Universidades bajo asedio

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en el de Guanajuato, y en 15Diario de Monterrey.

La educación superior en México, tanto pública como privada, atraviesa por una situación esquizofrénica, en particular en lo relacionado con su vínculo con el Estado. Me explico: existen abundantes estudios de gran calidad, generados por instancias como la UNESCO, el Banco Mundial o la OCDE, que han puesto en evidencia el enorme poder que tienen como catalizadores del desarrollo la educación superior y la innovación científica. Esto no es un misterio, ni se pone en duda cuando se debaten las causas de nuestra postración económica desde hace 30 años. El gobierno mexicano lo reconoce en el discurso, pero cuando se trata de evidenciarlo con recursos, se muestra reticente y avaro. La iniciativa de presupuesto de egresos que envió el presidente Calderón prevía un recorte de 6.2% al presupuesto de las universidades públicas. Como más del 85% del gasto de esas instituciones se compone de gasto no programable –salarios y prestaciones-, ese recorte significaría en los hechos un decremento de dos quintos de su gasto de inversión en infraestructura, nuevos proyectos, capacitación, extensión y muchos otros ámbitos de acción y crecimiento. Hubiera sido un recorte no limitado a la grasa, sino que llegaría al hueso.
Por su parte las instituciones privadas enfrentan una retracción en la demanda de educación superior que se inició hace más de diez años. Todas esas universidades han debido competir en condiciones desfavorables, debido a la crisis económica y la restricción de la capacidad de las familias de clase media. En términos reales, sus colegiaturas se han congelado, si no es que disminuido. Por ejemplo el Tec de Monterrey ofrece convenientes planes de crédito, no conocidos hace poco tiempo. El gobierno no tiene un programa efectivo de estímulo a la oferta privada, más que el de ahogar a la oferta pública.
Lo contradictorio de la actitud oficial ha sometido a las instituciones a una dinámica perversa: por un lado se impone la necesidad de expandir la oferta para retener a una creciente población de jóvenes adultos que podrán demandar acceso un mercado de trabajo deprimido; pero por otra se restringen los apoyos financieros y humanos, además de someter a la comunidad académica nacional a un esquema de evaluación brutal y desconsiderada, basada en la convicción de que los educadores son inevitablemente deshonestos.
El Estado mexicano ha renunciado a la posibilidad de impulsar con decisión la formación de recursos humanos de alta calidad. Se ha impuesto la lógica elemental de las “ventajas comparativas”, que reconoce competitividad en la oferta de mano de obra barata con bajísima calificación. Así se evidencia en la política de atracción de maquiladoras e industrias golondrina.
Afortunadamente los diputados y senadores evitaron la sinrazón del recorte a las universidades, y restituyeron casi en su totalidad el presupuesto necesario para que la educación superior pública pueda mantener o incrementar sus estándares. Pero la intentona puso en evidencia que nuestros políticos carecen de visión de largo plazo, y que sólo reaccionan a las exigencias de lo contingente. Lástima.

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