viernes, 27 de febrero de 2009

IFE: Resbalones dinerarios

Mientras los partidos políticos se debaten en las competencias internas por sus candidaturas a puestos de elección popular, las autoridades electorales, en particular el consejo general del Instituto Federal Electoral, parecen haber perdido la brújula y han incursionado inútilmente en berenjenales que distraen de los asuntos realmente esenciales. Primero tuvimos el asunto del desacato de las televisoras: el viernes 13 éstas fueron perdonadas en un acto de aparente abandono de la autoridad que debería caracterizar a un árbitro. Luego, a la semana siguiente, los cinco consejeros que habían perpetrado la indulgencia hacia los poderes fácticos de la comunicación, arredraron su actitud ante las reacciones generalizadas de reproche, y permitieron la unanimidad en la aplicación de multas millonarias a los responsables, ahora por la omisión de transmitir los promocionales del instituto y de los partidos. Reacción tardía, pero positiva al fin. Hay que reconocer el temple de los consejeros Alfredo Figueroa, Macarita Elizondo, Virgilio Andrade y Leonardo Valdés, quienes se arriesgaron a caer en la malquerencia de los aztecos y televisos.
Pero luego los consejeros generales vuelven a sorprender, y nos salen con la jácara de que su compromiso con la legalidad transita también por el cumplimiento del mandato constitucional relativo a sus salarios, ya que el artículo 41 los homologa con los abultados estipendios de los ministros de la Suprema Corte. Con ello se agitó nuevamente el avispero y la reacción los ha obligado a recular de nueva cuenta. Siete de los consejeros, tres de ellos con salida agendada para el año próximo, defendieron el acuerdo 092 que les permitiría incrementar sus ingresos en cerca de un 50%, de golpe y porrazo. Sólo dos, Alfredo Figueroa y Leonardo Valdés (¡bravo colegas!), se opusieron a la medida por inoportuna. Y vaya que lo es: en plena crisis económica, con proceso electoral en desarrollo y con un deterioro generalizado de los ingresos de los mexicanos. ¡Qué torpeza!
Nadie duda de que la medida sea legal. Lo que se señala es que no es ética ni pertinente, al menos por el momento. Y como muchas cosas en nuestro país, lo legal no siempre va acompañado de lo ético. Ya lo vivimos en el Consejo Local del IFE, cuando resolvimos confirmar el desechamiento de un recurso presentado por un partido en contra del reemplacamiento de los automóviles en nuestra entidad: el acto atacado era plenamente legal, pero no ético.
No comprendo aún cómo se desarrollan las negociaciones inter paris de los consejeros generales del IFE. Sus votaciones no permiten intuir las dinámicas de entre bastidores, sus debates previos y sus banderías personales. Al menos yo no puedo hacerlo. Quiero pensar que todos comparten un acendrado compromiso con la consolidación de las maneras democráticas en nuestro país, y que perciben esta encomienda ciudadana como su gran oportunidad personal para trascender en la historia y dejar huella de reconocimiento. Ocurrencias como la del miércoles dan al traste con esa esperanza, y dejan latentes serias dudas. Muchos recordamos que el último aggiornamento salarial se lo adjudicaron hace un año, y fue por un 20%; entonces causó revuelo, pero menos que hoy. No eran tiempos electorales. Por eso me pregunto ¿por qué no esperaron al término del proceso electoral? Si los comicios culminasen con éxito, pocos cuestionarían una actualización de los emolumentos, aunque no de esas proporciones.
Es bien sabido que el tabulador salarial del IFE se ha quedado atrás en comparación a otras esferas del gobierno federal, sobre todo en cuanto al personal del servicio profesional. También el funcionariado medio acusa un deterioro en sus percepciones. Es ahí donde se debería incidir con recursos adicionales, para garantizar un saludable ambiente institucional. Ojalá que los consejeros compartan la modesta medianía republicana del servidor público, que mandata la máxima juarista.

viernes, 13 de febrero de 2009

La democracia del dinero

El debate entre el IFE y las televisoras se ha ampliado ahora a las radiodifusoras. Comienzan a salir en la prensa las primeras evidencias –bueno, tal vez no las primeras, pero sí las más tempranas en este proceso electoral de que la reforma de 2007 pegó realmente en el blanco anunciado: eliminar el enorme gasto que se destinaba a mera propaganda vacua en los medios electrónicos, y que en los comicios de 2006 representó el 50% del total de recursos públicos que recibieron los partidos políticos. Algo así como dos mil millones de pesos. Un dineral. Recordemos que el municipio de León, uno de los más importantes del país, ejerce un gasto total anual de tres mil millones de pesos. No era posible seguir así.
Se dice que los concesionarios perderán cantidades millonarias, al verse excluidos del reparto de dineros públicos en propaganda electoral. Y que en cambio se inundará el espectro radioeléctrico con 26 millones de spots –promocionales- que saturarán a la audiencia por su cantidad y reiteración. El público terminará aborreciendo la publicidad del IFE y los partidos, dicen. Pero estas son mentiras interesadas. La verdad es que el dolor de los dueños de los medios proviene de la imposibilidad actual de recibir esos flujos generosos de dinero de los contribuyentes –es decir de nosotros: tú y yo- a cambio de saturar el cuadrante y el dial, ellos sí, como lo vimos en las elecciones de 2006, cuando se transmitieron millones de promocionales pagados por los partidos y por particulares. Cientos de miles de esos spots todavía no sabemos quién fue quien los pagó.
Hoy la ley electoral reformada excluye a los medios electrónicos de la posibilidad de vender tiempo aire para publicidad partidaria y de candidatos. Además prohíbe que los particulares puedan emitir mensajes a favor o en contra de partidos y candidatos. Se dice que esto es un ataque contra la libertad de expresión, pero bien sabemos que tal libertad en los medios masivos es ilusoria: sólo los que tienen dinero para pagarles a esos medios tiene real acceso a exponer urbi et orbi sus opiniones. Los mortales sin centavos sólo podemos emitir opiniones cara a cara, o en medios impresos como el que está leyendo el amable lector; eso sí: sin pagar ni ser pagado, y sin restricción alguna a manifestar opiniones a favor o en contra de cualquier opción. No hay cortapisas a la libertad de expresión, sólo se tumbó una rama más del árbol del poder político que da el dinero.
Los concesionarios mienten al decir que se saturará el horario de transmisiones. La ley de Radio y Televisión ya obliga a la cesión de tiempo aire a favor del Estado a cambio de no pagar los impuestos a los que estarían obligados los usuarios de un bien público, como lo es el espectro hertziano y radioeléctrico. Es decir, que ellos pagan en especie lo que el resto de los contribuyentes pagamos en efectivo. Lo único novedoso es que ahora la propaganda electoral en radio y TV se despliega en los tiempos oficiales, que siguen siendo los mismos que en tiempos no electorales.
La estrategia que han asumido las televisoras pone en evidencia su muina y disgusto por el nuevo trato que reciben de parte del Estado. Están obligados por ley a transmitir dos o tres minutos por hora de trasmisión, en horarios con audiencia efectiva, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Preocupaba la distribución, el pautado de los mensajes del IFE; por ello se llegó al acuerdo de que los concesionarios distribuyesen los dos o tres minutos de manera racional a lo largo de la hora. Pero esta muestra de buena fe del IFE fue abusada, y se pautaron los mensajes en paquetes de tres, cuatro y hasta seis minutos, recetados en los periodos de más audiencia, cuando podían molestar más al público. El futbol fue un buen destinatario, así como otros programas de gran rating. Y lograron su objetivo: una encuesta de María de las Heras mostró que un 56% de los entrevistados culpó al IFE de la molesta interrupción; sólo un 23% culpó a las televisoras. Y esta semana se alcanzó un difícil acuerdo, que desde ahora apuesto que será evadido por el duopolio Salinas-Azcárraga. Para ellos la democracia sólo importa cuando garantiza dividendos.

viernes, 6 de febrero de 2009

Sobre-regulación electoral

El 31 de enero pasado dieron inicio las precampañas federales. En nuestro afán de regularlo todo, nos hemos convertido en el único país que controla incluso los procesos de competencia interna de partidos y ciudadanos. Pronto habrá quien opine que es necesario legislar sobre las ante-pre-campañas, o que se regule sobre la difusión de cualquier mensaje que pueda ser interpretado como “electorero”, incluso los de opinión o informativos.
Menciono esto porque ese mismo día, en el consejo local del IFE en Guanajuato, debatimos sobre un recurso de revisión que interpuso el PRI ante esa autoridad, como reacción a un auto de desechamiento dictaminado por el consejo distrital 05 de León sur. El 13 de enero, ese partido presentó una denuncia en contra del PAN por hechos que consideró violatorios de la legislación electoral. Se trató de la instalación de lonas alusivas al Seguro Popular, donde el partido acusado asume el mérito por dicho programa social.
Los siete consejeros locales, con el apoyo de la infraestructura legal del instituto, analizamos los términos de la queja, y nos fue evidente que en los términos de la actual legislación, la propaganda política sí puede hacer referencia a pretendidos éxitos o bondades de los gobiernos emanados de los partidos. La junta local nos propuso un proyecto de dictamen que aprobamos en sesión de trabajo, y se hizo del conocimiento de los representantes partidarios. En la sesión extraordinaria el representante del PRI Salvador Ramírez, con el apoyo de los representantes del PRD y del PVEM, demandó a los consejeros una explicación de nuestras razones para la aprobación del dictamen negativo. Los cinco consejeros presentes expusimos nuestros motivos, y aquí deseo compartir algunos de los que yo expuse.
Expliqué que yo podía estar de acuerdo en lo personal con los razonamientos que fundamentan el recurso, pero que la ley –la Constitución y el COFIPE- no restringen la capacidad de los partidos para exponer los logros o bondades –reales o virtuales- de sus gobiernos o sus legisladores. No hay una violación evidente de los preceptos legales aludidos en el recurso. En cambio el COFIPE sí es explícito en el sentido de prohibir a los gobiernos de cualquier signo partidista hacer difusión de sus obras en periodo electoral (art. 347, COFIPE), o bien personalizar dicha difusión o apoyar de alguna forma a los partidos o a los candidatos (art. 134 CGR). En este sentido, creo que ha habido otras acciones que me parecen reprobables y rayando en la ilegalidad, como lo fue el uso de los colores del partido en el gobierno en las nuevas placas de los automóviles, o que las oficinas públicas se pinten con los mismos. Pero en este caso es el gobierno el que perpetra esta acción, y no el partido.
Se nos cuestionó si se dan debates entre los consejeros. Mencioné que en efecto los hay, y que se zanjan en las sesiones de trabajo, como de seguro sucederá ahora que comienza el trabajo de las comisiones, donde pueden participar los representantes partidarios. Cité un asunto que yo presenté a la consideración de mis compañeros: el de la campaña de difusión personalista que emprendió el presidente del PSD, en tiempos no electorales. No encontramos elementos legales que impidiesen esa campaña, y la cuestión quedó ahí. Sin embargo, he señalado que una de sus pintas, la ubicada en la carretera federal 45 a la altura del parque industrial Apolo, en Irapuato, se hizo sobre un talud que es parte del equipamiento carretero, lo que contraviene el artículo 236 inciso D del COFIPE: la propaganda “no podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario…” Algo habrá qué hacer.
En fin, que en mi opinión la hiperlegislación nos está llevando a severas confusiones acerca de lo que se puede o no hacer en lo referente a actos de campaña por parte de partidos y otros actores. Ya lo vemos ahora con las televisoras, que se aprovecharon de un acuerdo acerca de la distribución de los 2 ó 3 minutos de promocionales a lo largo de cada hora de difusión. Los concesionarios juntaron en bloques esos minutos y los presentaron en lo más álgido de los partidos de futbol, culpando al IFE. Mala onda.