Elecciones, dinero y medios, 2
Publicado el el periódico
de León.Decía yo en mi colaboración de hace una semana, que el IFE y la UG desarrollaron el foro regional “Los medios de comunicación durante el proceso electoral”. En la mesa de trabajo y debate participamos Arnoldo Cuéllar Ornelas, director del periódico local Correo; Fernando Patrón, politólogo de la UG; Arturo Sánchez, consejero general del IFE, y este escribidor, académico del campus León de la UG y consejero local del mismo instituto. Quiero mencionar varios puntos de las intervenciones, que me parecen de interés y pertinencia en estos momentos en que la reforma electoral federal de 2007 está siendo nuevamente cuestionada por los oligopolios de la radio y la TV.
Arnoldo Cuéllar compartió con honestidad las realidades de los medios impresos en un país con poquísimos lectores. Los periódicos y revistas no se vieron afectados por la reforma, y siguen recibiendo cantidades apreciables de recursos de las campañas electorales, que les ayudan a sobrevivir pero siempre en precariedad. El público destinatario es sin embargo muy pequeño, por lo que los partidos sólo acuden a la publicidad en los impresos como estrategia para influir en las percepciones de las élites del poder, del dinero y del conocimiento. Dio un dato en extremo interesante: las empresas de Carlos Slim se anuncian sistemáticamente en esos medios sin perspectiva real de llegar al gran público, que es patrimonio de los medios electrónicos. Pero esa publicidad les permite a muchas de las empresas de la tinta diaria mantener su vigencia a lo largo del año; casi podríamos hablar de un subsidio del grupo privado CARSO a esos vehículos del pensamiento escrito.
Fernando Patrón hizo una elocuente exposición de las consecuencias y resistencias del nuevo papel del IFE ante los medios electrónicos. Profundizó en varios de los momentos de tensión interna y externa de esa institución, y sus dificultades para ejercer con más vigor sus facultades fiscalizadoras y de sanción. Los mismos integrantes del Consejo General no compartieron visiones sobre sus nuevas potestades, y eventualmente cayeron en los cantos de las sirenas televisivas. El duopolio en la TV y los oligopolios familiares radiofónicos actuaron como uno solo en la resistencia ante lo que mañosamente consideraron “ataque a la libertad de expresión”, pero más bien lo era a sus abultados bolsillos.
Por mi parte, mencioné que el IFE ha debido hacerse cargo de funciones extraelectorales, que le han sido enjaretadas por el Estado mexicano de manera comodina e interesada. Primero la obligación de censar y registrar a la totalidad de ciudadanos del país, por lo que desde 1990 debió construir la enorme infraestructura del Registro Federal de Electores, que hoy mantiene los datos básicos de más de 78 millones de mexicanos mayores de 18 años. No hay padrón en el mundo con esta cobertura y consistencia interna. La credencial electoral pronto se convirtió en el mejor y casi único medio nacional de identificación, que lo hace popular incluso entre los sectores sociales refractarios a votar, como los chavos de entre 18 y 22 años de edad. Con ello el IFE suplió a la Secretaría de Gobernación una función que constitucionalmente le corresponde: la emisión de la cédula de identidad ciudadana, inexistente hasta hoy. Luego, el IFE ha debido complementar funciones de la Secretaría de Educación Pública cuando ejercita su función de capacitación y formación ciudadana, y le toca lidiar con el bajo nivel de habilidades aritméticas y de lectoescritura de la mayoría de nuestra población adulta. Y después de la reforma del 2007 el IFE se ha convertido en autoridad en telecomunicaciones, incluso por encima de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Radio, Televisión y Cinematografía de la SeGob en tiempos electorales. Para cumplir las nuevas funciones, el IFE debió estructurar un enorme y costoso aparato técnico y burocrático de monitoreo de medios, que algunos opinadores han calificado de ser un inútil Big Brother. El IFE, a veces a regañadientes o con contradicciones, ha debido aplicar multas y amagos a los rebeldes pero poderosos concesionarios, que se han lucido con sus mañas y artimañas para evadir su deber legal. De nuevo el instituto reemplaza al Estado en parte de sus obligaciones naturales.
Arturo Sánchez cerró con un despliegue de información esclarecedora de la realidad: el gasto en medios electrónicos significó más de un tercio de los recursos totales de los partidos en año electoral. Más de dos mil millones de pesos públicos se fueron en 2006 al pozo sin fondo de los mercaderes de las ondas hertzianas. Había que poner un alto al derroche irresponsable; pero eso lastimó a poderosos e influyentes magnates.
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