viernes, 19 de enero de 2018

El reto independiente, 1

Publicado el 19 de enero de 2018 en:
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Las llamadas candidaturas independientes, entendidas como aquéllas no vinculadas a un partido político, no son una novedad dentro del sistema electoral mexicano moderno. La primera ley electoral federal, emitida el 2 de julio de 1918, reconocía esta figura, aunque con un nombre distinto —candidatos no dependientes de partidos políticos—. Bastaba con una expresión escrita de apoyo al candidato, firmada por 50 ciudadanos del distrito o demarcación que se buscaba representar o gobernar. Durante la mayor parte de la primera mitad del siglo XX, las elecciones se desarrollaban y organizaban a nivel municipal, de manera muy descentralizada como corresponde al modelo federal clásico. Así sucede aún hoy en los Estados Unidos, donde los condados son los responsables de la operatividad electoral.

El modelo electoral mexicano se centralizó fuertemente con la reforma política de 1946, que eliminó a los municipios del ejercicio electoral, y lo adjudicó a los gobiernos federal y estatales. Las candidaturas independientes desaparecieron del ámbito federal, y más adelante, en 2007, del estatal. Se cerró así una puerta a la participación política directa del ciudadano, aunque la Constitución General —artículo 41— nunca prohibió la figura.

El inicio del cambio fue propiciado por la aspiración del político e intelectual Jorge Castañeda, quien buscó la candidatura presidencial independiente para contender en las elecciones federales de julio de 2006. Para ello entabló un juicio de amparo, que fue desechado por un juez. Recurrió entonces a un recurso de revisión para buscar un amparo ante un Tribunal de Circuito en Materia Administrativa, y que fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de 2005. El amparo fue negado, pues no era procedente en materia electoral. Castañeda llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resolvió aparentemente en su favor en septiembre de 2008.

Paralelamente, y gracias a un fallo favorable de la Suprema Corte de octubre de 2006, relativo a una reforma a la Constitución del Estado de Yucatán, se aprobaron las candidaturas independientes para las elecciones locales de esa entidad.

La consecuencia fue la reforma política de 2012, mediante la que se reconoció la figura del candidato independiente en el ámbito federal, y en septiembre de 2013 se reformó el artículo 116 para permitirla en las entidades de la república. Con la reforma política de 2014 se definieron las condiciones para su registro y actuación, y en las elecciones de julio de 2015 vimos la victoria de seis candidatos independientes en varios espacios de poder o representación, incluido un municipio de Guanajuato, Comonfort.

Esta figura política ha despertado mucha expectativa a nivel nacional, y en este proceso electoral 2017-2018 tenemos a una pléyade de aspirantes a candidatos para todos los órdenes de gobierno y de los legislativos en contienda. Personajes de todo tipo recolectan firmas de apoyo en la vilipendiada aplicación del INE o en cédulas en papel, presionados por el tiempo y la carencia de estructura y recursos para la labor. Todo ello ha concentrado la atención de la opinión pública nacional y está generando intensos —y a veces malintencionados— debates sobre el desempeño de los aspirantes.

En lo personal pienso que la figura amplía sustancialmente las posibilidades del ciudadano para la participación política. Sin duda es cierto que los umbrales definidos en las leyes son demasiado altos, y que es aún peor la exigencia de la dispersión territorial de las firmas de apoyo. Pero así fue definido por los legisladores, que a fin de cuentas representan —aún— los intereses partidistas, y buscaron restringir el acceso a los espacios del poder a los outsiders y a personajes sin vínculos aparentes con la élite del poder.

Los independientes podrían representar una amenaza creciente para la partidocracia; al menos así quieren vender este imaginario colectivo los críticos de los partidos. Los independientes despiertan esperanzas, pero también inquietudes. ¿Cuáles son los intereses reales que podrían estar ocultando? ¿La pureza política existe, incluso en ciudadanos sin partido? Y los trásfugas de los partidos, ¿son confiables?

Invito al lector, a la lectora, a seguir reflexionando sobre este punto en una semana.

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