viernes, 30 de septiembre de 2011

UG: Fin de ciclo

UG: Fin de ciclo

Publicado en Milenio de León.

El martes 27 pasado, el doctor Arturo Lara López entregó el báculo de la Rectoría General de la Universidad de Guanajuato (UG) al doctor José Manuel Cabrera Sixto. Con ello culminó los ocho años de su rectorado, el segundo más longevo en la historia reciente de esta institución, que cuenta con 66 años como universidad y 279 de existencia como colegio de educación superior. Sólo el licenciado Néstor Raúl Luna (enero de 1977 a junio de 1985) le supera en tiempo de permanencia en la rectoría. También cabe destacar que desde la autonomía de 1994, Arturo Lara es el primer rector en llegar al término de su periodo completo.

El doctor Lara deja la Rectoría por la puerta grande, entregando una institución sustancialmente diferente a la que recibió. La reforma institucional que impulsó sólo es superada en importancia por el propio establecimiento de la universidad como tal en 1945, y la autonomía universitaria de 1994. Estas dos últimas fueron reformas a su estatuto legal e institucional; pero la del 2008 fue de carácter organizacional, en sus órdenes académico y administrativo. La UG de hoy es un complejo universitario multicampus, con una visión de largo plazo que aunque atiende las necesidades locales y regionales, tiene un ojo puesto en su proyección internacional.
El hoy exrector asumió la estafeta el 27 de septiembre de 2003, luego de haber competido en segunda ocasión por el cargo. Había buscado la posición cuatro años antes, en 1999, pero fue superado inopinadamente por el joven abogado Cuauhtémoc Ojeda. En 2003 volvió a competir, ahora contra el relacionista industrial Sebastián Sanzberro, rector interino, a quien pudo superar en la preferencia del entonces Colegio Directivo. Tristemente ambos exrectores, Cuauhtémoc y Sebastián, han dejado esta vida terrenal.
El rector Ojeda había intentado echar adelante la reforma institucional que llevara a la departamentalización de la universidad. En este esfuerzo se desgastó a lo largo del 2001 y el 2002, pero fueron infructuosos sus afanes. El nuevo rector Arturo Lara pareció en un inicio no interesarse en reasumir una reforma institucional que se había evidenciado llena de riesgos y con muchas resistencias internas. Esperó hasta encontrarse en una posición de fortaleza institucional, y en 2004 retomó con decisión la reforma departamental. En buena medida aprovechó el ambiente social del momento, que demandaba con cada vez más énfasis la ampliación de la oferta pública de educación superior. Esto sobre todo en la ciudad de León, donde había surgido un movimiento político-social denominado “Primero León” liderado por Pablo Álvarez Padilla y José Trueba Dávalos. Este grupo supo ejercer las presiones adecuadas ante el gobierno estatal y el federal para que la Universidad de Guanajuato se planteara con seriedad la urgencia de abrir un campus regional que catapultara su oferta en esa ciudad, que aunque ya contaba con nueve unidades universitarias, en cuanto a número de estudiantes su presencia era casi simbólica, pues atendía a apenas el 6% del total de la matrícula superior local.
Las “estrellas se alinearon” para la universidad, y el doctor Lara supo montar a la institución en esta ola social y política que se aceleró sustancialmente cuando el nuevo gobernador Juan Manuel Oliva tomó posesión en septiembre de 2006. El “gobernador de la educación” no sólo compró el ambicioso proyecto de expansión de la universidad pública, sino que duplicó los números originalmente propuestos: de dos campus regionales planteó la posibilidad de cuatro, en León, en Salamanca, en Celaya y en Guanajuato. Pero en la práctica fueron seis campus regionales, pues se agregaron las unidades de Yuriria y la de Irapuato. Y quedan en proyecto los de Salvatierra y de Pénjamo.
En el segundo periodo del doctor Lara (2007-2011) la expansión cobró un ritmo frenético no sólo en infraestructura, sino también en contratación de profesores y personal de apoyo. Los apoyos federales y estatales permitieron que el crecimiento de la matrícula no se tradujera en una caída de la calidad, o en una sobreexplotación de la plantilla académica. El nuevo modelo académico-administrativo sin duda complejizó la estructura, pero profesionalizó las funciones institucionales. La vieja universidad provinciana que no crecía, y que veía cómo su planta profesoral se avejentaba, ya no existe más. Se evaporó en algún momento de este segundo cuatrienio. Desde dentro la sensación es que el crecimiento está poniendo a prueba muchas capacidades en una institución que ya no conocemos tan bien como antes, y que incluso atraviesa por una incipiente crisis de identidad, que deberá atender el nuevo rector general.
Entretanto el doctor Lara regresa a su cubículo en el Campus Salamanca, allá en Palo Blanco. Pero tengo la impresión de que no se estará tranquilo mucho tiempo. No me sorprendería que al rato algún partido político lo seduzca, ahora que se viene la renovación de los poderes. Pero mientras le deseo una feliz reincorporación a la investigación y la enseñanza, y le envío mi reconocimiento.


viernes, 2 de septiembre de 2011

Persecución y hostigamiento

Persecución y hostigamiento

Publicado en Milenio de León.

El ayuntamiento del municipio de Guanajuato se ha enredado en un breñal impresionante de confusión, contradicción y desatino. La falta de oficio político de sus principales ediles mantiene la comunicación con la sociedad local y sus organizaciones en un permanente litigio público, primero en los medios de comunicación, y de ahí a los tribunales. Los tres abogados que conducen el cabildo se asumen en barandilla permanente, y toman la crítica como ataque personal, estallan en cólera y pierden los estribos. Han olvidado que son, antes que funcionarios, servidores públicos que se deben a los ciudadanos electores que los pusieron en esos cargos.
El cuidado de los bienes e intereses públicos no puede estar a cargo únicamente de los gobernantes. La democracia moderna se basa en el principio de representación, que indica que la ciudadanía delega funciones de administración y cuidado del interés público en los titulares del poder social, pero no renuncia a su soberanía original y a su derecho de vigilar la actuación de las autoridades electas. No hay “carta blanca” alguna en el hecho de que los gobernantes reciban la encomienda de tomar decisiones que busquen el bien común. Y para ello se les dota de facultades y recursos, que de ninguna manera son omnímodos.
La nueva cultura política que ha surgido en el país desde 1988 con el mega fraude electoral de ese año, ha forjado una nueva clase ciudadana, participativa y en expansión. Los mexicanos de la segunda década del tercer milenio no nos parecemos ya a los “mexicanos de los noventa” que retrató el libro de Ulises Beltrán y otros (UNAM, 1996). Mucho menos nos parecemos a los mexicanos de los sesenta, que vivían atrapados en la cultura política del súbdito, que retrataron Almod y Verba (The Civic Culture, 1963) en su revisión clásica en cinco países.
Los mexicanos de hoy, sobre todo de clase media, rechazamos el autoritarismo de la posrevolución. De igual manera rechazamos los nuevos autoritarismos de izquierda y derecha, que se han agazapado en los partidos políticos. Es bien sabido que los autoritarismos más cerriles se gestaban –y se gestan- a nivel municipal, que ha padecido caciquismos tipo don Perpetuo del Rosal. De ello eran conscientes incluso los presidentes más autoritarios, como Calles, que los combatieron.


Resulta que el secretario del ayuntamiento –el padre , el síndico –el hijo y el propio alcalde -¿el espíritu santo?- de San Guanajuato, Cuc, amenazaron y cumplieron con presentar una demanda contra el joven empresario Alejandro Navarro, a quien el primero calificó en entrevista como “muchachito estúpido”, ofendiendo la dignidad del presidente de la asociación civil “Guanajuato Somos Todos”, organización que es resultado directo del movimiento social que le propinó tamaña zurra a la autoridad en el plebiscito del 5 de diciembre.
Se confirma que este ayuntamiento es incapaz de dialogar y de asumir con prudencia las críticas inevitables en cualquier función pública. Se han aficionado a la judicialización de sus diferencias con la sociedad, pues hay que recordar que hace un año demandaron penalmente a los líderes del Frente Cívico Guanajuatense, Eduardo Lachica y Miguel Ángel Chacón. También ha habido amenazas contra otros personajes, como el empresario Guillermo Smith, el constructor Salvador Flores, el abogado y consejero del SIMAPAG Ramón Izaguirre, y otros más –yo mismo, como lo denuncié públicamente en una nota periodística del 14 de diciembre pasado- que hemos debido soportar la altanería de personajes que se supone nos sirven.
El síndico presentó una denuncia contra Alejandro Navarro acusándolo de “difamación y calumnia” por haber afirmado que la eventual concesión del contrato para surtir de agua al SIMAPAG por parte de cierta empresa, era un “pago de favores”. Seguramente la demanda se basa en el arcaico artículo 188 de nuestro Código Penal estatal, que reza: “A quien comunique dolosamente a otro la imputación que hace a una persona física o moral de un hecho cierto o falso que le cause o pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio, se le aplicará de un mes a un año de prisión y de diez a cincuenta días multa.”
El estatuto es increíblemente vago. Tanto que cualquier miembro de nuestra sociedad cae cotidianamente en el supuesto combatido. Desde las señoras chismosas del mercado, hasta nuestros más encumbrados políticos hacen asertos que pueden estar causando alguna “deshonra” a alguien. Ya ni digamos la prensa y los medios. No por nada en el código federal se derogó desde el 2007 el delito de calumnia, con lo que se protegió la libertad de expresión y el oficio del periodismo y la opinión. Pero en Guanajuato arrastramos anacronismos como este, anticonstitucionales, que en el ámbito internacional han sido superados hace mucho tiempo.
Estoy seguro de que Alejandro saldrá airoso de este nuevo arrebato de la autoridad. También espero que él y Ramón Izaguirre presenten sus quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, porque en sus personas se busca cebar el odio acumulado por una autoridad incompetente y rijosa. Guanajuato Somos Todos está con ustedes.