viernes, 18 de noviembre de 2011

Blake, ¿qué pasa?

Blake, ¿qué pasa?

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en Milenio de León.

El deceso del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, cayó como relámpago en cielo despejado sobre el escenario político nacional. Más que por su intrínseco carácter de suceso lamentable, por la circunstancia pasmosa de ser el segundo titular de esa secretaría en el mismo sexenio presidencial y en con apenas tres años de distancia, casi exactos, entre ambos accidentes aéreos. Es inevitable que los mexicanos racionales nos hagamos preguntas sobre lo que está sucediendo en las altas esferas del país. Las teorías de los accidentes azarosos, siempre aceleradas y voluntariosas, nos hacen levantar la ceja. No podemos evitar sumar dos más dos y sospechar –con ese “sospechosismo” con el que nos caracterizó Creel a los mexicanos— que pudo haber mano negra o al menos ineptitudes detrás de estas desgracias.

A las pocas horas la Presidencia de la República, por voz de mi querida amiga Alejandra Sota Mirafuentes –a quien lamento verle pasar por estos tristes deberes-, emitía un comunicado donde no se cerraba a posibilidad alguna: “En este momento se están evaluando todas las posibles causas que hayan propiciado este muy lamentable incidente. Por respeto a las víctimas y a sus familiares, el Gobierno Federal agradecerá a la opinión pública que sean las investigaciones correspondientes por las autoridades las que clarifiquen estos lamentables hechos.” Muy bien, pero apenas cuatro días después la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por voz de su trémulo secretario, ya afirmaba que se trató de un “accidente” provocado por la densidad de la niebla y la baja altura. Puede consultarse la conferencia de prensa en esta dirección electrónica: sct.gob.mx/uploads/media/SCT-Conferencia_de_prensa_151111.pdf 

 Nótese que se empleó en diez ocasiones el término “accidente” y sólo en una el concepto “incidente”, correctamente preferido por la Presidencia.

Por supuesto, yo no estoy calificado para desmentir a los técnicos que dieron argumentos a esta versión. Pero sí tengo algunas entendederas y las mismas se niegan a concebir la posibilidad de que un helicóptero en perfecto estado mecánico –según los mismos reportes—, con los mejores pilotos del país, y dotado de la mejor tecnología de geolocalización –altímetros, radares, GPS y demás— pueda chocar de frente contra una ladera chaparra, casi despejada de vegetación y a apenas tres mil metros sobre el nivel del mar. La tecnología moderna permite conducir esos aparatos “por instrumentos”, además de que suelen ascender a alturas muy seguras para evitar cualquier riesgo innecesario. Sencillamente no lo entiendo.

No abogo por ninguna teoría de la conspiración, pero sí me molesta la premura con la que las autoridades responsabilizadas de las comunicaciones del país, y las que tienen el deber de cuidar de la seguridad personal del gabinete presidencial, emitieron hipótesis en las que por casualidad nunca hay responsabilidades de ningún tipo: todo es perfecto, todos hicieron lo debido, nadie metió la pata. Me voy a permitir citarme a mí mismo, en un artículo que publiqué a pocos días del “accidente” de Juan Camilo Mouriño, hace tres años (“Bajas de guerra”, Correo, 7/11/2008):

“Por supuesto que todos pensamos de inmediato en que se trataba de un evidente ataque de los criminales que han mantenido en jaque al Estado mexicano desde hace casi dos años. Me imaginé que los embates de Morelia y este ‘atentado’ estaban relacionados. También quise ver algún vínculo entre este suceso y la muerte del exsecretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, sacrificado en circunstancias que se parecen en demasía a las que ahora vemos. Ni modo: los mexicanos somos asiduos creyentes en las conspiraciones. Pero no se nos puede culpar porque un ligero vistazo a la historia nacional nos exhibe múltiples ejemplos de ‘accidentes’ que resultaron demasiado convenientes para algún actor político o social interesado. Como somos herederos de una larga travesía de impunidades y sucesos nunca clarificados a cabalidad, no es inexplicable que nos prestemos a las teorías más arcanas sobre maquinaciones y confabulaciones que se esconden detrás de los sucesos de alto impacto.”

“Conforme se han dado a conocer más detalles [del avionazo de Mouriño], parecería afianzarse la hipótesis del accidente. Sin embargo, el propio presidente Calderón en su mensaje del martes [4 de noviembre de 2008] fue en extremo cuidadoso en la selección de los términos con los que se refirió al suceso: ‘desgracia’, ‘percance’ y otros que transparentaron su voluntad de no eliminar ninguna alternativa, incluida la del atentado. Fue el secretario Luis Téllez el primero en referirse al hecho como un ‘accidente’, apenas un día después del mismo.”

Pregunto ahora: ¿Son coincidencias?

Apenas el 4 de noviembre el secretario de Gobernación había participado en las exequias del asesinado alcalde de La Piedad, y se conmovió hasta las lágrimas al abrazar al más pequeño de los huérfanos que dejó el joven munícipe Ricardo Guzmán. Así lo declaró el encargado de despacho, Juan Marcos Gutiérrez, al periódico tijuanense El Mexicano (Nota “Temía Blake morir y dejar a sus hijos”, 17/11/2011).

Da mucha tristeza ver cegada la vida de jóvenes como Blake, Mouriño y Martín Huerta, sin que sus muertes sirvan de algo, ni siquiera para que el gobierno mexicano reconozca que posee una pésima flotilla aérea, que refleja el mal estado generalizado de las cosas públicas en el país.

viernes, 11 de noviembre de 2011

Reclutamiento de consejeros

Reclutamiento de consejeros

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en Milenio de León.

El día de hoy, viernes 11, culmina el plazo para que los ciudadanos interesados en participar en las elecciones federales de 2012 y 2015 en calidad de consejeros electorales del IFE en los 300 distritos del país, presenten sus autopropuestas, o bien sean candidateados por organizaciones ciudadanas. Quienes fungimos como consejeros locales tenemos la obligación de analizar con todo el cuidado necesario los expedientes de los aspirantes, siempre con el apoyo de los partidos políticos, para encontrar los mejores perfiles ciudadanos que nos permitan armar consejos distritales que garanticen una supervisión eficaz y honesta de los procesos comiciales por venir. Los consejeros electorales no organizamos la operatividad electoral, pero sí la acompañamos, damos opinión y tomamos decisiones que la afectan para bien o para mal. Es por eso que debemos contar con ciudadanos y ciudadanas que no solamente gocen de prestigio social, sino que también posean habilidades, conocimientos y experiencia que los habiliten para las tareas, siempre arduas y exigentes, que la ley asigna a los consejos distritales.

México atraviesa por circunstancias políticas delicadas. El sistema representativo no ha cumplido las expectativas del común de la ciudadanía, en mi opinión por la enorme dificultad para la construcción de acuerdos, debido a la circunstancia de “gobierno dividido” que experimentamos hoy día: un poder ejecutivo bajo el control de un partido político determinado, y un legislativo con mayoría opositora. Nuestro diseño institucional básico fue concebido bajo la lógica del predominio de un partido hegemónico; no fue ideado para la nueva realidad pluripartidista en que vivimos. La competitividad creciente que experimentamos desde 1997 nos llevó en 2006 al borde de una crisis institucional, cuando los dos candidatos presidenciales punteros culminaron con menos del 0.6% de diferencia entre sus cifras de votos. Para el 2012 podríamos revivir esa circunstancia, por lo que más que nunca se requiere que el árbitro electoral esté preparado para enfrentar con oportunidad y eficacia las eventualidades que se presenten desde el ámbito distrital. Lo vivimos en el 2006: fueron los consejos distritales los que cargaron con el mayor desafío al momento de cuantificar los votos emitidos, recontar los paquetes que así lo ameritaron, y soportar la andanada de estrategias que implementaron los partidos para favorecer sus intereses.

Afortunadamente ahora contamos con nuevas herramientas legales para afrontar los retos de la elección por venir. Las reformas de 2007 incluyeron la posibilidad –artículo 295 del Cofipe- de que se recuenten los votos de una casilla cuando la suma de votos anulados sea superior a la diferencia entre el candidato más votado y el ubicado en segundo lugar. También se haría en el caso de las “casillas zapato”, es decir, de aquéllas donde todos los votos se emiten en favor de un solo partido. Y si el resultado distrital evidencia una diferencia entre el primero y el segundo lugares de menos del 1%, se procedería al reconteo general de las casillas, si así lo solicita el segundo. Con ello se le da mayor confiabilidad a los resultados a nivel distrital, y nos evitaremos los interminables debates de hace seis años.

Los consejeros distritales pronto se encargarán de supervisar la contratación de los capacitadores-asistentes electorales (CAE’s) y sus supervisores (SE’s). Luego acompañarán al personal de la junta distrital en los recorridos de campo para verificar las ubicaciones físicas de las casillas. Verificarán las secciones de atención especial, y también las diferentes etapas del reclutamiento de funcionarios de casilla y su capacitación. Existe un calendario preciso de las actividades a realizar por parte de los consejeros distritales, y representa una importante carga de trabajo. Por eso buscamos personas comprometidas, entusiastas y “entronas”. En contrapartida se ofrece una dieta modesta, pero sobre todo el placer de aportar un enorme grano de arena al edificio inconcluso de la democracia mexicana.

viernes, 4 de noviembre de 2011

La Bufa, de nuevo

La Bufa, de nuevo

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en Milenio de León.
 Publicado en 15Diario.

El sensible tema de la presunta urbanización del enorme predio denominado “Granja La Bufa” en el municipio de Guanajuato volvió a ser debatido en la sociedad local desde que el 25 de octubre pasado se constituyó la “Fundación Ing. Salvador Rodríguez Neri A.C.”, bajo la presidencia del nieto de este prohombre del árbol, el también ingeniero Rubén Rodríguez Nieto. La fundación estableció un consejo ciudadano que estará al cargo de la vigilancia de una “servidumbre ecológica” que la familia Rodríguez Nieto decidió otorgar sobre una superficie de casi 160 hectáreas en una poligonal que abarca el predio uno de “Granja La Bufa”, donde se ubican los emblemáticos cerros de La Bufa y Los Picachos. En el sitio electrónico de la agrupación “Rescatando Los Picachos” se encuentran los detalles de los objetivos sociales de la asociación, sus miembros y una ortofotografía de la poligonal involucrada en la servidumbre.

Los objetivos de la naciente fundación son loables y totalmente bienvenidos como uno más de los esfuerzos necesarios para preservar una zona que actualmente tiene definido un uso de suelo de preservación ecológica, con una enorme importancia cultural e histórica para nuestra comunidad, y que últimamente ha estado en la mira de los especuladores urbanos, que quieren beneficiarse de la reciente construcción del nuevo acceso Diego Rivera. Ojalá los otros dueños de Granja La Bufa siguieran el mismo camino de esta familia guanajuatense, y otorgaran al menos la misma servidumbre ecológica sobre sus terrenos.

Desgraciadamente causó mucha suspicacia al saberse que la propia familia Rodríguez Nieto posee otra superficie, de alrededor de 70 hectáreas, sobre las que ya existe un cambio de uso de suelo a categoría H0, que es la densidad urbana más baja que prevé la ley. La lectura inmediata que muchos hicimos fue que podría existir una intención soterrada de intercambiar la servidumbre ecológica sobre los cerros, por el reconocimiento de este nuevo uso de suelo en el terreno alterno, con lo que se abría la puerta a una eventual urbanización, con base en presuntos derechos adquiridos. Esto podría desencadenar que el resto de los propietarios, incluida la constructora Azacán, demandaran un trato similar para sus respectivas superficies.

  Los actores políticos y los medios de comunicación que más atacaron al movimiento social que surgió para impedir la urbanización de los bajos de La Bufa se relamieron los belfos, y volvieron a lanzar sus improperios contra los grupos más visibles, en particular contra la asociación Guanajuato Somos Todos (GST), responsable de las movilizaciones más nutridas y efectivas contra el proyecto urbanizador. Se quiso evidenciar la “incongruencia” que exhibía GST al haber participado algunos de sus miembros más visibles en el nuevo consejo ciudadano de la fundación. Los ataques llegaron incluso hasta la burla y la descalificación personales.

GST emprendió una labor de información hacia la sociedad guanajuateña. El sábado 29 participamos en espacios informativos de las tres estaciones principales de la localidad –dos canales de TV y una radiodifusora- para exponer nuestra posición formal como asociación comprometida con el cuidado y preservación de nuestro municipio. Dejamos claro que le damos la bienvenida a la nueva fundación y a su iniciativa voluntaria, pero subrayamos que no aceptaremos nunca que en la zona se permita un desarrollo urbano cualquiera, pues éste sería el gatillo que dispararía la especulación. Insistimos en la urgencia de contar con programas de ordenamiento territorial y ecológico actualizados, consensuados y autorizados, que mantengan el actual uso de suelo de preservación ecológica, y que la autoridad y la ciudadanía los respeten. Seguiremos buscando, entre otros fines, la declaratoria de área natural protegida de carácter federal sobre una amplia poligonal a definir por parte de los expertos, y que el crecimiento urbano se oriente hacia superficies con una clara sustentabilidad de mediano y largo plazos.

  El jueves pasado sostuvimos un diálogo enriquecedor con el ingeniero Rubén Rodríguez Nieto, presidente de la fundación. Él nos reiteró el compromiso de su familia con la preservación de esos cerros y cañadas que tanto cuidó su abuelo. Aseguró que no se tiene intención alguna de urbanizar sus propiedades. Ellos también fueron víctimas de las interpretaciones mal intencionadas. Le ofrecimos nuestro apoyo para la consecución de los fines comunes, pero también le dejamos claro que nos mantendremos vigilantes de lo que pueda presentarse en el futuro.

  Bienvenidas son siempre estas iniciativas que parten de la sociedad civil, y que buscan el beneficio del común con base en la buena voluntad.

sábado, 29 de octubre de 2011

UG: dignidad estudiantil en Guanajuato

UG: dignidad estudiantil en Guanajuato

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en 15 Diario de Monterrey.

 En este mes de octubre los universitarios de Guanajuato presenciamos, atónitos, dos triunfos consecutivos logrados por dos diferentes comunidades estudiantiles de la universidad estatal. Digo que atónitos, porque durante muchos años nos acostumbramos a convivir con estudiantes más bien apáticos y “bien portados”.

La Universidad de Guanajuato puede calificarse como una entidad “tranquila”: sin movilizaciones ni huelgas que perjudiquen el ritmo flemático de su actividad académica. Sólo la huelga de junio de 1977 llegó a quebrantar la paz institucional, y en ese entonces fueron los profesores, con la indiferencia de nosotros sus estudiantes, quienes agitaron el gallinero. La consecuencia fue el despido de docenas de docentes, y un cambio institucional que con el tiempo permitió la autonomía de 1994.

 Los estudiantes de la UG se han movilizado en pocas ocasiones. A principios de la década pasada tomaron las escalinatas del edificio central para protestar por un intento de incrementar fuertemente los aranceles institucionales, sobre todo el pago por la inscripción. Lograron echar atrás ese intento, y desde entonces los incrementos se han ajustado a la inflación. El 3 de abril de 2003, más de mil estudiantes de algunas facultades se lanzaron a las calles de Guanajuato capital para protestar por la guerra de Irak y exigir por la paz mundial. Pude acompañarlos en esa ocasión y corear con alegría: “¡El que no brinque es Bush! ¡El que no brinque es Bush”. Todos brincábamos con frenesí.

Los dos triunfos a los que me referí al principio de este artículo se dieron en León y en Guanajuato. El primero fue resultado de una manifestación de estudiantes del Campus León de la UG ante el cabildo de esa ciudad, el jueves 13 pasado. El reportero de Milenio-León Pedro Domínguez apuntó que protestaron “por las donaciones que ha hecho el municipio a instituciones de educación privada y la intención de dar 100 mil pesos más para el Instituto Lux para la impresión de un libro”. Los estudiantes coreaban en el salón de cabildos: “¡Del erario público a la educación pública!” Uno de los líderes estudiantiles, Iván Vega, publicó una nota en Facebook donde explicó que “entre Marzo y Agosto se donó una cantidad que asciende a los $55’000,000 a universidades privadas. De esta manera, es preciso que señalemos que esta administración otorgó la cantidad de 15 millones de pesos a la Universidad Iberoamericana y otros 15 millones al Tecnológico de Monterrey. Por otra parte, se donó un terreno con valor de 25 millones de pesos a la Universidad De La Salle. Asimismo hay que destacar que estas donaciones se hicieron con el fin de incrementar la competitividad e inversión en el municipio de León.”

Los estudiantes le reprocharon al gobierno municipal y al Instituto de Cultura local el haber cancelado meses antes el Festival Internacional de Arte Contemporáneo “por falta de presupuesto”, y en cambio donar 100 mil pesos para un libro conmemorativo del aniversario de una escuela privada. El ayuntamiento de León reculó, y canceló la donación. Y estoy seguro de que al menos esta administración municipal no volverá a realizar donativos a instituciones que cobran –y caro- por sus servicios, cuando las universidades públicas padecen carencias en terrenos elementales.

 El segundo triunfo estudiantil se dio el miércoles 26 pasado: una columna de alumnos de la División de Ciencias Económico Administrativas de la UG recorrió a pie la ruta de transporte que los lleva desde su lejana sede en la punta del cerro del Establo en Marfil, hasta el centro de Guanajuato capital. Protestaban por la escasez y mala calidad del servicio concesionado de transporte público. Llegaron al ayuntamiento y lograron ser recibidos por el alcalde, quien de inmediato organizó una reunión de negociación con los trasportistas, las autoridades de la UG y los estudiantes, hasta lograr un acuerdo satisfactorio para todos. 

Me alegra mucho constatar cómo nuestros jóvenes se apropian de los espacios públicos para manifestarse cuando algo les molesta o inquieta. Dos grupos diferentes obligaron a sus autoridades municipales a atenderlos y a dialogar con ellos. Veo el germen de una nueva ciudadanía ilustrada guanajuatense, que es capaz de debatir y hacerse escuchar en la defensa de sus derechos. Sólo me lastima constatar también que la institución no hizo, no ha hecho, mención o comentario alguno sobre estos sucesos inéditos, que nos deberían llenar de orgullo como comunidad universitaria.

viernes, 28 de octubre de 2011

Consejeros distritales para el IFE

Consejeros distritales para el IFE

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en Milenio de León.

El martes pasado sesionó el Consejo Local del IFE para el estado de Guanajuato, con el objetivo único de emitir una convocatoria abierta a la ciudadanía e invitarla a participar en el proceso de selección de nuevos consejeros distritales, para las 14 demarcaciones federales en la entidad. Cada consejo distrital debe conformarse con el vocal ejecutivo -haciendo las funciones de consejero presidente-, el vocal secretario –haciendo de secretario del consejo-, seis consejeros propietarios, seis suplentes, los representantes de los partidos políticos y los vocales distritales del Registro Federal de Electores, el de Capacitación y el de Organización. Se requiere de 168 consejeros distritales, que supervisen y acompañen los procesos comiciales a celebrarse el próximo 1 de julio, que nos permitirán renovar la presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados.
Acordamos con los representantes de los partidos políticos que a esta convocatoria se le daría una amplia difusión entre organizaciones de la sociedad civil, universidades, colegios de profesionistas y en las cada vez más poderosas redes sociales en el internet. Además se publicará en diarios de la entidad, y se difundirá en los medios de comunicación masiva a nuestro alcance.
¿Quiénes pueden participar? Cualquier ciudadana o ciudadano con sus derechos políticos a salvo, con su credencial de votar vigente, con evidencia de haber residido en los dos últimos años en la entidad, no haber sido candidato a cargo de elección popular en los últimos tres años, no ser o haber sido dirigente de algún partido político en los últimos tres años, gozar de buena reputación social, no haber sido condenado por delito doloso, y contar con los conocimientos o experiencia en la materia electoral. Algunos de estos requisitos son subjetivos, pero siempre hay manera de verificar su cumplimiento. Para ello se solicitará la presentación de un currículo vital completo, con evidencias documentales de todo aquello que permita evidenciar su conocimiento en la materia, una cara de exposición de motivos, así como otras documentales que se detallan en la convocatoria, entre ellas algunas declaraciones juradas.
 Debe ser claro que no buscamos a cualquier ciudadana o ciudadano, sino a aquellos que hayan evidenciado un auténtico compromiso cívico con causas sociales, medioambientales, de defensa de los derechos humanos, así como en la vigilancia del voto democrático. No se demanda virginidad política, pero sí lejanía en el mediano plazo –últimos tres años- de partidos políticos, candidatos o causas que puedan comprometer su independencia de criterio ante los actores de la competencia que se avecina. También se exige compromiso de tiempo y esfuerzo, pues el trabajo no es poco, y la “dieta” dista de ser atractiva. Los “busca chambas” harán mejor en buscar en otro lado.
 Cuidaremos la equidad de género, la participación de jóvenes y adultos mayores, el equilibrio entre experiencia y novatez, la presencia de algunos líderes sociales o de opinión, la variedad profesional y en general la buena voluntad y el entusiasmo en los seleccionados.
Deseamos armar equipos ciudadanos distritales de alto calibre que contribuyan a consolidar el prestigio de la institución, el IFE, que en las últimas fechas ha sido atacado, calumniado y difamado por los monopolios de los medios masivos de comunicación, que fueron tan afectados económicamente por la reforma del 2007. México debe superar ya la fase procedimental de su democracia, y avanzar cada vez más hacia etapas más sustantivas, que tienen que ver con el desarrollo social, la justicia y la seguridad ciudadana. El descrédito en el que ha venido cayendo la política en nuestro país no ha sido culpa de los árbitros, sino de los jugadores, y hay que montar dispositivos ciudadanos que supervisen de cerca a partidos y candidatos, que han monopolizado el poder y fundado una oligocracia excluyente.
El IFE puede ser una de las puertas que nos permitan a los ciudadanos participar con efectividad en las decisiones que nos afectan.
Sirva esta colaboración como una sincera invitación a todos aquellos que crean tener algo que aportar en la lucha por la verdadera democracia.
Acude a la oficina distrital del IFE y solicita copia de la convocatoria. O bien consulta la página electrónica del instituto. Espero que nos acompañes.

sábado, 15 de octubre de 2011

Retos ante el IFE

Retos ante el IFE

Publicado en Milenio de León.

El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) dio inicio formal al periodo electoral federal 2011-2012 durante su sesión del viernes 7 pasado, cuando además aprobó el nombramiento de 192 consejeros electorales locales que fungirán como tales en los próximos dos procesos, el de 2012 y el de 2015. Entre 135 propuestas que se recibieron en la Junta Local del IFE en Guanajuato, doce personajes fueron seleccionados por los atareados seis consejeros generales del instituto. Seis de aquéllos para desempeñarse durante los diez meses que vienen como consejeros propietarios:

  • Beatriz Eugenia Solomon García, 
  • Verónica Cruz Sánchez, 
  • Arturo Mora Alba, 
  • Germán Estrada Laredo, 
  • Luis Fernando Macías García y
  • el autor de esta columna. 

Como suplentes fueron designados:

  • Luisa González Aguirre, 
  • José Luis Palacios Blanco, 
  • Gabriel Medina Rodríguez, 
  • Alejandrina Vargas Mata, 
  • Alma Rodríguez Escobedo y
  • Jorge Villagómez Cabrera.


En mi opinión, este nuevo consejo local es un auténtico trabuco ciudadano: cinco académicos y una activista social con prestigio nacional. De los académicos, tres son connotados investigadores sociales de la Universidad Iberoamericana en León; los otros dos somos profesores de la Universidad de Guanajuato, y miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Dos mujeres y cuatro hombres. Tres ya habíamos participado como consejeros locales y otro más fue consejero distrital en León. Sólo dos no han tenido esta experiencia. En esta ocasión no se designó a empresarios o a profesionistas liberales, como en ocasiones anteriores. Pero todos los nuevos consejeros son personas profundamente interesadas en la vida pública y en la política; esta última como objeto de estudio y opinión, no como participación partidista. En suma, no se trata de improvisados en el tema electoral; algunos incluso hemos hecho del análisis político nuestra vocación de vida.
Otra característica que vale la pena destacar de los nuevos consejeros es que, aunque tienen –tenemos- opiniones personales bien definidas sobre nuestra realidad social y política, nuestra adscripción mayoritaria a instituciones educativas nos garantiza independencia ante los actores de la competencia electoral, ya sean los partidos o los candidatos. Nuestro compromiso moral es con la preservación y fortalecimiento de la legalidad democrática, y con los valores que defiende el IFE: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Ninguno tiene una agenda política oculta, como sí ha ocurrido con algunos consejeros –federales y estatales- que han brincado a posiciones privilegiadas en la política partidista.
El IFE tiene ante sí el reto de conducir exitosamente un proceso comicial muy complicado. Ya lo señaló mi colega y amigo Víctor Alejandro Espinoza, académico de El Colegio de la Frontera Norte y consejero local del IFE para Baja California, en su colaboración de ayer en periódicos de esa entidad: “ese día se renovarán íntegramente las Cámaras de Diputados y de Senadores (500 y 128 representantes, respectivamente); se elegirán 6 gobernadores (Yucatán, Distrito Federal, Jalisco, Tabasco, Guanajuato y Morelos), 925 alcaldes, 559 diputados locales y 16 jefes delegacionales. Será la jornada electoral con el mayor número de comicios concurrentes que se haya celebrado con 15.” Añadiría yo que en Guanajuato también se elegirá a 46 ayuntamientos y a 36 diputados locales. Seis elecciones simultáneas, para las cuales los institutos electorales federal y local deberán definir si las desarrollan en conjunto, con casilla única, o despliegan esfuerzos separados, con casillas espejo.
En beneficio del elector y de la economía general del proceso, yo espero que el IFE y el IEEG sepan ponerse de acuerdo para que los cuatro millones de electores guanajuatenses puedan votar en una sola casilla, para que sólo se instalen 6 mil 800, y no 13 mil 600 casillas.
Por lo pronto, este sábado y domingo los 192 consejeros locales del IFE sesionaremos en la ciudad de México con los seis consejeros generales, incluyendo nuestro paisano y amigo Leonardo Valdés Zurita –él mismo académico de la Universidad de Guanajuato-, para compartir información e impresiones sobre los retos que nos esperan en estos largos meses por venir. Vuelvo a citar a Víctor: “Habrá presiones de todos lados, pues hay intereses que apuestan a que las cosas no salgan bien, sobre todo para dar marcha atrás a las reformas electorales de 2007…”
Sin embargo, el ambiente generalizado entre nosotros es de entusiasmo y compromiso. De esto no tengo duda.

viernes, 7 de octubre de 2011

UG: Inicio de ciclo

UG: Inicio de ciclo

Publicado en Milenio de León.

El 27 de septiembre pasado tomó posesión como Rector General de la Universidad de Guanajuato el doctor José Manuel Cabrera Sixto. Su designación por parte de la Junta Directiva de la institución se dio luego de un proceso que inició el 10 de junio anterior, cuando la comisión especial del Consejo General Universitario emitió la convocatoria para el registro de aspirantes a ocupar esa posición. Cuatro se registraron, tres de ellos rectores de campus, y Manuel, entonces secretario académico de la universidad. Y aunque el Consejo General juzgó que los cuatro cubrían el perfil necesario, pronto se hizo evidente que dos de los candidatos tenían más bonos a su favor.

Pareció que los dos punteros representaban a dos modelos diferentes por los que podría optar la institución: el de la continuidad de la vía academicista y expansiva que había consolidado el rector saliente, o el del énfasis en los vínculos con el exterior de la institución, a fin de reforzar su vocación social y solidaria. Dos buenas opciones, tal vez no incompatibles. Sólo se trataba del menor o mayor énfasis hacia la dimensión interna o hacia la externa. La primera vía también era más cientificista; la segunda más social y humanística. Incluso política. En lo personal, yo no podía negar la cruz de mi parroquia y ante la Junta manifesté mi opinión favorable hacia la segunda, personificada por un joven abogado con grandes capacidades de comunicación y liderazgo. Pero como opción alterna manifesté mi reconocimiento a las capacidades y experiencia del exsecretario académico, quien por cierto fue el único que renunció a su cargo, con el riesgo de quedarse chiflando en la loma en caso de no ser escogido. Su proyecto también me había sorprendido gratamente, pues sin duda fue el más consistente como documento de trabajo.
El rector Cabrera ha iniciado su gestión de manera discreta, sin aspavientos. No ha hecho movimientos radicales entre los colaboradores que heredó, excepto en las tres principales posiciones de la administración central. Pero me sorprendió, también gratamente, que haya echado mano de dos estudiosos del campo de las ciencias sociales para hacerse cargo de las máximas responsabilidades académicas en la institución: el doctor Manuel Vidaurri y la maestra Rosa Alicia Pérez-Luque. Explico mi sorpresa. En nuestra universidad hasta hace poco había existido una costumbre muy sana: los rectores se hacían acompañar por un secretario o secretaria general proveniente de algún campo del conocimiento ubicado en las antípodas del propio. Eso le daba equilibrio a la máxima conducción institucional. Pero este uso fue roto por el último rector, quien se acompañó en sus primeros seis años de una bioquímica y en los dos restantes de un físico, siendo él mismo ingeniero mecánico. Esta preeminencia de los académicos de las ciencias naturales y exactas en la conducción universitaria acentuó la tendencia tecnocrática de la institución, y dejó en segundo término su trascendental componente humanístico. Hay que recordar que fueron las humanidades las que rescataron a la universidad y a la ciudad de Guanajuato de una profunda crisis en los años cuarenta y cincuenta.
Manuel Cabrera corrige ese error al colocar al abogado Vidaurri y a la historiadora Pérez-Luque en la primera línea de las decisiones estratégicas. Por supuesto también premia a quienes le apoyaron desde un principio, pero en carambola de tres bandas logra congraciarse con una de las comunidades internas más relevantes y críticas, y aprovecha la experiencia y prestigio de Vidaurri como exprocurador estatal de los Derechos Humanos durante ocho años. Los dos Manolos integrarán un dúo dinámico con alta complementariedad weberiana: el científico y el político. El carácter reposado y reflexivo del primero, se integrará bien con la hiperactividad y la elocuencia del otro. Una dupla similar habíamos visto con el rector y abogado Cuauhtémoc Ojeda y su secretario general y médico Éctor Jaime Ramírez.

Creo que el nuevo rector se inicia con el pie derecho, con decisiones que unen y no dividen. Le tocará el reto de conducir una institución que pretende crecer sin perder calidad, sino incluso incrementarla. Por lo pronto la vara quedó muy alta para el nuevo rector: si para el 2020 se busca ser la universidad número 100 en el ranking mundial, supongo que para el 2005 ya deberíamos estar entre las 200 ó 300 mejores. Según el ranking web de las mejores universidades del mundo, hoy estamos en el lugar 1,324. Hace un año estábamos en el 1,836. ¿Lo lograremos?

viernes, 30 de septiembre de 2011

UG: Fin de ciclo

UG: Fin de ciclo

Publicado en Milenio de León.

El martes 27 pasado, el doctor Arturo Lara López entregó el báculo de la Rectoría General de la Universidad de Guanajuato (UG) al doctor José Manuel Cabrera Sixto. Con ello culminó los ocho años de su rectorado, el segundo más longevo en la historia reciente de esta institución, que cuenta con 66 años como universidad y 279 de existencia como colegio de educación superior. Sólo el licenciado Néstor Raúl Luna (enero de 1977 a junio de 1985) le supera en tiempo de permanencia en la rectoría. También cabe destacar que desde la autonomía de 1994, Arturo Lara es el primer rector en llegar al término de su periodo completo.

El doctor Lara deja la Rectoría por la puerta grande, entregando una institución sustancialmente diferente a la que recibió. La reforma institucional que impulsó sólo es superada en importancia por el propio establecimiento de la universidad como tal en 1945, y la autonomía universitaria de 1994. Estas dos últimas fueron reformas a su estatuto legal e institucional; pero la del 2008 fue de carácter organizacional, en sus órdenes académico y administrativo. La UG de hoy es un complejo universitario multicampus, con una visión de largo plazo que aunque atiende las necesidades locales y regionales, tiene un ojo puesto en su proyección internacional.
El hoy exrector asumió la estafeta el 27 de septiembre de 2003, luego de haber competido en segunda ocasión por el cargo. Había buscado la posición cuatro años antes, en 1999, pero fue superado inopinadamente por el joven abogado Cuauhtémoc Ojeda. En 2003 volvió a competir, ahora contra el relacionista industrial Sebastián Sanzberro, rector interino, a quien pudo superar en la preferencia del entonces Colegio Directivo. Tristemente ambos exrectores, Cuauhtémoc y Sebastián, han dejado esta vida terrenal.
El rector Ojeda había intentado echar adelante la reforma institucional que llevara a la departamentalización de la universidad. En este esfuerzo se desgastó a lo largo del 2001 y el 2002, pero fueron infructuosos sus afanes. El nuevo rector Arturo Lara pareció en un inicio no interesarse en reasumir una reforma institucional que se había evidenciado llena de riesgos y con muchas resistencias internas. Esperó hasta encontrarse en una posición de fortaleza institucional, y en 2004 retomó con decisión la reforma departamental. En buena medida aprovechó el ambiente social del momento, que demandaba con cada vez más énfasis la ampliación de la oferta pública de educación superior. Esto sobre todo en la ciudad de León, donde había surgido un movimiento político-social denominado “Primero León” liderado por Pablo Álvarez Padilla y José Trueba Dávalos. Este grupo supo ejercer las presiones adecuadas ante el gobierno estatal y el federal para que la Universidad de Guanajuato se planteara con seriedad la urgencia de abrir un campus regional que catapultara su oferta en esa ciudad, que aunque ya contaba con nueve unidades universitarias, en cuanto a número de estudiantes su presencia era casi simbólica, pues atendía a apenas el 6% del total de la matrícula superior local.
Las “estrellas se alinearon” para la universidad, y el doctor Lara supo montar a la institución en esta ola social y política que se aceleró sustancialmente cuando el nuevo gobernador Juan Manuel Oliva tomó posesión en septiembre de 2006. El “gobernador de la educación” no sólo compró el ambicioso proyecto de expansión de la universidad pública, sino que duplicó los números originalmente propuestos: de dos campus regionales planteó la posibilidad de cuatro, en León, en Salamanca, en Celaya y en Guanajuato. Pero en la práctica fueron seis campus regionales, pues se agregaron las unidades de Yuriria y la de Irapuato. Y quedan en proyecto los de Salvatierra y de Pénjamo.
En el segundo periodo del doctor Lara (2007-2011) la expansión cobró un ritmo frenético no sólo en infraestructura, sino también en contratación de profesores y personal de apoyo. Los apoyos federales y estatales permitieron que el crecimiento de la matrícula no se tradujera en una caída de la calidad, o en una sobreexplotación de la plantilla académica. El nuevo modelo académico-administrativo sin duda complejizó la estructura, pero profesionalizó las funciones institucionales. La vieja universidad provinciana que no crecía, y que veía cómo su planta profesoral se avejentaba, ya no existe más. Se evaporó en algún momento de este segundo cuatrienio. Desde dentro la sensación es que el crecimiento está poniendo a prueba muchas capacidades en una institución que ya no conocemos tan bien como antes, y que incluso atraviesa por una incipiente crisis de identidad, que deberá atender el nuevo rector general.
Entretanto el doctor Lara regresa a su cubículo en el Campus Salamanca, allá en Palo Blanco. Pero tengo la impresión de que no se estará tranquilo mucho tiempo. No me sorprendería que al rato algún partido político lo seduzca, ahora que se viene la renovación de los poderes. Pero mientras le deseo una feliz reincorporación a la investigación y la enseñanza, y le envío mi reconocimiento.


viernes, 2 de septiembre de 2011

Persecución y hostigamiento

Persecución y hostigamiento

Publicado en Milenio de León.

El ayuntamiento del municipio de Guanajuato se ha enredado en un breñal impresionante de confusión, contradicción y desatino. La falta de oficio político de sus principales ediles mantiene la comunicación con la sociedad local y sus organizaciones en un permanente litigio público, primero en los medios de comunicación, y de ahí a los tribunales. Los tres abogados que conducen el cabildo se asumen en barandilla permanente, y toman la crítica como ataque personal, estallan en cólera y pierden los estribos. Han olvidado que son, antes que funcionarios, servidores públicos que se deben a los ciudadanos electores que los pusieron en esos cargos.
El cuidado de los bienes e intereses públicos no puede estar a cargo únicamente de los gobernantes. La democracia moderna se basa en el principio de representación, que indica que la ciudadanía delega funciones de administración y cuidado del interés público en los titulares del poder social, pero no renuncia a su soberanía original y a su derecho de vigilar la actuación de las autoridades electas. No hay “carta blanca” alguna en el hecho de que los gobernantes reciban la encomienda de tomar decisiones que busquen el bien común. Y para ello se les dota de facultades y recursos, que de ninguna manera son omnímodos.
La nueva cultura política que ha surgido en el país desde 1988 con el mega fraude electoral de ese año, ha forjado una nueva clase ciudadana, participativa y en expansión. Los mexicanos de la segunda década del tercer milenio no nos parecemos ya a los “mexicanos de los noventa” que retrató el libro de Ulises Beltrán y otros (UNAM, 1996). Mucho menos nos parecemos a los mexicanos de los sesenta, que vivían atrapados en la cultura política del súbdito, que retrataron Almod y Verba (The Civic Culture, 1963) en su revisión clásica en cinco países.
Los mexicanos de hoy, sobre todo de clase media, rechazamos el autoritarismo de la posrevolución. De igual manera rechazamos los nuevos autoritarismos de izquierda y derecha, que se han agazapado en los partidos políticos. Es bien sabido que los autoritarismos más cerriles se gestaban –y se gestan- a nivel municipal, que ha padecido caciquismos tipo don Perpetuo del Rosal. De ello eran conscientes incluso los presidentes más autoritarios, como Calles, que los combatieron.


Resulta que el secretario del ayuntamiento –el padre , el síndico –el hijo y el propio alcalde -¿el espíritu santo?- de San Guanajuato, Cuc, amenazaron y cumplieron con presentar una demanda contra el joven empresario Alejandro Navarro, a quien el primero calificó en entrevista como “muchachito estúpido”, ofendiendo la dignidad del presidente de la asociación civil “Guanajuato Somos Todos”, organización que es resultado directo del movimiento social que le propinó tamaña zurra a la autoridad en el plebiscito del 5 de diciembre.
Se confirma que este ayuntamiento es incapaz de dialogar y de asumir con prudencia las críticas inevitables en cualquier función pública. Se han aficionado a la judicialización de sus diferencias con la sociedad, pues hay que recordar que hace un año demandaron penalmente a los líderes del Frente Cívico Guanajuatense, Eduardo Lachica y Miguel Ángel Chacón. También ha habido amenazas contra otros personajes, como el empresario Guillermo Smith, el constructor Salvador Flores, el abogado y consejero del SIMAPAG Ramón Izaguirre, y otros más –yo mismo, como lo denuncié públicamente en una nota periodística del 14 de diciembre pasado- que hemos debido soportar la altanería de personajes que se supone nos sirven.
El síndico presentó una denuncia contra Alejandro Navarro acusándolo de “difamación y calumnia” por haber afirmado que la eventual concesión del contrato para surtir de agua al SIMAPAG por parte de cierta empresa, era un “pago de favores”. Seguramente la demanda se basa en el arcaico artículo 188 de nuestro Código Penal estatal, que reza: “A quien comunique dolosamente a otro la imputación que hace a una persona física o moral de un hecho cierto o falso que le cause o pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio, se le aplicará de un mes a un año de prisión y de diez a cincuenta días multa.”
El estatuto es increíblemente vago. Tanto que cualquier miembro de nuestra sociedad cae cotidianamente en el supuesto combatido. Desde las señoras chismosas del mercado, hasta nuestros más encumbrados políticos hacen asertos que pueden estar causando alguna “deshonra” a alguien. Ya ni digamos la prensa y los medios. No por nada en el código federal se derogó desde el 2007 el delito de calumnia, con lo que se protegió la libertad de expresión y el oficio del periodismo y la opinión. Pero en Guanajuato arrastramos anacronismos como este, anticonstitucionales, que en el ámbito internacional han sido superados hace mucho tiempo.
Estoy seguro de que Alejandro saldrá airoso de este nuevo arrebato de la autoridad. También espero que él y Ramón Izaguirre presenten sus quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, porque en sus personas se busca cebar el odio acumulado por una autoridad incompetente y rijosa. Guanajuato Somos Todos está con ustedes.


viernes, 12 de agosto de 2011

Hace un año, 4

Hace un año, 4

Publicado en Milenio de León.

Terminaremos ahora de historiar el movimiento social que surgió en la ciudad de Guanajuato hace un año, con motivo del pretendido cambio de uso de suelo en los bajos del cerro de La Bufa, y la intención de urbanizar el área y “dignificar” la loma del Hormiguero, donde cada año y desde 1624 se realiza la fiesta de la Cueva de San Ignacio, santo patrono de la villa.
El desarrollador quiso presentar el proyecto como una oportunidad para la generación de miles de empleos, tan necesarios en una capital con pocas alternativas de desarrollo. Se manejaron alegremente cifras que bailaron según el declarante entre los 50 y los 800 empleos permanentes, y los mil y seis mil temporales. Estos últimos en la construcción de un desarrollo que preveía 893 viviendas de 160 metros cuadrados, con una densidad de 200 a 300 habitantes por hectárea, un centro comercial con 400 locales, un hotel de gran turismo, una central de transferencia de pasajeros y un “parque urbano”. Este último fue una zanahoria adicional. Para promoverlo se montaron algunos quioscos donde se exhibía un video promocional del “Parque Cultural San Ignacio”, que preveía la construcción en el Hormiguero de un auditorio, andadores, dos museos… en fin, el cerro dejaría de serlo bajo placas de cemento y edificaciones.

El 13 de agosto el ayuntamiento solicitó formalmente a la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato la realización, por primera vez en la historia de la entidad, de un plebiscito sobre el tema. Esa comisión aprobó la solicitud el día 19, y procedió a cotizar el costo del instrumento: un millón 110 mil 771 pesos. El ayuntamiento aceptó aportarlos, y rascó el recurso de sus escasas finanzas, afectando seguramente a partidas importantes para la ciudad. Al inicio los grupos opositores rechazaron el plebiscito, pues la Ley Estatal de Participación Ciudadana exigía, para que el resultado fuese vinculante, condiciones imposibles de cumplir, incluso para los propios partidos políticos si pudiesen participar –que no—: 50% de participación electoral –en la elección municipal de 2009 hubo un 46.6%—, y mayoría calificada de un 60% para la opción ganadora. Además, a los dos años la vinculación dejaría de tener validez. Sin embargo, el ayuntamiento acordó atender al resultado incluso si no se lograban los umbrales. Esto condujo a que los opositores aceptaran participar, aunque bajo protesta.
El 31 de octubre se realizó una tercera marcha multitudinaria por las calles principales de la ciudad, hasta de nuevo, como en la primera, culminar en la Plaza de la Paz. El constructor y el propio municipio –contraviniendo el reglamento de la ley de marras— promovieron activamente el voto afirmativo, con derroche de recursos privados y públicos en propaganda nada disimulada. Los medios de comunicación se dividieron, así como los políticos y la sociedad misma. Descalificaciones fueron y vinieron, hasta crispar el ambiente. Los grupos opositores reunieron más de siete mil firmas de rechazo al proyecto, que dieron una idea del sentir comunitario.

El domingo 5 de diciembre hubo una participación de casi el 13% del padrón electoral de 116 mil 349 electores. Muy elevada si la comparamos con el 6.6% del plebiscito que se organizó en el DF el 22 de septiembre de 2002 para aprobar la construcción del segundo piso del periférico. El 84% de los votantes optó por el No, el 15.3% por el Sí y el 0.7% anuló su voto. 5.5 votos negativos por cada positivo. Fue clarísima la decisión ciudadana. El alcalde había ganado su propia elección con un 43.9% de los votos válidos, equivalente a 22 mil 283 votos, apenas diez mil por arriba de los 12 mil 547 que votaron por el No.

El ayuntamiento de Guanajuato, en su sesión del 10 de diciembre de 2010, revocó el polémico acuerdo del 13 de julio anterior. Lo hizo a regañadientes y en una sesión tensa, para la que previamente el auditorio había sido llenado de acarreados y así dificultar la presencia de los opositores; sin leerse públicamente el acuerdo, con el voto en contra de un regidor panista y el desplante regañón del síndico priísta. El alcalde mostró moderación y acató el compromiso público.

El IEEG le reintegró al ayuntamiento un remanente de 243 mil 114 pesos, muy necesarios sin duda para un municipio con un presupuesto anual total de 322.5 millones de pesos.
El constructor no se cruzaría de brazos. En enero de 2011 interpondría un recurso legal contra el ayuntamiento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado. Recurso que finalmente fue sobreseído el 15 de julio pasado. Pero la historia no termina aún, y habrá que mantener la guardia en alto.

viernes, 5 de agosto de 2011

Hace un año, 3

Hace un año, 3

Publicado en Milenio de León.

En julio del año pasado y en Guanajuato capital, se desarrollaron dos marchas de protesta donde demandamos la anulación del acuerdo del Ayuntamiento del 13 de julio, cuando se preautorizó el cambio de uso de suelo para el predio Granja La Bufa. La primera el 25, con 500 participantes, y la segunda el mero Día de la Cueva de San Ignacio, el 31 de julio, con mil manifestantes. Como fueron marchas muy concurridas, sobre todo si tomamos en cuenta que la población total de la ciudad es de no más de 140 mil personas, muchos creímos que la autoridad municipal comprendería el mensaje y que recularía en su decisión. No fue así: se radicalizó la posición del Ayuntamiento, que cerró filas alrededor del presidente municipal. Ediles de tres partidos lo apoyaron y sólo se mantuvo la oposición del Verde, aunque con vacilaciones. Sin embargo, las propias dirigencias partidistas estatales comenzaron a dudar de la pertinencia de la posición del Cabildo, en particular los partidos gobernantes en el municipio.

Se intensificaron las reuniones de coordinación entre los grupos ciudadanos. Se realizaron encuentros con dirigentes partidistas, de los que no se obtuvieron resultados. Nos enfrentábamos a las propias divisiones internas de esos institutos. El cabildo formó una comisión de contacto con el movimiento, que un viernes por la tarde nos citó a reunión para el siguiente lunes a las 10:00 de la mañana. Era evidente la intención de hacernos fallar a una cita imposible de cumplir, sobre todo porque la mayoría de los ciudadanos tenemos empleos diurnos. Respondimos con una contrapropuesta: citamos a la comisión a una reunión pública el siguiente jueves, el 28 de agosto por la tarde, en la Plaza de San Roque. Acudimos 80 personas, pero no así los representantes municipales. La reunión se convirtió en sesión de catarsis y planeación. Se plantearon más acciones de rechazo público y una estrategia para detener un proyecto que causaba repulsa generalizada. Cartas a la SEMARNAT y a la PROFEPA, solicitudes de información pública –la mayoría negadas por la autoridad municipal—, entrevistas a los medios, artículos de opinión y cuanto recurso estuvo a nuestro alcance fue empleado para generar un ambiente de protesta. Recibimos la solidaridad de centenares de personas de otras ciudades del país y del extranjero, así como de movimientos hermanos como “Todos somos Puebla”, otros de Michoacán, así como del DF.
El 29 de septiembre se presentó en el Teatro Juárez un libro conmemorativo de los 100 años del Mercado Hidalgo, otro ícono de nuestra ciudad. Fue invitada María Luisa “La China” Mendoza, quien en un arrebato de guanajuatidad enfadada dijo: “Hoy unos miserables piensan crucificar el cerro para volverlo colonia, super, club, etcétera y pasar a cuchillo nuestras historia, a los tlacuaches, zorrillos, armadillos, conejos, ardillas, lagartijas, víboras, alicantes, petirrojos, cuervos, águilas, halcones, cactus, casuarinas, eucaliptos, huizaches y mezquites. Los guanajuatenses no estamos mancos, ¡no nos vamos a dejar!” Esto arrancó una ovación de tres minutos, que incomodó a los pocos regidores presentes. Fue así que La China se convirtió en la madrina de nuestro movimiento.

El 30 de septiembre el alcalde Guerrero emitió su primer informe de gobierno. Por supuesto había que manifestarse. Ahí se nos unieron los colonos y campesinos pobres de Guanajuato, organizados alrededor del Frente Cívico “Euquerio Guerrero”. Ellos con una agenda social que rebasaba los objetivos de nuestro movimiento pero, ciudadanos todos, nos unimos para manifestarnos a una sola voz. Aunque habíamos acordado mantener la paz que siempre caracterizó a nuestras movilizaciones, el alcalde prefirió entrar por una puertita trasera del Teatro Principal, para desde los micrófonos lanzarnos la diatriba de llamarnos “patanes”. Esto por una presunta agresión verbal de uno de nuestros compañeros a una regidora, quien tergiversó los hechos. Y el alcalde se mantuvo en su macho.

Y seguimos con nuestras protestas. Aprovechamos la inauguración y la clausura del Festival Internacional Cervantino para animar a las multitudes de la explanada de la Alhóndiga de Granaditas con nuestros pregones y globos enormes, a la manera del hermoso espectáculo del “Juego Mágico” que Juan Ibáñez montó en los años ochenta. Veinte de nosotros fuimos capaces de hacer reaccionar en favor de nuestra causa a siete mil locales y visitantes, que corearon nuestras consignas y se llevaron a sus lugares de origen la convicción de que en Guanajuato sucedían cosas importantes.
El ayuntamiento, para no dar su brazo a torcer ante las crecientes voces que exigían reconsideración, encontró una salida conveniente al solicitarle al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) la realización, por primera vez en la historia de nuestra entidad, de un plebiscito con base en la Ley de Participación Ciudadana de 2002, que había sido diseñada para evitar precisamente esa participación. El IEEG accedió y calculó el costo en más de un millón 400 mil pesos, que evidentemente no estaban considerados en ningún capítulo del presupuesto municipal. Los politólogos sabemos que ninguna autoridad llama a plebiscitos o a referendos sin la seguridad de ganarlos. Tanta era la confianza y el autoengaño de la autoridad guanajuateña, que le condujo al mayor desastre electoral de nuestra historia reciente.
Así se dejó venir la tercera marcha, la del 31 de octubre…

Continuaremos rememorando la próxima.

martes, 2 de agosto de 2011

Salvador Rocha Díaz, in memoriam, 3/3

Salvador Rocha Díaz, in memoriam, 3/3

Este artículo, el tercero y última de una serie, no quiso ser publicado por el periódico de Guanajuato. Recibí en cambio una carta del jefe de Recursos Humanos, Humberto Ramírez, comunicándome que: "[...] a partir del 01 de Agosto del presente año su participación en nuestras páginas del Periódico Correo que muy gentilmente colabora con el contenido: DIARIO DE CAMPO ya NO será publicada; Esto atiende a necesidades de reestructura y reorientación del perfil en los contenidos."
Yo nunca fui empleado del periódico, ni recibí pago alguno por los 380 artículos con los que colaboré desde octubre de 1998.
Hay personas con heridas aún abiertas por los sucesos lamentables que acontecieron en el gobierno estatal de Guanajuato en 1984. No quise lastimar a nadie con este testimonio sobre una persona extraordinaria. Pero todavía padecemos la autocensura en los medios.
Va la culminación de esta serie...

Salvador Rocha Díaz participó en el gobierno estatal de Enrique Velasco Ibarra como su Secretario General de Gobierno, y posteriormente en el interinato de Agustín Téllez Cruces. Le tocó enfrentar una difícil situación de descomposición política local y vacío de poder.
Colaboró en la Secretaría de Gobernación como director general de Asuntos Jurídicos. Dejó este cargo para ocupar un ministerio numerario en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del 4 de octubre de 1988. Su experiencia de hombre público se ampliaba así al poder judicial, adicionándose a sus actuaciones anteriores en los poderes legislativo y ejecutivo.
Salvador Rocha solicitó una licencia a la Suprema Corte a partir del 26 de septiembre de 1991 luego de que, por instancia presidencial, aceptó la invitación de Carlos Medina Plascencia para participar en su administración como Secretario de Gobierno, dentro de la difícil circunstancia de una transición política y un inédito cogobierno.
Sus nociones estaban maduradas por años de ejercer el arte de la polémica, el cultivo de la escritura y el asiduo paseo por la lectura. Todo ello engarzado en una vida personal intensa que le proporcionó un gran sentido cosmopolita y universal, pero en curiosa convivencia con un orgullo regionalista por su profundo amor al terruño.
Fue un político pragmático que detestaba la inmovilidad, el diletantismo o la demagogia. Pero su sentido de lo práctico no se oponía a su profundo idealismo ‑al fin y al cabo era un poeta‑ y al imperio de su sensibilidad. Con igual efectividad lo vi enfrentarse a los obstáculos para concretar el establecimiento de la General Motors en Silao, como involucrarse en la publicación de libros artísticos o históricos, la programación académica de un coloquio cervantino o confrontar a la estructura centralizada del FIC. Dentro de su esquema mental convivieron la economía con la cultura, la seguridad pública con la educación cívica, los servicios públicos con el desarrollo social. Todo ello envuelto en un gran sentido de la honorabilidad que le obligaba a despreciar y combatir la corrupción, mal crónico en el gobierno.

En términos ideológicos yo le habría clasificado como un liberal, en el sentido de haber sido una persona totalmente ajena al conservadurismo. Varias de sus convicciones lo acercaban a la izquierda, como su identificación con las necesidades de las mayorías populares, su reconocimiento del derecho de la mujer sobre su cuerpo, su respeto a los homosexuales y otras minorías, y la democracia no como simple procedimiento, sino como permanente acción educativa.
Hombre polifacético e hiperactivo, un personaje polémico que lo mismo despertaba amplias simpatías como radicales antipatías. Fue abogado defensor de causas polémicas, pero siempre asumiéndolas con un gran profesionalismo y compromiso con el cliente. Sin duda construyó una importante fortuna personal, pero nunca fue ostentoso ni manirroto. Nunca se negó placeres, y en un libro inédito de su autoría -que me obsequió- donde reflexionaba sobre la mejor manera de envejecer, aconsejaba al lector que, después de cumplir 40 años de edad, había qué preocuparse por hacer todo aquello que por falta de tiempo o dinero nos habíamos ahorrado: aprender a tocar un instrumento, lanzarse en paracaídas –como él en efecto lo hizo-, realizar el viaje anhelado, tener la aventura soñada, aprender a hablar aquélla lengua que nunca pudimos estudiar, etcétera. De otra forma, cuando el individuo no sale de su rutina cotidiana, se esclerotiza y envejece más rápidamente. Él puso en práctica su teoría, y siempre tuvo un carácter juvenil y juguetón. Así lo quiero recordar.
Aunque no podría creer que él lo haga, le deseo que descanse en paz.

viernes, 29 de julio de 2011

Hace un año, 2

Hace un año, 2

Publicado en Milenio de León.

En sesión del Ayuntamiento de Guanajuato capital del 13 de julio de 2010 se emitió un acuerdo autorizando la factibilidad en el cambio de uso de suelo del predio “Granja La Bufa”, de poco más de 47 hectáreas que abarcaban el cerro del Hormiguero –precisamente donde se realiza desde 1624 la verbena popular para celebrar al Santo Patrono de la ciudad, Ignacio de Loyola hasta la propia cuenca de la presa colonial Pozuelos, tan lastimada. Lo abrupto de la decisión, que se venía cocinando desde diciembre en negociaciones muy reservadas, nos sorprendió fuertemente a muchos ciudadanos comunes. Reaccionaron en particular los jóvenes estudiantes y algunas personas mayores que temieron por el destino de esta fiesta popular, así como por el arranque de un proceso de urbanización salvaje en un área que hasta entonces se había mantenido ajena a la especulación urbana.
El instrumento que ese grupo de jóvenes y adultos encontraron para canalizar su enojo y comenzar a organizar un Movimiento Social Urbano –en la terminología de Manuel Castells- fueron las redes sociales que han surgido gracias a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, las célebres TIC’s, cuyo espacio principal es la virtualidad del internet. En este caso la herramienta privilegiada fue la red social Facebook, fundada como es de todos sabido por el joven Mark Zuckerberg (1984), estudiante de la Universidad de Harvard, a mediados de la década pasada. Un par de jóvenes, Cecilia Barrera (1988) estudiante de Derecho de la UIA-León, y Alfredo “Kanels” Segura (1985), recién egresado de la misma carrera en la Universidad de Guanajuato, decidieron abrir un grupo de discusión en el Face, al que denominaron “Guanajuato somos todos!!”, así con doble admiración.
En pocos días nos sumamos centenares de participantes y las discusiones y el enojo colectivo nos llevó a acordar la realización de un primer encuentro personal de los integrantes que pudieran. El 22 de julio un grupito de 20 personas nos reunimos en el estacionamiento de un centro comercial, desde donde se admira –espléndida- La Bufa. Acudieron sobre todo jóvenes, pero también algunas señoras y yo, que ya acumulamos edad. Ahí se definió la primera acción colectiva: una marcha multitudinaria para el siguiente domingo 25, que partiera del monumento a Florencio Antillón, hasta la Plaza de la Paz. En tres días se organizó el operativo, que requirió de una gran colaboración entre personas que hasta ese día no se conocían.
La cita fue a las 11:00, y a esa hora éramos muy pocos los que nos apersonamos frente a la Escuela de Música. Al principio el miedo fue al ridículo, a que marcháramos 20 ó 30 “catrines” –siempre nos han acusado de ser un movimiento clasemediero- por entre el tráfico y la indiferencia popular. Afortunadamente no fue así: de los autobuses urbanos bajaban y bajaban personas vestidas con playera blanca y pantalón de mezclilla, el atuendo que acordamos emplear para identificarnos. Ya cerca del mediodía, comenzamos a marchar más de 250 personas –yo las conté- enarbolando cartelones y pancartas, pero sobre todo gritando a todo pulmón: “¡Guanajuato tiene voz!”, “¡Ni hoteles ni casas, queremos La Bufa así como está!” “¡Nicéforo, entiende, La Bufa no se vende!”
Por una confusión inevitable, otro grupo de ciudadanos se había reunido en la glorieta Pozuelos. Pudimos contactarnos y ellos atravesaron el túnel que lleva a Embajadoras, donde se nos unieron en medio de una gran algarabía. Nuestro grupo fue creciendo hasta que al atravesar por el Jardín Unión ya éramos más de 500 vociferantes. Culminamos en el monumento a La Paz, donde la lluvia no arredró a una multitud exaltada, que defendía su tradición, su cultura y sus espacios naturales.
La autoridad municipal reaccionó con la descalificación y la diatriba. Se nos acusó de ignorantes desinformados, manipulados por “intereses políticos oscuros”, y no sé de qué más. El movimiento continuó. Otra vez por medio de las TIC’s, mediante los grupos “Guanajuato somos Todos” y “Rescatando Los Picachos”, a los que pronto se unieron el Consejo Ecologista Guanajuatense y el Frente Cívico “Euquerio Guerrero”, convocamos a una segunda movilización, que se realizó apenas seis días después el sábado 31, el mero Día de la Cueva.

Para esa marcha ya hubo más coordinación y eficiencia. Nos reunimos en la glorieta Pozuelos, ahora portando más pancartas y más camisetas con el rojinegro logotipo de GST. Con un equipo de sonido rentado animamos una caminata de más de mil personas, sobre todo familias acompañadas de sus chiquitines, que recorrimos los dos o tres kilómetros de carretera panorámica que separan la glorieta del cerro de El Hormiguero, donde se realiza la verbena popular desde el siglo XVII. Los comerciantes nos regalaban botellas de agua. Los paseantes nos vitoreaban, y muchos se nos unieron, hasta que llegamos a la explanada cerril donde realizamos un nutrido mítin, donde quien quiso hizo uso del micrófono. Al final culminamos con nuestro canto de guerra: “Tierra de mis amores”, de don Jesús Elizarrarás.
Continuaremos rememorando la próxima.


martes, 26 de julio de 2011

Salvador Rocha Díaz, in memoriam, 2/3

Salvador Rocha Díaz, in memoriam, 2/3

Publicado en de Guanajuato.

Salvador Rocha Díaz nació en San Miguel de Allende el 21 de diciembre de 1937. Fue hijo de don Manuel Rocha Lassaux ‑prominente abogado y político local, el primer diputado de oposición del país‑ y de la señora Carmen Díaz Sautto. Cursó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal. Estudió la preparatoria en la ciudad de México en el muy conocido CUM ‑Centro Universitario México‑, entre 1952 y 1953, de donde egresó con el grado de bachiller en humanidades. Los estudios profesionales los realizó en la Facultad de Derecho de la UNAM entre 1954 y 1958. Se tituló el 9 de septiembre de este año con la tesis El carácter accesorio de la fianza, que obtuvo mención honorífica por parte del jurado.
Realizó cuatro estudios de postgrado: un diplomado de primer ciclo en la Facultad Internacional para la Enseñanza del Derecho Comparado en Estrasburgo, Francia, en 1963; un diplomado de segundo ciclo en la misma facultad en 1964; un diplomado en estudios superiores de derecho comparado, en la misma facultad en 1965, y una especialidad en derecho fiscal en la Escuela de Derecho de la Universidad Panamericana en 1981.
Su ejercicio profesional en la abogacía lo comenzó en el despacho del conocido jurista y poeta leonés Xavier de San Martín, personaje que influyó profundamente en la visión filosófica y estética del joven practicante Rocha Díaz. A partir de 1959, ya recibido, ejerció en la firma Rocha y Hegewish abogados, bufete del que fue fundador, socio y director.
Desde 1964 ejerció la cátedra en diversos centros académicos, como la Facultad de Derecho de la UNAM (1964-1982), donde impartió diversas materias de derecho civil. También ha sido profesor titular en la Universidad Iberoamericana (1967-1974). Fue profesor visitante en el St. Mary's University of San Antonio, Texas, en la Escuela de Derecho de Hermosillo, Sonora, así como en la Universidad de California-Los Ángeles.
Fue miembro activo de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados desde 1959, y en ella ha llegado a formar parte de su Consejo Directivo (1972-1976). También fue miembro de la Inter-American Bar Association desde 1960, y también perteneció a su Consejo Directivo (1975-1988). Fue miembro del Consejo Asesor de Euroforum, Centro Europeo para el Desarrollo de la Empresa, hasta septiembre de 1988.
Sus publicaciones abordaron temas de técnica jurídica y análisis constitucional. Sobresalen los libros: Los contratos aleatorios (Porrúa, 1968); Municipio Libre: autonomía fiscal y democracia (Porrúa, 1983); Técnica legislativa (obra colectiva, Porrúa, 1988); La renovación nacional a través del Derecho. La obra legislativa de Miguel de la Madrid (obra colectiva, Porrúa, 1988); Las reformas constitucionales iniciadas por el Lic. Miguel de la Madrid Hurtado (CNOP, 1988); Legislación en materia de control de cambios (con Leonel Péreznieto, ed. Harla, 1989); Estudios jurídicos y otros escritos (ed. Harla, 1991), y El derecho mexicano hacia la modernidad (obra colectiva, IIJ-UNAM, Porrúa, 1991). Por otra parte, publicó al menos 29 artículos especializados en técnica jurídica, en revistas prestigiadas de esta disciplina.
Se inscribió como miembro del PRI el 19 de junio de 1961. Participó en varias actividades partidistas, pero su vida política se activaría fuertemente cuando en 1982, a los 45 años, fue propuesto por el PRI como candidato a la diputación federal del IX distrito de Guanajuato, donde se ubicaba San Miguel de Allende, su terruño. Obtuvo el triunfo y ejerció la diputación en la LII Legislatura hasta 1985. Ese sería su primer cargo de elección. Como mencionamos antes, la Senaduría que ejerció entre 1994 y 2000 sería el segundo.
Continuaremos la próxima semana…


viernes, 22 de julio de 2011

Hace un año, 1

Hace un año, 1

Publicado en Milenio de León.

Hace un año ya, el actual ayuntamiento de la ciudad de Guanajuato cometió el más grande error de su gestión. Bueno, el más grande en estos 21 meses de su mandato; todavía le faltan 15. Aunque el error fue pagado caro, finalmente fue un gran aprendizaje en la construcción de una ciudadanía crítica y activa en la capital del estado. Vale la pena rememorar un poco los hechos, a manera de homenaje al movimiento social que se desató en consecuencia. Recordemos que la “Empresa Mercantil Constructora Azacán S.A. de C.V.” había presentado el 2 de diciembre de 2009 ante el gobierno municipal, un estudio de compatibilidad urbanística para el cambio de uso de suelo en un predio de su propiedad denominado “Granja La Bufa”. El terreno en cuestión tenía, según el Plan de Desarrollo Urbano de 1994 aún vigente, un uso de suelo de preservación ecológica y parque urbano. Pero el dueño buscaba desarrollar “un proyecto que considera varios equipamientos de tipo: comercio, recreativo, de transporte, así como de usos de servicios y habitacional.”
Estaba muy fresca en la memoria de los capitalinos la historia de cómo se había hecho la constructora de ese terreno. Un periódico de circulación estatal había dado seguimiento a la adjudicación de la obra del nuevo acceso a la ciudad, denominado “Diego Rivera”, una obra de gran magnitud, de 200 millones de pesos de inversión, que atravesaría una superficie virgen pero demasiado cercana a los cerros más emblemáticos de Guanajuato: La Bufa, Los Picachos y El Hormiguero. Cito una nota de Martín Fuentes y Alfonso Ochoa del 9 de febrero de 2007: “(…) en diciembre de 2005, el constructor Alejandro Marcocchio, a quien días después se le asignaría el trabajo [del nuevo acceso], compró 47.4 hectáreas de superficie atravesada por la nueva carretera, según consta en el Registro Público de la Propiedad. Meses después, justo el 15 de septiembre del 2006 y a días de que concluyera el gobierno del PRI, encabezado por el entonces presidente interino Juan Antonio Valdés Fonseca, se modificó el ‘Plan de Ordenamiento Territorial del centro de población de Guanajuato, Guanajuato’, lo que permitiría al contratista construir zonas poblacionales de baja densidad en sus predios.” El nuevo POT se alcanzó a publicar en el Periódico Oficial del estado el 17 de noviembre de 2006, e inquietantemente señalaba: “se protegen aquellas zonas de valor escénico, con las que cuenta el municipio, como lo es el caso de la Bufa, cuyo peñón se mantiene libre de cualquier tipo de desarrollo”. ¡Zambomba! Se abría así la puerta a la urbanización del nuevo acceso, dejando libre solamente… el peñón.
El constructor había adquirido el predio de su anterior propietaria, Martha Guadalupe Rodríguez Gaudiano, por un precio de 248 mil 602 pesos con 40 centavos. Es decir, 1.9 pesos el metro cuadrado. Seguramente pagó más, pero sin duda el metro le siguió costando muy barato. Entretanto la empresa construyó la nueva carretera de cinco kilómetros, modificando la traza original y desatando la controversia pública al movilizar enormes cantidades de tierra y construyendo dos grandes terraplenes en Granja La Bufa para modificar su pendiente del 20% al 8%, cuyo interés privado era evidente. El impacto del proyecto sobre la zona fue de enormes dimensiones, y la sociedad civil no reaccionó a tiempo para detener el despropósito. Nostra culpa…

Durante la administración de Eduardo Romero Hicks (2006-2009) no se pudo formalizar la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 2008, para permitir al desarrollador cambiar el uso de suelo en Granja La Bufa. Algunos regidores, como Dolores Gasca, Samantha Smith y Salvador Flores, denunciaron en su oportunidad la intención de concretar ese cambio mediante el nuevo POT y beneficiar al poderoso particular.
Dicha permuta en el uso del suelo debió esperar a la siguiente administración municipal, que tuvo menos recato en permitirlo, incluso sin contar con el instrumento legal del POT actualizado que ordena la Ley Orgánica Municipal. Las negociaciones del constructor rebasaron a los grupos de interés locales, e involucraron a fuerzas supramunicipales, como el propio gobernador del Estado, quien desarrolló sus oficios para garantizar un buen ambiente para el proyecto.

En sesión del 13 de julio de 2010, el ayuntamiento encabezado por Nicéforo Guerrero Reynoso, quien había obtenido su triunfo electoral gracias a una inédita coalición PRI-PRD, emitió un acuerdo autorizando la viabilidad en el cambio de uso de suelo en Granja La Bufa. Los tres principales grupos partidistas en el cabildo expresaron su venia, incluyendo a la oposición panista, demasiado entusiasmada con el proyecto. Diez regidores y los dos síndicos votaron a favor. Sólo los dos regidores del Partido Verde se opusieron. Demasiado alimento para el sospechosismo…
Continuaremos rememorando la próxima.


martes, 19 de julio de 2011

Salvador Rocha Díaz, in memoriam, 1/3

Salvador Rocha Díaz, in memoriam, 1/3

Publicado en de Guanajuato.

Salvador Rocha Díaz, prominente abogado y talentoso político guanajuatense, murió este domingo pasado. Escribo estas líneas a manera de modesto homenaje personal, en mi nombre y en el de mi padre, a quien le unió una estrecha amistad y ciertas complicidades intelectuales. Tuve la fortuna de haber colaborado con don Salvador cuando fue Secretario de Gobierno por segunda vez, entre 1991 y 1992, durante los 16 primeros meses de la administración del gobernador interino Carlos Medina Plascencia. Yo fui uno de sus dos asesores, y a pesar de mi juventud de entonces me hizo cargo de grandes responsabilidades, que siempre le agradecí porque me dieron la oportunidad de crecer como servidor público. Dejó el cargo debido a crecientes diferencias con el gobernador, y regresó al ejercicio de su profesión, en la que siempre fue muy exitoso. En 1994 contendió por una Senaduría guanajuatense que obtuvo con gran holgura de votos (53%). Eso le animó al año siguiente a buscar la candidatura del PRI a la gubernatura estatal, pero sin éxito. Se la ganó Ignacio Vázquez Torres, quien se evidenció rápidamente como un candidato anacrónico, que fácilmente fue opacado por la energía y el carisma de Vicente Fox, quien se quedó con el cargo. Como comentó públicamente el periodista Arnoldo Cuéllar, Rocha Díaz pudo haber sido mal candidato, pero sin duda hubiera sido un espléndido gobernante.
Salvador Rocha era dueño de una inteligencia deslumbrante y de una cultura cuidadosamente trabajada a lo largo de una intensa vida llena de intereses muy diversos y una gran curiosidad intelectual. Cuando colaboré con él con frecuencia me convocaba a su oficina, ya tarde y acercándose el final de una jornada laboral que él extendía a 12 o más horas, únicamente para charlar conmigo sobre temas que nada tenían que ver con el trabajo: sus lecturas, sus gustos artísticos, su amplio conocimiento de la comunidad artística y cultural nacional, sus viajes y sus encuentros con culturas muy diversas, etcétera. No pocas veces concebimos proyectos culturales, que a veces pudimos concretar. A veces las charlas terminaban hasta después de la media noche, pero nunca significaron para mí fatiga alguna, a pesar de que don Salvador llegaba siempre temprano a la oficina.
Recuerdo cuando dimos la batalla para acercar el Festival Internacional Cervantino a las demandas y necesidades de la comunidad guanajuatense. Había una sensación generalizada de que el FIC se regía por prioridades centralistas que con frecuencia ofendían y abusaban de las instancias locales. Me tocó redactar un documento que recogió las convicciones compartidas por las diferentes instituciones locales, como la Universidad de Guanajuato, el Ayuntamiento, los prestadores de servicio, el Instituto Estatal de Cultura y las diferentes instancias del Gobierno del Estado con las que el FIC tenía necesidad de relacionarse para garantizar un desarrollo adecuado del evento. Don Salvador le entregó el documento a doña Mercedes Iturbe, directora general del FIC, quien reaccionó con una indignación fuera de proporción y renunció escandalosamente al puesto. La comunidad intelectual nacional quiso culpabilizar al “obtuso gobierno panista de Guanajuato” de la inminente decadencia, si no es que desaparición, del encuentro cultural más importante de América Latina. Salvador Rocha se movilizó, y convenció a muchos de esos artistas y personajes de la cultura que nada había más alejado de la realidad. Tuvo mucho éxito, e incluso logró que un joven abogado de sus cercanías, también músico y experto en ópera, Sergio Vela, fuese nombrado director general del FIC.
El nuevo director del FIC procuró acercarse a los sentires locales, y por sugerencia de Rocha mudó su residencia a Guanajuato. El Gobierno del Estado, también por intermediación del Secretario de Gobierno, adquirió de la familia Lambert la casa de la plaza de San Francisquito, donde todavía hoy se ubican las oficinas locales del FIC. Con la renuncia de Rocha Díaz se vino abajo la intención de mudar completamente la dirección del FIC a la ciudad de Guanajuato. Vela pronto se regresó al DF, y el FIC continuó tan centralizado como siempre. Sólo la directora de planeación del FIC, Adriana Camarena, cuñada de don Salvador, se mudó definitivamente a Guanajuato capital, donde ha hecho su vida y su familia, hoy viuda del entrañable don Guille Rocha.
También me tocó apoyar a don Salvador en el rescate del Coloquio Cervantino Internacional, en su sexta edición. El gobernador Medina no tenía interés alguno en apoyar un evento que no alcanzaba a comprender. Además, las diferencias ideológicas del gobernador con don Eulalio Ferrer, viejo español republicano, y con Enrique Hagen, el director del Museo Iconográfico del Quijote, dificultaban el lograr un acuerdo. Don Salvador entró al quite y convenció al gobernador de financiar el evento. Yo me hice cargo de coordinar dicho apoyo, y con la participación de la Universidad de Guanajuato se salvó el coloquio, e incluso el propio museo, pues don Eulalio llegó a amenazar con llevarse su colección quijotesca de Guanajuato.

Continuaremos…