De nuevo...

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

No sé qué les pasa a las autoridades municipales de Guanajuato capital, que no terminan de salir de una para meterse en otra. Hace pocas semanas fueron defraudados por un proveedor de láminas para el programa “techo digno” con más de 400 mil pesos. Todavía no se sabe con claridad cómo se va a reparar el daño patrimonial que padecieron las arcas municipales; al menos yo lo desconozco. Luego nos enteramos del “cheque de hule” con el que les pretendió pagar tres millones de pesos el abusivo empresario chicano que explota las 35 momias viajeras que ya no sabemos si siguen en Detroit o ya están en Texas. Los abundantes viajes del alcalde son otro motivo de asombro, cuando se acude a excusas absurdas para justificarlos, como su semana en Cuba, donde aprendió a regar mejor el césped de los parques públicos.

Pareciera que los ediles de este gobierno “de coalición” (mejor dicho “de colisión”) son víctimas facilonas de fraudes, engaños y timos, además de una pésima relación con los ciudadanos comunes, a los que frecuentemente regañan o intimidan, como les sucedió a los vecinos de Villas de Guanajuato por atreverse a opinar diferente sobre la construcción de una delegación de policía.
Ahora arremeten -de nuevo- contra la agrupación civil “Guanajuato somos todos”, por habernos atrevido a solicitar copia -a nuestras expensas- del expediente del recurso legal que interpuso el constructor que fue afectado con la revocación del acuerdo del 13 de julio, sobre el cambio de uso de suelo de los bajos de los cerros de La Bufa y El Hormiguero. En las últimas semanas habíamos tenido cierto acercamiento con las autoridades municipales, con quienes participamos en la campaña “Limpiemos México” del domingo 5 pasado, para conmemorar el día mundial del medio ambiente. También hemos participado con entusiasmo y compromiso en los foros de consulta que está organizando el IMPLAN municipal y el equipo de investigadores de la UNAM, con el objeto de integrar el Plan de Ordenamiento Territorial, que podría ayudar a acabar con la especulación urbana y los intentos de urbanizar zonas de preservación ecológica, como la que pretende afectar la constructora.

Creímos que estábamos encontrando un nuevo entendimiento con el municipio, y que nuestro deber era apoyarlo a sostener el acuerdo del 10 de diciembre pasado, que revirtió el del 13 de julio. Nos enteramos con preocupación que a inicios de este año el constructor interpuso un recurso legal ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, para combatir el acuerdo que revocaba la posibilidad del cambio de uso de suelo en “Granja La Bufa”, y que ese recurso tenía serias posibilidades de prosperar. El equipo de abogados de “Guanajuato somos todos”, en el que participa el talentoso abogado Ramón Izaguirre Ojeda, creyó poder coadyuvar con el municipio haciendo uso del recurso de la doctrina jurídica denominado Amicus curiæ, y que es definido por el propio Ramón como “la forma a través de la cual una o más personas, que no son parte en una controversia judicial, aportan argumentos en ella dada la trascendencia del conflicto por resolver.”
El municipio, por las voces del síndico y del secretario del ayuntamiento, Gabino Carbajo junior y Gabino Carbajo senior, negaron rotunda y airadamente cualquier posibilidad de que “particulares” como nosotros recibamos copia alguna del expediente. Volvieron a proferir denostaciones contra nuestro movimiento y de plano le demandaron a Ramón Izaguirre que renuncie a la posición que detenta como miembro del consejo ciudadano del SIMAPAG, el sistema municipal de agua potable. Consideran que es una aberración que el consejero cobre en las arcas del ayuntamiento y que al mismo tiempo sea un crítico de las decisiones de ese cuerpo; es decir, que el que paga manda y que se espera que los servidores públicos no sólo aporten su trabajo y talentos, sino también su conciencia y su libertad de expresión.

Ramón Izaguirre no es un empleado del ayuntamiento: es un consejero ciudadano que a cambio de su esfuerzo y compromiso con el SIMAPAG –que no con el ayuntamiento- recibe una dieta –que no es sueldo- que compensa el sacrificio de su tiempo. Si fuera un trabajador más de la nómina, o bien un ejecutivo, tendría derechos laborales, percibiría aguinaldo, bonos y una liquidación en caso de despido. Incluso podría sindicalizarse, si fuera el caso. En la Ley para los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Guanajuato no aparece en ninguna parte la figura de consejero ciudadano, por lo que no es sujeto de la misma ley. Los consejos de corte ciudadano fueron creados para darle independencia a las instituciones, no para someterlos a otras autoridades “superiores”. Pero no me sorprendería que el ayuntamiento, torciendo la interpretación de la ley, cometa otra arbitrariedad y deponga al consejero Izaguirre, en venganza por la paliza que les propinó la ciudadanía en el plebiscito que ellos mismos convocaron. Pero Ramón tiene experiencia en poner en su lugar a autoridades abusivas, siempre con el uso de la ley.

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