos, y ya no se limitan a asesinar con saña a policías, a cómplices o a rivales: ahora van sobre la población, despedazándola con granadas de fragmentación.
El régimen del terror es la peor circunstancia en que puede vivir un pueblo. La historia nos ha dejado múltiples ejemplos. Los mexicanos tendremos miedo ahora de salir al mandado, pues capaz y se les ocurre a los maleantes masacrar a algunos parroquianos inocentes, para que “aprendan”. La guerra declarada por el Estado mexicano contra el crimen organizado está pasando una factura extrema: nunca se nos dijo que habría tantas bajas entre la población civil, o que perderíamos la confianza de andar por nuestras calles y plazas. Los más de tres mil muertos que arrastra esta guerra es una factura extremadamente cara, y da la impresión de que es el Estado, y no los mafiosos, el que la va perdiendo. Parece que se agitó un colmenar sin tener las protecciones para ello, y ya no sabemos cómo deshacernos de las avispas.
Estoy prácticamente seguro de que no se encontrará a los culpables del atentado de Morelia, mucho menos a los que lo concibieron, pues de seguro los perpetradores materiales fueron sólo esbirros a sueldo de los verdaderos asesinos. Los sistemas nacionales de inteligencia preventiva y de procuración de justicia, enanos ante los nuevos retos, se están viendo incapaces de adelantarse –el primero- y perseguir –el segundo- los golpes de los criminales de alto impacto. Y sumémosle la acción sospechosa de ciertos jueces que liberan a los pocos narcos consignados. Estamos cosechando décadas de abandono del sistema nacional de seguridad pública, y de ineficiencias e incluso corrupción de los administradores de justicia, y no será en un sexenio que se componga esta situación, por más buena voluntad que tengan los líderes no corruptos del país. Realmente estamos metidos en un brete.
Estamos en medio de una guerra que no se puede ganar. Las condiciones estructurales de la economía y la política internacionales promueven los intensos flujos de drogas y sustancias ilegales entre los países productores y los consumidores. Es la ley del libre mercado: cuando hay demanda, habrá oferta en la misma proporción. Y si el flujo se declara ilegal, entonces surgirán los proveedores clandestinos que acompañarán su acción con la violencia que se requiera, pues es mucho, muchísimo el dinero involucrado. Así no se puede hacer gran cosa. A la manera del niño holandés del cuento, quisimos tapar la fuga del bordo con nuestro dedo, y ya tenemos metido el brazo hasta el hombro y dentro de poco nos puede arrastrar la corriente de la inundación. La solución verdadera es hacer que el bordo sea innecesario. ¿A qué me refiero? A que deberíamos plantearnos con seriedad la necesidad de emprender acciones que socaven las raíces del comercio ilegal de estupefacientes, y para ello nada mejor que la legalización del comercio de esas sustancias. Es en serio. Otra solución sería mudarnos de región geográfica para ya no ser vecinos del mayor consumidor de narcóticos del mundo, y limitarnos así a controlar nuestro propio consumo. Esto es irreal evidentemente, pero no así la primera solución, que además debe plantearse a nivel global como un acuerdo entre naciones, para evitar que persistieran los “paraísos” regionales de la prohibición.
Hoy día el consumo de alcohol a nivel mundial es sólo un problema de salud individual y pública, pero no es una fuente de violencia y criminalidad; tampoco de corrupción. Y no lo es porque en la mayor parte del orbe su consumo es legal. El alcohol fue prohibido en los Estados Unidos entre 1919 y 1933 y los resultados fueron catastróficos. Con la legalización las mafias criminales debieron dedicarse a otras actividades, incluso a “blanquear” sus negocios. Algo similar podría suceder con la legalización de las drogas. Recordemos que hace menos de cien años eran legales en todo el mundo -Freud y muchos intelectuales eran heroinómanos o cocainómanos por ejemplo- y no causaban mayor problema. Fue a partir de las guerras mundiales cuando los ejércitos propagaron su uso y abuso. Luego los gobiernos prohibieron el consumo y distribución. Y ahora vivimos las consecuencias.

viernes, 12 de septiembre de 2008

Educación en crisis

Cuando en 1985 me involucré con la problemática educativa de nuestro estado, y por ende del país, ya se hablaba con insistencia de la necesidad de reformar a fondo todo el sector, pues para nadie era secreto que todos los índices de calidad apuntaban a una situación dramática que explicaba por qué nuestro país no avanzaba en los ámbitos social, económico y político. En los ochentas, con Jonguitud en el sindicato, con Reyes Heroles en la SEP, y con un sinfín de lastres de carácter político y burocrático, se percibía ya la magnitud del desastre educativo nacional. Para enfrentarlo se inventó la “Revolución Educativa” que resolvería el problema y legaría una educación de primera a las generaciones por venir. Al menos eso presumían los inefables documentos programáticos que le dieron cuerpo. No fue así: no hubo revolución ni tampoco evolución. Corrieron al talentoso pero chocho Reyes Heroles y lo siguió el gris Miguel González Avelar, quien tampoco dio pie con bola y el sexenio delamadridista se fue con más pena que gloria en este campo. Para colmo, le tocó lidiar con la movilización magisterial más virulenta de las últimas décadas, por lo que debió hacer más concesiones al poderoso sindicato.
La subcultura política nacional, producto de una educación autoritaria y anacrónica, se evidenció con el bochorno electoral de 1988, perpetrado por el hoy demócrata Manuel Bartlett, a quien se premió entonces con la regencia de la SEP, la secretaría con el presupuesto más abultado del país. A la sazón se habló de “Modernización educativa”, muy en tono con el sexenio modernizante salinista. Por cierto el nuevo presidente, bajito pero energético, dio un manotazo y se deshizo de Jonguitud, como lo había hecho antes con La Quina. Nuevos tiempos se anunciaban en el sindicalismo mexicano; al menos eso creímos. Pero Salinas impuso a un nuevo leviatán mongol, en la persona de una mujer que hoy es la más poderosa de México: la maestra Elba Esther. Sólo cambiaron los protagonistas, pero no los viejos géneros. Así pervivieron los viejos problemas y lo único que se modernizó fue la corrupción interna, con imaginativos métodos para la venta de plazas y otras componendas sindicales, que se aparejaron con la simulación docente, la crisis interna sindical –SNTE versus CNTE-, la incoherencia en las políticas oficiales y los recortes al gasto educativo. Cuatro secretarios de educación en el sexenio salinista ponen en evidencia el nulo aprecio por el sector; con un político en decadencia, dos economistas que aspiraban a otra cosa –Zedillo y Solana-, y sólo hasta el último año vimos un especialista en materia educativa: José Angel Pescador. Lo más destacable de este periodo fue la culminación de la federalización educativa, que implicó la entrega de recursos y responsabilidades educativas a los estados, que no siempre aceptaron de buen grado el nuevo broncón que se les delegaba.
Zedillo nombró a un medio-abogado y medio-economista que presumía un doctorado falaz: Fausto Alzati. Un guanajuateño que había conducido “por instrumentos” al Conacyt, donde aplicó medidas draconianas que sacaron a casi la mitad de los científicos del país del Sistema Nacional de Investigadores, por carecer de doctorado (!). Yo incluido, lo confieso. La comunidad científica nacional lo repudió por esta causa. No duró mucho en la SEP: pronto la revista Proceso puso en evidencia su inexistente grado, más a la maner a de la Universidad de la Plaza Santo Domingo, que de Harvard. Se fue a freír espárragos y a terminar su licenciatura a distancia en la UNAM. Le sucedió Miguel Limón, otro abogado que se había desempeñado de manera solvente en el Instituto Nacional Indigenista, donde lo conocí. Un profesional de la política y de la administración, pero no demasiado en la educación. El poder de la profesora Gordillo florecía, y al mismo tiempo se deterioraba la situación de escuelas y profesores. El gasto educativo real cayó como nunca antes. Los espacios fueron cubiertos por la educación privada y confesional, que disfrutaba ahora de nuevas canonjías por parte del Estado.
Vicente Fox, el presidente del cambio, no cambió nada importante en el ámbito educativo. Como gobernador de Guanajuato y como candidato, había vilipendiado al sindicato magisterial y a su lideresa. Todo cambió al llegar a la silla presidencial, silla con dos asientos, pues fue ocupada por la “pareja presidencial”. Pronto doña Martita de Fox y la profesora tejieron una alianza que no se debilitaría nunca. El ámbito político de la relación con el sindicato más grande de América Latina fue atendido por la pareja, y la operatividad cotidiana fue dejada en manos del nuevo secretario, el rústico exrector de la UANL, Reyes Tamez Guerra, quien condujo la política educativa concreta sin mayores interferencias de su jefe, pues como muchos recordamos Fox no delegaba, sino abandonaba. No hubo mucha congruencia, y sí muchas ocurrencias, como el proyecto Enciclomedia, que dio a ganar muchos millones a proveedores cercanos al gobierno.
En tiempos de Calderón no parece que se corrija el rumbo. La economista -¡y dale!- Josefina Vázquez Mota no ha introducido golpes de timón, y sí ha continuado con muchas inercias. Su equipo inmediato de tecnócratas es ajeno al ámbito educativo, y ha cedido posiciones ejecutivas al sindicato, entre ellas para el yerno de “la maestra”. A pesar de la proverbial antipatía entre ésta y la secretaria Vázquez, han tejido una “alianza” que se antoja artificial y efímera. Las bases magisteriales no la comparten. El problema es que la resolución de los rezagos transita siempre por la inyección de mayores recursos, y éstos no existen. El gasto educativo se destina en más de un 90% a salarios, cuando entre los países de la OCDE la proporción es de poco más de 50% -Jorge Zepeda dixit-, lo que nos pone ante un dilema: ¿gastar más en mejorar los niveles salariales de una clase docente poco motivada y escéptica, reacia a superarse? ¿O invertir en infraestructura y en un sistema de estímulos vinculados a la calidad y la productividad? El gobierno de Calderón presupuestó un 13% más para educación en 2009. ¿Hacia dónde se irán esos dineros?

viernes, 5 de septiembre de 2008

Los derechos de la diáspora

El día de ayer tuve la oportunidad de participar como sinodal en el examen doctoral del maestro Felipe de Jesús Reyes Romo, dentro del programa de doctorado en estudios del desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La interesante tesis se intitula “La noción de ciudadanía en las relaciones del Estado y los migrantes trasnacionales, una prospección teórico-empírica para el caso de México”. La dirigió el doctor Miguel Moctezuma, un reconocido estudioso de la migración internacional de nuestro país, en particular sobre el caso de los zacatecanos en los Estados Unidos, una de nuestras comunidades trasnacionales mejor organizadas y de más involucramiento en los procesos de desarrollo regional en su estado natal.
La tesis de marras hace un espléndido análisis sobre la evolución de las posiciones oficiales del gobierno mexicano hacia los paisanos que se han visto en la necesidad –rara vez en la voluntad- de emigrar hacia el país del norte en busca de trabajo y de una posibilidad de mejorar su circunstancia de vida en sus lugares de origen. Alrededor de doce millones de mexicanos se encuentran chambeando duro y sobreviviendo lo mejor que pueden en los espacios laborales que los anglos, los asiáticos e incluso los negros –parafraseando a Fox, autor prolífico de frases célebres- no quieren atender. El ahora doctor Felipe Reyes recorre un siglo y medio de historia de la diáspora mexicana, desde que alrededor de cien mil paisanos se quedaron varados en los territorios que fueron arrancados a México luego de la guerra de 1846-1848, hasta los más recientes acontecimientos que han afectado los patrones y condiciones de la imparable emigración de alrededor de medio millón de mexicanos, que cada año cruzan la frontera de forma legal o ilegal para buscar una oportunidad de empleo en la economía más grande del mundo.
Felipe Reyes se concentra en las variaciones de las nociones de ciudadanía y nacionalidad, que se han evidenciado latentes en el marco jurídico mexicano que ha regido de manera directa o indirecta para discernir el estatuto legal que conservan los mexicanos que abandonan de manera prolongada o permanente el territorio nacional. Históricamente, el marco legal de nuestro país se ha ajustado a los criterios clásicos greco-latinos que anudaban la noción de ciudadanía con la del territorio. Es decir, que para conservar los derechos y las obligaciones del ciudadano ordinario, hay necesidad de mantener residencia regular en el espacio geográfico donde se asienta el Estado. Recordemos que desde esa noción éste último se conforma por la tríada Gobierno-Sociedad-Territorio. Por otra parte, encontramos el concepto de nacionalidad, que está vinculado al lugar donde uno nace (jus solis), o bien a la herencia (jus sanguini) de nuestros padres. Tradicionalmente en México se han vinculado ambos elementos: si renuncias a uno, debías renunciar al otro.
Las fuerzas de la globalización, aunadas a la democratización política de nuestro país, han conducido en las últimas dos décadas a la necesidad de modernizar estos principios legales. Los estados modernos son cada vez más extraterritoriales y trasnacionales. Además, la diáspora mexicana ha ido cobrando una inmensa importancia para el mantenimiento de la estabilidad económica, política y social de nuestro país. Los millones de paisanos, a través de sus líderes, han sabido presionar a los actores políticos nacionales para que, incluso a regañadientes, acepten la necesidad de reconocer la ciudadanía extraterritorial. Los partidos políticos y el gobierno mexicano han ido cediendo y reconociendo que las diásporas de la gran mayoría de los países expulsores han sabido conquistar espacios de representación o de influencia en las decisiones que afectan a sus comunidades de origen. México no podía ser ajeno a esta tendencia mundial. Desde que en 1990 el gobierno de Ernesto Zedillo estableció la primera oficina gubernamental para atender las necesidades de las comunidades de mexicanos en el exterior, nuestro gobierno ha ido ampliando los vínculos y los espacios de participación de esos conjuntos de emigrantes. Tanto, que en 1997 se reformó la constitución mexicana y se aprobó la Ley de No Pérdida de la Nacionalidad Mexicana, con lo que se separó de forma definitiva las dos nociones descritas antes. Decenas de miles de mexicanos han podido optar por la ciudadanía norteamericana, sin perder la nacionalidad mexicana. ¿Dos lealtades? Tal vez, pero es un reconocimiento a que las comunidades migrantes son ya trasnacionales, es decir que un enorme volumen de mexicanos expatriados y México-americanos conservan y fortalecen lazos de vida comunitaria que trascienden fronteras; más aún en un mundo achicado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
El “trasnacionalismo desde abajo” que describe y analiza la tesis referenciada, ha sido un hecho imposible de ignorar por el sistema político mexicano, que ha debido iniciar un “trasnacionalismo desde arriba” para corresponder y alinearse con el anterior. De esta manera en 2003 se creó el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, cuyo consejo está integrado por cien líderes paisanos, así como por algunos académicos y expertos. Luego, en 2005 se concretaron las disposiciones legales que hicieron posible una de las demandas más sentidas de los paisanos: el voto desde el exterior. Una medida que se implementó una década después de la reforma constitucional que desanudó la obligatoriedad de emitir el voto ciudadano desde la circunscripción territorial del elector. Desgraciadamente en la elección presidencial del 2 de julio de 2006 sólo votaron 32,621 migrantes, cuando las estimaciones optimistas nos habían anunciado a dos millones de potenciales votantes. Sin duda fue un “fracaso” en términos económicos y simbólicos, pero se abrió así una ventana de participación que sin duda se ampliará en el futuro político del país. Hoy, los estados de Zacatecas y Michoacán, y próximamente el DF, posibilitan el voto de los emigrados en sus elecciones locales. Y me pregunto: ¿cuándo debatiremos en Guanajuato sobre este asunto?